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Izquierda Unida pide corregir la desigualdad en los precios de los carburantes de El Hierro frente a otras islas canarias

EFE.- La diputada de Izquierda Unida, Eva García Sampere, presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley donde se insta al Gobierno central a corregir la desigualdad que sufre El Hierro en los precios del combustible con respecto a las islas capitalinas.

En la proposición elaborada por Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria (IpH-IUC) se destaca que la diferencia de precios con Tenerife entre las estaciones de servicio de la empresa de suministros DISA, que es la responsable de distribución en la isla, es de unos 7 euros más cara por cada 50 euros de depósito de gasolina. Además afirman que, dado lo reducido y fragmentado del mercado, “la posibilidad de implantar nuevas empresas suministradoras es prácticamente nula, lo que proporciona una situación de monopolio que permite el abuso de los precios”.

En la propuesta se señala también que el sector primario y el turismo ocupan la mayor parte de la actividad económica y que el combustible es parte indispensable para el desarrollo de estas actividades. La portavoz de IpH-IUC, Laura Rodríguez, subraya que con esto «damos un paso más llevando lo que es una queja constante de la sociedad herreña al Congreso, que tiene solución desde la voluntad política». Asimismo, David Cabrera de León, diputado regional de AHI-CC, ha llevado al Parlamento de Canarias una pregunta sobre la diferencia de precios del combustible en las islas.

Los mineros de la Compañía Astur-Leonesa llevan sus reclamaciones al Congreso mientras impiden la entrada de carbón importado en Compostilla

EFE / Europa Press.- Alrededor de 150 trabajadores de la Compañía Minera Astur-Leonesa (CMAL) han vuelto a impedir la entrada de camiones cargados con carbón importado a la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil (León), al tiempo que trasladan sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados.

“Tras la negativa de Endesa de recibir a los representantes de los trabajadores”, según indicó el comité de empresa de CMAL, se convocaron una serie de movilizaciones que impidieron en 3 ocasiones la entrada de mineral importando en la central térmica. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vega, señaló que se mantiene la oferta para vender el carbón nacional a un precio similar al de importación y ha resaltado que la negativa de Endesa a aceptarla «no puede estar sustentada más que en intereses ocultos». Vega destacó la «complicada situación» que conlleva que no se venda carbón nacional, lo que se ha traducido en un ERE que afecta al 100% de la plantilla.

Reunión con Podemos e IU

Vega avanzó que, gracias a la intervención de Unidos Podemos, tienen previsto reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso, a los que trasladarán sus reclamaciones y la “angustiosa” situación del sector, al borde de la desaparición. También anunciaron que los representantes del comité de empresa y la plantilla celebrarán una asamblea el jueves en Cerredo (Asturias) para concretar nuevas movilizaciones.

Izquierda Unida subrayó su apuesta por el carbón nacional como elemento estratégico dentro de la política energética como única fuente autóctona. La coalición exige al Gobierno central y la Junta de Castilla y León que aseguren el suministro de carbón autóctono en Compostilla «mediante la intermediación o la intervención directa en la empresa«. «Desde Izquierda Unida mantenemos nuestro apoyo a los trabajadores de Minera Astur-Leonesa en sus movilizaciones y cortes para impedir el paso de mineral a la térmica e instamos a que la empresa desbloquee esta situación a través del suministro del carbón autóctono», destacó el coordinador de la coalición en León, Santiago Ordóñez.

Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

El Parlamento Europeo revisará la denuncia de Izquierda Unida sobre el proyecto de gas en Doñana

Europa Press.- El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo incluyó la petición de Izquierda Unida sobre extracción, traslado y almacenamiento de gas en Doñana, en el orden del día de la sesión que acontecerá el 13 de julio en Bruselas. La mencionada petición fue incluida a instancias del coordinador provincial de Izquierda Unida de Huelva, Pedro Jiménez, quien sostiene ante las autoridades europeas el «incumplimiento» de dicho proyecto de las directivas comunitarias en relación a este espacio de «altísimo valor ecológico».

