Entradas

Izquierda Unida advierte a la Comisión Europea de los supuestos riesgos del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó al director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, los resultados de una investigación de la Universidad de Huelva sobre los riesgos de poner en marcha el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del parque onubense, impulsado por Gas Natural.

Según explicó, en el espacio donde se instalaría el depósito existen unas fallas que podrían provocar el escape del gas inyectado y la consiguiente contaminación del acuífero. «Entregaríamos unas instalaciones naturales de almacenamiento a una empresa cuya única presencia allí va a ser camiones llevando gas para que se inyecte. Toda compañía que intenta hacer una actividad que puede ser polémica desarrolla una labor de silencio, que es la que más perjudica a Doñana», sentenció.

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.

Izquierda Unida presenta una iniciativa en apoyo al carbón que no gusta a Podemos ni a Equo

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para garantizar el futuro de las comarcas mineras dedicadas a la extracción del carbón en Asturias que no gusta a sus aliados parlamentarios de Podemos y Equo.

En concreto, la iniciativa reclama la integración de las empresas mineras asturianas en la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI); el impulso de una industria sostenible que cumpla con los acuerdos de disminución de emisiones; el rescate, reindustrialización y diversificación de la actividad en las cuencas mineras; y la auditoría de los fondos Miner. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha manifestado su «apoyo absoluto y rotundo» a esta PNL y a la clase trabajadora que, según él, «está sufriendo la incompetencia del PP y la maldad, porque son conscientes del beneficio que está produciendo a otras grandes empresas importadoras del carbón extranjero».

Respecto al desacuerdo con formaciones como Podemos y Equo al presentar una PNL que apoya al sector del carbón, Garzón ha reivindicado que Izquierda Unida es «una fuerza autónoma e independiente» que tiene «autoridad propia suficiente para presentar una PNL o cualquier otra proposición«. La iniciativa se ha registrado para su debate y votación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, donde no se verá reflejada esa disidencia interna porque sólo ocupan dos puestos. Garzón también se ha referido a su confluencia con Podemos como «una alianza electoral necesaria», pero que tiene «una heterogeneidad en su seno bastante importante».

Volviendo a la propuesta, Garzón señaló que su objetivo es tomar medidas para reducir el carbón de importación y poder usar el nacional, «que es el que genera puestos de trabajo». «Cuando denunciamos que el PP está atacando a las cuencas mineras, está atacando a familias enteras, a barrios enteros, lo que decimos es que hay una forma alternativa de tratar esta cuestión sin hipocresía y pensando en las comarcas y en sus gentes», concluyó. En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Ramón Argüelles, añadió que hay que «reindustrializar las comarcas mineras» para que los jóvenes vuelvan.

Por su parte, el alcalde de Mieres, Aníbal José Vázquez, ha opinado que España con el tema del carbón es «una auténtica verbena». «Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las energías renovables, pero mientras tanto en este país se están consumiendo 20 millones de toneladas de carbón extranjero», ha añadido. Vázquez ha concluido criticando el cierre de la minería pública española y ha argumentado en su defensa que «el carbón de fuera» contamina tanto en su extracción como en su transporte.

Hablemos de costes y precios

/2 Comentarios/en , /por

La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.

Izquierda Unida urge intervenir en el precio de la luz y a nacionalizar parte del sector

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en los distintos parlamentos autonómicos en la que exige la intervención en el precio de la luz ante su repunte y a nacionalizar parte del sector para “garantizar la protección de familias, consumidores y usuarios”. La diputada de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, denuncia que la liberalización del mercado no ha servido para favorecer a los hogares, sino para que las compañías eléctricas, que a su juicio son «insaciables», obtengan un beneficio «absolutamente pornográfico».

Así, ha acusado a las eléctricas de aprovechar la ola de frío y ha contrapuesto el beneficio de 30.400 millones de euros logrado por las tres empresas más importantes en cinco años con el recibo de la luz, que se ha disparado de una manera «inaceptable», entre el 33 y el 40% de todos los hogares. A eso se añade, denuncia, los sueldos que cobran los directivos y las «puertas giratorias» de determinados ministros que han acabado en los consejos de administración de las eléctricas.

