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Las organizaciones ecologistas avisan al Gobierno de que no basta con 2 días para plantear la Ley de Cambio Climático

Europa Press.- Las ONG ambientales han advertido de que la convocatoria del Gobierno de unas jornadas de dos días de duración para conocer los planteamientos de los distintos actores sobre la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «insuficiente» para analizar las necesidades concretas y esperan que sea el «punto de partida» para empezar a sentar las bases de una norma que permita a España cumplir con los compromisos adoptados en el Acuerdo de París contando con el máximo consenso.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, espera con «interés» este momento porque la ONG espera poder plantear sus propuestas «muy concretas» como una futura Ley inspirada en el modelo de Reino Unido que incluya objetivos de reducción de emisiones cada 5 años y que permiten planificar la reducción con medidas concretas en las distintas administraciones y sectores. Además, señala que las ONG ambientales pedirán «por ley» medidas obligatorias de adaptación y en materia de industria y energía expondrán sus propuestas en presupuestos de carbono. En todo caso, admite que no sabe bien en qué se va a traducir las conclusiones que se extraigan porque se trata de un proceso bastante complejo como para limitarlo a dos días.

Reducir emisiones con cambios “profundos”

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ve positiva la celebración de las jornadas pero «claramente insuficiente» para el cambio profundo que se requiere. «Es un tema tan complejo el cambio climático que no se puede pretender solucionar en dos jornadas», insiste Segura que confía en que finalmente ese sea un proceso más participativo, más continuado y en el que se intercambien las opiniones de distintos sectores. «Espero que nos tomemos el cambio climático en serio y apostemos de verdad por reducir de forma drástica las emisiones de verdad. En los últimos años las emisiones se han reducido por la coyuntura económica, no por un cambio profundo en la economía y la energía«, ha valorado.

En esta línea, el portavoz de energía y cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, indicó que desde la Alianza por el Clima consideran que el proceso «no es suficiente». En concreto, reclama una ley de transición energética que hable de calendarios de cierre concretos de centrales de carbón, térmicas y nucleares; también debe incluir medidas de movilidad sostenible, con planes de reducción claros y que limiten el coche y cambien el transporte. «Haremos propuestas concretas. El proceso está lejos de ser una participación real y efectiva», ha concluido.

La responsable de energía y cambio climático de Greenpeace, Raquel Montón, exige esta ley  pero advierte de que las jornadas pueden quedar como algo «de cara a la galería», sin contenidos claros que respondan al papel que debe jugar España en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, exige objetivos ambiciosos, medidas claras y realistas. Montón lamentó que dos jornadas no son suficientes y entiende que «solo tienen sentido común como punto de partida». En definitiva, en su opinión, lo más importante de la futura ley es que el objetivo sea «ambiental» y no a la medida de los intereses económicos porque debe garantizar que en 2050 el sistema energético sea 100% renovable.

Greenpeace exige a España un giro energético para cumplir el Acuerdo de París y que deje de subvencionar al carbón

Europa Press.- Greenpeace reclama a España que acometa un giro en su planificación energética para poder cumplir el Acuerdo del Clima de París y que deje de subvencionar las energías fósiles, por ejemplo, abandonando las subvenciones al carbón, a las que destinó 754 millones de euros al año entre 2005 y 2016.

Greenpeace lamenta la actitud del Gobierno de España porque «sigue sin apostar claramente por frenar el cambio climático». En este contexto, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha destacado que España es «un diamante» para las energías renovables y uno de los países europeos que más sufrirá los impactos del cambio climático. «Tenemos un ministro de Energía que apoya las energías sucias y dificulta enormemente la transición energética y la búsqueda de alternativas sostenibles en las regiones minero-eléctricas», criticó.

Estudio de Overseas Development Institute

La ONG expone que un estudio, que analiza las subvenciones al carbón en 10 países europeos, señala que España sigue lejos de poner medidas para terminar con las subvenciones a las centrales térmicas de carbón. Este estudio, sitúa a España en el tercer puesto de Europa, por delante de Alemania o Polonia, con 754 millones de euros anuales entre 2005 y 2016 en subvenciones al carbón, tanto para la transición de las cuencas mineras como para las eléctricas propietarias de las centrales térmicas, aunque “la falta de transparencia” hace que algunos datos no estén disponibles.

