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El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sistema eléctrico por las futuras redes de distribución cerradas

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Europa Press.– El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sector eléctrico por la creación de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, una de las medidas recogidas en el real decreto de medidas urgentes aprobado para ayudar a la gran industria a hacer frente al impacto del precio de la electricidad, debido a la reducción de los ingresos por peajes de acceso.

En la memoria de impacto económico del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, el Gobierno indica que esa merma de los ingresos por peajes de acceso se puede producir por el grado de simultaneidad de los consumos pertenecientes a la red cerrada, dependiendo del perfil de consumo de los clientes que se integran, así como por el posible cambio del nivel de tensión en el punto de conexión de determinados consumidores que se integran en la red cerrada.

No obstante, el Ejecutivo precisa que efectuar una valoración del impacto económico de la medida, cuando su determinación no se concreta mientras no se establezca su desarrollo reglamentario, resulta «cuanto menos difícil». A pesar de ello, considera que el mayor impacto en peajes es que el consumidor individual que se conecte a la red de distribución cerrada pase del escalón de tensión más bajo al escalón de tensión más alto. El paso de uno a otro escalón de tensión supone unas reducciones en el peaje en torno al 60%, lo que representa alrededor de 12 euros por megavatios hora (MWh).

Así, en la memoria se estima que, si se considera que toda la industria química que actualmente está en el primer escalón de tensión pasara al de mayor tensión, con una demanda de 790 gigavatios hora (GWh) según los datos del sector, el impacto total en peajes sería de una reducción de los ingresos de 9,5 millones de euros. Además, supondría una reducción de medio millón derivado del impuesto de la electricidad por peajes que impactaría en las comunidades autónomas.

No obstante, el Ejecutivo estima compensar el impacto de este incentivo con el incremento que supondrá de la actividad industrial, lo que podría materializarse en un aumento del consumo que implicaría un incremento de los impuestos, de los peajes y del impuesto de generación. Asimismo, valora los efectos positivos que van más allá del sector eléctrico, derivados del incremento de la actividad en el sector industrial y del aumento asociado del empleo, unido a la obligación de mantener la actividad productiva durante unos 3 años.

El Gobierno aprobó recientemente una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo. En el caso concreto de las redes de distribución de electricidad cerradas, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo su creación, lo que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

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Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.

El sector de la cogeneración pide al Gobierno la extensión de la vida de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez, exigió al Gobierno que actúe con celeridad y ponga en marcha las medidas anunciadas para la extensión de la vida de las plantas cogeneradoras hasta 2030 o hasta la implantación del nuevo Plan Renove, que está previsto en la Ley del Sector Eléctrico desde el 2013.

En los dos próximos años, 50 plantas de cogeneración llegarán al final de su vida útil y 99 industrias tendrán que tomar decisiones de inversión sin que exista un marco legal que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones. Pérez calificó de «desastroso» este contexto, que en cinco años afectará a 250 plantas, algo que supondría perder «sus positivas» contribuciones a la eficiencia y acción climática, además de conllevar subidas en los mercados mayoristas de electricidad que repercutirían en los consumidores y en la competitividad de las industrias españolas.

Por ello, la solución propuesta por Acogen es mantener en operación las plantas hasta 2030, extendiendo la retribución actual de aquellas que llegan al final de su vida útil o hasta la llegada del nuevo Plan Renove, un programa que acumula un retraso de más de 5 años. Acogen también entregó su premio Cogeneración de Honor a Sedigas por su labor de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento del «papel clave» del gas en la eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad.

El PP propone excluir a las instalaciones renovables más pequeñas de la revisión a la baja de su rentabilidad razonable

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Europa Press.- El PP ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para excluir a las instalaciones de energías renovables de pequeño tamaño de la revisión de su rentabilidad razonable prevista para el periodo 2020-2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa de retribución para el segundo periodo regulatorio 2020-2025 del 7,09% para la actividad de producción con renovables. Esta propuesta supondría un recorte del 5,5% con respecto al 7,5% vigente.

En concreto, en su iniciativa el grupo popular pide una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, para fomentar así estas instalaciones de producción de energías renovables que cuenten con una potencia inferior a los 300 kW. En el texto, señala que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, aprobada por el anterior Gobierno del PP, establecía una serie de medidas que tenían como finalidad básica la regulación del sector eléctrico, garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

El déficit de tarifa en el sistema eléctrico español llegó a alcanzar más de 6.000 millones al año en 2008 o más de 5.500 millones en 2010, lo que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas de urgencia en 2012. Entre las medidas adoptadas figuraron, en primer lugar, el Decreto Ley 1/2012 por el que se procedía a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.

