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Las ONG ecologistas consideran «escandalosa» la manipulación de las emisiones de CO2 en los coches y piden más control

Europa Press / Servimedia.- Las ONG ambientales calificaron de «auténtico escándalo» la manipulación de los datos de emisiones de los gases contaminantes en los vehículos que se detectó en Estados Unidos en coches Volkswagen porque supone la «comprobación» de las «artimañas» de la industria automovilística para sortear la legislación ambiental. Una manipulación que consideraron como una «estafa clara al consumidor» que Volkswagen haya manipulado las emisiones contaminantes de sus automóviles diésel y reclamaron controles eficaces y sanciones ejemplares para que este caso no se repita.

En este sentido, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, apuntó que esta situación «ya se conocía» y había sido denunciada desde hace años por organizaciones como Transport & Environment, que indicó que los datos que se ofrecen de las emisiones de los vehículos «no son reales» y están «trucadas», tanto de emisiones de CO2 como de partículas y dióxido de nitrógeno. «Hay una picaresca muy grande por parte del sector», lamentó Castejón que recordó que el transporte es el principal factor de deterioro de la calidad del aire en Europa y que la contaminación provoca 450.000 muertes prematuras anuales en el continente.

Además, incidió en que detrás de este «fraude» está la explicación de por qué las ciudades europeas siguen superando los niveles de contaminación mientras, en teoría, los vehículos van reduciendo sus emisiones. De este modo, admitió que la contaminación del aire ha ido bajando «algo», pero no tanto como debiera con las mejoras tecnológicas existentes. «Los fabricantes nos engañan. Volskwagen debería tener una multa pero Bruselas debería abrir una investigación de oficio para ver si el resto de fabricantes también lo hace», apuntó mientras recordaba que la industria alemana hace «piña» y es «la que más se opone a limitar las emisiones de los vehículos» por su especialización en coches de diésel y muy potentes.

Por su parte, el portavoz de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, denunció que esta falsificación ha sido totalmente intencionada puesto que ya venía de fábrica y, a nivel general, recuerda que los combustibles fósiles aumentan el problema del cambio climático. Por ello, ha reclamado el paso hacia un cambio de modelo, donde prevalezcan las iniciativas sostenibles, los coches eléctricos eficientes e inteligentes, por ejemplo. «Con coches 100% eléctricos no habría problema de falsificación de las emisiones«, indicó de Prado. Asimismo, valoró que si los coches se fabrican cada vez con mejor tecnología es bastante sencillo reducir emisiones. En definitiva, también abogó por eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles.

En la misma línea, la responsable de Energía de Greenpeace España, Marina Bevacqua, añadió que la ONG también lleva años denunciando a Volkswagen porque insiste en evitar que se pongan límites a los gases tóxicos al sector y desarrolló una influencia muy fuerte ante los responsables comunitarios para lograrlo. «Se demuestra que la industria automotriz no tiene problema en cometer un delito para vender sus productos perjudicando a la salud de los ciudadanos«, denunció. Según sus estimaciones, se piensa que 30 millones de autos podrían estar trucados para limitar las emisiones que estaban generando. Por ello, cree que Europa debe fijar unos límites y cada Estado es el que debe controlar que eso se cumple.

«Si tienen tecnología para hacer algo así, ¿por qué no la usan para limitar realmente las emisiones y no provocar daños a la salud?», apuntó Bevacqua que indicó que parece que la brecha entre los datos ofrecidos y la realidad podría ser de 40 veces más que el límite permitido, según la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos. Finalmente, reclamó un cambio de paradigma en la movilidad, para que sea eficiente, fomentando los sistemas de transporte público, la electrificación de los vehículos y, «lo más importante», lograr un cambio de mentalidad con consecuencias en la movilidad en las ciudades.

