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Greenpeace exige a Industria que no penalice el autoconsumo

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Europa Press.- Greenpeace advierte de que el proyecto de real decreto que prepara el Ministerio de Industria penaliza el autoconsumo en lugar de fomentarlo. A su juicio, este texto obligará a los consumidores conectados a la red que quieran generar su propia energía a pagar un impuesto al sol por la energía que producen para su propio uso.

Ante esta situación, la organización ecologista exige al Ministerio de Industria que descarte el proyecto del real decreto de autoconsumo y solicita a los partidos que aspiran a gobernar tras las próximas elecciones que, en caso de aprobarse el decreto, se comprometan a derogarlo y reemplazarlo por una normativa que favorezca el autoconsumo, las energías renovables y el ahorro energético.

«Es inaceptable que Industria pretenda que los autoconsumidores paguen por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico: cuando consumen energía de la red pero también cuando consumen la energía que ellos mismos producen. Esto no es un problema técnico, sino una declaración política que intenta poner freno a los consumidores que quieran producir su energía y de esa manera ganar autonomía frente a las grandes eléctricas», indicó Marina Bevacqua, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. «Además, el texto promovido por el ministro Soria permanece ambiguo y complejo para provocar miedo en quienes se estén planteando esta forma de consumo energético», añadió Bevacqua.

Greenpeace explica que el texto propuesto penaliza a tres tipos de autoconsumidores. El primero es la modalidad de suministro con autoconsumo, que son aquellas personas que generan energía y la autoconsumen y que no tienen una potencia contratada mayor a 100kW (pequeña potencia); la segunda es la modalidad de producción con autoconsumo, que son aquellos que no solo autoconsumen sino que tienen una instalación de producción inscrita. Y en tercer lugar, la modalidad de producción con autoconsumo con línea directa a una instalación de producción. Si bien Greenpeace considera esta nueva posibilidad un avance, en el borrador se ve tan penalizada como la modalidad anterior.

Por otro lado, Greenpeace considera positivo del real decreto el hecho de que Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y el archipiélago canario queden exentas de parte del pago del impuesto al sol, aunque señala que solo sería hasta diciembre de 2019. Eso permitirá fomentar la participación de fuentes renovables en estas zonas, según indicaron. La organización ecologista está promoviendo un cambio de modelo energético en áreas extrapeninsulares como las Islas Canarias, donde los costes de generación con combustibles fósiles son mucho mayores que con renovables. Así, explica que en este archipiélago todos los partidos excepto el PP se comprometieron por escrito con Greenpeace a llevar a Canarias a un modelo 100% renovable para el 2050.

Industria exime al autoconsumidor de pagar las redes por lo producido pero les crea un nuevo cargo

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo eximirá a los autoconsumidores de pagar las redes eléctricas cuando estén produciendo electricidad para uso propio, si bien les crea un nuevo cargo, el «cargo por autoconsumo», para cubrir los costes de balance de su propia actividad. Además, las instalaciones en Baleares y Canarias tendrán una rebaja en el peaje para cubrir los costes de respaldo.

Este cambio conceptual aparece recogido en el borrador de decreto en el que se establecen las condiciones para la puesta en marcha de las condiciones para el autoconsumo de electricidad, en el que Industria dice hacer un esfuerzo por la «promoción de instalaciones de pequeño tamaño». En la memoria económica del borrador, Industria reconoce que «el aspecto más controvertido de la propuesta inicial» sobre autoconsumo fue el llamado peaje de respaldo, que se aplicaba al autoconsumidor por la electricidad que generara y consumiera con el objetivo de «contribuir» a los costes del sistema eléctrico, incluido el de las redes eléctricas.

A partir de ahora, Industria saca las redes de los costes del llamado autoconsumo instantáneo. En concreto, diferenciará entre un peaje para sufragar las redes, que el autoconsumidor solo costeará cuando esté vertiendo o recibiendo electricidad a la red, y los cargos del sistema, que el autoconsumidor deberá sufragar siempre, y que cubrirá desde las primas a las renovables hasta las anualidades del déficit tarifario.

