Entradas

Organizaciones ecologistas y renovables piden a Rajoy que no ilegalice las instalaciones de autoconsumo a partir del lunes

/1 Comentario/en , , /por

Servimedia / Europa Press.- 11 organizaciones ecologistas, de consumidores y del sector de las renovables enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por «la situación de indefensión» a la que el Ejecutivo somete a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica, que podrían ser sancionados a partir del próximo lunes, fecha límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se registren, por lo que piden prorrogar el plazo.

Las entidades son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España. Denuncian que miles de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España podrían entrar el próximo lunes, 11 de abril, en un limbo legal muy cercano a la ilegalización, ya que es la fecha límite para que las instalaciones se adapten a su articulado, bajo amenaza de ser declaradas ilegales y de exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de pagar los cargos al autoconsumo.

Las organizaciones consideran que el Gobierno penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios en los últimos años, algo que «contribuye a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético del país». Además, denuncian que el Ministerio de Industria, que fraguó el decreto contra el autoconsumo, «está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que estableció, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas.

Asimismo, las entidades piden a Rajoy que resuelva «el caos creado por el ministro José Manuel Soria» y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas por «la falta de previsión» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otro lado, recalcan que, «en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana». «Por este motivo, resulta incomprensible que Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas«, añaden.

Las organizaciones destacan que el decreto de autoconsumo eléctrico «contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética». «La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas», concluyen.

Soria dice que Repsol renuncia a hacer más prospecciones petrolíferas en Canarias pero el PSOE quiere verlo en el BOE

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE.- El senador del PSOE, Julio Cruz, afirmó que «no es creíble» el anuncio del Gobierno sobre la caducidad de los permisos a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas y reclamó al Ejecutivo que revoque las autorizaciones y las publique en el BOE. Sin embargo, elministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, asegura que Repsol ya ha avanzado su renuncia a cualquier tipo de prórroga relacionada con los dos sondeos petrolíferos autorizados en Canarias, cuya duración «ha vencido por caducidad».

El ministro ha precisado que ese vencimiento tuvo lugar el pasado 21 de marzo, después de que se desarrollara, a principios de 2015, una única exploración que tuvo «un resultado negativo». Antes de presidir una reunión del PP en Canarias, el líder de los populares isleños ha explicado que «esa caducidad no es automática, sino que se tiene que producir por una orden de la Secretaría de Estado de Energía». Previamente, ha añadido, «hay que dar un plazo de 60 días, que vence el 21 de mayo de este año, para que el operador pueda acreditar que ha cumplido, en relación a esos permisos, todos los requisitos intrínsecos» a ellos.

Entre esos requisitos figuraba el compromiso de hacer una inversión mínima de 20 millones de euros. Sobre este asunto, Soria ha manifestado que «el propio operador ya ha dicho que ha hecho una inversión de unos 150 millones de euros». «Todo tiene que acreditarlo, aunque ya ha anunciado que renuncia a ningún tipo de prórroga y, por tanto, a ese tipo de investigación», avanzó el ministro de industria en funciones.

El PSOE cuestiona al Gobierno

El senador del PSOE por Canarias, Julio Cruz, señaló que “no es creíble” lo que está indicando el Gobierno sobre la caducidad de los permisos a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas al este de Canarias porque los permisos expiran en agosto de 2017 y recordó que el PSOE ha presentado una moción en el Senado para la revocación de los permisos sin indemnizaciones ni gastos para el erario público. Julio Cruz reclamó que esa revocación sea clara y transparente y se publique en el BOE.

Bento: el PSOE autorizó prospecciones

Por su parte, el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento (PP), exigió al senador socialista Julio Cruz que no sea «incoherente» al hablar de permisos para realizar prospecciones y le ha recordado que el PSOE concedió «muchísimos, algunos todavía en vigor». El delegado del Gobierno dice que le «parece mentira» que el secretario de Organización del PSOE canario tenga dudas sobre la caducidad de esas licencias, dado que, a su juicio, «los socialistas son unos expertos en esta materia, porque autorizaron muchísimos trabajos de investigación, algunos de los cuales están aún en vigor». «La incoherencia del PSOE es de traca», opina Hernandez Bento, que recuerda que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero también concedió permisos para buscar hidrocarburos.