«Es un crimen porque estaban utilizando un software que se activaba únicamente cuando detectaba que el auto estaba siendo testado por sus emisiones, con lo que, directamente, trataron de engañar a la administración pública», añadió. Bevacqua recalcó que, así como Volkswagen podría enfrentarse a una multa de 18.000 millones de dólares (16.200 millones de euros) en Estados Unidos, los países que detecten el fraude «deberían cobrar» al gigante alemán. «Los Estados deben evitar que las empresas marquen la agenda política de cuáles son los límites de emisiones, instaurar mecanismos de controles claros y multas millonarias a quienes quebranten esto», apostilló.

Greenpeace instala bidones radiactivos falsos en la Puerta del Sol para protestar contra el ATC

Europa Press.- Greenpeace colocó una treintena de bidones imitando bidones radiactivos en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la construcción de un almacén de residuos nucleares (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas. Los ecologistas pretende así concienciar del «peligro» que, a su juicio, constituye la instalación, teniendo en cuenta que los residuos nucleares de alta actividad deberán ser trasladados por carreteras desde las centrales nucleares españolas hasta el almacén temporal centralizado.

Por ello, los responsables de la acción portaron una pancarta con el lema ¡Peligro! Ruta nuclear en 216 municipios y la reivindicación No al cementerio nuclear, reclamando una moratoria al proyecto de construcción del ATC al considerarlo «caro» e «innecesario«. «Bidones radiactivos reales podrían estar ahora circulando por nuestras carreteras y cruzando más de 200 pueblos de España, un riesgo que no necesitamos, como tampoco tenemos necesidad gastarnos más de 1.000 millones de euros en construir el ATC. Desde Greenpeace queremos reiterar que es un peligro y que no es necesario. Por eso exigimos una moratoria y animamos a los municipios afectados a que se sumen a ella», aseguró Raquel Montón, de la organización ecologista.

1.000 millones de euros «despilfarrados»

Greenpeace advirtió también de otras consecuencias que, a su juicio, tendría la instalación del ATC en Villar de Cañas. Así, además del riesgo por el transporte de residuos radiactivos por carretera, consideran que la infraestructura provocará también «despilfarro económico«. En este último punto, la organización ecologista asegura que el ATC tendrá un coste de unos 1.000 millones de euros, frente a los 20 millones de euros que, según indican, cuesta construir un almacén temporal individualizado (ATI) en una central nuclear.

Además, en lo referente a la obligación de España de repatriar los residuos nucleares enviados a Francia tras el incendio del reactor 1 de la central de Vandellós (Tarragona) en 1989, desde la organización se muestran convencidos de que «se puede renegociar una vez más la fianza con Francia respecto a los residuos nucleares que están alojados en La Hague».

Greenpeace pide a la Unión Europea que aumente su objetivo de reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030

Europa Press.- Greenpeace reclamó a la Unión Europea que vaya «más allá» del compromiso asumido de reducción del 40% de emisiones y del 27% de uso de energías renovables para el año 2030. Además, exigió un objetivo de eficiencia energética del 40% para 2030, pues el actual es un mínimo del 27%, y un objetivo de energía renovable del 45% para 2030.

La petición surge con motivo de la reunión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, formado por los diferentes ministros de Medio Ambiente comunitarios, para debatir la posición de Europa en la Cumbre de París. Greenpeace sostiene que la reducción de las emisiones nacionales de cada país de la Unión Europea debe ser de, al menos, el 55% respecto a los niveles de 1990; y que ésta debe ser respaldada por un aumento de la eficiencia energética y de los objetivos de energía renovable en la Unión Europea.

De este modo, Greenpeace manifiesta que la ministra Isabel García Tejerina debe apoyar que se establezca en el tratado de París un objetivo de descarbonización a largo plazo, ya que defiende que sin este objetivo «no se logrará el objetivo global de limitar el calentamiento por debajo de los 2ºC». En este sentido, apunta que se debe establecer la eliminación de las emisiones derivadas de los combustibles fósiles para 2050, así como la transformación hacia un suministro energético 100% basado en energías renovables y el aumento de la eficiencia energética.