Jiménez recuerda que Doñana se encuentra dentro de la Red Natura 2000 y, por lo tanto, protegida en virtud de las directivas sobre hábitats y aves. Desde Izquierda Unida denuncian que el Gobierno central «autorizó proyectos» que implican la extracción, el almacenamiento y el transporte de gas natural en la zona, lo que para Jiménez es «incompatible con la legislación de la Unión Europea» y con convenios internacionales en vigor como la Convención de Ramsar. De igual manera, Jiménez sostiene que «las actividades de extracción de gas natural alrededor del Parque Natural de Doñana incumplen la directiva de prevención y control integrado de la contaminación.

Izquierda Unida pide aumentar el objetivo europeo renovable en 2030 mientras se preocupa por el carbón en Castilla y León

Servimedia / EFE.- El portavoz de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, una reunión en la que abordar los problemas que atraviesa la minería del carbón mientras la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, cree que España debe reorientar su política energética, ya que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos comunitarios de renovables para 2020 y para que se pueda fijar un objetivo del 40% en 2030.

De hecho considera imprescindible aumentar el objetivo de renovables al 40% para que la aportación de este tipo de energías sea prácticamente del 100% en 2050. Un informe del Parlamente Europeo sitúa a España entre los países en los que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos para 2020, junto a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Holanda, el único Estado que no cumplió la meta de 2014.

López lamentó que España se encuentre en esta situación, «cuando estábamos a la cabeza de desarrollo de energías renovables con una apuesta muy decidida por ellas», y atribuyó este cambio a las medidas adoptadas en la última legislatura. En concreto, dijo que se ha creado «inseguridad jurídica» con medidas como el recorte a la retribución de las energías renovables o la decisión de que quienes autoconsuman su energía deban pagar el mantenimiento de la red.

Entre los puntos del informe, López destacó que «hemos vuelto a poner en valor la importancia que tienen los objetivos vinculantes», ya que algunos partidos pedían que fueran recomendaciones; y también valoró que «hemos garantizado el 30% de renovables para 2030», frente a la Comisión Europea, que proponía el 27%. Además, hizo referencia a la inclusión de una enmienda que recoge estándares laborales en materia de generación de empleo de calidad, para aprovechar el «gran potencial» del sector, y lamentó que no haya incluido garantías sociales para los consumidores vulnerables.

Abordar problemas del carbón nacional

Por su parte, Sarrión ha explicado que los encargados de la liquidación de Hullera Vasco-Leonesa han subrayado la «imposibilidad de hacer un cierre controlado de la minería de interior si no se desbloquean las ayudas destinadas a ello» y que dependen del Gobierno central. Para Sarrión, no llevar a cabo el cierre controlado de las explotaciones mineras «supone un riesgo muy elevado para la población del municipio y sus pueblos colindantes, además del impacto medioambiental que puede suponer», con posibles «hundimientos, inundaciones, contaminación de acuíferos y explosiones«, entre otros riesgos.

Por esta razón el representante de Izquierda Unida se ha mostrado partidario de informar a las personas que desconozcan estos peligros, para que se agilicen los trámites y se concedan las ayudas pertinentes para el cierre. «La comarca de La Pola de Gordón ha sido muy castigada social y laboralmente por el fin de la minería y no queremos añadir a esto un sufrimiento más para la población», resumió Sarrión.

Unas 1.500 personas de España y Portugal piden el cierre de Almaraz

EFE.- Unas 1.500 personas de España y Portugal reivindicaron el cierre de la central nuclear de Almaraz, en una jornada en la que participaron 40 organizaciones del Movimiento Ibérico Antinuclear y representantes del Bloco de Esquerdas, presente en el gobierno luso y eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida. Bajo los gritos de «Chernóbil, Almaraz, Fukushima nunca más», proclamaron un manifiesto para pedir el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2020 y que no se amplíe su vida.