En definitiva, la ONG exige al Gobierno que se tome en serio las políticas climáticas y energéticas y que anteponga la salud de las personas y el medio ambiente a los intereses de las empresas porque tiene una «magnífica oportunidad» para planificar el cierre de las térmicas de carbón no más tarde de 2025 con el desarrollo de la ley de cambio climático y transición energética que quiere poner en marcha. «El Gobierno español no puede seguir dando la espalda al cumplimiento sus obligaciones con el clima y la salud de las personas», ha concluido.

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

Greenpeace lamenta que Iberdrola y Endesa no sepan aún qué hacer con Garoña mientras el alcalde de Vitoria pide desmantelar

Europa Press / EFE.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), está convencido de que a Endesa «no le importa nada» la seguridad y ha pedido al Gobierno central que «desmantele» de manera «definitiva» la central nuclear de Garoña. Por su parte Greenpeace ha lamentado que Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% la planta, no hayan llegado a una postura común respecto a su solicitud de renovación hasta 2031, cinco años después de que ésta parase por motivos económicos, en diciembre de 2012.

«Parece mentira que estas decisiones no se tomen con mayor claridad y transparencia», señaló la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que recomienda a ambas empresas, «una vez creado el cisma», que sean capaces de llegar a un acuerdo después de que el consejo de administración y la junta de accionistas de Nuclenor no consiguieron acordar si seguir adelante con la solicitud de renovación o bien desistir de la misma, pues Endesa tiene voluntad de seguir adelante frente a Iberdrola, que quiere echar el cierre al reactor.

«Respecto a la central nuclear más vieja de Europa es inaceptable que la empresa no llegue a un acuerdo ni tenga claro lo que quieren hacer cuando está cerrada por razones económicas desde hace cinco años y antes de reabrir debería acometer inversiones superiores a 200 millones de euros», ha valorado. Montón ha reiterado su petición a ambas empresas de «respeto» a los ciudadanos y al medio ambiente por considerar que «están jugando» y, por ello, extiende su petición al Gobierno para que «ponga orden».

El alcalde Urtaran contra Endesa

Por su parte, el alcalde de Vitoria considera que el «riesgo» para la población y el medio ambiente de reabrir Garoña es «inasumible para el Estado» y por ello ha lamentado la postura de Endesa. «Ya conocemos la postura de Endesa y sabemos que no le importa nada nuestra seguridad», aseveró respecto a las explicaciones del presidente de la compañía eléctrica, Borja Prado. Por ello, indicó que «ahora la decisión» sobre la continuidad de la central burgalesa «la tendrá que tomar el Gobierno español». «Esperemos que desmantele de manera definitiva la central de Garoña», concluyó.

El alcalde de Vitoria se ha mostrado «indignado» por la postura del presidente de Endesa de esperar a que se pronuncie el Gobierno sobre la reapertura de la central burgalesa. Ha considerado que con este asunto ha habido un juego de pasarse «la patata caliente» del Consejo de Seguridad Nuclear a las empresas y ahora éstas al Gobierno, al que ha pedido que sea «valiente», no espere a agosto y anuncie el cierre definitivo de Garoña. Por ello insiste en reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anuncie el desmantelamiento de la central nuclear.

Urtaran ha reconocido que el objetivo legítimo de cualquier empresa, como Endesa, es obtener el «mayor rendimiento» a su actividad, pero ha aclarado que esto no puede estar «por encima del interés general, de la seguridad de la ciudadanía y del respeto al medio ambiente». Por último, ha considerado que la postura de Endesa «desprecia» la opinión de la mayoría de los vascos, así como de otros ciudadanos, que han exigido en innumerables ocasiones el cierre de esta central nuclear.

Las organizaciones ecologistas denuncian el «hachazo» presupuestario al Medio Ambiente, que creen que «no es una prioridad para el Gobierno»

Europa Press.- Las organizaciones ecologistas lamentan el «nuevo retroceso» presupuestario que tendrá el medio ambiente en 2017 y que evidencia que esta materia «no es una prioridad del Gobierno» ya que, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos del Estado, tendrá un «hachazo» en su asignación del 8,1%, de modo que contará con 1.723 millones de euros.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha criticado la ausencia de toda mención a la fiscalidad verde. Precisamente, considera que los Presupuestos Generales del Estado son «tan rácanos» por la «baja tasa fiscal» y lamenta que el Medio Ambiente acumule un descenso del 75% respecto a los de 2011. Además, González reconoce que esperaba que el Gobierno iniciara una política de fiscalidad verde a través de la eliminación de las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha censurado el descenso presupuestario que supone «un nuevo recorte» que se suma a la disminución de un 70% en estas partidas en la última década. «Queda claro que el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno», ha sentenciado. En general, ha advertido de que el proyecto presupuestario presentado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta «muchas carencias» en áreas como residuos o calidad del aire. «No se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado», ha apostillado.