En este sentido, subraya que la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por Gobierno central con el apoyo del PSOE recoge, en el punto dedicado a la garantía del suministro de energía, que «se debe facilitar» la investigación acerca de la existencia de hidrocarburos en el territorio nacional. El delegado del Gobierno considera además que el PSOE «estaba frito por autorizar los sondeos», si se tiene en cuenta que su secretario general en Canarias, José Miguel Pérez, dijo en las elecciones autonómicas de 2011 que sería partidario de hacerlos en el archipiélago «con los ojos cerrados».

Greenpeace pide proteger aguas canarias

Finalmente, Greenpeace reivindicó de nuevo que el espacio marítimo que rodea a Fuerteventura y Lanzarote sea protegido como un santuario internacional de cetáceos por su enorme valor natural, para evitar que sean sometidas en el futuro a nuevas búsquedas de petróleo como la que intentó Repsol. El responsable en España de la campaña de Greenpeace contra las prospecciones petrolíferas en el mar, Julio Barea, ha recalcado que no se cree que los permisos que se otorgaron a Repsol para buscar hidrocarburos en Canarias hayan caducado.

Hasta 2017 y “debería saberlo”

«La resolución dice que el permiso de Repsol tenía un plazo de 3 años, así que sigue vigente hasta 2017 y el delegado del Gobierno en Canarias debería saberlo, porque él era subsecretario del Ministerio de Industria y Energía en aquellos momentos y por él pasaron los expedientes», apuntó. Greenpeace combatió activamente las prospecciones, tanto en campañas de opinión pública, como en el propio lugar de los sondeos, hasta el punto de que sus voluntarios fueron acusados de piratería por el Ministerio Fiscal por saltarse el perímetro de protección y acercarse al barco de Repsol, en unos cargos ya archivados.

Su portavoz en esa campaña opina que Repsol solo realizó uno de los tres sondeos para los que tenía autorización porque este asunto le ocasionó «un enorme daño en su imagen internacional». Además, desde el punto de vista de los ecologistas, la búsqueda de petróleo en Canarias respondía más al interés del Ministerio de Industria y Energía que al de la propia multinacional petrolera española.

Las emisiones de CO2 se mantuvieron estables en 2015 por segundo año seguido pero Greenpeace denuncia que no es suficiente

/0 Comentarios/en , /por

EFE / Servimedia.- De hecho, Greenpeace urge a reducir las emisiones de CO2 porque, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha detectado un estancamiento por segundo año consecutivo de las emisiones globales, son las más elevadas en la historia. Según los datos preliminares correspondientes a 2015, las emisiones globales de CO2 se mantuvieron en 32.100 millones de toneladas en 2015, lo que significa que se han mantenido esencialmente en ese nivel anual desde 2013.

En concreto, esas emisiones pasaron de los 32.134,37 millones de toneladas registrados en 2014 a los 32.137,48 millones de toneladas el año pasado. «Los nuevos datos confirman las noticias sorprendentes pero bienvenidas del año pasado: hemos visto dos años seguidos de emisiones de gases de efecto invernadero desligándose del crecimiento económico», señaló el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. El responsable de este organismo destacó que estas cifras se conocen pocos meses después del histórico Acuerdo de París en la Cumbre del Clima (COP21), que estableció objetivos globales para luchar contra el calentamiento global.

Según la AIE, la electricidad generada por las renovables desempeñó un papel «crucial», al alcanzar el 90% de la generación de nueva electricidad en 2015. La eólica fue la responsable de más de la mitad de esa nueva electricidad generada. La agencia considera que, teniendo en cuenta que el crecimiento global superó el 3%, hay evidencias de que el vínculo entre el desarrollo económico y el aumento de las emisiones se está debilitando. Recuerda también que en los más de 40 años en que la AIE ha facilitado datos sobre las emisiones de CO2, solo hay cuatro periodos en que estas se mantuvieron o cayeron respecto al año anterior, y en tres casos tuvieron que ver con crisis económicas globales.

De forma relevante, las dos mayores potencias contaminantes, Estados Unidos y China, disminuyeron sus emisiones de CO2 relacionadas con la energía en 2015. En el país americano, esa reducción alcanzó el 2%, gracias al paso en gran escala del carbón al gas natural para generar electricidad. Mientras, China disminuyó también un 1,5% sus emisiones, debido a un menor uso del carbón y a la generalización de las fuentes bajas en carbono, del 19% al 28%, especialmente las hidráulicas y las eólicas. La AIE publicará en junio su informe especial sobre la energía y la calidad del aire en todo el mundo, donde desarrollará estos datos.

