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Acogen recurre la orden con el recorte de 290 millones a la retribución de la cogeneración

Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha presentado un recurso contencioso-admnistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la orden ministerial en la que se fijan los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre.

En concreto, el Supremo ha admitido a trámite a mediados de este mes el recurso presentado por la patronal contra la orden ministerial, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado mes de julio, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó la orden ministerial en la que se fijan los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre y que, según el sector, conlleva un recorte adicional a esta tecnología de 287 millones de euros.

La Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, contempla que, al menos de forma anual, se revisarán los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como es el caso de la cogeneración.

Acogen dirigió a comienzos de ese mes de julio una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le pedía que actuase y apoyase a la industria que cogenera y que, según sus datos, supone en España el 20% del PIB industrial que fabrica sus productos con cogeneración.

El borrador de la orden, en su fase de informe en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suscitó un fuerte rechazo entre las empresas cogeneradoras y sus industrias asociadas por la envergadura del recorte adicional que comporta.

La cogeneración lamenta que el borrador de retribución no cumpla sus objetivos de reindustrialización

Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) lamenta que el borrador con la revisión de la retribución a las renovables y la cogeneración en 2017 propuesta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no incluya las propuestas reclamadas por el sector para impulsar la reindustrialización del país.

«Lamentablemente la nueva propuesta retributiva aplica el marco establecido sin incluir los ajustes que los cogeneradores venimos reclamando para lograr una retribución más razonable en línea con los estándares y objetivos europeos y con las necesidades de reindustrialización y eficiencia energética de nuestro país», afirma el director general de Acogen, Javier Rodríguez, en el último boletín de la asociación.

Rodríguez indica que el «ajuste razonable» que reclaman los cogeneradores parte de tres puntos que vengan seguidos de un plan de inversión. Estos puntos consisten en aplicar los estándares europeos de alta eficiencia, promocionar la competitividad del calor suministrado a las industrias a semejanza de la de otros países y subsanar la minusvaloración de los costes de mantenimiento.

De esta forma, señala el director general de Acogen, se crearía «un clima de confianza» sobre el que pueda ponerse en marcha el Plan de Renovación Tecnológica del sector, conocido como ‘renove’ y establecido en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. El Gobierno, indica, mantiene desde hace cinco años la «moratoria» sobre esta actividad.

«Los que conocemos y amamos la industria somos conscientes del lastre que supone un parón de un lustro para industrias que necesitan invertir para actualizar, mejorar, ajustar, flexibilizar y ganar competitividad en sus instalaciones de cogeneración», afirma, antes de urgir a Energía a tomar medidas para superar la «crudeza» de la situación actual.

Acogen califica de «terrible» para la cogeneración el balance del primer semiperiodo regulatorio 2013-2016. De las 1.067 plantas, entre el 35% y el 38% están paradas, al tiempo que el 25% de la potencia de cogeneración se ha detenido y se ha perdido entre el 15% y el 19% de su producción eléctrica.

Estas cifras, asegura, equivale a decir que la cogeneración ha dejado de producir con la reforma eléctrica un 2% de la electricidad nacional y minorado un 3% en la demanda nacional de gas natural.

Competencia pide a Nadal que le deje participar en los peajes para dar una solución al autoconsumo

Europa Press.- La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández, ha reclamado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permita al regulador «definir conjuntamente» la metodología de peajes y cargos del sistema eléctrico con el objeto de que, entre otras cosas, el organismo pueda participar en una «solución» al autoconsumo.

Durante su intervención en el III Foro Solar Español, organizado por la Unión de Empresas Fotovoltaicas (UNEF), Fernández aseguró que la CNMC aborda el autoconsumo como una «opción posible» y se mostró partidaria de «ordenar el debate».

«Pensamos que el debate del autoconsumo se solucionará con mayor rapidez en cuanto podamos definir conjuntamente con el Ministerio la metodología de peajes y cargos del sistema eléctrico. Una vez que lo hayamos conseguido, podremos alcanzar una solución a este asunto», afirmó.

