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Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo en Europa la interconexión eléctrica con Francia

Europa Press.- El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya al someter a votación en el Parlamento Europeo una iniciativa que busca anular el listado de proyectos de interés común sujetos a subvención del programa Conectando Europa.

En este sentido, el portavoz energético de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha criticado que detrás de esa propuesta «desgraciadamente» hay eurodiputados españoles de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo, por lo que ha pedido a estos partidos que «llamen la atención a sus eurodiputados para que también piensen en el país que los ha elegido». «Está muy bien firmar documentos, pero no han sido conscientes de la enorme problemática que tiene esto. Pueden perjudicar gravemente los intereses del país que les ha votado como eurodiputado», ha aseverado.

Mariscal ha defendido este proyecto de interconexión energética que, en principio, iba a contar con una subvención de 578 millones de euros de los 1.750 millones a los que ascenderá la inversión. «Eso quiere decir que los españoles iban a ver reducido el pago de esa cantidad por esa ayuda«, ha explicado, señalando también que el tráfico energético a través del cable permitirá recuperar la inversión en tan solo dos años, que prácticamente duplicará el volumen de interconexión, pasando de 2.800 MW a 5.000MW, y que así «España dejará de ser una enorme isla energética».

«Si eres una isla, la posibilidad de que un fallo afecte a todo el sistema es mayor que si estamos conectados», ha señalado, abundando que, al no contar con estas conexiones, España depende de tecnologías más caras para prevenir el sistema de posibles colapsos por picos de demanda y escasez de oferta, dada la variabilidad de la producción de energía renovable. Además, ha señalado que el «excedente» de energía renovable que España produjera en los momentos de mayor producción podría colocarse a través de esta conexión, convirtiendo al país en «un hub eléctrico para Europa».

Bruselas pospone a marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz por el almacén gasista de Doñana

Europa Press.- La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha decidido posponer al mes de marzo su decisión sobre la comparecencia del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante el Parlamento Europeo, solicitada por Izquierda Unida, para que defienda su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural Fenosa en Doñana y para exponer el informe que elaboró su departamento en esta línea, en el que alerta de los riesgos que entraña el mismo para este espacio natural de Andalucía.

Fuentes europarlamentarias indicaron que la Comisión de Peticiones valoró la solicitud de Izquierda Unida de incluir para debate en su reunión de febrero las peticiones sobre Doñana, si bien el Partido Popular Europeo solicitó que se posponga el debate para marzo o abril, «y dar así más tiempo a la Comisión Europea para que envíe una valoración por escrito». Por su parte, Izquierda Unida indicó que, «debido a la situación de emergencia que vive el parque de Doñana, presionaremos para que se incluya el tema en la agenda de marzo«.

Izquierda Unida, organización que tiene registrada una petición sobre el proyecto de almacén de gas en Doñana, trasladó a la Comisión Europea a través de su eurodiputada, Marina Albiol, el informe del Defensor del Pueblo que alertaba de los riesgos sísmicos y de la necesidad de contar con un estudio de impacto medioambiental no fraccionado, es decir, «que tenga en cuenta el impacto total de los 4 subproyectos en los que se dividió» el proyecto.

El propio Maeztu, tras reunirse recientemente con una delegación de Izquierda Unida encabezada por el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó que está dispuesto a comparecer en Bruselas para defender su postura en contra del proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana. Maeztu afirmó entonces que Doñana «es una joya que tenemos que cuidar» y por eso el proyecto gasístico «debe suspenderse definitivamente», motivos por los que aceptó la petición de la formación de izquierdas para defender su informe en Bruselas.

Energía ya ha remitido el informe del IGME sobre Doñana a Gas Natural mientras Izquierda Unida exige que se publique

Europa Press.- La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere (IU) exige al Gobierno una copia del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido». En este sentido, la Dirección General de Política Energéticas y Minas, perteneciente al Ministerio de Energía, ya ha remitido a Gas Natural el informe.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

Fuentes del Ministerio han explicado que la resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de marzo de 2016, en línea con los requerimientos del IGME sobre Marismas Occidental, señala que «con anterioridad a la solicitud del acta de puesta en servicio el promotor, en este caso Gas Natural, deberá realizar una serie de estudios complementarios, necesarios según el IGME para la operación de la instalación, pero no para la fase de construcción».

Gas Natural ya presentó los citados estudios, que fueron remitidos al IGME. A su vez, el IGME emitió un informe al respecto el pasado diciembre donde se realizan «una serie de observaciones de carácter técnico». Tras esto, Energía ya ha remitido este informe a Gas Natural y «le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME» o, en su caso, «formulen las observaciones oportunas». En estos momentos, según las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía se encuentra «a la espera de la contestación del promotor«. Por otro lado, las fuentes ministeriales recordaron que, según lo previsto en la autorización, este no podrá funcionar en tanto el IGME «no dé su plena conformidad «.

