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Hullera Vasco-Leonesa tira la toalla tras 120 años y pide su liquidación mientras Izquierda Unida arremete contra Industria en Bruselas

Servimedia / EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, denuncia que el Ministerio de Industria «no ha peleado lo suficiente por el sector» en Europa en una jornada en la que la minería del carbón despide a Hullera Vasco-Leonesa, que decidió por unanimidad de su consejo de administración presentar la solicitud de liquidación de la compañía tras fracasar en su intento de convencer a los acreedores de la viabilidad futura de una empresa creada hace 120 años.

Además, según comunicó la compañía minera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), habilitó a su presidente para que adopte las medidas necesarias para su ejecución, entre ellas, la emisión de las oportunas certificaciones hasta completar los trámites de la extinción de la sociedad. Hullera Vasco-Leonesa asegura que con esta decisión persigue favorecer una salida lo menos perjudicial posible para los intereses de trabajadores y acreedores ante el deterioro de su situación económica.

Además, lamenta que «los principales agentes implicados, clientes, instituciones públicas, entidades financieras y aquellos acreedores que han sido emblemáticos en el devenir productivo de los más de 120 años de historia que avalan la trayectoria de la sociedad, no hayan podido encontrar fórmulas de superación de una situación económica que deviene como consecuencia de imposiciones legales cuando no de las políticas energéticas articuladas por las administraciones públicas y compañías eléctricas».

La entrada en concurso de la compañía se produjo básicamente por los efectos del plan de cierre de la minería del carbón impuesto por la Unión Europea y por su aplicación por parte de las autoridades españolas, lo que provocó una drástica reducción tanto de las ayudas como de la demanda de carbón, hasta alcanzar cuotas insostenibles en 2014. Por último, el consejo expresa su «frustración» por «no haber podido superar las rígidas barreras administrativas y financieras que le han sido infranqueables durante estas largas negociaciones, especialmente, en cuanto detentadores de un legado empresarial centenario».

Izquierda Unida protesta ante Europa

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, calificó de «decepcionante» la decisión de la Comisión Europea de considerar contraria al derecho de la Unión Europea la orden ministerial de ayudas al carbón autóctono para generar electricidad. Asimismo, exige que se implante «de forma urgente» una bonificación sobre el denominado céntimo verde para incentivar el consumo de carbón extraído en el Estado español frente al importado. A su juicio, estamos ante «última muestra de que el Ministerio de Industria no ha peleado suficiente por el sector, dejándolo sin oportunidades más allá de 2018».

Vallina señala que el pasado mes de enero mantuvo una reunión en Estrasburgo con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para tratar la situación del sector del carbón en el Estado español, en la que la representante comunitaria le trasladó que la transición energética era una «cuestión inminente» y defendió la importación de carbón del extranjero puesto que sus precios eran «imbatibles». Vallina reseña que le expuso a Vestager que la orden ministerial, que finalmente ha rechazado la Comisión Europea, «redundaría en una rentabilidad social en las zonas donde se produce carbón autóctono» y «serviría para generar empleo estable y duradero y frenar la despoblación».

Asimismo, advirtió que de no aplicarse sería «un desastre social», y denunció que el carbón importado «no cumple los mismos estándares laborales y medioambientales que el autóctono». La europarlamentaria insiste en la necesidad de implantar el llamado céntimo verde, que dé preferencia a que se queme carbón nacional para producir electricidad frente al importado, lo que considera «vital» y entiende que lo convertiría «también en competitivo a nivel de precios».

Explicaciones en Castilla y León

Mientras tanto, el PSOE reclamó en las Cortes de Castilla y León la comparecencia urgente de la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, para que explique el rechazo de Bruselas al mecanismo para la compra de carbón autóctono. En este sentido, el procurador por León Tino Rodríguez considera que la reclamación está justificada ante el hecho de que el Gobierno, tal como ha reconocido ante la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), no haya enviado a Bruselas la orden ministerial que habría evitado la actual situación de quiebra en la que se encuentra el sector.A este respecto, Rodríguez se pregunta: «¿De qué rechazo hablaba la consejera Pilar del Olmo si no se había presentado ninguna petición formal?».