Para Greenpeace no es suficiente

En este sentido, la organización ecologista indicó que el estancamiento de emisiones de dióxido de carbono demuestra cómo el trabajo de las políticas nacionales para impulsar las energías renovables está funcionando. «Pero los líderes mundiales necesitan ahora redoblar sus esfuerzos para asegurar que el aumento global de temperatura se mantenga dentro de los límites establecidos en el Acuerdo de París del año pasado», declaró la responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato.

Por su parte, la responsable de la campaña global de Energía de Greenpeace Internacional, Emily Ronchon, explicó que «las emisiones de China podrían haber alcanzado su punto máximo y ahora están cayendo por segundo año consecutivo», lo que «pone al país en camino de superar sus compromisos climáticos». Sin embargo, Greenpeace critica que España figura entre «esos países que no están cumpliendo con su parte para salvar el clima», ya que en 2015 «nuevamente se redujo prácticamente a cero la instalación de nuevas renovables y al mismo tiempo el Gobierno aprobó la normativa más restrictiva del mundo en autoconsumo», en referencia a los cargos establecidos.

Greenpeace denuncia que Japón «coacciona» a la población a volver a las zonas contaminadas alrededor de Fukushima

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.– Greenpeace acusó al Gobierno japonés de forzar a la población que hace 5 años residía en los alrededores de la central nuclear de Fukushima a volver a residir ahí o dejar de cobrar las ayudas, pese a que la zona sigue con niveles de contaminación que no se ajustan a los objetivos que se marcó el país, según asegura la organización, que ha acudido a las zonas contaminadas para realizar mediciones de radiactividad.

Según la organización, hay cerca de 100.000 personas que siguen viviendo fuera de sus casas debido a la contaminación que se extendió a los alrededores de la central nuclear. «La mayoría de las personas evacuadas se verán forzadas a volver a sus casas en 2017, aunque sus comunidades estén contaminadas», denuncia. La responsable de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, acusó al Gobierno nipón de «hacer trampas» y decirle a los japoneses que las personas desplazadas «están empecinadas en que no se recupere su tierra» porque «no quieren volver a sus casas«, y cree que el mensaje responde a una intención de volver a poner en marcha los 54 reactores nucleares que el país paralizó tras el desastre en Fukushima.

Al mismo tiempo, critica que se está «coaccionando» a las personas desplazadas para quitarles las ayudas y forzarles a volver a sus casas. «Para las primeras reclamaciones les mandaron un formulario de 60 páginas para rellenar y unas instrucciones para rellenarlo de 160 páginas. Ese es el panorama para pedir ayudar. Si encima te las retiran, te ves en una coacción», explicó. De hecho señaló que el relator de Derechos Humanos denunció que el tratamiento que el Gobierno japonés está dando a los desplazados «va en contra de los Derechos Humanos». «Tú no puedes coaccionar a la gente para que no elija la salud o el nivel de salubridad que necesita para su vida», reivindicó.

Montón ha explicado que la idea del proceso de descontaminación que está llevando a cabo el Gobierno consiste en tratar de retirar la contaminación de las zonas de acceso restringido (hay una zona en la que no se permite pernoctar y otra de acceso prohibido) hasta llegar a los niveles que se han marcado como objetivo. «Una vez se alcancen esos niveles sobre el papel la gente puede volver a sus casas y dejan de recibir las ayudas que ahora mismo están recibiendo», ha indicado.

Sin embargo ha criticado que los objetivos que se ha marcado el Gobierno «están muy por encima de los estándares internacionales» y que, pese al trabajo de descontaminación que se está llevando a cabo, «no se consiguen». «Hemos estado allí hace dos días y en ningún caso en las zonas ya limpiadas por el Gobierno los niveles estaban por debajo de los objetivos, estaban al doble o diez o veinte veces más». «El nivel objetivo del Gobierno japonés es 0,23 microsievert por hora. Está muy por encima de los estándares internacionales, y ese 0,23 no te lo encuentras nunca. Nunca. Te encuentras 2 o 3 microsieverts, diez o veinte veces más», ha asegurado la activista.

