Castilla y León insiste en que el debate sobre Garoña es científico pero el PSOE de Álava habla de «cacicada»

EFE / Europa Press.- El PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido. Por su parte, desde la Junta de Castilla y León insistieron en que el debate sobre la reapertura de la central nuclear no es político o ideológico, sino científico, y a pesar de que están 1.000 empleos en juego «la prioridad es la seguridad».

Ante el anuncio de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudiará distintos asuntos relacionados con esta central nuclear, la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, se mostró «muy respetuosa» con lo que ese órgano decida y estarán con las prescripciones que haga, atendiendo los criterios técnicos sobre la renovación o no de la licencia de la central. «No debería ser un debate político sino avalado por esa seguridad sobre la que nadie debe ni quiere correr ni el más mínimo riesgo», sostuvo.

Valdeón ha insistido en que acatarán lo que digan los científicos, reconociendo la preocupación de la Junta en cuanto a la incertidumbre por las mil familias que dependen directamente de esta estructura energética, aunque «la prioridad es la seguridad», ha recalcado. «A veces la utilización es más ideológica y sectaria que real; cuando es una decisión puramente científica», ha opinado la también portavoz de la Junta de Castilla y León.

«No hay nada nuevo en este sentido, el Gobierno defiende que pueda funcionar con normalidad siempre que cumpla las preinscripciones técnicas de CSN», ha aseverado. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró recientemente un lujo prescindir de la energía nuclear, ya sea de la planta de Garoña como de cualquier otra. Estas afirmaciones se produjeron el mismo día en el que el Consejo de Seguridad Nuclear aplazó sin fecha distintos asuntos relacionados con esta central que tenía previsto tratar en la reunión ordinaria de su pleno.

Garoña, el reactor más antiguo del país, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de sus propietarios, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola). El CSN continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta. Recordó, asimismo, que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria para operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años, operación que después fue remitida al CSN para evaluarse.

«Cacicada» del Gobierno del PP

Por su parte, el PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido.En este sentido, el PSOE de Álava tachó de «demoledoras» las afirmaciones de Soria y aseguró que lo que no se puede permitir es el «lujo de arriesgar la seguridad de las personas». Por ello el PSOE alavés ha pedido a los populares que «dejen al nuevo Gobierno que vele por la seguridad de la ciudadanía y no por los intereses de Nuclenor«, como en su opinión ha hecho el PP durante los 4 años de legislatura.

Greenpeace pide esperar nuevo Gobierno

Mientras, desde Greenpeace han reclamado al CSN que paralice la tramitación de la solicitud de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña porque asegura que se está realizando sin participación pública, con «total opacidad» y rompiendo las «buenas prácticas» en materia de seguridad nuclear. Greenpeace ha denunciado que la tramitación de la licencia va en contra de la voluntad de la mayoría de los representantes del Congreso, que «se han opuesto públicamente a esta reapertura». Al mismo tiempo, la ONG está pidiendo a los diputados que insten al CSN a paralizar el proceso hasta que se constituya un nuevo gobierno.

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que el pleno del CSN «sin unanimidad» está permitiendo que el Ministerio de Industria en funciones del Partido Popular pueda conceder una licencia a Garoña, de modo que las empresas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa) podría exigir «lucro cesante» si el Gobierno decide cerrarla. «El Parlamento debe impedir el expolio de la hacienda pública que se está tramando por parte del Gobierno en funciones», ha reclamado.

Indemnización por el lucro cesante

A su juicio, el CSN está acelerando un informe «condicionado» sobre la licencia hasta 2031 para que el Ministro pueda dar «en sus últimos días» en funciones la autorización a Nuclenor para abrir de nuevo la central. Esto conllevaría que las empresas propietarias podrían reclamar pérdidas por lucro cesante en caso de que un próximo Gobierno decida desmantelarla. Además, subraya que sería una «renovación inédita en la historia» de la seguridad nuclear de España porque supondría dar una autorización a un reactor por 17 años, cuando «jamás» se renovaron plantas por más de 10 años.

Greenpeace recuerda que incluso los propios técnicos del CSN han denunciado públicamente la «opacidad y dificultades» para hacer su trabajo y lamenta que la situación interna de enfrentamiento de los técnicos del regulador atómico con el personal de dirección. Por ello se manifestaron a las puertas del organismo regulador. En el CSN están en discusión temas como la modificación del procedimiento interno para clasificar la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el retraso de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), motivada por el retraso del proyecto del ATC al ser este un elemento estratégico del PGRR, la situación del Código Ético y Plan de Comunicación que el CSN debía realizar.