En la actualidad, y en contra de lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico, la CNMC se limita a ofrecer un escenario de costes regulados del sistema eléctrico, mientras que el Ministerio de Energía, mediante las órdenes de peajes y cargos, establece los ingresos necesarios para cubrirlos a través de la tarifa de la luz.

Al margen de esta cuestión, Fernández explicó que el momento actual se caracteriza por dos hechos «clave» que mejoran la posición de las renovables para liderar la transición energética. El primero está vinculado a los acuerdos de París sobre lucha contra el cambio climático, mientras que el segundo se refiere al equilibrio financiero entre costes e ingresos del sistema eléctrico obtenido en España.

«Es el momento de aprovechar las renovables para la transición energética, pero sin olvidar la seguridad de suministro y la competitividad de la economía», afirmó la vicepresidenta de la CNMC, antes de considerar necesario «cerrar las tecnologías más sucias a medida que se vayan incorporando nuevas renovables».

Fernández advirtió además de la necesidad de incorporar las renovables a una velocidad adecuada y sin generar subidas de precio de la electricidad. «No podemos incorporar las renovables sin tener en cuenta el precio de la electricidad, que es un input clave para el bienestar de los ciudadanos», ni «incorporar de manera inmediata una cantidad de renovables superior a la que debería ser», señaló.

La vicepresidenta de la CNMC aseguró además que «las subastas de renovables parecen estar desarrollando buenos resultados» y que el propio regulador está detectando «buenas perspectivas a medio y largo plazo». Como ejemplo, aludió a los grandes proyectos que se preparan en Murcia y Badajoz, y a la «gran experiencia» de las empresas españolas.

Las compañías eléctricas dedicaron cerca de 500 millones de euros a costear el bono social de la luz desde 2014

Europa Press.- Las principales compañía eléctricas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España, han dedicado cerca de 500 millones de euros a costear en 2014, 2015 y los primeros nueve meses de 2016 el bono social de la luz, según indicaron fuentes de las empresas. Unas cantidades que podrán recuperar después de que el Tribunal Supremo haya declarado inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde el ejercicio 2014 ha recaído sobre las principales compañías eléctricas.

Las fuentes consultadas indican que las eléctricas deberán recibir como compensación 184 millones por el dinero dedicado en 2014, 188 millones por el de 2015 y una cantidad adicional por los nueve primeros meses de 2016 que elevará la cifra a unos 500 millones. Desde las empresas destacan que el fallo responde a los criterios fijados por la normativa comunitaria y que «las eléctricas no están en contra del bono social, sino de la manera con la que se ha ido aplicando, que es discriminatoria».

También califican de «victoria» la resolución judicial y consideran «bastante justo» que la ayuda a los consumidores vulnerables no se cargue sobre las eléctricas, sino sobre otras fuentes como los Presupuestos Generales del Estado. «Las empresas ya están haciendo los deberes por su cuenta para proteger a los consumidores vulnerables mediante acuerdos con distintas administraciones públicas e iniciativas propias«, aseguran.

El fallo del Supremo afecta al 2014 e indica que se deben reintegrar a los demandantes todas las cantidades que hayan abonado por este concepto conforme a la cifra que se detalle en la ejecución de sentencia, más los intereses. Las empresas, que han ido recurriendo los distintos porcentajes de reparto del coste del bono social, dan por hecho que esta victoria judicial también implicará la devolución de los importes devengados en 2015 y 2016.

Para 2016, Endesa ha de financiar un 41% del bono social, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

El Gobierno de Canarias remite al Consejo Consultivo los cambios en la normativa eólica

EFE.- El Gobierno canario acordó remitir al Consejo Consultivo un proyecto de decreto para modificar parcialmente el reglamento sobre la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de Canarias, con el fin de favorecer la penetración de las energías renovables. La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila (CC), aseguró que esta modificación responde al acuerdo político suscrito en noviembre de 2015 entre el Ejecutivo canario y representantes del Estado para resolver las principales discrepancias mantenidas entre ambas administraciones públicas a este respecto.