Según Montón, los estándares del Comité de Protección Radiológica de la ONU marcan que ningún ciudadano debe estar a más de 1 milisievert al año. «No es que más allá nos pase nada, sino que se entiende que cuanta menos radiación se reciba, mejor», señaló. En casos excepcionales, como cuando se está produciendo un accidente, la OIEA admite que el nivel de radiación se eleve a 20 milisievert anuales «por un tiempo limitado» para realizar las operaciones necesarias solucionar la situación, nivel que también se emplea como criterio del «cupo máximo» de radiación que puede recibir el trabajador de una central nuclear. Un nivel que el Gobierno japonés ha fijado como seguro mientras se pone solución al accidente de Fukushima”.

Montón explicó que el proceso de descontaminación consiste en buena parte en retirar tierra contaminada alrededor de las viviendas (20 metros a la redonda de cada casa) y de las cunetas. Hasta el momento, según indicó, se rellenaron más de 9 millones de bolsas con una capacidad de un metro cúbico cada una de ellas que se han ido apilando en un total de 114.000 lugares, muchos de ellos explanadas en zonas de monte. Además, indicó que la mayor parte de la contaminación radiactiva ha ido a parar al mar, no solamente durante los primeros días sino también en la actualidad, por el agua contaminada que se vierte al mar y las partículas radiactivas que arrastra el ciclo del agua.

En todo caso, tanto la activista como el director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, han hecho hincapié en que las conclusiones del accidente de Fukushima «evidencian que la energía nuclear es una energía peligrosa de la que hay que prescindir» y han señalado que en Japón «no ha habido cortes de luz» durante los últimos años, pese a la desconexión de sus reactores. «La contaminación radiactiva no tiene solución ni con accidentes ni sin accidentes. Los residuos nucleares son residuos para siempre», han insistido.

Los ecologistas piden el cierre programado de las centrales de carbón

/0 Comentarios/en , /por

EFE / Europa Press.- Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito nacional reclamaron a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que el Gobierno aborde el cierre programado de las centrales de carbón para cumplir los objetivos asumidos en el acuerdo del clima de París. Así lo indicó a la salida del Consejo Nacional del Clima, la portavoz de cambio climático de WWF, Mar Asunción.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) exigieron a la ministra Tejerina «mayor ambición a nivel nacional, ya que en las proyecciones que se manejan para los próximos años siguen aumentando las emisiones». «Nos parece que es totalmente impresentable que un país desarrollado como España, no lance el mensaje adecuado, y maneje escenarios en los que crecen las emisiones», indicó Asunción.

Las ONG plantearon a la ministra «objetivos energéticos concretos para que bajen las emisiones», entre ellos «la necesidad de tener un cierre programado de las centrales de carbón, ya que estos dos últimos años las emisiones de electricidad con carbón han estado aumentando muchísimo». Asunción lamentó, sin embargo, que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «siga buscando recovecos para que España continúe produciendo electricidad del carbón».

Los ecologistas quieren que España apoye en el seno de la Unión Europea una mayor ambición de los compromisos de reducción presentados para 2030 cuando se ratifique el acuerdo de París. Actualmente, la Unión Europea se ha comprometido a una reducción de emisiones del 40%, a un porcentaje de renovables del 27% y la misma cifra en eficiencia energética para 2030. Asunción lamentó también «las evasivas y las respuestas generales» con las que la ministra ha contestado a sus preguntas.

“Falta compromiso contra cambio climático”

Por otro lado, las ONG ambientales no ven que el Gobierno esté dando pasos decididos para luchar contra el cambio climático en España, pese a ser uno de los países más vulnerables de Europa a este fenómeno. Así, el portavoz de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, lamentó que García Tejerina se dedicara a «tirar balones fuera» sobre todo respecto a la vinculación de modelo energético con las emisiones de efecto invernadero. Además criticó que la ministra se ciñera a que España se limita a los objetivos marcados por la Unión Europea, algo que, aunque es perfectamente legal, Del Prado cree que España debería ir más allá puesto que es una de las grandes economías y «debe dar ejemplo».

«La ministra dice que el Acuerdo de París y los objetivos 2020 van bien y que va a cumplir con todo. Ha explicado verdades a medias. Da la sensación de que todo va perfecto, pero algo no va bien cuando llevamos los 9 meses consecutivos más calurosos de la historia«, comentó. Para Del Prado, el Ministerio y la Oficina Española de Cambio Climático tienen «buenas intenciones, pero les falta fuerza para imponerse a otros departamentos y ser más ambiciosos”, en alusión al Ministerio de Industria.