En su opinión, es urgente que se aborde el artículo 128.2 de la Constitución, que establece que se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordar la intervención de empresas cuando lo exigiera el interés general. Para Izquierda Unida, es el momento de plantear la nacionalización de un sector estratégico como el energético, algo que tienen claro países como Italia o Alemania, teniendo en cuanta además que España es el país de Europa con la electricidad más cara, salvo Malta y Chipre.

Ante esta situación, Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley en la que reclama al Ejecutivo aragonés que defienda los intereses de los consumidores e implemente las ayudas a las familias con necesidades por el aumento del precio de la luz. También que exija un cambio de marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado y estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos.

Izquierda Unida quiere además que el Gobierno exija la titularidad y gestión de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, y que reclame un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad en el ámbito doméstico, ya que es del 21%. Luquin insiste también en que es necesario un nuevo plan energético nacional que apueste por las renovables y reduzca el precio de la energía, y que contemple un instrumento de gestión que permita al Estado recuperar parte del sector eléctrico perdido para garantizar la protección de las familias.

Mociones similares también en Navarra

Por su parte, en Navarra Izquierda-Ezkerra considera que «la estrategia clave» para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas y por eso presentó mociones en el Parlamento foral y en los ayuntamientos para solicitar al Gobierno central que nacionalice este sector. La coalición aboga por esta medida frente al actual estatus «de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas». Izquierda-Ezkerra opina que la reforma del mercado energético emprendida por el PP «no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias».

Tras recordar que alrededor de 100.000 personas sufren pobreza energética en Navarra, señala que aunque los convenios firmados por el departamento de Derechos Sociales con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y CHC Energía para prevenirla han paliado en gran medida esta situación, «es preciso controlar desde la administración pública este sector, además de impedir la fluctuación de los precios y que se negocie con las necesidades básicas de la ciudadanía«. Añade que la Unión Europea también comparte este diagnóstico y ya en diversas Directivas del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los Estados a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.

La Plataforma contra el ATC envía al CSN un estudio «que demuestra que los terrenos no son seguros»

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Mientras sorpresivamente Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre por qué no empezó todavía la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tal como se había decidido en Consejo de Ministros, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un estudio que, a su juicio, «demuestra que los terrenos del ATC no son seguros para albergar el almacén nuclear».

«Parece que 4 de los 5 consejeros del pleno del CSN, no quieren asumir que los terrenos no son adecuados y se sigue evaluando el proyecto del ATC. Por eso, la Plataforma les envía un estudio que demuestra que los terrenos no son seguros para albergar el almacén nuclear», han expresado desde la Plataforma, que considera que «cinco años después, el proyecto del cementerio nuclear está triplemente bloqueado», a lo que se añade que «los terrenos no son adecuados» y han dejado «de tener utilidad, pues las centrales nucleares han optado por los almacenes individuales (ATI) junto a sus reactores».

«El proyecto sigue sin arrancar, sin alguna de las numerosas autorizaciones y con la ciudadanía cada vez más opuesta», reiteraron desde esta plataforma. Los bloqueos administrativos al proyecto, según la Plataforma, son la «protección de la zona a través de la figura denominada Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA); la paralización de la declaración de impacto ambiental (DIA) en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; y la anulación del plan de ordenación municipal (POM) de Villar de Cañas«.

La plataforma rechaza que el Gobierno sea «incapaz de asumir la realidad y suspender definitivamente el proyecto» «Este Gobierno ha dejado de tener interés por gestionar los residuos nucleares y solo ve en el proyecto del ATC una oportunidad para hacerse con el control de las importantes sumas de dinero público que lleva aparejado«, ha declarado María Andrés, ganadera y portavoz de la plataforma. «Mientras pueda seguir adjudicando contratos, este gobiernos no dará el portazo al ATC», ha concluido Andrés.