Como novedad se crea un «cargo por autoconsumo«, destinado a «cubrir los servicios de balance necesarios en el mercado de producción». Este cargo «se aplicará sobre la energía autoconsumida, dado que se beneficia del respaldo del sistema aun cuando no consuma energía del mismo», señala Industria. Para justificar la medida, el Gobierno indica que el autoconsumidor «se beneficiará del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada, al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se encontrara aislado del sistema eléctrico«.

Sobre el coste de las redes de transporte y distribución, el departamento dirigido por Soria explica que «se aplicarán como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán aplicados considerando el uso real que se realiza de ellas». De esta forma, «no existirá aplicación de peaje de acceso a redes por la energía autoconsumida, teniendo en cuenta que no se hace uso de la red», señala el borrador de real decreto.

Asimismo, el borrador introduce una disposición en la que se establece una reducción del peaje de respaldo, hasta 2020, para las instalaciones ubicadas en los sistemas eléctricos extrapeninsulares. Esta disposición tiene como objetivo fomentar la participación de las fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos que conllevaría la disminución de los costes de generación. Además, esta reducción es mayor cuanto mayor es la diferencia del despacho de costes variables en un sistema aislado y el precio del mercado peninsular. En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya afirmó que el autoconsumo tenía «mucho sentido» en lugares como Canarias.

Así, en la memoria del análisis del impacto del decreto, Industria señala que un consumidor que instalara una planta de generación de autoconsumo tendría un ahorro de entre 15 y 40 euros por megavatio hora (MWh) consumido, en función del peaje de acceso que le sea de aplicación. Mientras, en el caso del sistema, la implantación de 10 MW de potencia fotovoltaica, con unas horas medias equivalentes de funcionamiento de 1.600, podría suponer un ahorro para el sistema de hasta 30 euros por MWh, en función de la tarifa, en Baleares y de más de 100 euros MWh en Canarias.

Por otra parte, el borrador también reconoce la exención, igualmente hasta 2020, de los cargos para la recuperación de coste del sistema y del cargo por autoconsumo para instalaciones de cogeneración. En concreto, estas instalaciones deben cumplir una serie de requisitos por razones de interés en el fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil y del cargo por autoconsumo para los consumidores que implanten un sistema de eficiencia que cumpla una serie de requisitos.

El sector fotovoltaico cree que Industria persiste «en la misma filosofía del impuesto al sol» con su propuesta sobre autoconsumo

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Europa Press / EFE.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) indicó que, a pesar de las modificaciones introducidas en el borrador de decreto sobre autoconsumo enviado a consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Industria «persiste en la misma filosofía del impuesto al sol», salvo que ahora se divide en «dos conceptos«.

En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, considera que Industria mantiene «el mismo concepto» y se aleja así «de la línea en la que va el resto del mundo» de fomentar el autoconsumo pero sin barreras. Así, subrayó que se mantienen los peajes, «tanto por lo que consumes como por lo que no consumes, y le suma otra concepto», mientras que sólo se descuenta un porcentaje por las pérdidas en el transporte de la energía, aunque no se cuantifica en el texto.

Además, Donoso, que denuncia que el texto mantiene la retroactividad «a todas las instalaciones nuevas y las hechas en el pasado«, calificó de «broma de mal gusto» que se presente a consulta pública el borrador coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, cuando el texto propuesto representa una «barrera económica» que desincentiva a invertir en sistemas de ahorro energético basados en las energías «limpias«.

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, insiste en que «el impuesto al sol» vulnera la Constitución y dos directivas europeas. Por ello lamenta que no se hayan incorporado al texto ninguna de las apreciaciones realizadas por la industria, la sociedad civil, los organismos reguladores y los partidos políticos, advirtiendo que el proyecto afectará «muy gravemente» el desarrollo del autoconsumo energético y la generación distribuida en España y hará peligrar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética.