El diputado de la Asamblea de la República de Portugal, Pedro Soares, que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Descentralización y Desarrollo local en el parlamento de Portugal, señaló que «el gobierno de Portugal ha aprobado por unanimidad una moción para pedir al Gobierno español que cierre Almaraz lo antes posible». Para el diputado portugués, «en el caso de que ocurriese un accidente, afectaría también a Portugal y el Tajo sería su vehículo, por lo que es un problema de ambos países».

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, fue más allá e indicó que «es un problema europeo». También aseguró que «en Europa se está avanzando en política antinuclear y España no se puede quedar atrás». Así indicó que, a raíz de Fukushima, Alemania tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares en el 2022 y en Austria se prohibieron en la Constitución.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, ha destacado la importancia de que «dos países que muchas veces han estado de espaldas se unan para defender el río y las energías limpias». A este respecto indicó que «el futuro de los territorios vinculados a las nucleares pasa por cambiar el modelo de producción y apostar por las energías renovables; en Extremadura por suerte cuentan con mucho sol«.

Una de las coordinadoras del Movimiento Ibérico Antinuclear, Paca Blanco, resaltó que la central «ya ha superado su vida útil con más de 30 años y tras una primera ampliación hay que impedir una segunda». Por ello ha pedido que «el reactor 1 se cierre en 2020 y el reactor 2 en 2021 para dejar de correr riesgos innecesarios«. Blanco indicó que cuenta con un informe del físico nuclear Francisco Castejón que avala el cierre y ha incidido en que «el cierre no supondrá pérdida de riqueza para la zona».

La comarca del Campo Arañuelo, a pesar de contar con la central nuclear, «es una de las más pobres de la región y con más paro», destacó. «Las energías renovables son suficientes para mantener el suministro y sólo se está favoreciendo a las compañías eléctricas con el mantenimiento de Almaraz», según el Movimiento Ibérico Antinuclear. Entre las organizaciones que acudieron agrupadas en el Movimiento Ibérico Antinuclear han asistido entre otras PAN (Personas-Animales-Naturaleza), PEV (Partido Ecologista los Verdes), Anticapitalistas, ProTejo, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace y Equo, así como Podemos, IU, Pacma, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CGT y CNT.

ACOM rechaza que el pacto de apoyo al carbón tuviera fines electoralistas mientras se suceden las dimisiones en IU

EFE.- Dos responsables de Izquierda Unida no han tardado en mostrar su descontento con el partido tras no sumarse al pacto en defensa de la minería del carbón en el que sí participaron el PSOE y Ciudadanos. Así, han dimitido el alcalde de Pola de Gordón y el coordinador municipal en Ponferrada. Por su parte, el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM-España), Adrián Barbón, rechazó las críticas que tachan a este pacto de electoralista.

Barbón, alcalde socialista de Laviana, explicó los motivos de la firma de ACOM España del acuerdo en defensa de la minería del carbón promovido por los sindicatos y la patronal del sector y que no fue apoyado por partidos como el PP, Podemos e Izquierda Unida. El alcalde de Laviana asegura que firmar el acuerdo era una «obligación» de compromiso con los territorios mineros y «no una opción a discutir desde posiciones electoralistas». En este sentido, apunta que el acto no fue convocado ni organizado por ningún partido político, por lo que, según ha aseverado, «no tiene nada de electoralista».

ACOM siempre con el carbón

«Lo que sí hay es una ofensa ante los firmantes del acuerdo, contra una decisión, que en el caso de ACOM España se decidió por unanimidad en el seno de la Comisión Permanente y en nombre de todos los ayuntamientos mineros de España», subraya. Considera que las críticas al acto son «poco acertadas» y «alejadas» de la realidad y cree que «suscitan una falta de respeto» institucional por las decisiones que se toman desde los órganos colegiados de la ACOM.