Además, la organización considera que la ministra debe apoyar una «actuación pre-2020» y un período de compromiso de cinco años (2020-2025) para reducir las emisiones, que permita realizar ajustes alineados con las nuevas «evidencias científicas» y los avances técnicos, y dé «suficiente seguridad de planificación» a las empresas. «La ministra Tejerina debería desempeñar un papel protagonista y activo en el curso de las negociaciones climáticas para asegurar que la Unión Europea participa con objetivos mucho más ambiciosos y con propuestas que supongan avances concretos», apunta el Tatiana Nuño desde Greenpeace.

Greenpeace señala que la disminución de hielo del Ártico aumenta la posibilidad de perforación en busca de petróleo

Europa Press.- Greenpeace indicó que la disminución del hielo del Ártico a su cuarto récord de mínima extensión aumenta la posibilidad de perforación en busca de petróleo. La alerta de la ONG surge tras el anuncio del Centro Nacional Norteamericano de Datos de Nieve y Hielo, que monitoriza el estado de la capa de hielo del Ártico, de que el 11 de septiembre se alcanzaba la mínima extensión de hielo del Ártico del año.

Ante ello, Greenpeace señala que al desaparecer la capa de hielo se abren posibilidades de exploración y perforación para la industria del petróleo, y subraya que la extracción de petróleo en el Ártico es incompatible con limitar el aumento de la temperatura global por encima de dos grados centígrados, tal y como concluye un estudio publicado en la revista Nature.

«2015 está siendo el año más caluroso jamás registrado y el Ártico está desapareciendo ante nuestros ojos. Esto debería ser una advertencia a las petroleras que buscan destruir la zona. De hecho Shell está ahora mismo perforando en busca de hidrocarburos en Alaska y la empresa noruega TGS Nopec está realizando sondeos sísmicos en Groenlandia para buscar reservas de petróleo para la industria» indicó la responsable de la campaña de Ártico de Greenpeace, Elvira Jiménez.

«No necesitamos más imágenes de satélite que muestran cómo la capa de hielo se está reduciendo para darnos cuenta de que es urgente que se tomen medidas para proteger el Ártico. Es hora de que los gobiernos y la industria responda y una buena señal sería detener la actividad actual de Shell en Alaska. La solución al deshielo del Ártico no está en un pozo de petróleo del fondo marino de Alaska», manifiesta la activista.

El PSOE y Greenpeace alertan del peligro que supondrá para 216 municipios el transporte de los residuos nucleares al ATC

Europa Press.- Al tiempo que Greenpeace alerta del riesgo que supondrá el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para 216 municipios de toda España por el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas (Cuenca), la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, aseguró que es «una tremenda irresponsabilidad» que el emplazamiento del ATC en Cuenca suponga «que 40 camiones al año vayan a transportar por el país residuos radiactivos sin ninguna seguridad«.

Maestre indicó que estos camiones «pasarían por 216 municipios de todo el país y 71 de Castilla-La Mancha», criticando que «se carezca del plan de seguridad necesario para transportar los residuos». La portavoz subrayó que este hecho «consolida aún más» la posición del Gobierno regional y del PSOE «de que esta instalación no debe salir adelante», lamentando el «empeño» del Gobierno central en ubicar «porque sí» el silo «en un emplazamiento que es sumamente pernicioso e inadecuado«. «Ya se sabía que el emplazamiento carecía de idoneidad, que faltaban informes técnicos en toda la tramitación y ahora se conoce que se carece de un plan de seguridad para el transporte«, reiteró.

La socialista se preguntó «cómo es tan irresponsable el Gobierno de España empeñándose en dejar esta papeleta en Castilla-La Mancha«. «No hay plan de evacuación ni medidas», argumentó, afirmando que «esto se sabe porque hay un Gobierno que tiene la determinación de que el proyecto debe ser paralizado», en referencia al Ejecutivo autonómico. En este sentido, Maestre señaló que, además de las propuestas que su partido ha llevado a cabo en los parlamentos regional y nacional «en la línea de que se paralice el ATC», también avanzó que no se descartan iniciativas en los municipios por los que pasarían las rutas de los camiones que transportarían los residuos «sin las más mínimas medidas de seguridad».