En su opinión, el texto «es discriminatorio, atenta contra las libertades individuales y la eficiencia energética y vulnera la legalidad». El presidente de UNEF considera que el proyecto «pretende imponer de manera artificial un modelo energético del pasado, basado en las energías fósiles y en el mantenimiento del consumidor al margen de la generación de energía«. «Penalizar con un peaje extra al consumidor responsable que ahorra con un sistema de autoconsumo es como imponer un impuesto por estar ahorrando a quien decida abanicarse en vez de encender el aire acondicionado todo el día», señaló Barredo.

El presidente de UNEF lamentó que Industria «haya publicado prácticamente el mismo texto que ya se conocía, con unos mínimos cambios en la redacción por los que el anterior peaje de respaldo se divide ahora en dos impuestos al sol, pero manteniendo el mismo espíritu desincentivador«. El Ministerio de Industria ha remitido el texto a la CNMC y abrió el periodo de información pública. Los interesados podrán remitir sus observaciones en un plazo de quince días hábiles que empezará a contar con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la resolución que abre el trámite de audiencia.

La factura de la luz por horas será obligatoria a partir de octubre

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EFE / Europa Press.- La facturación eléctrica horaria para los consumidores acogidos a la tarifa regulada y con contador inteligente comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre después de que el Gobierno haya aprobado los procedimientos técnicos correspondientes. Según la resolución del Ministerio de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado, a partir del 1 de julio estará disponible para las comercializadoras la información horaria de los clientes de forma que la facturación por horas comience a aplicarse desde octubre.

Este sistema de cobro se aplicará solo a los consumidores acogidos a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), reservada para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW), que dispongan de contadores inteligentes (digitales y telegestionados). El nuevo mecanismo de tarifa, instaurado en abril de 2014, establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que esta cotice en el mercado mayorista de electricidad en ese momento, un importe que varía cada hora. El precio para cada hora del día estará disponible un día antes, a partir de las 20.15 horas, en la web de Red Eléctrica de España (REE).

La oscilación del precio del kilovatio hora en función del mercado eléctrico afectará solo a cerca del 37% del recibo de la luz. Alrededor del otro 25% corresponde a impuestos, entre ellos el IVA, mientras que un 38% sirve para sufragar los costes regulados del sistema y se paga a través del término de potencia, un dinero fijo por cada kilovatio contratado, y de los peajes en función del consumo.

Transición a la nueva factura

Inicialmente y de forma transitoria mientras se aprobaban los procedimientos, se determinó que se aplicarían unos perfiles de consumo, es decir, una distribución media de las horas de demanda para asignar las tarifas, que todavía continúan vigentes. Una vez que las eléctricas empiecen a aplicar los procedimientos definitivos, los consumidores con contador inteligente pagarán la electricidad al precio que cotice cada hora, lo que les permitirá modular su demanda, mientras que los que no lo tengan seguirán con los perfiles.

La nueva factura hora a hora, al formar parte de la tarifa regulada, solo podrá ser suministrada por las llamadas comercializadoras de referencia, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON. Con la nueva reforma, otras comercializadoras pueden formar parte de este grupo si cumplen ciertos requisitos. A cierre del año pasado, el número de contadores digitales instalados rondaba los 14 millones, de los que 10 millones estaban telegestionados. A esa fecha, las eléctricas debían tener más del 35% del parque instalado, y todas ellas superan estas tasas.

Industria asegura que muchos consumidores no notarán la diferencia con el cambio de sistema ya que sus patrones de consumo serán muy parecidos a los definidos en los perfiles. Además del PVPC, los consumidores eléctricos pueden pasarse al mercado libre u optar por un precio fijo anual para el componente energético, dos opciones que, según Industria, resultan más caros que el procedimiento regulado. Este PVPC acabó con las subastas CESUR, en las que se fijaba el precio de la electricidad para el siguiente trimestre, y reimplantó un modelo de facturas bimestrales con un precio adaptado a unos perfiles de consumo.