Barbón señala que ACOM España «siempre ha sido parte fundamental en todos los acuerdos y movilizaciones en defensa de la minería del carbón y de las comarcas mineras, enfrentándose a quien fuera por defender los intereses de los municipios mineros«. Por último, el presidente de ACOM España se reafirma en la decisión de firmar y defender lo firmado y anuncia la convocatoria de una reunión urgente y extraordinaria de la Comisión Permanente para analizar el contexto en el que se ha desarrollado la firma del acuerdo y sus consecuencias, así como para definir el marco de actuación de este organismo.

Varias dimisiones en Izquierda Unida

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, José María González, atribuyó la dimisión del alcalde del municipio leonés de La Pola de Gordón, Juan Carlos Lorenzana, de su mismo partido, a su «coherencia personal», pero insistió en que su sustituto seguirá defendiendo la minería. Asimismo, el dirigente autonómico de Izquierda Unida cargó contra algunos empresarios que ejercieron como «buitres» al quedarse «entre las uñas» con dinero procedente de los fondos miner, que en su opinión no llegó en su integridad a las cuencas mineras.

Sobre la firma del acuerdo sobre el mantenimiento del sector del carbón, sin que ningún representante de Izquierda Unida lo rubricara a pesar de estar presentes varios de sus cargos, González aseveró que el documento es «insuficiente» y no cuenta con compromisos reales de inversión. Así volvió a llamar la atención sobre algunos de los «buitres» que firmaron el acuerdo, en referencia a los empresarios, ya que algunos de ellos “explotan la minería sin mineros, ya que subcontratan con empresas que emplea a peones de la construcción o de transportes”.

Alcalde de Pola de Gordón

El alcalde de Pola de Gordón (León), Juan Carlos Lorenzana, junto a dos concejales más de la formación, dimitió por la negativa de Izquierda Unida, a suscribir el acuerdo en defensa de la minería del carbón nacional. El regidor, que también renunció a los cargos orgánicos que ocupa en Izquierda Unida, recalcó que dimite porque la minería exige el apoyo de todos para su supervivencia y criticó que los máximos dirigentes regionales de la coalición estuvieran presentes en la firma del documento pero no lo suscribieran, lo que calificó de «paripé». Por ello aseguró que dimite por «coherencia, honestidad y compromiso» con las cuencas mineras.

Pese a no firmar el documento, Izquierda Unida de Castilla y León reiteró su apoyo a las comarcas mineras. José María González sí que acudió al acto pero precisó que acudía en señal de apoyo a la minería, y explicó que Izquierda Unida no firmó el documento porque «supondría compartir un espacio con partidos como el PSOE, que fue de los primeros en poner fecha de caducidad a la minería», o el PP, que «promueve su liquidación anticipada«. «Queremos hablar de futuro, del futuro de la minería, pero de forma seria tras las elecciones del 26 de junio«, señaló González.

González recordó que en la XI Asamblea de Izquierda Unida, celebrada recientemente, la coalición expresó una vez más su defensa de la minería del carbón mediante la aprobación de una resolución en apoyo a las cuencas mineras y al nuevo modelo energético. En dicho documento, Izquierda Unida reiteró su apoyo a las cuencas mineras y su compromiso en la defensa de las reivindicaciones de sus gentes e instituciones públicas, para mantener la actividad económica de estos territorios y la búsqueda de un futuro con certidumbre.

Dimisión del coordinador de Ponferrada

Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida en Ponferrada (León), Emiliano Núñez, siguió los pasos de Lorenzana y también presentó su «dimisión irrevocable» alegando «severas discrepancias» con la dirección regional de Izquierda Unida «agudizadas en el tiempo» y la negativa de la dirección federal a adherirse al documento de apoyo presentado por la Mesa del Carbón como los motivos de su decisión. Otros cargos de la formación a nivel provincial en León meditan también su continuidad, como por ejemplo en Villablino o Toreno.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Izquierda Unida solicita la comparecencia de Soria en el Congreso para hablar del carbón

EFE.- Mientras los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Ciudadanos y Foro Asturias han expresado su apoyo al sector de de la minería del carbón tras reunirse con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Carbunión, la propia Izquierda Unida solicitó la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Comisión de Industria para que analice el sector de la minería en España y dé cuenta del Plan del Carbón.