Por este motivo, ha acusado a la Junta de ser «los titiriteros de Mariano Rajoy y del ministro José Manuel Soria para encubrir su política de aniquilación de la minería».El parlamentario autonómico ha recordado que desde que el PP accedió al Gobierno a finales de 2011 «se han cerrado el 90% de las explotaciones mineras de la Comunidad de casi 10 grupos mineros que sustentaban el trabajo a más de un centenar de empresas auxiliares, sólo quedan 3 y con los mineros en ERE«. Rodríguez ha esgrimido que esta situación ha llevado a que se haya pasado de más de 6.000 empleos directos e indirectos de la minería del carbón, a los actuales 700.

PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida presentan en el Congreso una iniciativa conjunta para evitar el cierre de Elcogas

Redacción / Agencias.- Mientras los trabajadores de Elcogas se manifestaban en Madrid y entregaban el plan de viabilidad de la empresa al Ministerio de Industria, el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley conjunta para exigir a Industria que «reconsidere su posición» y solucione el conflicto de Elcogas aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la térmica de Puertollano (Ciudad Real) y evite el cierre previsto para este domingo.

La petición al Ministerio de Industria de que apueste por un plan de viabilidad para Elcogas ha logrado la primera iniciativa conjunta de los principales partidos políticos a excepción del PP en esta nueva legislatura. En este sentido, las cuatro formaciones, acompañadas por representantes de los trabajadores de Elcogas, presentaron un texto en el que se reclama a Industria y a la dirección que garantice el futuro de la empresa con un plan de viabilidad que «garantice su continuidad potenciando su actividad en la hibridación con biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías«. También instan al Ejecutivo a que trabaje en un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca.

La diputada castellano-manchega y número tres del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, subrayó el «esfuerzo colectivo» plasmado en la iniciativa, con la unión de la oposición, recogiendo un «amplio apoyo social y político» a los trabajadores de Elcogas. Además, aseguró que la solución a este conflicto es «fácil» porque sólo depende de una «decisión política» y criticó al Gobierno del PP que no tenga «la más mínima voluntad política de sacar adelante el proyecto». Por eso, pidió a los populares que «sean al menos capaces de reconocer que están en la recta final de su Gobierno» y que «mantengan todas las posibilidades de viabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno con una sensibilidad diferente«.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, hizo hincapié en que su formación pretende ser «vehículo de las reivindicaciones de los trabajadores» porque «las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social», y exigió a Industria que «reconsidere su posición» y acabe con el proceso de desindustrialización del país, del que Elcogas no es más que un ejemplo. «Es necesario poner en valor los intereses del país y acabar con este proceso. La obligación de los representantes políticos es estar con los trabajadores. No se puede mirar a otra parte, el empleo es prioritario para poder afrontar el futuro del país», insistió.

También la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, exigió al Ministerio que «dé una respuesta cuanto antes» a las reivindicaciones de los trabajadores para que Elcogas no cierre, matizando en coordinación con la empresa lo que sea necesario del plan de viabilidad que se presentó el pasado mes de diciembre y que ha sido rechazado. En este sentido, recordó que el PP ya no puede justificar sus decisiones en una mayoría absoluta que «ha perdido» pero que Puertollano tampoco puede esperar al cambio de Gobierno, por lo que debe ser el actual Ministerio el que resuelva el conflicto «inmediatamente«, tal y como está haciendo con otras empresas y como exige todo el Ayuntamiento puertollanero.

La unión de las principales fuerzas políticas al margen del PP fue agradecida por Agustín Pérez, representante de UGT de Castilla-La Mancha, quien espera que la apuesta por Elcogas sea una «realidad» y se logre un «plan específico que apoye la quema de carbón limpia y las inversiones que necesita Elcogas para seguir siendo una empresa puntera en innovación». Asimismo, Ángel León, de CCOO en Castilla-La Mancha, resaltó la iniciativa y señaló que la ausencia del PP es un «síntoma muy importe, porque cada uno se está retratando». Esperan que Industria escuche sus peticiones y que esta semana haga pública una resolución «positiva» dado que el cierre inaplazable de Elcogas está fijado para el domingo.