Riesgo del transporte al ATC

Por su parte, Greenpeace alertó de los riesgos del transporte de residuos nucleares hasta el ATC de Villar de Cañas (Cuenca), si finalmente se realiza, para los 216 municipios por los que pasarían unos 40 camiones al año, con el riesgo de accidente de tráfico que ello supondría. Así lo recoge la organización en su iniciativa El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios.

La ONG alerta de que durante el transporte de estos residuos se irradiaría a las personas más próximas a los contenedores, las cuales recibirían mayores dosis en función de la distancia y el tiempo de exposición. También advierte de que pueden producirse accidentes porque es «imposible» predecir las situaciones inesperadas y recuerda los accidentes que se produjeron en Estados Unidos y en Reino Unido. Además, destaca que los contenedores no son invulnerables y apunta que a pesar de que el proyecto contempla que estos contenedores deben soportar una caída libre de 8 metros y, en caso de incendios, aguantar 800 grados centígrados durante media hora; indica que «muchos investigadores consideran que estos parámetros son escasos».

También alerta del riesgo para la economía debido a que la radiactividad deteriora el valor de las propiedades inmobiliarias y causa perjuicio al turismo. Además, subraya que el proyecto supondría un «despilfarro económico», ya que costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada central, los cuales ya están construidos o en proyecto en 8 de los 9 reactores nucleares. Además, del coste de cada Almacén Temporal Individualizado (ATI) se encargaría cada central. Asimismo, destaca que es «casi imposible» la prevención de un sistema de evacuación, refugio y descontaminación en caso de accidente para la población cercana.

El documento traza las siete rutas que seguirán los residuos nucleares de camino al ATC, designadas por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En concreto, los 40 camiones que transportarán los residuos circularán anualmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, lo que supondría una media de 3 transportes cada mes, según los cálculos de Enresa. Estas rutas pueden ser consultadas en www.greenpeace.es/maparutasnucleares. También se puede consultar la situación de las centrales nucleares, del cementerio nuclear y de los puntos negros de la carretera por los que pasarán las rutas. A través del mapa, la ciudadanía puede enviar un email a los responsables de los municipios afectados para pedir una moratoria.

Por otro lado, la organización denuncia que en la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha tramitado su informe para la autorización previa para el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil, «sin tener aún» todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una «situación irregular». Por todo ello, Greenpeace pide la paralización «inmediata» del ATC mediante una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa más apoyada.

Los fotovoltaicos de Anpier lanzan la campaña Camino del sol para pedir otro modelo energético

Europa Press / EFE.- La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha puesto en marcha la campaña Camino del sol, con la que aspira a provocar la mayor movilización social del sector para pedir un cambio en el modelo energético, según explicó el presidente de la organización, Miguel Ángel Martínez-Aroca. La campaña cuenta con la colaboración de Greenpeace y de numerosas entidades de referencia del sector, entre ellas APPA, UNEF o la Fundación Renovables.

El objetivo es promover «una transición rápida hacia un sistema energético basado en el uso de tecnologías renovables, para adaptarse a los objetivos marcados por la Unión Europea». Además, habrá iniciativas para transmitir la cultura energética a la población, mostrar «los beneficios» de apostar por las fuentes de energía renovable y denunciar «las irregularidades del sistema energético español«. Para ello, un autobús con una exposición itinerante del modelo energético español recorrerá las comunidades autónomas de la península. El final del recorrido se producirá el 27 de septiembre en Santiago de Compostela, donde los inversores afectados por los recortes a la energía fotovoltaica pondrán el broche final a esta movilización social.

Anpier representa a las más de 62.000 familias españolas que invirtieron unos 20.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas y que se vieron afectadas por el cambio del sistema retributivo de primas con carácter retroactivo. Por ello, Anpier tiene previsto reunirse también con representantes políticos, a los que pedirá su adhesión a un manifiesto en defensa de un nuevo modelo energético. En paralelo, convocará asambleas populares para compartir con los defensores de las renovables y los afectados la evolución de la situación energética española, cómo ha afectado al sector el cambio de modelo regulatorio y del sistema retributivo de primas y también sus posibles soluciones, como restituir la anterior normativa.