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, subrayó que en 2015 se aumentó un 23% el uso de carbón lo que ha provocado un crecimiento de las emisiones de CO2 del 4%. «Con el Acuerdo de París en la mano, que marca el fin de los combustibles fósiles, deberían trabajar en algún programa para marcar el fin de las térmicas de carbón y en un plan de transición justa una economía baja en carbono. Está claro que no podemos seguir subvencionando las energías sucias», opina Nuño que calificó de «un poco difusa» la respuesta de García Tejerina en esta cuestión.

Reclama medidas ambiciosas al Gobierno

De este modo, le han trasladado que el Gobierno sigue favoreciendo las energías sucias y que prevén que pese al Acuerdo de París vaya a haber «cambios importantes en las políticas que marquen la diferencia» por lo que ha advertido al Ministerio de Agricultura de que ese acuerdo global no es suficiente, de modo que se deben implantar medidas más ambiciosas. En cuanto al Plan Nacional de Adaptación cree que se debería recalcular el crecimiento de emisiones previsto hasta 2020.

Por su parte, el portavoz de energía de SEO/BirdLife, David Howell, reprochó que a pesar de que las emisiones han aumentado la ministra ha tratado de presentar los datos como «una buena noticia», igual que los datos del Plan Nacional de Adaptación o de la implantación del Acuerdo de París. A su juicio, España debería estar liderando la lucha contra el cambio climático en Europa al ser uno de los países más vulnerables, por su dependencia de los combustibles fósiles y sus condiciones climáticas. Entre las propuestas que WWF considera necesarias, estima que Europa debe modificar el sistema del comercio de emisiones, la directiva de renovables, avanzar en eficiencia energética y acometer un reparto de esfuerzos en los sectores difusos.

«Lo suyo es tener ya propuestas firmes en esas áreas para descarbonizar el transporte y la economía con avances importantes, no con el goteo actual de pequeñas medidas», ha valorado Howell, que cree que a España le faltan también mayores objetivos en el Plan Nacional de Adaptación para reducir la vulnerabilidad de España al calentamiento global. Finalmente, ha indicado que las ONG han instado al Ministerio a establecer un programa de cierre de las minas de carbón, de las centrales térmicas y de las nucleares.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

/0 Comentarios/en , /por

Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

La termosolar podría cubrir hasta el 12% de la demanda global en 2050, según un estudio

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La energía solar termoeléctrica podría suministrar el 6% de la demanda de electricidad global para 2030 y alcanzar el 12% en 2050 si se dan las condiciones adecuadas, según un informe elaborado por Greenpeace, la Asociación Europea de la Industria Solar Termoeléctrica (Estela) y SolarPaces. Según el estudio, la termosolar podría crear hasta 2,7 millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años.

El presidente de Estela, Luis Crespo, señaló que el informe deja claro que la energía termoeléctrica es «clave» para lograr un mundo impulsado 100% por energías renovables para el año 2050, «algo esencial si se quiere salvar el clima«. El volumen anual del mercado de generación termosolar alcanzó los 3.000 millones de dólares (unos 2.680 millones de euros) en 2015 y la capacidad instalada es de casi 5 gigavatios (GW), pero el sector termoeléctrico apunta a capacidades instaladas de dos dígitos en el próximo lustro. En 2006 la capacidad instalada era de 0,5 gigavatios (GW).

Importante reducción de emisiones invernadero

El estudio también refleja que la energía solar termoeléctrica podría reducir en más de 37 millones de toneladas las emisiones mundiales de CO2, una cantidad equivalente a 4 años de emisiones de gases de efecto invernadero de China. Para Emily Rochon de Greenpeace Internacional, «la energía termoeléctrica puede impulsar las economías locales, proporcionar un suministro de energía fiable y lo más importante, reducir las emisiones de CO2″. «Cuando los líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París, reconocieron que el reloj climático no se detiene. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones de forma urgente. La energía solar termoeléctrica debe ser parte de ese proceso», concluyó Rochon.

«Ahora es esencial que la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y otras regiones actúen para eliminar las barreras que hoy impiden que los proyectos de energía solar termoeléctrica alcancen su máximo potencial y que pasa por que los responsables energéticos de los países del cinturón solar distingan entre valor y precio a la hora de incorporar nueva capacidad de generación», señalaron desde la organización ecologista.