Entregan el plan a Industria

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, explicó que se reunió con la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, a la que entregó el plan de viabilidad para evitar el cierre de la central. Una reunión que se produjo en el marco de la manifestación frente al Ministerio de Industria que algo más de 100 trabajadores de la termoeléctrica de Puertollano realizaron contra su desconexión. Por otro lado, los sindicatos confirmaron que este miércoles se reunirán con el presidente de Elcogas y consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y que han solicitado una «reunión urgente tripartita» entre Ministerio, trabajadores y empresa «antes del viernes«.

Sobre el plan de viabilidad elaborado por la empresa, el representante de los trabajadores de la planta lamentó que los problemas con el marco regulatorio no tengan una solución rápida. «Hay que buscar alternativas para garantizar que la planta no se desmantele y evitar la desconexión», apuntó Alcaide. Asimismo, reiteró que «el 100% de la plantilla» seguirá encerrada en las instalaciones hasta que se logre solucionar el conflicto y también se mantendrán las movilizaciones «hasta el último minuto». Por su parte, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, aseguró que la solución es «reunirse todos los implicados», después de dos años «luchando».

Izquierda Unida apuesta por dar futuro a la Ciudad de la Energía de Ponferrada

EFE.- El procurador de IU en Castilla y León, José Sarrión, ha mantenido en Ponferrada (León) una reunión con el comité de empresa de la Ciudad de la Energía (CIUDEN), en la que han transmitido su pleno apoyo a este proyecto, que es, ha dicho, de los pocos de I+D+i que existen en la provincia.

Sarrión ha estado acompañado por Laura Fernández, candidata de IU al Congreso por León, quien ha valorado el proyecto de la CIUDEN, a la vez que ha lamentado que se haya visto afectado por un expediente de regulación de empleo del 50 por ciento.

El procurador de IU ha observado que la CIUDEN es una muestra más del «inmenso engaño del Gobierno».

«Aquí se ha jugado con las esperanzas de la gente. Se han planteado propuestas que generaban muchos titulares, una enorme espectacularidad pero que finalmente carecían de financiación. Sin embargo, proyectos como estos son fundamentales si de verdad hay interés», ha subrayado.

En esa línea, ha añadido que el Gobierno «lleva mucho tiempo hablando de una falsa recuperación, simplemente porque comenzó muy pronto la precampaña electoral».

«Si queremos salvar la CIUDEN, que es fundamental, que es un elemento muy importante para conseguir que comarcas como esta tengan un futuro y una vitalidad y aportar mucho al nuevo modelo productivo, lo primero que hay que plantear es una ruptura con el actual modelo económico», ha apostillado.

«Vivimos en una sociedad en la que los presupuestos de Castilla y León y del país no los deciden ni Juan Vicente Herrera -presidente de la Comunidad- ni Cristóbal Montoro -ministro de Hacienda-, los deciden el Banco Central Europeo y esto es una vergüenza, es la pérdida absoluta de la soberanía», ha denunciado.

A su juicio, proyectos como la CIUDEN «son muy importantes para generar que las promesas que realizan los gobiernos no se queden eso, sino que pasen a ser realidades».

«Es una vergüenza que mientras este centro se debate por la supervivencia, Herrera se atreva a decir que en Castilla y León pretende que en 2020 el 20 por ciento de nuestra economía dependa de la industria. Esto es un engaño», ha concluido.

Izquierda Unida reitera su compromiso con la minería del carbón en su programa electoral

EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida y candidato de Unidad Popular al Congreso de los Diputados, Manuel González Orviz, reiteró el compromiso de la coalición con la minería del carbón, cuyas reivindicaciones forman parte de su programa electoral. El dirigente político se pronunció así tras reunirse con el secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, y el responsable de minería, Jaime Martínez Caliero, junto a otros responsables sindicales.