La solicitud de comparecencia fue registrada por el dirigente de la formación, Alberto Garzón, que solicita a Soria que explique los «incumplimientos» denunciados por patronal y sindicatos sobre este acuerdo de actuación que firmaron conjuntamente con el Gobierno. Asimismo, Izquierda Unida ha dirigido una pregunta al Gobierno en funciones para que sea responda por escrito sobre si es cierto que el consumo acordado de carbón nacional por parte de las eléctricas no se está cumpliendo. Así solicita al Ejecutivo que haga un balance sobre el Plan del Carbón y recuerda que dicho pacto contemplaba que durante su vigencia la presencia del carbón nacional en el mix energético sería del 7,5%.

Izquierda Unida señala que la patronal Carbunión y los sindicatos han denunciado que después de casi dos años y medio de la firma existe una «agonía y angustia» en todas las empresas de las comarcas mineras ya que el consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas no se está cumpliendo. «Si no se corrige esta situación, es el fin del sector, del empleo directo e indirecto y las comarcas mineras podrían acabar siendo zonas despobladas», concluye Izquierda Unida.

Ciudadanos y Foro Asturias también

Por su parte, Ciudadanos y Foro Asturias, además de la propia Izquierda Unida expresaron su apoyo al sector de de la minería del carbón tras reunirse con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Carbunión. Estas reuniones se desarrollan para buscar apoyos en el Congreso que se sumen al acuerdo general en defensa de la minería del carbón impulsado por los agentes del sector. Recientemente sindicatos y patronal se reunían con PSOE y Podemos con el mismo fin y sacaron, además del apoyo al sector, una proposición no de ley que se presentará el próximo martes para bonificar al carbón con el céntimo verde, gravando el carbón de exportación elevando la competitividad del nacional.

Así se trasladó a los grupos parlamentarios la necesidad urgente de que se convoque la comisión de seguimiento del Plan del Carbón para valorar su grado de cumplimiento, implementar el Mecanismo de Pago por Capacidad, valorar la posibilidad de exención del céntimo verde, fomentar las inversiones en I+D+i para la captura y almacenamiento de CO2, y valorar el estado de las negociaciones con la Unión Europea. Además, y con carácter de urgencia, han pedido que adopten medidas encaminadas a favorecer de forma inmediata que las eléctricas compren carbón nacional, ya que “es la única manera efectiva que hay de reactivar el mercado del carbón nacional”.

Izquierda Unida asegura que España no cumplirá con su objetivo de renovables para 2020

EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, ponente del documento de evaluación de energías renovables en el Parlamento Europeo, ha lamentado que España sea «uno de los pocos países de Europa que no va a cumplir con los objetivos en materia de energía renovable». Según López, las políticas que en materia de energías renovables se están aplicando en España están consiguiendo que el porcentaje que tiene asignado nuestro país para 2020 «vaya muy retrasado y prácticamente no se vaya a cumplir».

En este contexto, López ha afirmado que «resulta sorprendente que, a pesar de las enormes posibilidades que tiene España para promover y potenciar el uso de las energías renovables, esté muy por detrás de los objetivos mínimos, mientras Alemania o Reino Unido están muy por delante de España». Y, como ejemplo de «unas políticas muy distantes de lo que se debe hacer», la eurodiputada ha citado el «injustificado» cierre de Elcogas, «una empresa pionera en combustión limpia e investigación para la absorción de CO2, que cumple con todos los requisitos de la Unión Europea y, sin embargo, el Gobierno no ha apostado por su viabilidad».