El CSN garantiza que Almaraz está en situación «segura» por lo que no hará actuaciones adicionales pero sí un seguimiento

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas solicitan paralizar cautelarmente la central nuclear de Almaraz (Cáceres) por lo que consideran «problemas endémicos» del sistema de refrigeración, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no considera necesario requerir actuaciones adicionales al titular de la planta después de que un informe interno de los técnicos dirigido al director de seguridad nuclear del regulador atómico cuestionase las «garantías» de la planta tras detectarse un «problema» en el mantenimiento de unas bombas del circuito de refrigeración.

Según el CSN, el pleno del regulador atómico fue informado respecto a la situación por el director técnico de seguridad nuclear, Antonio Munuera, que concluyó que Almaraz «se encuentra en una situación segura». Así, de acuerdo con la información disponible en la actualidad, tras las conclusiones sobre la operabilidad de las bombas y la situación operativa existente, el CSN «no considera necesario requerir actuaciones adicionales» al titular. Sin embargo, añade que se realizará un «seguimiento detallado» de los resultados del plan de actuaciones del titular. Además, se evaluará la información adicional que la planta suministre.

En concreto, la dirección de Seguridad Nuclear explicó que en la actualidad la unidad I de Almaraz está parada por recarga y tiene «operables» las dos bombas del sistema de agua de servicios esenciales, donde los técnicos detectaron un «problema de mantenimiento». Aún así «no presentan ninguna incertidumbre respecto de su operabilidad». En cuanto a la unidad II, señaló que dispone de dos bombas que están operables y que, también está alineada a esta unidad una bomba común que los dos reactores tienen de reserva.

Según esto, la situación descrita se ve «reforzada» por la restricción operativa adicional establecida por el titular, para aplicar acciones «más restrictivas» que las que contemplan sus Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de modo que en caso de que una de las cinco bombas falle, ambas unidades del reactor se deberán parar de forma segura. Igualmente, indicó que el titular ha realizado las «actuaciones necesarias» para obtener una garantía de «expectativa razonable de operabilidad». «Esa garantía se considera suficiente, aunque está limitada por el hecho de no haber determinado hasta la fecha la causa origen del fallo de motor ocurrido en enero», ha apuntado la dirección técnica de seguridad nuclear.

Según el CSN, el pasado 11 de enero se produjo un fallo del motor de la bomba B del sistema de refrigeración de la unidad I de Almaraz. A consecuencia de esto, el titular procedió a abrir un parte de «condición anómala» para las dos bombas (A y B), de la unidad II de la central nuclear, que en ese momento se encontraba funcionamiento a plena potencia. Ante esa situación, el titular extendió la condición anómala a la bomba común de las dos unidades (la central dispone de un total de cinco bombas de este tipo, dos para cada unidad y una quinta común de reserva y que puede sustituir a cualquiera de las anteriores).

Posteriormente, el día 15 de enero el titular de la central extendió la condición anómala a todas (las cinco bombas del sistema de agua de servicios esenciales) y no identificó la causa del fallo. Por ello, el CSN inició una inspección reactiva, que se realizó el 22 de enero, para identificar y recopilar información adicional sobre este suceso y para descartar que pudiera existir una causa de fallo común en todas las bombas, así como conocer el mantenimiento de los motores de las bombas, cojinetes, así como para determinar la idoneidad de las acciones compensatorias.

Ecologistas piden paralizar cautelarmente Almaraz

Por su parte, las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que los fallos en los sistemas de refrigeración detectados en Almaraz son «endémicos» y se producen desde su puesta en funcionamiento, por lo que piden una «parada cautelar» hasta que se solucione definitivamente. Así, para el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, indicó que Almaraz siempre ha tenido problemas con el sistema de aguas esenciales, que sirve para extraer el calor del núcleo y evitar que se funda, como ocurrió en Fukushima. «Lo ideal sería una parada cautelar de la central porque si ocurre un accidente nos encontraríamos con que no hay suficiente agua para extraer el calor del núcleo», ha advertido Castejón.

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que Greenpeace ha evaluado los resultados de las pruebas de resistencia y concluyó que uno de los fallos «más llamativos» es la redundancia de los sistemas de refrigeración que necesita Almaraz y los sistemas de venteo, así como los problemas en el sistema de detección de incendios. A su juicio, los técnicos están «informando de fallos, pero el órgano político del CSN trabaja en la dirección contraria».