«Se habla de que Izquierda Unida tiene mochila», indicó Orviz, que apuntó que su formación sí la posee, en tanto que tiene «valores» como el compromiso con el mantenimiento del empleo, que ha cifrado en 2.500 personas en el sector minero. También recordó la reivindicación que la coalición mantiene sobre otros asuntos vinculados con el carbón como la captura del CO2. Además, el coordinador general de Izquierda Unida volvió a exigir al Gobierno central la deuda contraída a su juicio con el Principado relacionada con los fondos mineros, que asciende a 300 millones de euros.

Para Orviz, es necesario que se confirme que el futuro de la minería del carbón tiene que ir más allá de 2018, y reclamó que hasta ese momento el Ejecutivo central debe de adquirir algunos compromisos, como el que asegura la quema del carbón nacional. Igualmente, Orviz abogó por que Hunosa mantenga la diversificación «sin dar la espalda» a las comarcas mineras, y sostuvo que la hullera estatal «no debe ser una empresa de servicios».

Desde CCOO Asturias, Damián Manzano lamentó que el actual Gobierno afronte la recta final de la legislatura «sin hacer su trabajo», al «no desarrollar el marco» que asegure el consumo del carbón nacional. Además, criticó la labor desarrollada por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Manzano expuso su «grave preocupación» porque entiende que «no se está haciendo absolutamente nada» por parte de los responsables del PP, «más allá de las declaraciones» que realizan, mientras que agradeció la «oportunidad» de participar en el programa electoral diseñado por Izquierda Unida.

Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

La Unión Europea pide a las empresas la devolución anticipada de las ayudas a la producción del carbón, según IU

Europa Press.- La eurodiputada de IU, Ángela Vallina, presentó, después de reunirse con representantes de CCOO, la pregunta que ha planteado a la Comisión Europea sobre la interpretación de la normativa comunitariaen la que se basan para exigir ahora la devolución de las ayudas a la producción del carbón cuya devolución estaba fijada a partir del 31 de diciembre de 2018.

En su pregunta, Izquierda Unida también pide que se aclaren las indicaciones trasladadas por al Gobierno de España en clarificación del Marco de Actuación, especialmente en materia de ayudas, producciones y plantillas. Desde CCOO, el secretario general de Industria, Damián Manzano, ha vuelto a cargar contra el Ministerio de Industria, al que ha considerado «una marioneta en manos de las eléctricas» y ha indicado que si bien es cierto que hay que aclarar lo que compete a Europa, el Ministerio de Industria no puede usar a la Comisión como coartada cuando no se cumple lo acordado. En este sentido, Damián Manzano, ha insistido en que ninguna de las eléctricas está cumpliendo el compromiso de 7,5% de consumo de carbón nacional.

Trabajadores de Elcogas trasladan a la Comisión Europea la situación de la planta termoeléctrica de Puertollano

EFE / Europa Press.- Representantes de los trabajadores de la termoeléctrica Elcogas se reunieron con el director general para la Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, para pedirle que medie con el Gobierno español ante el posible cierre de la planta de Puertollano (Ciudad Real) y su proyecto pionero en energías renovables.

Los miembros del comité de empresa entregaron a Ristori un dossier explicativo sobre Elcogas, quien se mostró especialmente interesado en el modelo que lleva a cabo la central térmica ya que «se alcanza los valores que se persiguen en la Unión Europea en cuanto a investigación y medio ambiente«. Elcogas, que nació en 1992 amparada por la Unión Europea como proyecto objetivo para la producción limpia de energía eléctrica, es la única planta de su tipo en Europa y actualmente exporta parte de su tecnología a empresas de similares características de todo el mundo. Esta termoeléctrica está participada por las españolas Endesa e Iberdrola, Energías de Portugal, la italiana ENEL y la francesa EDF y ha recibido hasta 15 premios.

El presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, y el secretario de Política Industrial del sindicato, Jesús Crespo, calificaron el encuentro como «muy positivo». En esa reunión también participó la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, quien se refirió a la situación de esa planta en Puertollano, «que se encuentra amenazada de cierre poniendo en riesgo 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos en una zona con una tasa de paro del 34%», según explicó. La eurodiputada dijo que «Ristori, tras escuchar las explicaciones de los representantes de los trabajadores, se comprometió a pedir información al Ministerio de Industria sobre la situación de la planta de Elcogas, en Puertollano, y a transmitírnosla en cuanto reciba una contestación».

