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Teresa Ribera ve a España «muy atrasada» en acción climática y avisa de que hay que descarbonizarse antes de 2050

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Europa Press.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera, cree que España está «muy atrasada» respecto a otros países en el debate y acción sobre el cambio climático y recuerda que existe el compromiso de transformar la economía y la sociedad antes de 2050. En este sentido, Ribera cree que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería tener «unos cuantos elementos sistémicos».

Así, ha precisado que se requiere una reforma fiscal en la dirección verde, en la reducción de emisiones e incentivos para el cambio del modelo industrial y energético, un mecanismo de transparencia sobre los riesgos climáticos existentes y un conjunto de estrategias para evitar estos riesgos en toda la economía española. Además, considera que esta ley debería marcar también objetivos de reducción de emisiones tanto para el conjunto de la economía como por sectores y disponer de sistemas para evaluar la adaptación a los cambios que «en todo caso van a ocurrir». «Eso sería el mínimo: cómo abordar los riesgos y convertir nuestra economía en una economía baja en carbono y preparada para lo que significa el siglo XXI», resumió.

En ese contexto, opina que España podría «perfectamente» ir cerrando sus centrales de carbón de forma ordenada en esta próxima década y abrir paso a un modelo eléctrico diferente que pueda absorber otras necesidades para usos térmicos y domésticos. Por ello, cree que «el acento más importante en el que debería empeñarse el Gobierno» es ofrecer alternativas para esas regiones o comunidades de trabajadores en las que toda la riqueza está concentrada en torno a esa mina o central de carbón. Por ello asevera que la sociedad española tiene que demostrar que está «con las personas» y con esos territorios que «necesitan cambiar su planteamiento» para tener un futuro «próspero”.

«Los líderes de los países, de las empresas, del mundo financiero han de abordar con convicción, ambición y realismo un futuro, prácticamente inmediato, que es el futuro en el que debemos salvar nuestro sistema climático. No es un asunto tecnocrático ni que se deba limitar a la voluntad de los activistas. Necesitamos transformar muestro modelo económico, social y de desarrollo y eso no se hace solo», ha reclamado. Precisamente, ve al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un ejemplo a seguir porque ha hecho del cambio climático su «principal bandera».

Es en ese ámbito donde tiene la «impresión» de que España está «muy atrasada» con el nivel de debate respecto de otros países europeos. Ribera insiste en poner a Francia de ejemplo por tener un debate «serio y sofisticado» y forma parte de las conversaciones todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil. «Está muy avanzado en el proceso de interiorización de una forma natural de estos desafíos», subrayó.

Ribera ha puesto de ejemplo que en Francia existen los contratos de transición para aquellas zonas donde el foco industrial está muy concentrado en sectores que se ve claramente que van a transformarse, como el tipo de automóviles o el tipo de agricultura. «Esto en España sigue siendo anecdótico en el panel informativo, en el debate económico, financiero, fiscal. Me parece que es un inmenso error y el reflejo de todo esto es que no hay una política energética pensada para la transición», ha criticado.

A su juicio, en España no se ha entendido que también se tiene que llegar a cero emisiones lo antes posible y que en 2050 se debería haber transformado «completamente» la economía y considera que hay «muy poco tiempo» y que el reto es «muy exigente, aunque lleno de oportunidades». Por eso, ha insistido en que lo inteligente es anticiparse y construir un proceso serio y que el Gobierno pierde una oportunidad si no aprovecha esta transformación para construir un debate en torno al proyecto de sociedad y economía para los próximos años. «Es un debate imprescindible, pero la gente lo entiende porque no le gusta respirar aire contaminado», sentenció.

Iberdrola pide un marco regulatorio estable y planificación energética para dejar de escuchar «que el anterior ministro se equivocó»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido un marco regulatorio estable para España, como el de países como Reino Unido, Brasil, México o Estados Unidos, en los que está presente la compañía, y una planificación energética que sea «pública, conocida y notoria», para así poder dejar de escuchar que «el anterior ministro se equivocó«.