Del mismo modo, el Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Además, el Decreto Ley 9/2013 establecía que los parámetros sobre los que gira la rentabilidad razonable se fijaran teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años, modificando de este modo las rentabilidad existentes para este tipo de instalaciones.

Esta batería de normativas consiguió en 2014 que el sistema eléctrico cerrara su primer ejercicio con superávit de tarifa, después de años consecutivos de déficit. Así, en su proposición, el PP destaca que las energías renovables se han desarrollado y han reducido su precio de un modo exponencial. Por ello, cree necesario revisar, potenciar, dar seguridad y fomentar las instalaciones de producción de energía eléctrica con energías renovables y comenzar con aquellas de menor tamaño.

El Gobierno, cerca de acordar con la CNMC la devolución de las competencias sobre los peajes eléctricos arrebatadas en 2014

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Europa Press.- El Gobierno está cerca de acordar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el traspaso de las competencias para fijar los precios de los peajes del sistema eléctrico, una atribución en manos del Ejecutivo desde 2014. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley aprobado con medidas dirigidas a combatir la escalada de precios de la tarifa energética.

Entre las medidas incluidas en este decreto ley, hay cambios en las tarifas de acceso, en línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como parte del acuerdo del anterior Gobierno con el PNV. Sin embargo, Ribera ha avanzado que «estas competencias van a serlo del regulador», de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

«Estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo de la CNMC, con la que estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido», explicó la ministra, que avanzó al Congreso que remitirá este cambio normativo a la Cámara Baja próximamente como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. La ministra ha subrayado que «no deben existir agravios comparativos» en el acceso al sistema eléctrico, pues el coste de la energía es «clave» tanto para el consumidor doméstico como para la competitividad del tejido industrial.

Teresa Ribera teme que el 70% de los 9.000 megavatios renovables subastados por Nadal no pueda instalarse antes de 2020

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse ni el 70% de los 9.000 megavatios de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

«Sólo se han instalado 80 megavatios, y hay quién piensa que será difícil llegar a instalar el 70% de esa potencia subastada», afirmó Ribera ante la pregunta de la portavoz energética del PNV, Idoia Sagastizabal, de cuándo aprobará su departamento la regulación sobre los permisos de conexión y acceso a la red. La ausencia de este desarrollo reglamentario, previsto en la Ley del Sector Eléctrico, es para la ministra «uno de los cuellos de botella más importantes» para la instalación de potencia renovable, pese a que la ley que contenía la previsión «tiene ya unos cuantos años a sus espaldas».

En todo caso, la ministra agradeció que, aun en funciones, su predecesor en el cargo, el exministro de Energía Álvaro Nadal, remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de este decreto, y que gracias a ello esperan recibir el informe del superregulador «estos días». A partir de ahí, la ministra ha indicado que el Gobierno espera poder aprobar definitivamente esta regulación «antes de fin de año», pues tratará de «acortar todos los procedimientos», a través de la tramitación por la vía de urgencia de las fases administrativas pendientes.

Asimismo, la ministra ha ido más allá, subrayando que el Gobierno deberá «facilitar la inclusión en el sistema de alrededor de 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año» si quiere cumplir con los objetivos comprometidos para 2030 del Acuerdo de París, por lo que la aprobación de esta regulación es, para Ribera, «un primer paso crítico«. Precisamente, el PNV ha urgido a aprobar antes de finales de año esta regulación, para que las empresas adjudicatarias en las últimas subastas puedan contar con la autorización para construir sus plantas y que además no caduquen las concesiones de puntos de conexión de varias instalaciones renovables.

«Nos encontramos con plazos bastante ajustados y cualquier retraso en la concesión de permisos puede hacer peligrar los proyectos», ha incidido Sagastizabal, destacando que en algunos casos la construcción de instalaciones tras la última subasta «se encuentra condicionada» a este desarrollo reglamentario. «De no aprobarse antes del 28 de diciembre, la mayoría de puntos de conexión permitidos se pierden y las empresas corren el riesgo de no poder conectar sus plantas y estarían abocadas a la pérdida de avales emitidos», ha explicado la diputada, reclamando la aprobación de esta normativa.

El Gobierno activará una “campaña masiva” para facilitar el acceso al bono social e introduce modificaciones en la planificación energética

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EFE.– El Gobierno aprobó una modificación de la planificación energética para el periodo 2015-2020 que prevé nuevas actuaciones por un importe de 241,6 millones de euros, entre las que se incluye un nuevo enlace entre Mallorca y Menorca adicional al que se encuentra actualmente en tramitación. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica activará una «campaña masiva» para facilitar que los potenciales beneficiarios se acojan al nuevo bono social, ya que el porcentaje actual es «ridículo», según su titular, Teresa Ribera.

