Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.