Galán reconoció que en los 17 años que lleva al frente de la compañía ha visto pasar «a 6 ministros y 12 o 13 secretarios de Estado, “que todos con la mayor voluntad empiezan a escribir cosas» pero al final se equivocan, y los errores «los pagan los ciudadanos y los accionistas». Por ello, lamentó que España sea el único país donde la compañía energética tiene pleitos. «Me duele como español. Me fajo vendiendo España y me duele dar tanto trabajo a los abogados. ¿Por qué no podemos evitarlo? ¿Por qué somos distintos?», se preguntó.

Así, pidió mirar al modelo de países donde hay unas «reglas del juego muy claras, decisiones consensuadas y marcos muy de largo plazo», para lo que es necesario «dialogar». «Al final, está claro que las decisiones las deben tomar los gobiernos, pero no nos equivoquemos», añadió. A este respecto, Galán aseguró que Iberdrola ha invertido en los últimos 17 años en España 25.000 millones de euros, con un resultado económico «casi nulo, ya que ganamos ahora casi igual que antes».

Galán criticó también las altas cargas políticas que sufre el negocio eléctrico en forma de un «montón de impuestos». «Es mejor meterlo en las tarifas que evita bastante controles y subir la tasa que se cobra a las hidroeléctricas antes que ir al Parlamento a decir que subo medio punto el impuesto de Sociedades», afirmó. Además, para Galán, no se puede «ir en contra de los tiempos», en referencia al crecimiento renovable. «Todo el mundo se mueve en una dirección y España no se puede mover en la contraria», aseveró.

Respecto al mix energético a futuro, Galán señaló que «primero hay que tener la foto de dónde se quiere llegar», si se quiere un país muy dependiente energéticamente o no y con una economía verde. Asimismo, subrayó que las centrales nucleares se van a cerrar, así como el carbón y los ciclos combinados, aunque pidió que se haga de manera «ordenada y sabiendo cómo se va a pagar». «Son cosas que llevo pidiendo tiempo, pero al final se decide desde el cortoplacismo», añadió al respecto.

El presidente de Iberdrola también abogó por seguir introduciendo renovables al ritmo que se va produciendo el cierre ordenado del resto de centrales, ya que con más energía verde «automáticamente los precios se irían deprimiendo». Finalmente, Galán, que alabó el trabajo de Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, vaticinó un futuro en el que se debe implementar el almacenamiento y pidió realizar un plan de electrificación para el transporte.

El combustible nuclear y los residuos radiactivos aportaron casi el 40% de la recaudación de los impuestos medioambientales en 2016

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Europa Press.– El impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos supusieron el 39,1% de los impuestos ambientales sobre la contaminación y los recursos, la única categoría de otros impuestos a la producción que creció, en este caso un 7,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, según la estadística de las Cuentas ambientales de los impuestos ambientales, publicada por el INE, los impuestos y cánones de vertidos, el canon de explotación de hidrocarburos y el canon de superficies de minas supusieron el 23,9% del total de esta categoría impositiva. En total, la recaudación por impuestos ambientales alcanzó los 20.640 millones de euros en 2016, lo que representa un 1% menos que en 2015 y, en total, estos representaron el 8,4% del total de impuestos en España, dos décimas menos que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte e impuestos sobre la contaminación y los recursos. Los primeros, los impuestos sobre la energía alcanzaron 17.130 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 1,7% respecto a 2015. Por el contrario, los impuestos sobre el transporte crecieron un 1,3% y los impuestos sobre la contaminación y los recursos también crecieron, en este caso un 5,6%. En cuanto a los impuestos sobre productos energéticos, el aplicado a hidrocarburos, representó el 77,4% del total y aumentó un 3,8%. Por el contrario, el Impuesto sobre la electricidad, que supuso un 8,1% del total, disminuyó un 7,2%.