La intención del Ministerio es facilitar «no sólo la comprensión de cómo acogerse al bono social sino el hecho mismo de acogerse» para que sea «muy sencillo para todo el mundo». El objetivo, según Ribera, es que el bono social «pueda estar operativo al máximo en octubre», con independencia de que se puedan ampliar los plazos ante las “grandes dificultades burocráticas” para acogerse al nuevo.

El bono social, que consiste en descuentos en la factura eléctrica para los consumidores vulnerables, fue reformado después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria. El nuevo modelo también ha sido recurrido por las 5 grandes eléctricas por ser las comercializadoras las que lo financian y no el Estado. Ribera ha señalado que el sistema «tiene que estar bien armado» y ha asegurado que «el planteamiento de un bono social asociado directamente a la cuenta de resultados de las eléctricas no es posible».

En cuanto a los precios de la electricidad, ha subrayado que, según los analistas internacionales, el nuevo modelo implantando es mucho más barato para el consumidor final, aunque «el ahorro, la eficiencia y la presencia masiva de renovables encajan mal con el modelo regulatorio actual». Esto se debe a que las nuevas tecnologías suponen una inversión importante, aunque después permitirán «enormes ahorros». Por el contrario, ha afirmado que «el modelo actual incentiva el diferencial, el beneficio marginal de lo que ya existe«, lo que dificulta la entrada de nuevas tecnologías.

Cambiar la formación de precios

Por eso, cree que hay que hacer un diagnóstico para corregir el esquema y beneficiarse de las oportunidades que la tecnología ofrece, además de actualizar las variables que la Ley del Sector Eléctrico considera que deben ser cubiertas mediante la tarifa. Ribera ha indicado que «no se entiende muy bien» que en un año en el que ha llovido en abundancia y no hubo olas de calor hasta agosto, el precio de la electricidad suba. En su opinión, hay cosas que tienen que ver más con el contexto regulatorio que con decisiones estructurales y sistémicas que tomarán en todo caso, como la transformación del modelo energético, en el que las nucleares y el carbón irán saliendo mientras entran más renovables.

En cuanto al Plan Nacional de Energía y Clima, ha señalado que le gustaría que su tramitación parlamentaria se iniciara a principios de 2019, para lo cual se remitiría al Parlamento antes de finales de año. Ribera ha subrayado que las redes eléctricas serán fundamentales en la transición energética y ha recordado que recientemente el Gobierno ha aprobado una modificación de la planificación energética para que haya mayor conexión y facilitar la incorporación de las renovables adjudicadas en las subastas y la electrificación del transporte.

Respecto a los colectivos y territorios que se verán más afectados por el cambio de modelo energético, la ministra indicó que el Ministerio quiere tener preparada la estrategia de Transición Energética Justa para después del verano. Además, ha recordado que la transición energética va a generar nuevas oportunidades de desarrollo. En cuanto a la industria del automóvil, ha señalado que su producción debe evolucionar hacia lo que se pide ya en países como China o India, donde los fabricantes europeos abren plantas de coches eléctricos.

Modificación de la planificación energética

Según apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el enlace entre Mallorca y Menorca que se ha incluido en la modificación de la planificación energética es distinto al que se encuentra en tramitación ya que hubo que acometerlo por la avería, de carácter irreversible, que hubo a finales del 2017 en el que existía para conectar las dos islas.

Las modificaciones también contemplan infraestructuras para evacuación de nuevas instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica explica en el BOE que muchas de estas actuaciones para evacuar energía renovable no supondrán coste en concepto de inversión para el sistema por tratarse de ampliaciones de subestaciones existentes. Según indica el departamento ministerial, estas actuaciones se justifican por razones de eficiencia económica del sistema, ya que redundarán en una reducción del precio del mercado de la electricidad.

Las modificaciones también incluyen una serie de actuaciones para el suministro a los nuevos desarrollos de la red de transporte de ferrocarril, fundamentalmente para alta velocidad. En la planificación también se incluyen las modificaciones relativas a nuevas instalaciones de transporte por cambio de su titularidad para, mediante su inclusión en la planificación, permitir el cumplimiento del requisito establecido por la Ley del Sector Eléctrico para el reconocimiento de su retribución.