Dávila subrayó que estos cambios aportan seguridad jurídica a la norma dictada por el Ejecutivo autonómico y contribuyen a establecer un escenario más propicio para la penetración de las renovables en los sistemas eléctricos insulares. El proyecto de decreto incluye modificaciones en 5 artículos relacionados con los objetivos de la potencia eólica; las instalaciones de autoconsumo; la eficiencia energética y la calidad de la energía; las protecciones eléctricas; y los sistemas de gestión telemática. En este sentido, desde el Gobierno canario aseguran que se adecua la normativa autonómica al criterio del Estado, dotando de mayor garantía jurídica a los operadores.

El Decreto 6/2015, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación de parques eólicos en Canarias, entró en vigor en febrero de 2015, eliminando el sistema de concurso de asignación de potencia como forma de acceder a la autorización administrativa. Sin embargo, el Gobierno central consideró que el contenido de algunos de sus preceptos vulneraba el orden constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, por lo que la Abogacía del Estado interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el Decreto 6/2015.

Al comienzo de la presente legislatura, ambos Gobiernos acordaron crear una mesa de trabajo para estudiar y proponer una resolución extrajudicial, en virtud de la cual, el Estado aceptó retirar el recurso a cambio de modificar la redacción del Decreto 6/2015. Gracias a este acuerdo, el Ejecutivo ha conseguido dotar de plena seguridad jurídica la tramitación de nuevos parques eólicos y desbloquear la penetración de energía eólica en las islas. Una vez que el Consejo Consultivo elabore su Dictamen preceptivo, el proyecto de decreto será aprobado en Consejo de Gobierno y publicado en el BOC para su entrada en vigor.

La OCU denuncia ante la CNMC solamente a las principales compañías eléctricas por “confundir al consumidor con el precio libre”

Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a las principales compañías eléctricas ante la CNMC por generar “confusión” entre los consumidores “al no separar de forma clara el precio regulado de las ofertas en el mercado libre”. Esta confusión, indica la organización, «está prohibida expresamente por la Ley del Sector Eléctrico» y su efecto causa «un perjuicio notable a los consumidores que en su gran mayoría desconocen con quién están contratando la electricidad».

La OCU indica que la Ley del Sector Eléctrico prohíbe a las empresas que desarrollan actividades reguladas (distribución y comercializadoras de referencia) y actividades liberalizadas (comercialización en el mercado libre) crear confusión en la presentación de su marca y la información que ofrecen a los consumidores. «La norma obliga a establecer una separación clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC, de las comercializadoras pertenecientes a ese mismo grupo, pero que ofrecen electricidad en el mercado libre«, indica.

Sin embargo, aunque la ley es clara en esta materia, OCU denuncia que la realidad es bien distinta para los consumidores. A su juicio, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo «incumplen claramente la ley y presentan una información confusa en aspectos básicos para los consumidores como son el nombre comercial de las compañías, las páginas web y logos corporativos, que son prácticamente idénticos». Además, la organización señala que estas compañías comparten los e-mail de contacto con los clientes e incluso «en algunos casos como Iberdrola tienen el mismo teléfono de atención al cliente».

Para OCU los efectos que provoca esta confusión en la identidad de las empresas que prestan el suministro de electricidad son «claros». «La mayoría de los consumidores desconoce exactamente cuál es su comercializadora más allá del grupo al que pertenece, y con ello desconoce un hecho fundamental, cuál es su tarifa y las condiciones comerciales que le aplican», señala. «Esta situación es terreno abonado para los abusos«, indica la organización, para la que la confusión entre empresas del mismo grupo daña la «exigua competencia en el mercado de la electricidad».