Además, la plataforma asegura que «un número reducido de personas a los que les perjudica la paralización del proyecto del ATC, compuesto por el alcalde de Villar de Cañas, dos empresarios y la abogada que han contratado, ha recurrido la declaración de la ampliación de la ZEPA de El Hito». Hasta aquí, la Plataforma «poco tiene que decir, pero sí quiere denunciar que se pretendan defender intereses legítimos mediante la difusión de falsedades, como que los residuos nucleares se están enviando a Francia o que los agricultores se oponen a la declaración de la ZEPA».

Izquierda Unida y el ATC

Por su parte, los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante han preguntado al Gobierno por qué no se ha puesto en marcha todavía la construcción de un ATC para residuos nucleares. «Cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros. Por tanto, estos años de retraso en la puesta en marcha del ATC podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos conocidos lo elevan a más de 1.000 millones», aseguran.

Por ello, los tres diputados han pedido al Ejecutivo que dé explicaciones sobre la situación actual del proyecto de construcción del ATC y sobre el calendario en que está prevista la puesta en marcha del mismo, así como si existe previsión de cambiar la localización del almacén. Entre las preguntas registradas, figuran también algunas acerca de los permisos para construir almacenes ATI en varias centrales nucleares. Por ello, los tres diputados pedirán al Gobierno que indique si prevé prolongar la vida útil de estas centrales y que aclare «qué sentido tiene construir un ATC para todas si cada una va a tener su propio ATI».

Castilla-La Mancha pide su fin

Asimismo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseveró que «tiene poco sentido seguir adelante con el proyecto» del ATC en Villar de Cañas y ha abogado por que el Gobierno «haga un replanteamiento serio del proyecto, lo paralice definitivamente, deje de destinar fondos públicos a algo que no tiene visos de futuro y haga un nuevo planteamiento para la gestión de los residuos dentro del Plan de Energía Nuclear». Martínez Guijarro subrayó que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue «siendo la misma», es decir, en contra del desarrollo del ATC.

Considera el vicepresidente regional que en los últimos 5 años «han pasado muchas cosas desde el punto de vista técnico» que determinan que seguir adelante con el proyecto «tenga poco sentido». Así, se ha referido «a las dudas sobre la idoneidad de los terrenos, las cuestiones ambientales o el hecho de que las centrales nucleares estén construyendo sus propios ATI». Martínez Guijarro argumenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene un planteamiento claro que no ha variado ni un milímetro desde hace muchos años». De este modo, el Ejecutivo autonómico sigue considerando que «el futuro del desarrollo económico de Castilla-La Mancha no pasa por la energía nuclear ni mucho menos por ser el cementerio nuclear de los residuos de España».

Izquierda Unida pide explicaciones al Gobierno en el Congreso por la construcción del ATI en la central nuclear de Almaraz

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press / EFE.- Izquierda Unida registró una pregunta en el Congreso de los Diputados, para su respuesta por escrito, en la que pregunta al Gobierno central sobre la autorización para construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una instalación que rechaza, y exige un debate sobre el modelo energético y el cierre programado de las centrales nucleares.

Los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, Eva Sempere y Félix Alonso, firman esta pregunta en la que, entre otros asuntos sobre el almacén temporal centralizado (ATC) que se proyecta construir en Villar de Cañas (Cuenca), cuestionan el «sentido» que tiene aprobar la construcción de un ATI en la Central de Almaraz «teniendo en cuenta» que esta planta «cumplirá 40 años en 2021», por lo que inquieren si lo que se pretende realmente es alargar la vida de funcionamiento de Almaraz.

En ese sentido, el coordinador general de Izquierda Unida Extremadura, Joaquín Macías, denuncia la «celeridad inusitada» con la que a su juicio, el Gobierno del PP «ha concedido el permiso para la construcción de un ATI en la central nuclear de Almaraz». Según Macías, «este cementerio de residuos nucleares es el paso previo para conseguir otra prórroga en el funcionamiento de Almaraz más allá del periodo útil para el que fue diseñada», lo que según señala, supone «un paso más en la estrategia de las empresas propietarias de las centrales nucleares para alargar su funcionamiento«.