IU pide paralizar los proyectos

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice «de inmediato» los proyectos que afectan al Parque Natural de Doñana y avisa de que «podemos estar ante un nuevo caso Castor«. Esta ha sido también la línea seguida por Sempere en el Congreso de los Diputados, que además de una copia del informe del IGME ha solicitado al Gobierno una valoración del documento así como la «posible paralización cautelar del proyecto gasístico».

Sempere detalló que, según el informe filtrado, en la zona del proyecto conocida como Marismas-3, Gas Natural atribuye «peligrosidades por inundaciones de carácter baja o media», mientras que los técnicos del IGME consideran la zona «al límite de lo establecido por inundaciones peligrosas para las personas«. Igualmente, el informe señala que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

En lo que se refiere a Bruselas, Albiol, en una nueva pregunta sobre Doñana a la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa el informe del IGME y también el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en julio del año pasado «alertó del riesgo sísmico en la zona que acarreaba el proyecto gasístico». «Además del daño medioambiental irreparable, nos tememos que estamos ante un nuevo caso Castor, ante un nuevo favor del Gobierno a las empresas que financian al PP y que luego se lo devuelven vía sobres», denunció.

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

Izquierda Unida asegura que la política medioambiental del PP para Huelva «es la misma de Trump» con el almacén gasista

Europa Press.- El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, denuncia que mientras las inversiones estatales para la provincia de Huelva «se quedan en casi nada, el Gobierno central vuelva a concederle a la multinacional Gas Natural 6,3 millones de euros para su proyecto gasístico en Doñana«, lo que demuestra, a su juicio, que «la política medioambiental del PP para Huelva es la misma que la de Donald Trump».

Sánchez Rufo ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy «no tenga ninguna intención por preservar los valiosos espacios naturales, aunque estén protegidos, como es el caso de Doñana, sino convertirlo en un inmenso almacén subterráneo de gas para que sus amigos se enriquezcan con proyectos que no van a generar nada de empleo ni de riqueza para Huelva». Ante ello, Sánchez Rufo le pide a la Junta de Andalucía que «se deje de titulares de prensa y se ponga manos a la obra desde su responsabilidad de gobierno en Andalucía, para frenar de una vez por todas el proyecto de Gas Natural, claramente apoyado desde el Ejecutivo de Madrid».

Izquierda Unida envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre el almacén de Gas Natural de Doñana

Europa Press.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, al tiempo que ha incidido en la necesidad de organizar una misión de investigación.

En dicho informe, el Defensor solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el parque los 4 proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas. Según Izquierda Unida, Albiol pidió a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en la PETI, incluya el documento como información complementaria a su petición todavía abierta.

La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en la PETI sobre Doñana «ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto», algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe de noviembre, que reflejaba las denuncias que se vienen haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos, que también se encuentran cuarteados, y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero «sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados», explicando que «las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero«.

Albiol cree que «no hay más tiempo que perder» y, ante «la importancia» de este informe del Defensor del Pueblo, que «refleja las denuncias que hacemos desde hace años», insiste en que «la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco».

Izquierda Unida reclama al Congreso que deje de contratar con las principales compañías eléctricas y busque un suministro «100% renovable»

Europa Press.- Izquierda Unida ha planteado en el Congreso que la Cámara Baja deje de contratar con comercializadoras «del oligopolio» y apueste por compañías pequeñas, basadas en la economía social y que suministren energía «100% verde«. Así, registró una proposición con la que buscan que el Congreso declare «su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios».

Esta actuación se encuadra dentro de la campaña lanzada por esta formación bajo el nombre de Cambia de Bando, con la que anunció que daría de baja sus contratos con grandes compañías en sus 262 sedes, y animaba a sus militantes y simpatizantes a hacer lo mismo. La iniciativa, firmada por el portavoz de esta formación en el Congreso, Alberto Garzón, también busca que el Congreso reconozca «el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental».

Para Garzón, «el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo» que, a su juicio, «ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta». En el caso de España, critica que el modelo se apoye en el uso de combustibles fósiles, a pesar de no ser un territorio productor, y «el control» del mercado eléctrico «por parte de un oligopolio».

Aun reconociendo que el cambio a comercializadoras más pequeñas y de la economía social «sería un gesto» que no supondría «un cambio del modelo en su conjunto», Izquierda Unida destaca que «desconectarse de las comercializadoras del oligopolio» permitiría «introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético». Por su parte, la responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, impulsora de Cambia de Bando, señala que tratan de «promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social».

La CNMC cuestiona la viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) en un informe no vinculante para el Ministerio

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. Así lo ha expresado en un informe que no es vinculante para la decisión del Ministerio de Energía.