Según Alcaide, Ristori se interesó por Elcogas y les indicó que «contactaría con el Ministerio de Industria para interesarse por cómo estaba la gestión de este problema en España«. «El 16 de junio del año pasado la empresa solicitó el desmantelamiento ordenado de una central», explicó Jesús Crespo. El sindicalista se refirió a que la adopción en 2012 de un nuevo decreto para las energías renovables dejó desprotegido el proyecto de I+D que desarrolla Elcogas, abriendo el camino del cierre de la planta de Puertollano.

Alcaide y Crespo explicaron que lo que buscan es «un marco adecuado donde pueda estar amparado y protegido este proyecto», con el que han logrado quemar carbón de forma limpia para producir electricidad sin contaminar en el proceso. Asimismo ambos insistieron en el potencial humano y de investigación de los 15 proyectos de I+D que tienen abiertos, entre los que figura la captura de CO2. «Lo que no podemos hacer es perderlo y que se lo lleven o se exporte a otros países. Y que aquí en España lo terminemos y luego Europa no lo tenga en cuenta», explicó Alcaide.

La última propuesta del Gobierno destina 30 millones de euros a Elcogas entre 2015 y 2018, una cantidad que según los sindicalistas no bastaría para cubrir las pérdidas de la empresa en el último año. «Tenemos un sector pionero, un sector puntero, con alto valor añadido, con empleos de calidad, que consolida territorio y población en el territorio; nos permitimos el lujo por 30 millones de perderlo», señaló la eurodiputada. Si ese desmantelamiento se llegara a producir, entre los afectados estarían, según los sindicalistas, los trabajadores de la empresa principal y las auxiliares, los trabajadores de una mina cercana y los del complejo petroquímico que Repsol tiene en la zona.

El Gobierno quiere una norma con «cobertura comunitaria» para el carbón

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno pretende conseguir una norma con «cobertura comunitaria» para el carbón nacional y que «siga siendo una parte importante del mix energético«. Así lo señaló Soria durante su intervención en el pleno del Senado, en el que explicó que el diseño del nuevo sistema pasa por incentivos a las inversiones para la desnitrificación de centrales térmicas.

Soria explicó que el objetivo es que el nuevo sistema esté operativo para que «el resultado sea el mismo» que con el anterior, de ayudas directas, y «se pueda seguir quemando carbón nacional» ya que «de otra forma no se quemaría por razones de precio y eficiencia«. Tras vencer el real decreto, Soria recordó que actualmente no hay ninguna norma en virtud de la cual se pueda obligar a las centrales a quemar carbón nacional como ya «se sabía en el mismo momento en el que se aprobó» en 2010.

«El Gobierno pretende que haya una norma con cobertura comunitaria», sostuvo Soria, quien precisó que la normativa se encuentra en trámite en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se requerirá que la orden ministerial tenga el visto bueno de las instituciones comunitarias. En este sentido, hizo hincapié en que la legislación en materia de reestructuración y ayuda al sector de la minería del carbón «trae causa de directivas comunitarias que nos podrán gustar más o menos pero que tenemos que cumplir». «Así se ha conducido el Gobierno y así va a seguir siendo; queremos que el carbón siga siendo parte importante del mix energético«, agregó.

Por su parte, el senador de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias, manifestó su inquietud por el estado del carbón en el caso de que el ministro deje su cargo próximamente ya que «hay quien pide su cabeza desde el Partido Popular de algunas comunidades autónomas como consecuencia del carbón». Por ello, Iglesias cuestionó «si va a dejar resuelta de manera satisfactoria esta cuestión«. Además, apuntó que en los cinco primeros meses del año se produjeron 1,1 millones de toneladas de carbón y que «a este ritmo en 2015 se conseguiría una producción de 1,5 millones, aproximadamente el 20% de las previsiones para el plan». El senador recordó que el 2014 ya «fue considerado «catastrófico con una producción de 3,7 millones».