«Hará más eficiente al sistema»

Red Eléctrica (REE), como responsable del Sistema de Medidas Eléctrico (SIMEL), considera que la nueva normativa «fortalece» el sistemapara facturar el consumo eléctrico, que se nutrirá de los datos de medida por horas asociados a un contador inteligente (no a un consumidor nominativo) y no por datos agregados como hasta ahora. También hará más «eficiente» al propio sistema eléctrico ya que REE podrá conocer de una forma más precisa la demanda para ajustar los perfiles de consumo y la propia curva de la demanda, uno de los elementos que intervienen en el ajuste diario de la curva de precios que la compañía publica diariamente.

Un fondo del banco francés Natixis presenta la decimotercera demanda contra España por los recortes a las renovables

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Europa Press / EFE.- El fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, presentó la decimotercera demanda de arbitraje internacional en contra de España por los recortes a las energías renovables ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial encargada de dirimir las desavenencias relativas a inversiones entre empresas y países.

Este fondo de Natixis participa desde mediados de 2008 de forma conjunta en la propiedad y gestión de una planta fotovoltaica en España, así como en otra joint venture con la firma Demeter y otros accionistas para la operación de una central minihidráulica de 83 megavatios (MW). El Ciadi registra esta denuncia apenas un mes después de cursar la denuncia de la sociedad alemana BayWa, que cuenta con varios proyectos solares en Palencia, Valladolid, Ciempozuelos (Madrid), Barcelona, Cáceres y Puerto Real (Cádiz), así como con otro de consultoría técnica para más de 50 megavatios (MW) eólicos en La Muela (Zaragoza).

La denuncia de Cube Infraestructures se presenta de forma conjunta con su socio Demeter y con la sociedad Cube Infraestructure Fund Sicav, y en ella los demandantes estarán representados por el despacho francoestadounidense King and Spalding y por el español Gómez-Acebo y Pombo. Esta nueva denuncia es la quinta en lo que va de año contra España por los recortes a las renovables, tras la presentada por la empresa de capital norteamericano 9REN, la alemana Steag, la de un consorcio formado por ocho empresas también alemanas y la de BayWa.

Anteriormente, el Ciadi inició la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser, Antin y RREEF, que cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa. A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Estos trece arbitrajes, junto a uno del ámbito de la construcción, colocan a España como el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».

Cairn Energy renuncia a sus permisos para realizar prospecciones en el Mediterráneo

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EFE / Europa Press.- La promotora de las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, Cairn Energy, ha pedido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la extinción de los permisos que la habilitan para realizar estas actuaciones, según informó el Consell de Ibiza, que explicó que sus técnicos y la Alianza Mar Blava Azul se enteraron durante una reunión celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente.

Según detalla el Consell, el Ministerio de Industria ha trasladado esta petición al Ministerio de Medio Ambiente el 25 de mayo. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Ambiente, Guillermina Yanguas, y el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, explicaron a la delegación balear que el Ministerio de Medio Ambiente solicitó al de Industria que confirme que la petrolera desiste para archivar así el expediente relativo a la Declaración de Impacto Ambiental. «En 10 días tendremos la confirmación de Industria», indicó el secretario técnico de la alianza intersectorial contra las explotaciones petrolíferas Mar Blava, Carlos Bravo.

«Se retira de la zona y no hay riesgo de que puedan hacer allí algo. No hay marcha atrás. Al ver que la DIA iba a ser negativa, han decidido renunciar porque supongo que tiene menos coste de imagen pública. Argumentan que como el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente no han contestado, dan por hecho que por silencio administrativo les han denegado la DIA», destacó Bravo. En el encuentro también pidieron la realización de un planeamiento global a nivel estratégico de todos los proyectos en el Mediterráneo Occidental, así como la aprobación de una moratoria de permisos, mientras se tramita esta planificación, para evitar que se tramiten más autorizaciones mientras tanto.