Por último, recordó que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van desde 600.000 a los 6 millones de euros, por lo que pidió a la CNMC «que aplique lo dispuesto en la Ley para impedir la confusión de marca entre las empresas del mismo grupo y evite el perjuicio que esta situación provoca sobre el nivel de competencia del mercado eléctrico y por extensión en los consumidores».

Castilla-La Mancha aprueba un borrador de decreto de energías para adaptar la normativa autonómica a la ley estatal

EFE.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el borrador del decreto de energías para adaptar el desarrollo normativo autonómico, que data de 2007 y 2010, a la ley estatal del Sector Eléctrico de 2013. Así lo ha dado a conocer la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, que explicó que conllevará una simplificación de trámites que va a favorecer y permitir, especialmente en el sector eólico, que las empresas se implanten en la comunidad autónoma.

Franco subrayó que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la implantación de renovables porque Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en potencia fotovoltaica instalada, la segunda en energía eólica y la tercera en el total de renovables. En este sentido, señaló que el compromiso del Gobierno regional es agilizar al máximo todas las tramitaciones para seguir favoreciendo la implantación y el desarrollo de estas energías en la comunidad autónoma.

La consejera destacó la importancia que tendrá este decreto, porque se estaban exigiendo numerosos requisitos a las empresas que no eran necesarios para su implantación y ahora se pasa a la autorización previa por parte de la Administración. Antes se hacía mediante un sistema de concurrencia y con la adaptación a la normativa nacional se posibilitará que haya una implantación libre por parte de las empresas, con la autorización previa de la Administración tutelante. Para ello habrá una simplificación de trámites que afecta tanto a las acometidas (por ejemplo, para las pequeñas acometidas no va a ser necesario el trámite de información pública) como a otros aspectos como a las futuras repotenciaciones del sector eólico.

Por otra parte, Franco ha valorado que las 33 empresas distribuidoras de energía que hay en la región van a realizar inversiones en los tres próximos años por importe de 270 millones de euros para mejorar las infraestructuras energéticas en Castilla-La Mancha. En este sentido, hizo hincapié en que el suministro energético es clave no solo para el bienestar de los habitantes de la región, sino para el crecimiento y la competitividad de las empresas. Franco consideró importante para la competitividad de las empresas «que el suministro sea económico» ya que en España siguen generándose problemas en la competitividad de las empresas con respecto a otros países de Europa debido al coste de la electricidad.

La Comisión Europea da un ultimátum de dos meses a España para corregir la legislación nacional sobre interconexiones energéticas

EFE / Europa Press.- El Gobierno dispondrá de dos meses para corregir la normativa actual en la que se concede el monopolio de las interconexiones internacionales de electricidad y gas a los gestores de los respectivos sistemas, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, una vez reciba el dictamen de reprobación de la misma por parte de la Comisión Europea para que adapte adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones energéticas, según indicaron en fuentes de la Administración.

De lo contrario Bruselas referirá el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La citada llamada de atención, segunda de tres etapas, responde a una directiva aprobada en 2009 relativa al llamado «tercer paquete de energía» para reformar los mercados internos de energía y garantizar la independencia de los reguladores nacionales, entre otros aspectos. El Ejecutivo comunitario urge a España a la «correcta implementación y aplicación» de las medidas que conciernen a sus mercados de electricidad y gas. «La Comisión cree que la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas«, señaló el Ejecutivo comunitario.

Segundo paso dado desde Bruselas

La Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos establecen que los respectivos operadores de los sistemas eléctrico y gasista serán también operadores de las interconexiones internacionales en calidad de transportista único, lo que cierra la posibilidad de competencia en este ámbito. El diario Cinco Días adelanta que, tras las alegaciones presentadas por el Ministerio de Industria, la Comisión Europea ya ha emitido el dictamen motivado en el que se reafirma en sus primeras conclusiones y pide a España un cambio en la norma para adecuarla a las directivas. De esta forma, la Comisión da un salto cualitativo en el expediente abierto a España en 2013 en el que cuestionaba los monopolios de los que disfrutan REE y Enagás.