El coste estimado de las actuaciones (241,6 millones) respeta el límite al volumen total de inversión de la red de transporte de energía eléctrica en el horizonte 2015-2020 establecido en la normativa vigente, señala la resolución. La estimación de inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas en el horizonte 2015-2020 es de 4.554 millones de euros, con un volumen de inversión medio anual de 759 millones de euros, de los que se prevé recuperar 143 millones de los fondos Feder a lo largo del periodo.

Ribera ve necesario «repensar» el mercado energético, el sistema de fijación de precios y revisar “urgentemente” la normativa de renovables

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó en el Congreso que considera necesario «repensar» tanto el mercado energético como el sistema por el cual acaba fijándose el precio de la energía. Además, ha anunciado que revisará «de forma urgente» toda la normativa de renovables para facilitar su despliegue.

«Será necesario repensar el mercado, los sistemas de fijación de precios, la ordenación, la previsión del funcionamiento de los distintos actores, la entrada y salida de los viejos y nuevos», indicó durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Cámara Baja, a la que acudió para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Asimismo, ha apostado por «aprovechar el potencial de la digitalización» y de «los saltos tecnológicos», pendientes y consumados, dentro de los cambios que el Gobierno pretende introducir en el sistema energético.

En todo caso, la ministra avanzó que el Ejecutivo impulsará un «paquete de medidas urgentes» antes de la remisión de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que empezará a tramitarse durante este año. Entre estas medidas se encontrará una modificación del marco legal de la energía renovable con el fin de «revisar toda normativa que ha impedido su despliegue y la confianza» en España. Otras de las medidas también afectarán a la cogeneración, que Ribera ha llamado a «repasar y actualizar», y ha abogado además por reformar el autoconsumo, respecto al cual ha celebrado que exista una mayoría parlamentaria que busque «eliminar barreras administrativas que impiden su desarrollo«.

«Hemos de recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. No es fácil, pero es importante. Necesitamos marcos previsibles, estables, respetuosos con las necesidades y la función que cada cual debe desempeñar en ese proceso de cambio«, manifestó la ministra, que insistió en «abordar el imprescindible cambio de modelo energético», para lo cual apuesta por dejar «de aplicar la política de la avestruz» y avanzar en la dirección marcada por la Unión Europea, «un eje de innovación y modernización».

Sin mencionar ninguna propuesta concreta, la ministra expresó la necesidad de revisar y replantear las funciones de los operadores del sistema, la comercialización y distribución, con el fin de estudiar «cómo reorganizar en un esquema de gobernanza de la energía que se corresponda con los tiempos actuales y no de hace 20 años» y que el Gobierno debe «ir introduciendo».

Ribera señaló que considera como «ventaja» que el sistema eléctrico español cuente con una capacidad de generación «tan grande», pues cree que permite «solapar razonablemente» la entrada y salida de actores, como un mayor peso de las renovables o el cierre de centrales, «sin que eso impacte, o minimizando el impacto al máximo, en cuestiones como la seguridad de un suministro de calidad y la estabilidad y la previsibilidad de cara a inversores y costes«.

En este sentido, ha indicado que estos costes «tienen mucho que ver con el marco que ordena cómo se establecen esos precios», por lo que ha apostado por «revisar en su conjunto» la regulación eléctrica, si bien a renglón seguido ha contenido su apuesta: «No sé hasta qué punto podremos avanzar en esa modificación de la Ley del Sector Eléctrico».

En todo caso, ha apuntado que estas modificaciones deberán abordar el funcionamiento del mercado, «quién y cómo se fija esa capacidad de tarifas, y qué y cómo se incorpora en la determinación que ha de contemplarse a la hora de reconocer costes». Precisamente, ha puntualizado que estos cambios no deberán realizarse al margen de los reguladores que, a su juicio, «han de evaluar, incorporar y señalar los costes que, con arreglo al marco regulatorio nacional, debe reconocer el sistema», así como sin tener en cuenta las directivas comunitarias ni «a capricho del ministro de turno«.

La cogeneración expresa su satisfacción

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha valorado «muy positivamente» que la ministra Ribera haya aludido en el Congreso a la necesidad de revisar y actualizar la cogeneración como una de las cuestiones prioritarias. Para la patronal del sector, los cogeneradores necesitan una regulación que permita a las plantas continuar su operación al concluir su vida útil regulada y que fomente nuevas inversiones y, por ello, reclaman un nuevo marco regulatorio. «Centenares de industrias clave para el país no pueden seguir en esa injustificada incertidumbre sobre su futuro y el de las positivas contribuciones que realizan a los sistemas energéticos», explica Acogen.

Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

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EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

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Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».