Para Macías, el historial de incidentes de seguridad en Almaraz y el ocultamiento reiterado de información por parte de los responsables de la central nuclear y el CSN «hace temer lo peor en estas instalaciones«. Finalmente, Izquierda Unida Extremadura reclama a la Junta de Extremadura su «oposición» a estos planes de construcción del ATI que «hipotecarían el futuro inmediato de la región impidiendo cualquier desarrollo económico verde». Para Macías, «es imprescindible un plan de reactivación económica para la comarca de Campo Arañuelo y un apoyo decidido a las energías renovables«.

“España debería contar con Portugal”

Por su parte, la Junta de Extremadura considera que el Gobierno central debería haber contado con Portugal antes de emitir la autorización del ATI de Almaraz, una infraestructura «innecesaria». «Nos parece que las cosas se podrían haber hecho de otra manera para evitar haber dado lugar a esta situación. Es tan fácil como haber permitido participar al Gobierno luso, como había pedido», subrayó el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro. Asimismo, ha destacado la «gran sensibilidad» del Ejecutivo luso, que había solicitado participar en la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto «que podría repercutir en su país».

Navarro ha precisado que la Junta no puede hacer nada para evitar la puesta en marcha de una infraestructura con la que no está de acuerdo. En este sentido, ha especificado que la Junta de Extremadura no tiene competencia urbanística ni medioambiental en la construcción del ATI, puesto que se realizará en unos terrenos autorizados para uso energético; en concreto, de actividad en energía nuclear. «Esperamos que por el bien de todos, y porque existe la voluntad, se reconduzca esta situación y se cumpla la ley», ha concluido el consejero.

Alcoa logra cinco bloques de 90 MW, AZSA dos y ArcelorMittal uno mientras el PSOE quiere subastas bienales o trienales

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- El PSOE de Asturias expresó su «satisfacción» por el resultado para Alcoa en la subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrica si bien insiste en la necesidad de hacer una subasta cada dos o tres años para favorecer la planificación empresarial. Alcoa consiguió cinco bloques de 90 megavatios, uno de ellos para la factoría de Avilés, mientras que ArcelorMittal logró el que solicitaba, y AZSA los dos a los que aspiraba, según el consejero asturiano de Empleo e Industria, Francisco Blanco.

Blanco destacó que los resultados obtenidos por las empresas electrointensivas asturianas en la subasta eléctrica son «moderadamente satisfactorios». No obstante, el consejero insta al nuevo equipo del Ministerio de Energía a diseñar un sistema más estable y con mayor vigencia temporal, tal como la industria y el Principado han reclamado en los últimos años. «Nuestra valoración es moderadamente positiva porque, según las propias empresas, parece que han alcanzado los resultados que perseguían, aunque ha sido a precios ligeramente inferiores a los del año pasado, algo que ya se intuía por los precios de partida», subrayó.

En cualquier caso, Blanco ha insistido en la necesidad de diseñar un sistema de subasta para la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad «más estable y con mayor vigencia temporal, al menos en lo concerniente a los bloques de 90 megavatios, para no someter a las empresas a esta situación cada año». «Para evitar la deslocalización de la industria asturiana, el Gobierno central debe establecer un marco regulatorio estable que habilite un precio de la energía competitivo y predecible, ya que constituye un coste fundamental para estas compañías», explicó. El consejero ya ha solicitado una reunión con el nuevo ministro, Álvaro Nadal, para trasladarle la problemática de la industria asturiana en relación con la tarifa eléctrica.

Subasta eléctrica bienal o trienal

A juicio del PSOE de Asturias, hacer una subasta con periodicidad bienal o trienal garantizaría además por parte de las empresas «una mayor inversión a medio plazo». Del mismo modo, los socialistas advirtieron de «las contradicciones de Izquierda Unida en sus propuestas sobre política energética» a tenor de que la coalición defendió una proposición no de ley en la que defiende «favorecer ante la administración el cambio en el actual modelo de subasta que garantice la mejora y seguridad del precio de la electricidad a las industrias electrointensivas como Alcoa», una iniciativa con la que el PSOE está de acuerdo.