Además, también hay novedades respecto a los otros dos proyectos de prospecciones que se tramitan actualmente. En relación al de Sea Bird en el Golfo de León, el promotor ha solicitado que se tengan en cuenta todos los trámites realizados antes de su archivo y posterior reapertura, algo a lo que Mar Blava y el Consell se oponen, considerando que debe empezar de nuevo. En relación al proyecto de Spectrum en el Mar Balear, el Ministerio informó de que en octubre comenzó el plazo de 18 meses que tiene el promotor para presentar su estudio de impacto ambiental y llevar a cabo la información pública.

Soria dice que Industria «está enviando esta semana al BOE» los cambios normativos para la nueva facturación horaria

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que su departamento «está enviando esta semana al BOE» la resolución en la que se fijarán las condiciones para la puesta en marcha del nuevo mecanismo de facturación por horas de la electricidad. Por su parte, Enerclub reclama al Gobierno «una estrategia energética inteligente a medio y largo plazo«.

La tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), puesto en marcha el pasado año, vincula la parte energética del recibo directamente al mercado mayorista, cuyo precio cambia cada hora. Inicialmente se ha aplicado un patrón de consumo, pero una vez que se pongan en marcha los nuevos procedimientos introducidos por los cambios normativos, cada cliente con PVPC y contador inteligente pagará en función de cómo cotice la electricidad en el momento de consumo.

«Esta semana estamos enviando al BOE las distintas modificaciones en la normativa para que todos los consumidores con contadores inteligentes puedan definir el precio de la electricidad», indicó Soria, que defendió las medidas adoptadas por Industria para acabar con el déficit de tarifa, así como la búsqueda de «objetivos medioambientales compatibles con el desarrollo industrial», la nueva regulación sobre el carbón y la búsqueda de hidrocarburos para reducir la dependencia.

Sobre el déficit de tarifa, insistió en que «2014 será el primer año en equilibrio» y en que 2015 podría cerrarse «incluso con superávit» si se cumplen las perspectivas del Gobierno. «El mal llamado déficit de tarifa debería llamarse mejor déficit del sistema eléctrico, porque de otro modo la única solución estaría en subir la tarifa» para acabar con los desajustes, indicó. Sobre el mecanismo de incentivos a la quema de carbón nacional en las térmicas, dijo ser «partidario de seguir apoyando» la minería, «pero dentro de los cauces de la Unión Europea«. «La nueva orden ministerial no solo ha de tener el visto bueno de la CNMC, sino también de la Unión Europea», señaló.

Por su parte, el presidente de Enerclub, Pedro Miró, señaló que la economía se encuentra en un «nuevo ciclo», con un retorno a tasas de crecimiento positivo, por lo que consideró que es «momento de volver a mirar hacia el futuro». Para ello, pidió al Gobierno una nueva estrategia energética «inteligente a largo y medio plazo» y tendió la mano al ministro de Industria para contar con «esa visión a largo plazo» por parte del sector. Asimismo, el también consejero delegado de Cepsa apuntó como retos para el sector energético el aumento de las interconexiones, tanto gasistas como para electricidad, así como la búsqueda de hidrocarburos o la liberalización del mercado doméstico en la electricidad.

Nadal asegura que la ideología energética de algunos partidos «subirá el recibo»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que las propuestas «ideológicas» en política energética de algunas «partes del espectro político» conllevarían, de aplicarse, «incremento de costes, inestabilidad financiera y volver a la situación que encontramos en 2012″, esto es, «en situación de quiebra». En este sentido, indicó que el «camino» elegido por algunas formaciones políticas donde «hay tecnologías buenas y tecnologías malas», sólo llevaría a subir el recibo eléctrico o al endeudamiento. Además, defendió el fracking.