Durante el acto, el economista José Carlos Díez ha defendido la instauración de un «mercado común de la energía» donde se haga una regulación homogénea para todos los países de la Unión Europea y donde el regulador pase «de nivel nacional a nivel europeo«. «Tenemos que centrarnos en dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra tasa de paro, qué bienes queremos producir, quiénes van a producir esos bienes y qué relación queremos tener con el planeta», ha resaltado Díez.

El economista Ramón Tamames indicó que «hay que cambiar la situación actual porque está segando la tecnología española». «Gamesa se ha tenido que ir y Abengoa está luchando en el exterior con muchos problemas porque aquí se ha roto el mercado», precisó. Respecto al endeudamiento de los productores de energía renovable, que pidieron créditos para construir las plantas en base a una retribución que ahora se ha reducido, José Carlos Díez defendió que se haga una «reestructuración razonable«. «Si van a ir a bajaros el precio de los activos para que las grandes empresas se los compren y vayan a empezar a producir ellos, eso no es una reestructuración, se llama fondos buitre», ha señalado.

Las energías renovables en España representan, según Greenpeace, en torno al 1% del PIB y generan energía «limpia y barata». A juicio de los ecologistas esto es algo «esencial», ya que la dependencia energética en España se sitúa por encima del 86%. Así, Greenpeace destaca que en unos años España podría autoabastecerse energéticamente «gracias al sol y al viento» y ahorrar los más de «158 millones de euros» que invierte al día para importar energía.

Además, según el informe El impacto de las energías renovables en los hogares, elaborado para Greenpeace por la consultora Abay Analistas Económicos y Sociales, en 2030 cada hogar podría ahorrar una media de 406 euros anuales con un sistema eléctrico basado en energías renovables, en comparación con lo gastado en 2012. Asimismo explica que un sistema eléctrico renovable al 95% supondría un descenso del 34% respecto a 2012 en la factura energética de los hogares.

Greenpeace lanza la campaña Solariza Grecia para llevar la energía solar a las familias griegas con menos recursos

Europa Press.- Greenpeace ha lanzado la campaña Solariza Grecia, una campaña piloto de micromecenazgo (crowdfunding) para recaudar fondos que permitan llevar la energía solar a las familias griegas con menos recursos. En este sentido, la responsable de la campaña de Energía de la organización ecologista, Marina Bevacqua, ha señalado que es «técnica y económicamente posible» que Europa sea 100% renovable de aquí a 2050.

La campaña estará abierta hasta el próximo 26 de septiembre y pretende comenzar a colocar los primeros paneles solares en algunos de los hogares más necesitados de la isla griega de Rodas, y posteriormente extender el proyecto a otras islas. Greenpeace estima que 6 de cada 10 hogares griegos sufren pobreza energética, una situación que es especialmente grave en las islas debido a su dependencia del petróleo. Así, Bevacqua ha defendido que un modelo basado únicamente en las energías renovables contribuiría de manera decisiva a Grecia a salir de la grave crisis que padece. Asimismo, desde Greenpeace han añadido que España, con 7 millones de hogares que sufren de la denominada pobreza energética, también podría beneficiarse de un modelo renovable.

Greenpeace se moviliza contra la regulación del autoconsumo en España y contra unas prospecciones petroleras en Alaska

Europa Press / Servimedia.- Esta semana se multiplican los frentes para la organización ecologista: cuatro activistas de Greenpeace fueron detenidos tras haber escalado un edificio junto al Ministerio de Industria para desplegar unas pancartas en protesta contra el proyecto de real decreto que regula el autoconsumo eléctrico. Por su parte, a miles de kilómetros, activistas de Greenpeace bloquearon durante 40 horas la salida de un rompehielos de Shell con destino al Ártico.

