Esta semana comienzan se ponen en marcha las subastas de interrumpibilidad que, gestionadas por Red Eléctrica de España (REE) y supervisadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, atribuyen los lotes de este servicio mediante puja a las ofertas más competitivas de las empresas demandantes de la misma
Partamos de la definición del servicio de interrumpibilidad. Se trata de un servicio mediante el cual las empresas (grandes consumidores de energía) ofrecer la desconexión durante un período (es decir, la interrupción de su suministro) a cambio de un descuento/bonificación en el coste de su consumo. Es decir, es un mecanismo mediante el que se articula cómo el operador de sistema eléctrico (REE) ordena el cese de la actividad productiva de una instalación por circunstancias de la red, a cambio de un descuento en el precio de la energía que reciben.
Dicho servicio, a raíz de la llamada “reforma eléctrica” se reformuló mediante el sistema de subasta. La primera subasta de interrumpibilidad fue muy controvertida puso al Ministerio en el ojo del huracán. De hecho, a partir de un diseño inicial de tiralíneas, el cambio que se produjo en las tarifas en los consumidores industriales y, de forma combinada, las primeras subastas de interrumpibilidad, conllevó que se tuvieran que repetir las subastas para que salieran medianamente aceptables, dado que sus anteriores beneficiarios no accedían a ellas, complicando la viabilidad de sus actividades industriales. Se calibraron mal los efectos en determinadas industrias, el acceso de las mismas al mecanismo y por ello, acabaron repitiéndose hasta que su resultado fue el “deseado”. Son cosas, ese tipo de actuación, a prueba y error, que en nuestro país empiezan a verse con normalidad.
Por tanto, los destinatarios natos de este proceso son las empresas, cuyos procesos productivos precisan un porcentaje importante en energía, siendo posiblemente su ‘input’ más relevante. Siderúrgicas, aluminio, metalurgia, papeleras, etc… son, en puridad, las principales destinatarias de este proceso, cuyo montante se incluye, eso sí, en los costes de acceso. Por otra parte, por su propia construcción es un subsidio de unos consumidores (domésticos) a otros consumidores (industriales).
Vayamos de la virtualidad a la realidad. Es un servicio que, diseñado así y con un exceso de capacidad de generación eléctrica notable, no ha sido necesario de su utilización hasta el momento. Es decir, el operador de sistema, REE, no ha hecho uso de él y lleva sin hacer uso de él en sus definiciones semejantes previas (pagos por capacidad, servicios de gestión de la demanda, etc…), nunca.
Quizá por eso, en las notas de prensa del propio Gobierno existe un empeño importante en emplear la palabra “utilidad” en referencia al mismo. A la vez, se da la paradoja que los demandantes de este servicio consideran que los paquetes ofertados son escasos o insuficientes. Lo que viene a reafirmar las tesis de que se trata un “descuento en factura” orientado eufemísticamente a fomentar una política industrial. Cuestión que, por otra parte, nos pone en la mirada de la Unión Europea y la sospecha de que este mecanismo pueda entrar en las sospechas de ser declarado una ayuda de Estado, algo que aterra a las autoridades españolas que Administración, tras administración no resuelve el problema.
De hecho, el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha llegado a sugerir la posibilidad de ofrecer más interrumpibilidad en función de la «demanda». La pregunta es, ¿de la demanda de qué?, ¿de necesidad de tiempo de interrumpibilidad? Si no la hay. Pero la concepción de la tarifa como caja de compensación que subyace aunque se hayan sofisticado mucho los mecanismos que lo regulan y así, esa expresión de la ‘demanda’ en realidad hace referencia a la demanda energética derivada de una mayor producción industrial.
Y, además, en esta semana, hemos comprobado como los movimientos de los agentes económicos se han hecho incesantes e insistentes alrededor de la subastas. La gestión de comunicación de lobby está funcionando a tope y de libro. La campaña de lobby se ha orquestado correctamente, de forma que la semana pasada salía un ranking de competitividad industrial en el que España descendía por debajo de Italia por el coste de la energía para las empresas.
Además, en esta ocasión, la exclusión de ciertas plantas en su posibilidad de concurrencia en las presentes subastas de interrumpibilidad, sobre todo las papeleras, ha teñido este mes de agosto de polémica para este sector, como denuncia ASPAPEL. Por otra, los propios trabajadores y Comités de Empresa, están siendo movilizados ante las subastas, cuando no ha mediado reunión previa de alto voltaje entre los representantes de los trabajadores y los gestores de sus empresas alertando de la evolución del a compañía en días previos a la subasta y significando que incluso un buen descuento en la factura eléctrica puede no ser suficiente para la viabilidad de su actividad por circunstancias de demanda. En el caso de Alcoa, además, se han tensado discrepancias entre s dos plantas (Avilés y San Ciprián) por las pujas efectuadas por su gerencia para cada una de ellas y su efecto sobre la actividad de las mismas.
Pero, en realidad, esta no es la forma de solucionar el problema de los costes de la energía en la industria y para los consumidores. La solución sigue siendo la separación de los componentes incluidos en la tarifa que no forman parte del suministro y desposeer a la tarifa de ese carácter de caja de compensación y de subsidio cruzado. Si no, siempre estaremos en esta ceremonia del interruptus.
