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La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

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Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

Izquierda Unida pide investigar si es habitual que las compañías eléctricas cambien contratos de sus clientes sin tener su consentimiento

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Europa Press.– Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que inicie una investigación para comprobar si es «una práctica sistemática» que las empresas comercializadoras eléctricas cambien de contrato a sus clientes, aun sin contar con su consentimiento. Así lo plantea su portavoz energética parlamentaria, Eva García Sempere, que pide conocer si el Ejecutivo tiene constancia de traspasos de contratos del mercado regulado libre «de forma fraudulenta» por parte de estas compañías y «si existe alguna investigación en curso«.

En este sentido, García Sempere señala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de sancionar a Endesa Energía, comercializadora de Endesa en el mercado libre, por dar de alta sin consentimiento a un particular que denunció este hecho ya que perdió su bono social, únicamente disponible en el mercado regulado donde tenía contratado su suministro. Sin embargo, la instrucción de este caso calificó como leve este hecho que la CNMC consideró probado, todo ello pese a haber identificado previamente los mismos hechos como constitutivos de infracción grave. Finalmente, Endesa recibió una multa de 30.000 euros.

Para García Sempere, la reiteración de estos casos «refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas». «Las sanciones que reciben no significan nada para sus cuentas», abunda, recordando que en caso de Endesa estas ganancias ascendieron a 752 millones de euros. Por ello, pregunta en su iniciativa al Gobierno si «considera que una multa de 30.000 euros es seria para sancionar este tipo de conductas», pide medidas para «garantizar que quien ponga en riesgo las protecciones a consumidores vulnerables reciba sanciones disuasorias» y que, en caso de ser recurrentes, «conlleven la extinción de la licencia de comercialización».

Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

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Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

Transición Ecológica también pierde empleos en León: Ribera no consigue evitar el cierre de Vestas y culpa al anterior Gobierno

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Redacción / EFE.- Los trabajadores de las cuencas mineras no están solos. A ellos ya se les pueden sumar los más de 300 trabajadores de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León), una provincia a la que los tiempos de cambio que corren en el sector energético amenazan con agravar el mal de la despoblación que ya padece desde hace décadas.

Una provincia que se vacía como vacíos suenan los anuncios del Gobierno de que se abre una línea de negociación permanente con Vestas durante los próximos días «al más alto nivel» con el fin de trabajar en la búsqueda de alternativas industriales para la comarca leonesa tras el anuncio de cierre de la factoría del grupo danés. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Vestas ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real) para convertirlas en referentes de producción para Europa. Un compromiso que no esconde el fracaso del Ministerio para la Transición Ecológica: donde antes había 2 factorías, ahora solo habrá 2.

Además, y tras la reunión mantenida por el Gobierno con representantes del fabricante de aerogeneradores, ambos departamentos han criticado la política energética del anterior Gobierno y han subrayado que «es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León». Asimismo, han insistido en que ante el anuncio de cierre de la planta de la empresa en León se trabajará para minimizar el impacto en la zona con alternativas industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro con representantes de Vestas al que ha acudido también el secretario general de Industria, Raül Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El encuentro, según indicaron ambos Ministerios, forma parte del proceso de reuniones que el Ejecutivo mantiene con la empresa desde que se conoció su decisión de abandonar la provincia leonesa.

Según han expresado, en el marco de la reunión Vestas ha valorado el proceso de transición energética iniciado por el Ejecutivo. De hecho, antes de finales de año el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá listos el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En ambos, han explicado, se establece la senda para la transición hacia un sistema energético más limpio que vendrá acompañado por un «rápido» incremento de la generación mediante las renovables, entre ellas, la eólica, y el desarrollo de unas reglas del mercado «previsibles y estables«.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que el sector de las renovables tiene perspectivas positivas en España y que este «cambio de rumbo» tiene como objetivo dar cumplimiento con los acuerdos internacionales firmados por España en la lucha contra el cambio climático. Esta política, han señalado ambos Ministerios, contrasta con la liderada por el anterior Gobierno «que no apostó por el desarrollo de energías renovables ni anticipó la necesaria transición hacia un nuevo modelo». «Es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León», han asegurado ambos departamentos.

Piden formar una comisión negociadora

Por su parte, ya antes de la reunión con el Gobierno, la multinacional danesa Vestas decidió posponer la entrada en vigor de su ERE de extinción para su planta de Villadangos aunque paralelamente comenzó a pedir a sus empleados que constituyan la comisión negociadora de este ERE. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que denunció que la multinacional «vetó» a la Junta en esa reunión, «quizá» por ser «demasiado beligerantes».

Asimismo, la consejera ha explicado que Vestas aún no ha contestado a la petición formal de reunión que la semana pasada los Ejecutivos nacional y autonómico trasladaron con carácter de urgencia a la sede de la empresa en Dinamarca, por lo que Del Olmo ha insistido en que aún esperan una respuesta por parte del consejo de administración de Vestas.

Por ello, la consejera ha aseverado que «seguirán peleando» a «todos los niveles» para impedir que la multinacional lleve su planta a China o Rusia, pues esto es un «problema» que concierne a toda Europa, pues «no tiene ningún sentido» que la Unión Europea permita estas deslocalizaciones y luego tenga que importar estas mercancías de países que no cumplen los mismos requisitos laborales y de emisiones que en la Unión Europea. Finalmente, si la empresa decidiera quedarse, Del Olmo admitió que la Junta extendería la «alfombra roja», aunque de cerrar, Vestas quedaría «proscrita» de «Castilla y León, de España y de la Unión Europea», amenazó.