El organismo de supervisión se pronuncia sobre la propuesta de resolución por la que la Dirección General de Política de Energía y Minas otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), propiedad 100% de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública a esa planta de recepción, almacenamiento y regasificación. La CNMC, en las conclusiones de su informe, ha explicado que no es conveniente autorizar la construcción de esta instalación hasta que no se disponga de garantías de usos y de estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de Canarias.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización de la planta de regasificación debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones están desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

La CNMC también considera que habría que hacer un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de GNL de Granadilla para la que se solicita la autorización administrativa. Asimismo, asevera que el proyecto esta «incompleto» pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de GNL de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering (el abastecimiento de GNL de buque a buque).

Un proyecto del año 2000

El proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces sufrió numerosos retrasos por su posible impacto ambiental. Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que ser redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la Comisión Europea por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño. En la tramitación del proyecto, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

En esos momentos el presidente de Enagás cifró en unos 300 millones de euros la inversión en la regasificadora de Granadilla y aseguró que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en enero de 2017 Gascan reiteró su solicitud de autorización administrativa.

Nueva Canarias y la energía

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha defendido la necesidad de revisar en profundidad el modelo energético de Canarias tras el informe contrario de la CNMC a la instalación de una regasificadora en el puerto de Granadilla. Por ello, Rodríguez propugna un proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado en las renovables y la puesta en marcha de un plan canario de transición energética. Según Román Rodríguez, “Canarias puede articular un sistema que avance en la autosuficiencia, reduzca la contaminación y abarate la energía para los hogares, las empresas y el sector primario”.

La CNMC «ha propinado un duro golpe a la regasificadora de Granadilla» al cuestionar la viabilidad económica de un proyecto «que se ha quedado obsoleto dado el desarrollo tecnológico, la eficiencia y el abaratamiento de la producción de las renovables«, según el líder de NC. «Canarias ya dispone de las bases para pasar del actual modelo dependiente, contaminante, caro y controlado por los grandes oligopolios de los combustibles fósiles, a otro más democrático, menos costoso, eficiente y seguro, centrado en las energías limpias», asevera Rodríguez.

Izquierda Unida Canaria pide renovables

Por otro lado, Izquierda Unida Canaria ha pedido al Gobierno autonómico que aproveche el revés que ha sufrido el proyecto para instalar una planta regasificadora en el puerto de Granadilla para invertir en energías renovables y trabajar por el medio ambiente. Izquierda Unida Canaria considera que el pronunciamiento de la CNMC es «una oportunidad estupenda» para apostar por las energías renovables. «No habrá de momento regasificadora en Granadilla; el trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias ha logrado que se paralice», se felicitó Izquierda Unida Canaria.

Avilés, sede de las principales industrias electrointensivas, rechaza que la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad sólo cubra 5 meses

EFE.- Mientras la concejala de IU de Avilés, Carmen Conde, acusaba al Gobierno central de colocar la espada de Damocles de la deslocalización sobre la cabeza de las grandes consumidoras de la energía eléctrica, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, critica la posible reducción a 5 meses de la duración de los derechos derivados de la subasta de interrumpibilidad y aboga por que exista un marco estable ya que «las empresas tienen que conocer sus costes eléctricos en el medio plazo».

«No me gusta. En la comarca de Avilés siempre hemos pedido al Gobierno que este tema tiene que tener una solución estable en el tiempo y en un medio plazo; no puede ser que cada año estemos en una incertidumbre, y ahora por lo que parece cada menos tiempo «, aseveró. Según indicó, es necesario un marco para la solución energética de las grandes industrias.

La alcaldesa de Avilés ha recalcado que la ciudad asturiana tiene tres grandes industrias, «importantísimas para nuestra comarca que en cierto modo dependen de este sistema». «Lo que hemos venido pidiendo al Gobierno de España durante estos cinco largos años es que tiene que existir un marco estable, las empresas tienen que saber a medio plazo cuáles van a ser sus costes energéticos porque eso repercute en las inversiones y en el mantenimiento de las instalaciones de las empresas«, insistió.

Asturias bajo espada de Damocles

Por su parte, la representante de Izquierda Unida se sumó a las voces sindicales y políticas que critican la reducción a 5 meses del periodo de vigencia del servicio de interrumpibilidad, cuando en los últimos años se venía solicitando justo lo contrario para que las empresas tuvieran margen de maniobra para planificar sus estrategias. Lo considera negativo para una comarca como la de Avilés, que aglutina a 3 de las 5 empresas más electrointensivas de España: ArcelorMittal, AZSA y Alcoa.

«Creemos que hay otras alternativas, pero si la única vía para la adquisición de la energía es la subasta, tendría que ser de dos años como mínimo porque las empresas tienen que tener una previsión de gastos y para que el empleo esté normalizado«, indicó Conde. Por ello, Izquierda Unida pide un mayor compromiso del Gobierno central con la industria «porque está en la inacción y sin previsión de futuro».