Asimismo, entre otros impuestos sobre la producción, los impuestos sobre la contaminación y los recursos fueron los únicos que subieron en 2016, con un crecimiento del 7,1%. Entre ellos, las categorías con mayor peso fueron el impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (39,1% del total) y los Impuestos y cánones de vertidos, canon de explotación de hidrocarburos, canon de superficies de minas (23,9%). En la categoría de otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental bajaron un 0,7%. Los impuestos sobre el transporte aplicados a vehículos de tracción mecánica pagados por los hogares representaron el 98,3% de esta categoría.

Por otro lado, el INE avanza también los resultados por sectores productivos y hogares del 2015 e indica que el total de impuestos ambientales ascendió a 20.857 millones de euros, un 7,6% más que en 2014. Ese año, los impuestos sobre la energía alcanzaron 17.429 millones de euros (el 83,6% del total). Los impuestos sobre transporte ascendieron a 2.553 millones (12,2%) y los Impuestos sobre la contaminación y los recursos llegaron a 875 millones (4,2%). Los impuestos sobre la energía aumentaron un 8% sobre 2014 y los impuestos sobre el transporte, un 0,2%. Los impuestos sobre la contaminación y los recursos se incrementaron un 27%.

Del total de impuestos ambientales, los hogares pagaron el 52,8%, un 5,9% más que el año anterior. Por tipo de impuesto, los hogares pagaron el 77,6% de los Impuestos sobre el transporte y el 51,7% de los Impuestos sobre la energía. Por el contrario, los sectores productivos pagaron un porcentaje mayor de Impuestos sobre la contaminación y los recursos, un 96,6%. Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2015 fueron transporte y almacenamiento (15,4% del total) seguido por la industria manufacturera (9,6%), y suministro de energía (7,7%). Por el contrario, los que menos pagaron fueron industrias extractivas (0,8%); construcción (1,1%) y agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,2%).

Las energías renovables aportaron 8.511 millones de euros al PIB en 2016 y abarataron el sistema eléctrico en 10 millones

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Europa Press.- El sector renovable contribuyó con 8.511 millones de euros al PIB nacional en 2016, un 3,3% más que en 2015, fruto de una mayor actividad ligada fundamentalmente a la puesta en marcha de nuevas subastas, como la realizada el año pasado de 500 megavatios (MW) de eólica y 200 MW de biomasa, y el anuncio de las nuevas subastas que ya se realizaron este año.

Presentando el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), el director general de la asociación, José María González Moya, señaló «la paralización» que sufrió el sector en 2016, en el que la potencia permaneció prácticamente estancada, con solo 43 nuevos MW. En el periodo, el sector aportó 1.000 millones de euros en fiscalidad neta y mejoró su balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 millones de euros, según datos del informe.

Por su parte, el empleo, al contrario que el PIB, sufrió un retroceso y se situó en 74.566 puestos de trabajo, 2.760 menos que el año anterior, situándose en su nivel más bajo de empleos en toda la serie analizada, con un descenso cercano al 50% respecto al 2008, cuando el sector empleaba a 142.940 trabajadores. Este descenso se debió al «fuerte» ajuste de los empleos de las instalaciones en funcionamiento, derivado de la reforma eléctrica y, particularmente, en las tecnologías más asociadas a la bioenergía, más intensivas en empleos.

Ahorraron 10 millones al sistema

En lo que se refiere a los ahorros producidos en el mercado eléctrico por las renovables, ascendieron a 5.370 millones de euros, cifra superior a la retribución específica percibida de 5.360 millones de euros. Además, evitaron la emisión de 52,2 millones de toneladas de CO2, lo que supuso ahorros en derechos de emisión por valor de 279 millones de euros. Este valor fue anormalmente bajo debido al descenso del 30% en el precio de la tonelada de CO2, indicó APPA.

Por otra parte, la asociación se mostró especialmente crítica con la normativa que establece la retribución para el sector ya que en el primer semiperiodo regulatorio, finalizado en 2016, se han perdido 574 millones de euros «que no se recuperarán nunca». «Creemos que es necesario mejorar los marcos normativos», aseguró el presidente de APPA, José María Villarig, quien recalcó que la reforma energética que se llevó a cabo en 2013 «fue injusta y recayó sobre unos más que sobre otros». Además, Villarig se ha mostrado confiado en que se ganará el recurso presentado contra el impuesto del 7% sobre la generación. «No es un tema defendible y acabáremos ganando», auguró.