Nadal defendió la política energética aplicada durante esta legislatura para eliminar el déficit de tarifa frente a otras propuestas cargadas de «ideología» que ya «se han experimentado, visto sus consecuencias y a donde llevan». «Existen dos caminos, un camino sin ideología, sensato, que intenta cumplir los objetivos de manera que el coste sea el menos posible, que permita ganar competitividad y otro más ideológico, en el que hay tecnologías buenas y malas, en el que no importan los costes», afirmó Nadal. Respecto al déficit tarifario, recordó que el Gobierno heredó un sistema con un agujero anual de 10.000 millones de euros después de dos legislaturas en las que se «vivió de la utopía y del ya veremos cómo se paga».

Asimismo defendió que las centrales nucleares son «un activo del país» que «deben durar lo que su seguridad diga» porque, de lo contrario, implicaría un coste. En cuanto a las energías renovables, apuntó que «tienen un hueco creciente» en el sistema eléctrico español, aunque no a cualquier coste, por lo que se promoverán donde sean más rentables y necesarias. Por otra parte, adelantó que la normativa de autoconsumo eléctrico se enviará esta misma semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«La política energética tiene que ser un factor que mueva al país» y que conceda facilidades para crecer y crear empleo y «no un lastre», apuntó Nadal, subrayando que el problema del sistema estaba en «los costes regulados». Por ello advirtió de que un nuevo déficit supondría «un desastre financiero y económico«. Asimismo, subrayó que el recibo eléctrico subirá si se retira la reforma eléctrica y que la factura eléctrica no puede ser «la caja de los Presupuestos Generales del Estado» donde que se incorpora lo que no cabe en las cuentas nacionales, como se ha hecho en algunos momentos.

Por el contrario, Nadal indicó que si el PP continúa en el Gobierno su apuesta energética será el «sentido común», es decir, «utilizar los recursos a nuestra disposición, no permitir el endeudamiento, dar seguridad a la inversión y mirar cada euro» para abaratar el recibo y mejorar así la competitividad de las empresas. En concreto, señaló que la prohibición de las técnicas de fracturación hidráulica o fracking supondría renunciar «a buscar la riqueza que España tiene en su subsuelo» por una «posición ideológica», por lo que pidió que se aproximen a esta cuestión «sin apriorismos y con sentido común» y resaltó que los proyectos que utilizan estas técnicas necesitan un análisis medioambiental y geológico muy importante antes de su aprobación.

En la misma línea, señaló que este tipo de actividades están restringidas por lo que no se pueden desarrollar cerca de núcleos urbanos o de espacios medioambientalmente protegidos. Además, advirtió, con respecto a una posible prohibición del fracking en España en la próxima legislatura, que «no se puede pretender competir frente al precio del gas de Estados Unidos y no permitir que exista el fracking«.

Por ello, denunció que España, en el caso de que prohibiera el fracking o la exploración de posibles fuentes de hidrocarburos, «sería el único país del mundo que renunciaría a buscar su riqueza». Por último, el secretario de Estado destacó que la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos permite «un reparto justo» de las ganancias obtenidas de su extracción, favoreciendo a los ciudadanos que residen cerca del lugar donde se obtienen.

Carbunión cifra en 4.000 millones de euros el coste que tendría cerrar «bien» el sector

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EFE / Europa Press.- Carbunión pronostica un año «catastrófico» para el carbón si el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «no publica ya» la orden ministerial con los nuevos incentivos a la quema del mineral autóctono en las centrales térmicas, según aseguró la directora general de la asociación empresarial, Mercedes Martín, que cifró en más de 4.000 millones de euros el coste que tendría cerrar «bien» el sector minero. Además, aseguran que la polémica entre el ministro Soria y Castilla y León podría ser una oportunidad para el sector.

Según sus cálculos, el cierre se trataría de una medida que afectaría «a un total de 150.000 personas» ya que los 4.000 trabajadores de la industria se deberían añadir aquellos inducidos en torno a esta actividad. Por ello, Martín advirtió de que el sector no aguantará «más allá del verano» sin las ayudas a las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional. En esta situación, a la espera de que se apruebe el borrador diseñado por el Ministerio de Industria, la patronal de empresarios de minas de carbón cree que en Palencia y Asturias se va a pasar muy mal.