Izquierda Unida contra las multinacionales

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, ha afirmado que parte de la culpa de la situación por la que atraviesan los trabajadores de Vestas, en León, se debe a que «España ha puesto la política energética en manos de multinacionales con capital extranjero». A su juicio, eso provoca una «falta de sensibilidad con la tierra» que es lo que motiva que empresas como Vestas opten por la deslocalización de su producción a países como India o China «basándose únicamente en criterios económicos» y «cargándose a unos empleados que han demostrado ser capaces».

El dirigente de Izquierda Unida ha visitado el campamento que los trabajadores instalaron hace casi una semana a las puertas de la multinacional danesa en el polígono de Villadangos del Páramo. Sarrión ha calificado de «heroica» la actitud de estos trabajadores, de quienes ha dicho que son un ejemplo «de lucha por la defensa de sus derechos y su dignidad». Además, ha avanzado que Izquierda Unida llevará esta situación tanto al Congreso como al Senado y también al Parlamento Europeo para tratar de darle una solución a un conflicto del que dependen 370 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

Enresa investiga cómo se ha filtrado agua de lluvia en una celda del almacén de residuos nucleares de El Cabril

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EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) está investigando cómo se ha filtrado agua de lluvia dentro de una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Dicho informe, que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados, recoge que los análisis realizados hasta el momento descartan riesgos, dado que «los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección».

El hallazgo de esta anomalía se produjo en diciembre de 2017, en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29. En ese momento, según revela el informe, se constata que la cantidad recogida fue superior al 100% de la definida como cantidad nominal media establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, y se estima que «estas cantidades anómalas se deben a la entrada de agua de lluvia en la estructura de la celda».

«El agua recogida en el depósito ha sido analizada específicamente para la identificación de radionucleidos emisores alfa. Los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección. El titular emitió un informe al CSN que está en evaluación», concluye el informe del regulador, que informa de que a finales del 2017 el almacén temporal de residuos de baja y media radiactividad de El Cabril estaba al 76% de su capacidad.

Piden explicaciones a la Junta

Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua. En este sentido, Maíllo expresó su «preocupación» por el informe del CSN y adelanta que Izquierda Unida pedirá información sobre «cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención sobre un hecho que ocurrió en 2017».

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar «absolutamente blindada», lanza un mensaje de falta «de previsión o de blindaje». «También se podría producir una filtración así hacia afuera», ha sugerido el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien ha considerado este hecho como «muy grave» al ser una «filtración que no se contemplaba» en el protocolo de seguridad.

Izquierda Unida respaldará una propuesta de Castilla y León en apoyo al carbón si reclama la nacionalización del sector energético

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EFE.- Izquierda Unida apoyará el documento propuesto por la Junta de Castilla y León de apoyo a la minería del carbón si incluye la creación previa de empleo garantizado y estable para las comarcas mineras y la nacionalización del sector energético.

Así lo ha trasladado el representante de Izquierda Unida en el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, Santiago Rodríguez Alonso, quien ha exigido estos puntos. En concreto, Rodríguez ha explicado la necesidad de la creación previa de empleo público garantizado antes de que se produzca cualquier cierre en el sector, así como la nacionalización del sector del carbón para que pueda ser planificado y gestionado en función de las necesidades de la población y el futuro de las comarcas mineras.

«Para ello, es preciso crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona del país, en un entorno de fuerte dependencia exterior, lo cual garantizaría la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón», explicó Rodríguez. «Solo siendo público el sector energético se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional», insistió el representante de Izquierda Unida en la Comisión de Seguimiento. Una nacionalización que, según Rodríguez, es legal ya que la Constitución permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona.

Asimismo, Izquierda Unida ha criticado el Plan de Dinamización ya que, a su juicio, se está utilizando para tapar la falta de inversión en estas zonas que debería estar haciendo la propia Junta, a la que ha pedido que especifique dónde va el dinero público y qué empleo crea. «La Junta sigue manteniendo una opacidad absoluta que impide el mínimo ejercicio de transparencia y control por parte de la mesa de seguimiento, dado que es una de sus funciones principales del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras», denuncia Rodríguez.

Izquierda Unida pide al Gobierno dar un impulso a la CIUDEN y seguir investigando las técnicas de captura de CO2

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EFE.- Izquierda Unida de León ha pedido al Gobierno el nombramiento de un nuevo director que impulse la Ciudad de la Energía (CIUDEN) de Ponferrada «para sacarla de la muerta lenta a la que la ha intentado condenar el PP».

«La salida del PP del Gobierno de España y la entrada de Pedro Sánchez en La Moncloa debería constituir un balón de oxígeno para la CIUDEN dado que este fue uno de los proyectos estrella del último Gobierno socialista«, han recordado desde Izquierda Unida.

Izquierda Unida ha solicitado al nuevo presidente que «promueva un cambio sustancial de política» y «que sustituya, cuanto antes, a su actual director general, Eduardo Castiñeiras, que ha hundido un proyecto de investigación y desarrollo vital para el desarrollo de la provincia».

Izquierda Unida ha calificado de «escándalo» que continúe Castiñeiras, «uno de los hombres de confianza de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, que en los 4 años que lleva al frente de la Ciuden no ha sido capaz de gestionar proyectos de investigación ni ha querido llevar a la práctica los que le presentaron sus propios trabajadores».

Han criticado que «el PP nunca ha tenido intención de hacer nada por impulsar este proyecto vital para una comarca tan castigada y despoblada como el Bierzo y que dinamizaría toda la provincia, ahora más que nunca, pues se necesita desarrollar sus proyectos de captura de CO2 para reducir las emisiones contaminantes de las térmicas en toda la provincia que exige la Unión Europea».

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

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Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».