Sin embargo, subraya el PSOE, no se entiende la postura contraria de Izquierda Unida a la «implementación de un proceso de revisión y reforma consensuada del sistema de configuración del precio de la energía eléctrica para el conjunto de los consumidores domésticos y empresariales, con especial énfasis en los consumidores industriales, en el objetivo de la consecución de un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible».

«Se propone que dicho proceso aborde la revisión del conjunto de los factores que integran el precio final de la energía eléctrica, y no solo la retribución del servicio de interrumpibilidad para los grandes consumidores industriales; así deberían analizarse los costes del sistema, los peajes, los procedimientos del mercado eléctrico, las figuras impositivas y el conjunto de los servicios de ajuste», añaden los socialistas asturianos.

Asturias pide al Gobierno y a las eléctricas la defensa del carbón nacional

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se comprometió a insistir al Gobierno del PP y a las compañías eléctricas sobre la necesidad de defender el sector del carbón, según explicaron los secretarios generales del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, y CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano. Ambos dirigentes sindicales se reunieron con el jefe del Ejecutivo autonómico, en un encuentro en el que participó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, para trasladarles la «grave situación» del sector.

«Creemos que el compromiso político de Javier Fernández está, pero es necesaria más fuerza y contundencia», aseveró Manzano, que advierte que el consumo de carbón nacional se ha reducido a «la mínima expresión» al no existir un mecanismo para garantizar su quema en las centrales térmicas, lo que supone el «incumplimiento» del acuerdo marco 2013-2018. Por ello, considera necesario que el Gobierno del Principado traslade «toda la presión» al Ejecutivo central y a las compañías eléctricas. Alperi agradeció el «compromiso político» del Gobierno asturiano, si bien remarcó que «hay que quebrar la falta de voluntad del PP» ante la crisis del sector. «Lo viene haciendo habitualmente, pero es necesario insistir en el cumplimiento del acuerdo marco», insistió el de SOMA-FITAG-UGT.

Coincidencia entre Ejecutivo y sindicatos

Por su parte, Francisco Blanco resaltó la «coincidencia» del Gobierno regional en el análisis realizado por los sindicatos y por ello reafirmó que va a «seguir reclamando» al Gobierno del PP el cumplimiento del acuerdo marco y la convocatoria de la comisión de seguimiento. Blanco insistió en que «no se está cumpliendo ninguna medida», pese a que el cumplimiento de «lo firmado» permitiría «la solución en el corto y medio plazo de los problemas existentes».

El consejero aseguró que el Gobierno regional ejerce una «reclamación permanente» ante el Ejecutivo central y que lo va a seguir haciendo. Asimismo, el Gobierno del Principado va a ejercer una «interlocución» con las empresas eléctricas para pedirles la compra de carbón nacional, aunque ha reconocido que carece de «instrumentos para persuadir«. «Sería importante para dar viabilidad a empresas que no están funcionando porque son incapaces de colocar su carbón», expuso Blanco, quien advirtió de que «algunas empresas tiene la producción paralizada y otras están al borde de del cierre».

Con motivo de la reunión con Fernández, un centenar de trabajadores se concentró ante la sede de Presidencia para protestar por la situación del sector y reclamar soluciones. Por su parte, el diputado regional de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, expresó su apoyo a un sector que considera «estratégico», a la vez que ha denunciado el «incumplimiento sistemático» del acuerdo marco por parte del Gobierno central.

La Junta de Extremadura, los movimientos ecologistas y la izquierda extremeña critican el visto bueno al ATI de Almaraz

/0 Comentarios/en /por

EFE.- Tanto Podemos como Izquierda Unida han manifestado estar en contra de la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, cuya licencia de explotación expira en 2020. Por su parte, la consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, criticó que el Gobierno central está en funciones para unas cosas y para otras no.

Así se pronunció después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable a la construcción de un ATI de combustible gastado en Almaraz, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria. «Para algunas cosas el Gobierno está en funciones y para otras no. Dicho queda», ha manifestado la consejera. García recordó que Extremadura ya presentó en su momento escritos contra la creación de este almacén.