Desde Greenpeace, también han criticado el «hachazo» presupuestario a la lucha contra el cambio climático y advierte de que con esta cuantía la «anunciada» Ley de Cambio Climático nacerá sin capacidad ejecutiva. La ONG critica que el Gobierno antepone las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa, que se carga a los consumidores, y evidencia su «desinterés» por el cambio climático. El «hachazo» de esta partida en 2017 prevé una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos que los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático se presupuestan 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos.

A este respecto, la responsable de la campaña de cambio climático de la organización, Tatiana Nuño, lamenta la «señal política muy negativa de falta de compromiso» para cumplir con el Acuerdo de París «justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump» y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables. Por ello, exige al Ejecutivo «coherencia» para dotar económicamente la ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de diciembre.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha valorado de forma preliminar los presupuestos presentados para 2017 y advierte de que las partidas presupuestarias que se destinarán a medio ambiente «difícilmente» permitirán cumplir los objetivos. «Es triste comprobar cómo en menos de 10 años el presupuesto se ha visto reducido en un 70%. Un año más el medio ambiente da una merma en sus presupuestos», lamenta.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, denuncia el «hachazo» en partidas clave como biodiversidad y cambio climático. «Ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el país de mayor biodiversidad de Europa», denuncia.  A su juicio, este Ministerio está «infrafinanciado» mientras la biodiversidad «se va de las manos» y empeora «año tras año».

Por su parte, el partido verde Equo considera que con este «enorme recorte» medioambiental, el Gobierno obvia las consecuencias que tiene el cambio climático para España. Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que «importan los hechos, no las palabras» y que las prioridades políticas se demuestran «poniendo recursos» económicos. «Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor», ha apostillado.

Las organizaciones ecologistas piden en el Congreso una ley de fiscalidad ambiental basada en el principio de «quien contamina, paga»

Europa Press.- Las cinco principales organizaciones ecologistas en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han pedido en el Congreso de los Diputados una nueva ley de fiscalidad ambiental con la que se primen las buenas prácticas.

Según el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez Vargas, que ha actuado como portavoz de las asociaciones, se trata de poner en marcha el principio de que «quien contamina, paga» que, además, según ha indicado, «es una medida rápida y que se puede poner en marcha inmediatamente«. Esta ley, junto con otras medidas son parte de la Hoja de Ruta medioambiental para 2017 que los ecologistas han presentado ante la Comisión de Medio Ambiente. Rodríguez Vargas ha criticado la ausencia de las políticas ambientales dentro de las «prioridades» del Parlamento y ha asegurado que «la sensación» es que estas medidas suelen ser «un tema marginal».

En este sentido, denunció la inacción que existe en cuanto a la puesta en marcha de un cambio de modelo energético para España, una de las principales reclamaciones desde hace años que el Ejecutivo aún no ha abordado o, al menos, según indicó Rodríguez, no se conocen medidas que se estén aplicando actualmente al respecto. La sugerencia de Rodríguez al respecto es la puesta en marcha de una auditoria energética que permita al Gobierno conocer «la situación real» del país y poder, a partir de ahí, «trazar la transición que permita cumplir con los objetivos de París» en esta materia.

Finalmente, el último bloque de esta hoja de ruta plantea una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con el desarrollo de una Ley de Cambio Climático y apostando por la calidad del aire; y el freno a la contaminación química. Sobre este punto se ha centrado en la toma de medidas necesarias para que el aire que respiren los españoles sea de calidad a mitad de siglo y, entre sus principales iniciativas está la de eliminar y regular las emisiones de automóviles.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Westinghouse, filial nuclear de Toshiba en Estados Unidos, se declara en quiebra mientras Greenpeace habla de declive del sector atómico

EFE.- La declaración en quiebra de la filial nuclear de la japonesa Toshiba Corporation en Estados Unidos supone «un momento clave en la espiral de declive» del sector de la energía atómica a escala global, según aseguró la organización ecologista Greenpeace, que valoró así la noticia de que Westinghouse Electric se haya declarado en bancarrota para acogerse a la protección de la normativa estadounidense, con el objetivo de minimizar el impacto de sus graves problemas financieros.