En España se trataba de la primera acción de protesta que llevaba a cabo Greenpeace desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también despectivamente como Ley Mordaza, por lo que a partir de ahora verán las consecuencias que esta norma tiene para la organización. Los activistas de Greenpeace portaban pancartas con el mensaje Impuesto al sol NO, aunque la de mayor tamaño se ha roto debido al viento. Mientras, los otros activistas se han presentado a las puertas del Ministerio con un panel fotovoltaico envuelto en un lazo rojo para el ministro José Manuel Soria «para que dé ejemplo de apoyo a las renovables y se autoabastezca con energía solar».

Greenpeace recuerda que, de ser aprobado este decreto, «se obligará a los consumidores que produzcan su propia energía y estén conectados a la red a pagar un impuesto al sol por la energía que han producido para consumo propio». La responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Marina Bevacqua, subrayó que «el autoconsumo es una herramienta clave para la eficiencia energética, la reducción de las emisiones contaminantes, la generación de empleo y para reducir la dependencia energética que España tiene del exterior«. Además, critica que este impuesto se ha establecido en base a los «intereses de las grandes eléctricas«.

Asimismo, advierten de que la nueva legislación «impedirá usar este recurso para paliar el gran problema de pobreza energética que sufren más de siete millones de españoles». «Es un auténtico atropello», afirman desde Greenpeace. Por todo ello, la organización reclama al Ministerio de Industria que descarte el proyecto de real decreto y que cree una legislación «realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que tenga en cuenta los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta tecnología y permita garantizar una transición hacia un modelo basado en energías renovables«. Mientras tanto, según aseguran desde la organización, seguirán realizando acciones contra este proyecto.

Bloqueo al rompehielos de Shell

Al otro lado del Atlántico, un total de 26 activistas de Greenpeace Estados Unidos permanecieron durante 40 horas en el puente de Saint Johns en el puerto de Portland (Oregón), impidiendo la salida del buque Fennica. Este rompehielos es la última herramienta que necesita Shell para poder realizar prospecciones de petróleo en el Ártico, según informa Greenpeace. Los activistas se colgaron en el puente con pancartas de mano con los mensajes Shell No, Salva el Ártico y Presidente Obama, última oportunidad para decir #ShellNo. Como ya sucedió en anteriores protestas en Seattle, se sumaron activistas en kayaks que bloquearon también el paso en el agua.

Las organizaciones ecologistas dan por «paralizado» el ATC y amenazan con acciones legales si el Gobierno pretende empezar las obras

Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.

Croacia y Eslovenia alargan hasta 2043 la vida de la planta nuclear de Krsko

EFE.- Eslovenia y Croacia confirmaron que extenderán hasta el año 2043 el funcionamiento de la central nuclear de Krsko, a pesar de las protestas por parte de organizaciones ecologistas. «La central ha demostrado que funciona con buena seguridad operacional y resultados económicos», comentó el ministro de Infraestructura esloveno, Peter Gaspercic, después de haber conversado con su colega croata de Economía, Ivan Vrdoljak.

Krsko está en Eslovenia, a 40 kilómetros de la frontera con Croacia, y empezó a funcionar en 1984, cuando los dos países, hoy copropietarios, formaban parte de la antigua Yugoslavia. Actualmente aporta el 25% de la electricidad que consume Eslovenia y el 15% de la de Croacia. En 2009 comenzó un procedimiento para estudiar la prolongación del funcionamiento de Krsko más allá de la fecha inicial de cierre de 2023.

Las organizaciones Acción verde y Foro verde protestaron, mientras que Greenpeace advirtió de que la prolongación representa un peligro, sobre todo en caso de un gran terremoto. En 2008 se produjo una fuga de refrigerante que provocó la emisión de una alerta a nivel europeo, aunque las autoridades aseguraron que no hubo ninguna emisión radiactiva hacia el exterior o hacia los empleados de la central ni impacto sobre el medio ambiente. Hace dos años, durante una revisión general, se detectó un problema con las barras de uranio que alimentan el reactor nuclear aunque, de nuevo, las autoridades aseguraron que no tuvo consecuencias para el medioambiente.