En lo que respecta al autoconsumo, APPA mostró su sensación de que se producirá un cambio en el actual marco normativo por parte del Gobierno que permita su desarrollo. Así, González Moya destacó que en las conversaciones con el Ministerio de Energía se traslada el mensaje de que en autoconsumo «hay algunas condiciones de mejora, especialmente en temas administrativos». Finalmente, respecto a la posibilidad de una integración con la patronal eléctrica Unesa, Villarig subrayó que «no piensan en procesos de fusión, otra cosa es que podamos hablar y haya reivindicaciones del sector que sean confluyentes».

Las empresas con mayor riesgo de accidente con sustancias peligrosas cubrirán daños entre 300.000 euros y 20 millones de euros

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Europa Press.- Las empresas que realicen actividades empresariales con mayor riesgo de sufrir un accidente con sustancias peligrosas tendrán un año, hasta noviembre de 2018, para depositar las garantías financieras que exige la Ley de Responsabilidad Medioambiental en determinadas actividades industriales, que oscilan entre los 300.000 euros y 2 millones de euros. Así consta en la orden ministerial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que publica el Boletín Oficial del Estado.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, para determinar el importe de garantía financiera obligatoria, prevista en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, el operador deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales de la instalación, según el reglamento de desarrollo parcial de dicha ley. Como resultado del procedimiento, se calcula la cuantía que debe quedar cubierta mediante la garantía financiera obligatoria, a la que deberá añadir un 10% del importe calculado para incluir en la garantía el coste de las medidas de prevención y evitación de daños.

Además, según el artículo 28 de la Ley 26/2007, una vez que los operadores realicen el análisis de riesgo medioambiental, estarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria aquellos que obtengan un coste de posibles daños inferior a 300.000 euros, o a 2 millones de euros si están adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente. También hay un límite máximo de la garantía financiera obligatoria, que establece en 20 millones de euros.

En definitiva, señalan que el importe de la cobertura por responsabilidad medioambiental prevista en la ley debe calcularse a partir del análisis de riesgos de la actividad, por lo que depende fundamentalmente de las características de la instalación y de su localización, así como de la gestión del riesgo que se lleve a cabo. Por tanto, la horquilla de la cobertura cubierta por la garantía financiera obligatoria, estará entre los 300.000 euros y los 20 millones de euros, aunque el Ministerio recuerda que, en todo caso, los operadores también pueden suscribir de forma voluntaria una garantía financiera con cobertura superior.

En concreto, han precisado que las modalidades de garantía financiera según la normativa de responsabilidad ambiental a las que puede acogerse el operador pueden ser alternativas o complementarias. Se trata de tres modalidades: la póliza de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada; Aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada y Reserva técnica, mediante dotación de un fondo ad hoc, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

El objetivo es reforzar la protección del medio ambiente y asegurar el principio de prevención y del principio de quien contamina, paga en las actividades industriales clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, según la Orden ARM/1783/2011. La orden ministerial establece que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2018.

Entre las actividades del nivel de prioridad 1 están sujetas al Real Decreto de aprobación de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como determinadas actividades incluidas en el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Se trata, por ejemplo, de instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de tratar más de 10 toneladas por día.

Por otro lado, las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2019. Estas, por ejemplo son algunas de las incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), como son determinadas refinerías de petróleo y gas.

Para facilitar esta tarea, el Ministerio, a través de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental ha desarrollado una serie de documentos guía y herramientas de ayuda y ha habilitado un servicio de apoyo y asesoramiento a las empresas afectadas. Por último, el Ministerio señala también que independientemente de la existencia de una garantía financiera obligatoria y de su cuantía cubierta, todos los operadores del anexo III de la Ley 26/2007 tienen responsabilidad objetiva e ilimitada desde que la ley entró en vigor en 2007. Es decir, que tienen la obligación de llevar a cabo todas las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños causados que sean necesarias, independientemente de su coste.