Los partidos políticos y los ecologistas piden al CSN que no estudie reabrir Garoña en su pleno de este miércoles

/0 Comentarios/en /por

Redacción / Agencias.- Representantes de PSOE, Podemos, Compromís, ERC, IU-Unidad Popular y Bildu han mantenido un encuentro este martes en el Congreso de los Diputados con miembros de Greenpeace y de Ecologistas en Acción en el que han pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en su pleno de este miércoles no estudie reabrir Garoña (Burgos). A esta reivindicación se sumarían miembros de Democracia y Libertad (DL) y del PNV que, por problemas de agenda, no han podido participar de la reunión.

Así, desde Greenpeace han acudido a la Cámara Baja su presidente Mario Rodríguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, así como el representante de Ecologistas en Acción, Paco Castejón. Montón sostiene que actualmente «no es momento de firmar una licencia» para reabrir Garoña en las actuales condiciones en las que se encuentra tanto el Gobierno, en funciones, así como la propia instalación atómica. A su juicio, entre otros puntos dice que es una cuestión de «seguridad nuclear».

«Si un gobierno posterior quisiera cerrarla, le darían herramientas a las empresas, Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, para solicitar el lucro cesante por esa decisión de cierre y creemos que en este tiempo de descuento no es momento de renovar la licencia», agrega. Sobre el pleno del CSN de este miércoles, Montón espera «que se paralice ese proceso porque la mayor parte de parlamentarios quiere el cierre de Garoña». Desde Ecologistas en Acción, Paco Castejón, advirtió de que un informe favorable del órgano regulador a la reapertura de la central supondría una «presión inadmisible» sobre un Gobierno que quisiera pronunciarse sobre Garoña de forma autónoma. «Creo que es pertinente que el CSN interrumpa sus funciones estas semanas», precisó Castejón.

En diciembre de 2014, PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias sellaron un pacto para que la instalación atómica de Garoña no reanudase sus operaciones en cuanto cambiaran las mayorías en el Congreso. Actualmente, las formaciones que no quieren la reapertura de la central lograrían la mayoría necesaria para que ésta no pudiera volver a operar. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear, debe elaborar un informe para evaluar si se han cumplido los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña. El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y el Consejo de Ministros.

Por su parte, la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, explicó que la reunión pretende visualizar la oposición parlamentaria a la reapertura de la nuclear y su apoyo a un plan de sustitución de las nucleares por renovables. Asimismo, recordó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en la Cámara esta legislatura con el objetivo de que no se reabra Garoña. Sobre si el PSOE estaría dispuesto a cambiar las reglas del juego en la elección de consejeros del CSN, Lucio subrayó que se trata de «un compromiso de campaña» y confirmó que su formación estaría a favor de una revisión en profundidad sobre cómo se eligen los consejeros del CSN y otro organismos reguladores.

Mientras, Juan López de Uralde, diputado de Equo y Podemos, ve importante que desde la sociedad civil se inste a los partidos a cumplir lo prometido en ese acuerdo de cerrar de forma definitiva la central. Podemos también presentó en la Cámara una proposición no de ley instando a la no reapertura de Garoña y solicitó al CSN que el proceso se paralice hasta que haya un gobierno. «Un gobierno en funciones debe actuar en asuntos del día a día pero la reapertura de una central para los próximos 17 años no le corresponde», indicó.

Sobre el pleno del órgano regulador de este miércoles, Uralde hace un llamamiento para que no trate la cuestión de Garoña. «Hay 7 puntos que quedaron retrasados e instamos a que no se traten y se espere a que haya un gobierno para no condicionar la reapertura o ver los costes económicos que tendría que el CSN se adelante a lo que pueda decidir un gobierno», ha precisado el diputado. Tanto partidos como grupos ecologistas incidieron en que es la primera vez en la historia del país en la que se daría luz verde a una renovación a una nuclear por un periodo de 17 años, en lugar de las anteriores renovaciones por 10 años.

Castilla y León insiste en que el debate sobre Garoña es científico pero el PSOE de Álava habla de «cacicada»

/0 Comentarios/en /por

EFE / Europa Press.- El PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido. Por su parte, desde la Junta de Castilla y León insistieron en que el debate sobre la reapertura de la central nuclear no es político o ideológico, sino científico, y a pesar de que están 1.000 empleos en juego «la prioridad es la seguridad».