Además, España ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional», indicó Bruselas en referencia al grado de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin precisar más al considerar que se trata de un «proceso bilateral» entre España y el Ejecutivo comunitario, según fuentes europeas. La Comisión Europea envió a España un primer aviso en febrero de 2015 y, a partir de ahora, España tiene dos meses para informar a Bruselas de las «medidas tomadas para remediar la situación».

En concreto, Bruselas considera que debe ser el organismo regulador el encargado de establecer la metodología sobre la fijación de peajes de acceso al transporte y distribución. La norma actual concede a la CNMC la potestad para asignar los costes de estas actividades, si bien el cálculo de los ingresos, esto es, los peajes que se deben repercutir a los consumidores para sufragar el coste, lo aprueba previamente el Gobierno.

La CNMC sanciona con 178.000 euros a Nortedison Electric, otra comercializadora que no presta las garantías exigidas por Red Eléctrica

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 178.000 euros a la empresa Nortedison Electric por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), entre septiembre de 2015 y enero de 2016, según indicó el regulador. La Ley del Sector Eléctrico, impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

Según el informe del expediente sancionador de la CNMC, la eléctrica tenía en septiembre de 2015 un déficit de 357.000 euros en las garantías que le son exigidas por el operador eléctrico, Red Eléctrica, y que se incrementó hasta los 4 millones de euros a 31 de enero de 2016. Por este motivo, REE denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Nortedison Electric de la obligación de prestar las garantías exigidas en septiembre de 2015, lo que originó un déficit de garantías que duró hasta enero de 2016.

Una vez instruido el citado expediente, la CNMC ha declarado a la empresa Nortedison Electric como responsable de una infracción leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y le ha impuesto una multa de 178.000 euros. Esta resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998.

Esta sanción se suma al goteo en los últimos meses de multas impuestas por el organismo presidido por José María Marín Quemada a comercializadoras por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico. A principios de este mes, la CNMC impuso una sanción de 12.000 euros a Iberoelectra 3000 y de 1.500 euros a Evergreen Eléctrica por infracción leve. Anteriormente, también había multado a la comercializadora Olten Llum con 150.000 euros y a la empresa Comercializadora Zero Electrum con 6.207 euros.

Además, en abril la CNMC sancionó a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec con 8.000 euros, así como a Herederos De García Baz y Electra la Honorina con 3.000 euros, respectivamente, por no suministrar la información solicitada sobre la energía adquirida, suministrada y declarada entre julio de 2011 y julio de 2013. También multó a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia con 7.000 euros por no aportar al operador del sistema eléctrico las garantías exigidas. A principios de año, la CNMC también había sancionado a otras empresas como Zencer, con 25.000 euros, y Vertsel Energía, con 140.000 euros, por incumplir esta obligación de prestar una serie de garantías exigidas.

Industria realiza un recorte adicional de casi 290 millones de euros a la cogeneración que según Acogen será «difícilmente asumible»

Europa Press / EFE.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) considera que la revisión de la retribución a la cogeneración publicada por el Ministerio de Industria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conlleva un «drástico» recorte adicional de 287 millones de euros a la cogeneración que será «difícilmente asumible» por esta tecnología. El Ministerio de Industria fijó así los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre de 2016, así como los valores por cada instalación tipo.

La orden ministerial, la 1209/2016, aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la delegación de esta función comunicada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien asumió la cartera de Industria tras la marcha de José Manuel Soria. La Ley del Sector Eléctrico contempla que, al menos de forma anual, se revisarán los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como la cogeneración. Las instalaciones de cogeneración generan calor y electricidad en su proceso productivo que se usa tanto para fabricar en sus plantas como para verter a la red.