Podemos contra ampliar vida útil

Por su parte, la portavoz de Podemos en el parlamento extremeño, Jara Romero, aseguró que su formación «está completa y absolutamente en contra» del ATI en Almaraz si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear. En este sentido, Jara Romero ha indicado que la central nuclear «debe ser cerrada cuando termine el período de vida planteado» por lo que ha añadido que si ese almacén temporal es para los residuos que se generen en el período de vida que le queda les parece «correcto», pero si es para alargar la vida de la planta, están en contra.

IU también rechaza el ATI

Asimismo, el coordinador de IU Extremadura, Joaquín Macías, ha mostrado la oposición de su organización a la construcción del ATI ya que entiende que supondrá alargar la vida de la central nuclear de Almaraz pues «abre la puerta a la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años», cuando el permiso de explotación de Almaraz expira en 2020, por lo que esta nueva instalación podría facilitar que los propietarios soliciten una nueva prórroga del permiso.

Para Macías, «es incompatible» permitir la prórroga de Almaraz y hablar de un nuevo modelo de economía verde y renovable para Extremadura como anunció el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región. Por ello, insiste en que es necesario que «Vara éste a la altura de sus palabras, porque es incomprensible pensar que un gobierno en funciones pueda dar el permiso que falta para la construcción del ATI desde el Ministerio de Medio Ambiente», lo que significará hipotecar el futuro de Extremadura «y dejarlo en manos del oligopolio eléctrico»

Para Izquierda Unida de Extremadura, es necesario un plan económico y de desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo que permita que el cierre de la central nuclear no tenga un impacto negativo en la economía de la comarca. Macías ha recordado que Ecologistas en Acción presentó un plan para el desmantelamiento sostenible de Almaraz que suponía una importante creación de empleo y sería una actividad con una duración prevista de más de 15 años.

Los ecologistas, contra el ATI

Según Ecologistas en Acción, la construcción del ATI de la central nuclear de Almaraz servirá para prolongar la vida de esta planta más allá de los 40 años, en vez de para su desmantelación, lo que consideran algo «inaceptable». Aunque todavía faltan los permisos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el de Industria y Energía, resulta «obvio» que ambas autorizaciones se otorgarán, a juicio de la asociación ecologista.

Así, Ecologistas en Acción ha afirmado que, según los plazos, los responsables de Almaraz esperan tener el ATI disponible para 2018, antes de que expire el permiso de explotación, para facilitar así la consecución de la prórroga del mismo. En este sentido, la explotación de los dos reactores de Almaraz expira en junio de 2020 y se cumplen 40 años de su funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente, aunque las piscinas pueden funcionar hasta enero de 2022 y 2023, sin necesidad de construir un ATI.

A su juicio, éste es el «caballo de batalla» de la industria nuclear española, ya que el verdadero negocio de las centrales nucleares para el sector eléctrico radica en mantenerlas en funcionamiento el mayor tiempo posible. Según Ecologistas en Acción, Almaraz produce unos beneficios de 1 millón de euros diario, lo que explica el empeño en mantener la central abierta «contra viento y marea», incluso con «deficientes» condiciones de seguridad. A su juicio, el sector nuclear no desea la puesta en marcha de nuevas centrales, puesto que el elevado coste de su construcción las convierte en «ruinosas sin subvenciones públicas».

Para la asociación, esta instalación debería cerrarse cuando expire su permiso de explotación, ya que no tiene sentido realizar el esfuerzo y las inversiones para mantener el funcionamiento un año más, en el caso de la Unidad I, y de dos, en la Unidad II. «El proceso de autorización y construcción del ATI, necesario para vaciar las piscinas y desmantelar la central, podría empezar en junio de 2020», ha agregado. Asimismo, las actividades necesarias para cerrar la instalación, así como la elaboración del propio plan de desmantelamiento, se desarrollarán en un periodo de al menos dos años, por lo que sus responsables tendrán tiempo de poner en marcha el ATI.