Por ello, Carbunión reclama al Gobierno que apruebe «ya» el real decreto de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional para evitar un 2015 «catastrófico» en vista del consumo actual y de la incertidumbre. Asimismo, resaltaron que a pesar de que el borrador recoge una producción máxima de 5,2 millones de toneladas, por debajo de las más de 6 contempladas inicialmente, la patronal prefiere en este contexto que salga adelante, «dejando atrás la lucha» para elevar esta cantidad. «Es importante que la tramitación sea rápida y pase los filtros de la CNMC y de la Comisión Europea«, donde «no tendría por qué haber problemas», señaló la patronal minera.

Carbunión considera que el borrador actual, en el que se elevan de 3,2 a 5,2 millones las toneladas anuales de carbón y de 72.000 a 90.000 euros por megavatio (MW) el incentivo a las centrales en ayudas a la desnitrificación, resulta «suficiente siempre si se bonifica el céntimo verde al carbón comunitario». La bonificación al céntimo verde consistiría en reducir a 0,15 euros por GigaJulio el gravamen al carbón nacional y comunitario, frente a 0,65 euros actual, que quedaría solo para el extracomunitario con el argumento de que este mineral importado tiene un coste ambiental mayor asociado a su transporte.

Carbunión calcula que el nuevo mecanismo del carbón tendrá un coste máximo en los próximos tres años de 363 millones de euros, frente a los 405 millones previstos por Industria. La diferencia se debe a que las centrales de Anllares y Compostilla 2 previsiblemente no realizarán las inversiones previstas mientras que el Ejecutivo ha contemplado para este cálculo todas las centrales. En total, afectará a 4.038 MW, frente a los 4.500 pronosticados por el Ministerio.

«Hay muchos están interesados en que el carbón nacional no existiera», apuntó Martín, que subrayó que de no existir las centrales térmicas de carbón entrarían al sistema de generación los ciclos combinados de gas, «más caros», y subiría el precio del «pool». En este sentido, añadió quea la hora de hacer pagos por capacidad lo más barato son las inversiones por las centrales térmicas antes que poner en marcha nuevos ciclos combinados a 720-750 euros/Kw. Por ello, indicó que si no se desarrolla el nuevo mecanismo de apoyo y se hacen las inversiones requeridas, las centrales «irían al cierre en tres años» y la potencia térmica del carbón pasará de 9.860 a 4.860 MW.

Tras la directiva europea que fija para 2018 el cierre de las minas, Carbunión reclama sacar del plan de cierre las minas a cielo abierto y subterráneas que lo deseen y buscar una compatibilidad de las ayudas del pasado para los sectores en reestructuración. En 2014 la producción ascendió a 3,78 millones de toneladas, la cifra más baja de los últimos años. De este importe total, 1,08 millones de toneladas correspondieron sólo a Castilla y León. A cierre de mayo las ventas no superaron la cifra de 1,1 millones de toneladas y por el «retraso» de Industria se espera que acaben 2015 con 2,5 millones de toneladas:una cifra que contrasta con los 6,15 millones que se contabilizaron en 2012.

«Oportunidad de oro» para Soria

Respecto a la polémica entre la Junta de Castilla y León y el ministro José Manuel Soria, al que llegaron a reclamar su cese o dimisión, Carbunión considera que la situación del sector del carbón sí afectó a las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León, por lo que considera que el ministro tiene ahora una «oportunidad de oro» para revertir este escenario. «No soy experta en análisis político, pero sí parece que ha tenido influencia en las votaciones en las comarcas mineras», señaló Martín.

«Creo que es ahora cuando Industria tiene una oportunidad de oro para demostrar que puede hacer una buena negociación en el carbón y salvar el sector», señaló Martín, antes de considerar que las críticas del Gobierno de Juan Vicente Herrera a Soria «no serán un problema«. «No creo que lo ocurrido esta semana vaya a ser un problema, sino todo lo contrario. El sector se ha puesto en conocimiento a nivel nacional y es una oportunidad para el sector, para que se defienda correctamente», añadió.