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) dirigió a comienzos de mes una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones en la que le pedía que actúe y apoye a la industria que cogenera y que, según sus datos, supone en España el 20% del PIB industrial que fabrica sus productos con cogeneración. El borrador de la orden, en su fase de informe en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suscita un fuerte rechazo entre las empresas cogeneradoras y sus industrias asociadas por la envergadura del recorte adicional que comporta. Por ello, el director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, anunció que lo recurrirán ante los tribunales.

Acogen recuerda que en más de 600 industrias alimentarias, químicas, papeleras, cerámicas, textiles, del automóvil, refino, la cogeneración «es la gran aliada que actúa como herramienta de competitividad para estas industrias intensivas en consumo energético». Además, recuerda que la reforma energética llevó a la inactividad del 35% de las instalaciones cogeneradoras, con una reducción de 1.200 millones de euros anuales en la retribución de las cogeneraciones. Pese al impacto sobre el sector, Ence indicó que esta revisión de la retribución a la generación eléctrica no afectará a sus plantas de cogeneración y supondrá un aumento de la retribución para sus plantas de generación con biomasa.

La propuesta de orden ministerial para actualizar el precio de la retribución a la operación a ciertas instalaciones de generación con efectos del segundo semestre de 2016 establecía para las instalaciones de gas natural una bajada de aproximadamente 8,7-10,7 euros por megavatio hora (MWh), de aproximadamente 11,8-12,8 euros por MWh para las instalaciones con fuelóleo y de aproximadamente 17,5-19,5 euros por MWh para las instalaciones con gasóleo. La normativa establecía que, en el caso de las instalaciones con biomasa, habría de producirse una mejora de aproximadamente 0,3 euros por MWh.

«Drástico» recorte será «difícilmente asumible»

Acogen considera que la revisión de la retribución a la cogeneración conlleva un «drástico» recorte adicional de 287 millones de euros a la cogeneración que será «difícilmente asumible» por esta tecnología. Según criticaron, la orden ministerial no tiene en cuenta ni las alegaciones de Acogen ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También lamentan que Industria «no respete las garantías jurídicas aplicando nuevos recortes a las industrias con carácter retroactivo». Las empresas industriales cogeneradoras «se sienten penalizados de forma continuada por la normativa y desamparados en las políticas energéticas del Ministerio», señala Acogen.

«Es una revisión que se ha hecho tarde y mal, con carácter retroactivo y que asfixia aún más al sector», ha criticado Rodríguez. Junto a esto, cree que deberían tener en cuenta «el erróneo» cálculo que hizo Industria sobre el precio del megavatio-hora en el mercado eléctrico mayorista y que está 20 euros por debajo de lo previsto por el Gobierno. «Deberían haber dejado la retribución tal y como estaba, reducirla supone meter más pérdidas a la industria», señala Rodríguez.

La orden ministerial contiene «fallos de previsión del propio Ministerio al establecer los precios del mercado», apunta la asociación. Las previsiones de Industria se han desviado cerca de un 43% de sus previsiones en esta variable. «Este es el origen del conflicto que ahora se traslada a las industrias cogeneradoras, con mayores recortes y más cargas financieras, algo que el sector no puede asumir y que supondrá un duro golpe al PIB industrial nacional», señala.

La asociación recuerda además que la CNMC ha coincidido con el contenido de las alegaciones de la propia Acogen. El informe del regulador sobre la orden señala que la metodología utilizada para actualizar las retribuciones de las cogeneraciones es «opaca y no reproducible, impidiendo hacer previsiones confiables a las empresas», afirma Acogen. «No permite reproducir el cálculo realizado para llegar a los parámetros An, Bn y Cn, lo cual resta transparencia a la metodología e impediría rebatir dicho cálculo o detectar posibles errores», indica. La CNMC estima que la información descrita sobre los parámetros retributivos «es insuficiente, pues no permite que los productores realicen estimaciones precisas y confiables de cuál va a ser la evolución inminente de sus ingresos regulados».