Westinghouse Electric presentó una «solicitud voluntaria de amparo» del Capítulo 11 de la Ley estadounidense de Quiebras, según indicó el conglomerado nipón con sede en Tokio, que posee el 87% de sus participaciones. En la práctica, esta medida permitirá a Westinghouse iniciar el procedimiento para reorganizar su deuda, lo que a su vez limitará la parte de este saldo negativo que la matriz nipona se verá obligada a incluir en sus cuentas. La medida también afecta a otras compañías afiliadas de Westinghouse en Reino Unido y en Estados Unidos, según Toshiba, que señaló que estas «continuarán con sus actividades ordinarias».

Westinghouse, que es junto a Toshiba el mayor constructor mundial de reactores nucleares, ha obtenido unos 800 millones de dólares en créditos y ayudas financieras para contribuir a esta reorganización, según explicó. Las cuantiosas pérdidas que acarrea Westinghouse debido a la devaluación de su negocio nuclear en Estados Unidos han obligado a Toshiba a iniciar un proceso de reestructuración que podría incluir la escisión y venta de su unidad de memorias flash, una de sus unidades más rentables. El origen de esas pérdidas es el incremento de los costes de construcción de nuevas centrales atómicas en Estados Unidos, por lo que Toshiba mantiene un litigio con la anterior propietaria de Westinghouse Electric, British Nuclear Fuels.

Debido a estos problemas financieros, Toshiba retrasó también hasta el 11 de abril la presentación de sus resultados del período de octubre a diciembre de 2016. Su rama nuclear registrará pérdidas de 712.000 millones de yenes (5.820 millones de euros/ 6.204 millones de dólares) mientras que, en el pasado ejercicio fiscal, Toshiba prevé registrar unas pérdidas netas que podrían alcanzar el 1,01 billón de yenes (8.428 millones de euros/9.009 millones de dólares), indicó asimismo la compañía nipona. Además, la declaración en quiebra de Westinghouse deja en el aire la construcción de nuevas centrales nucleares que estaba en marcha en Estados Unidos y en Reino unido.

Greenpeace augura declive del sector

«La industria nuclear está claramente en caída libre frente al ascenso de las renovables», afirmó la experta en energía de Greenpeace Japón, Ai Kashiwagi, quien añadió que el sector atómico «se ha beneficiado durante demasiado tiempo» del apoyo económico y logístico de los gobiernos. En 2015, la capacidad de generación energética de las renovables se incrementó en 147 gigavatios en todo el mundo, frente a los sólo 11 gigavatios del sector atómico, según datos de esta ONG ecologista y antinuclear.

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

Greenpeace denuncia que Japón presiona a los afectados por el accidente de Fukushima para que vuelvan a la zona contaminada

Europa Press.- Greenpeace denuncia que Japón está presionando a la población afectada por el terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daichi para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas por la planta accidentada. Entre otras medidas, retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según Greenpeace, está aún «fuera de control».

La ONG advierte de que, cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear «de manera significativa», algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable. Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 Kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable.

El director de Greenpeace Japón, Yuko Yoneda, denuncia que esta medida es «un intento» del Gobierno nipón por ayudar a la industria nuclear y dar «una sensación falsa de normalidad», pese a que los muestreos de la ONG dicen «lo contrario». Desde España, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, asevera que estaría «encantada» de invitar a Fukushima al ministro de Energía, «que apuesta por las viejas nucleares, para mostrarle lo que está pasando allí». «Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca», reprueba.

Las declaraciones se producen tras un reciente estudio realizado por un equipo de investigación que recogió muestras en Iitate, a unos 30 kilómetros de la central accidentada y ha encontrado dosis de radiación que están «muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan”. De hecho, la ONG internacional asegura que en algunos hogares de Iitate, las dosis de radiación equivalen a una radiografía de tórax semanal. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver.

En la actualidad, de los 54 reactores nucleares que existían en Japón antes del 11 de marzo de 2011, la mayoría siguen inactivos seis años después de la catástrofe, ya que en la actualidad operan tres de ellos. En este contexto, Greenpeace pide a al Gobierno de España «que coquetea con reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ampliar la vida del parque nuclear «envejecido» que deje de apostar por esta tecnología y avance «con urgencia» las energías renovables.

Respecto a Japón, exige al Gobierno nipón que proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y ofrezca información «transparente» sobre los riesgos, para que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad. Finalmente, insiste en que se debe actuar para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.