Industria cifra en 405 millones de euros el máximo de los incentivos al carbón nacional

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo cifra en un máximo de 405 millones de euros el impacto total que tendría durante los tres años de aplicación la propuesta de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional. Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante aunque no a cualquier precio».

Según el último borrador remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la potencia máxima de aquellas instalaciones que entrarían en el ámbito de aplicación de la orden podría alcanzar los 4.500 MW. Pero esta cifra es inferior a la que calcula Carbunión, que sostiene que Industria contempla en su análisis todas las centrales, entre ellas la central térmica de Anllares, que según la patronal minera posiblemente no se acoja la medida, y Compostilla 2.

Industria contempla como cuantía asociada al pago de la inversión medioambiental un valor de 90.000 euros/MW y unos compromisos de compra de carbón autóctono en cada año desde 2015 hasta finales de 2018 equivalente a 6 millones de termias. El ministro de Industria, José Manuel Soria, recordó que el Gobierno no podía mantener las ayudas establecidas en 2009 porque lo prohíbe la Unión Europea que, según advirtió, también deberá ahora dar su visto bueno a las ayudas propuestas a la desnitrificación de las centrales eléctricas.

Con estas ayudas, que incentivan la compra de carbón autóctono, «podríamos estar hablando de algo más de 400 millones a lo largo de los próximos años» frente a la situación actual de «nada», indicó Soria, tras participar este martes en un encuentro sobre economía digital. Según sus cálculos, si todas las empresas eléctricas que tiene centrales de esta naturaleza utilizan las nuevas ayudas, se quemarán unas 6 millones de toneladas, frente a los 3,6 millones que se quemaron en 2014.

Las medidas, que no supondrán un incremento del gasto público, establecen la percepción de las cantidades en base a diferentes hitos vinculados a la tramitación administrativa y realización de las inversiones. De hecho, para que tengan derecho al cobro del pago por inversión, será necesario presentar los documentos que acrediten la existencia de contratos de aprovisionamiento de carbón autóctono y el compromiso para la realización de las inversiones medioambientales necesarias.

Una vez presentada la solicitud de ayudas, se reconocerá una cuantía provisional equivalente al 20% en la inversión y tras obtener la autorización de explotación se percibirá el 80% restante. Además, también tendrán derecho al cobro del pago por inversión las instalaciones singulares, es decir, aquellas de gasificación de carbón integradas en un ciclo combinado, con una potencia superior a 250 MW, que hayan acometido inversiones medioambientales o acrediten la compra de carbón autóctono equivalente a 970.000 termias al año.

Nadal: «no a cualquier precio»

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante», porque es la única fuente energética propia de España, «aunque no a cualquier precio». Así se expresó Nadal en un acto informativo organizado por Executive Fórum, en el que fue preguntado por las críticas al ministro Soria por su política con el carbón. Nadal defendió que «este Gobierno, dentro del estrecho margen que ha tenido, ha intentado establecer una hoja de ruta que permita tener una minería competitiva que pueda seguir funcionando» y recordó que ha destinado 3.000 millones a esta materia en la legislatura.

A este respecto, añadió que su objetivo es que los 4.000 trabajadores del sector mantengan sus puestos de trabajo, pero, indicó, «no podemos invertir centenares de millones que los pagan el conjunto de los españoles perdiendo capacidad de creación de empleo en otras áreas«. Por ello, pidió «un esfuerzo de todos», que concretó en una demanda de planes de viabilidad reales de las empresas, así como de los trabajadores.  Finalmente, recordó que al inicio de la legislatura «el punto de partida» era que tenían que estar cerradas todas las minas de carbón en España en 2018, lo que recogía un acuerdo europeo de 2010 que respaldó el Gobierno socialista, mientras que ahora el Gobierno busca «que puedan trabajar más allá».