Ante el anuncio de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudiará distintos asuntos relacionados con esta central nuclear, la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, se mostró «muy respetuosa» con lo que ese órgano decida y estarán con las prescripciones que haga, atendiendo los criterios técnicos sobre la renovación o no de la licencia de la central. «No debería ser un debate político sino avalado por esa seguridad sobre la que nadie debe ni quiere correr ni el más mínimo riesgo», sostuvo.

Valdeón ha insistido en que acatarán lo que digan los científicos, reconociendo la preocupación de la Junta en cuanto a la incertidumbre por las mil familias que dependen directamente de esta estructura energética, aunque «la prioridad es la seguridad», ha recalcado. «A veces la utilización es más ideológica y sectaria que real; cuando es una decisión puramente científica», ha opinado la también portavoz de la Junta de Castilla y León.

«No hay nada nuevo en este sentido, el Gobierno defiende que pueda funcionar con normalidad siempre que cumpla las preinscripciones técnicas de CSN», ha aseverado. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró recientemente un lujo prescindir de la energía nuclear, ya sea de la planta de Garoña como de cualquier otra. Estas afirmaciones se produjeron el mismo día en el que el Consejo de Seguridad Nuclear aplazó sin fecha distintos asuntos relacionados con esta central que tenía previsto tratar en la reunión ordinaria de su pleno.

Garoña, el reactor más antiguo del país, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de sus propietarios, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola). El CSN continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta. Recordó, asimismo, que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria para operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años, operación que después fue remitida al CSN para evaluarse.

«Cacicada» del Gobierno del PP

Por su parte, el PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido.En este sentido, el PSOE de Álava tachó de «demoledoras» las afirmaciones de Soria y aseguró que lo que no se puede permitir es el «lujo de arriesgar la seguridad de las personas». Por ello el PSOE alavés ha pedido a los populares que «dejen al nuevo Gobierno que vele por la seguridad de la ciudadanía y no por los intereses de Nuclenor«, como en su opinión ha hecho el PP durante los 4 años de legislatura.

Greenpeace pide esperar nuevo Gobierno

Mientras, desde Greenpeace han reclamado al CSN que paralice la tramitación de la solicitud de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña porque asegura que se está realizando sin participación pública, con «total opacidad» y rompiendo las «buenas prácticas» en materia de seguridad nuclear. Greenpeace ha denunciado que la tramitación de la licencia va en contra de la voluntad de la mayoría de los representantes del Congreso, que «se han opuesto públicamente a esta reapertura». Al mismo tiempo, la ONG está pidiendo a los diputados que insten al CSN a paralizar el proceso hasta que se constituya un nuevo gobierno.

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que el pleno del CSN «sin unanimidad» está permitiendo que el Ministerio de Industria en funciones del Partido Popular pueda conceder una licencia a Garoña, de modo que las empresas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa) podría exigir «lucro cesante» si el Gobierno decide cerrarla. «El Parlamento debe impedir el expolio de la hacienda pública que se está tramando por parte del Gobierno en funciones», ha reclamado.

Indemnización por el lucro cesante

A su juicio, el CSN está acelerando un informe «condicionado» sobre la licencia hasta 2031 para que el Ministro pueda dar «en sus últimos días» en funciones la autorización a Nuclenor para abrir de nuevo la central. Esto conllevaría que las empresas propietarias podrían reclamar pérdidas por lucro cesante en caso de que un próximo Gobierno decida desmantelarla. Además, subraya que sería una «renovación inédita en la historia» de la seguridad nuclear de España porque supondría dar una autorización a un reactor por 17 años, cuando «jamás» se renovaron plantas por más de 10 años.

Greenpeace recuerda que incluso los propios técnicos del CSN han denunciado públicamente la «opacidad y dificultades» para hacer su trabajo y lamenta que la situación interna de enfrentamiento de los técnicos del regulador atómico con el personal de dirección. Por ello se manifestaron a las puertas del organismo regulador. En el CSN están en discusión temas como la modificación del procedimiento interno para clasificar la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el retraso de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), motivada por el retraso del proyecto del ATC al ser este un elemento estratégico del PGRR, la situación del Código Ético y Plan de Comunicación que el CSN debía realizar.