La factura de la luz se encarece un 3,2% en octubre

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 72,07 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 69,83 euros de octubre de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 2,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 72,07 euros abonados en los 31 días de septiembre del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 41,28 euros obedecen al consumo, 2,9 euros al impuesto eléctrico y 12,51 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de octubre subió un 6,42% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,32 euros en octubre respecto a los 2,18 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube por segundo mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final del año pasado.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 12,63% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 683,76 euros, 76,67 euros más frente a los 607,09 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 386,78 euros por el consumo, de 27,49 euros por el impuesto de electricidad y 118,67 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 11,69%.

UGT cree que el nuevo bono social de electricidad «no es la respuesta adecuada» para proteger a los consumidores vulnerables

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Redacción / Agencias.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el nuevo bono social aprobado por el Gobierno «no es la respuesta adecuada» para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas «y menos para los hogares que más lo necesitan». En este sentido, el sindicato considera que el bono social es «claramente insuficiente» para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

UGT cree que tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada ya que «no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad«. El sindicato ha señalado que el nuevo bono social «no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz» y ha reclamado una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas y reducir la fiscalidad del suministro básico con la aplicación del IVA supereducido.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura de la luz es «claramente insuficiente» porque se fija un límite máximo de consumo bonificado según la unidad familiar. Asimismo, considera que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda y no tanto el número de personas que componen el hogar. Además, afirma que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo que hay en los meses de invierno, así como que no se diferencia por zonas climáticas, con lo que el exceso de kilovatios en caso de exceder el límite de consumo se pagará sin descuento.

Respecto a la definición que realiza el Gobierno de consumidor vulnerable, UGT no la comparte ya que “fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a viviendas energéticamente ineficientes e incluso que el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite establecido». Finalmente, UGT subraya su desacuerdo con que las familias numerosas, «por el hecho de serlo y sin considerar sus rentas», puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

También ha criticado que para comprobar la renta del solicitante se pida la declaración de la renta del año anterior, que no acredita los ingresos que se tienen en el momento de presentar la solicitud, cuando su renta puede haber cambiado, así como que a los únicos perceptores del bono social a los que no se podrá cortar el suministro es a los que estén en riesgo de exclusión social. A juicio del sindicato UGT, «una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas».

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora «se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas», y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa,y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

El diésel sigue al alza mientras la gasolina baja ligeramente

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Redacción / Agencias.- Los precios de los carburantes han experimentado un comportamiento desigual, ya que la gasolina ha bajado un 0,3%, rompiendo con dos semanas de subidas, mientras el diésel ha encadenado tres al alza, al incrementar su precio un 0,6%. Con ello, ambos se mantienen en sus niveles más altos desde mayo.

De este modo, el precio de la gasolina se sitúa en los 1,214 euros por litro, lo que supone un descenso del 0,33% con respecto a los 1,218 euros anteriores. Por su parte, el precio del gasóleo se sitúa en 1,09 euros por litro, experimentando un ascenso del 0,55% en relación con los 1,084 euros anteriores. En el plazo de un mes, la gasolina se ha encarecido un 2,02% y el gasóleo de automoción, un 1,78%. Desde principios de año, el precio de la súper ha bajado un 1,86% y el del gasóleo, un 3,37%.

Con ello, en comparación con hace un año, los precios de ambos carburantes suben entorno a un 5%. En concreto, el coste para el consumidor de la gasolina ha subido un 4,8%, mientras que el del gasóleo lo ha hecho un 5,9%. Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 66,77 euros, 22 céntimos menos que hace una semana, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 59,95 euros, 33 céntimos más que en la referencia anterior.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,355 euros y en 1,398 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,204 euros de media en la Unión Europea y 1,199 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal que la media comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el canon eólico de Castilla-La Mancha al respetar la ley europea

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Redacción / Agencias.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el gravamen aplicado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a la producción eólica, el canon eólico, es compatible con la normativa comunitaria. Así ha respondido este tribunal a varias consultas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras recibir denuncias de este impuesto por parte de las empresas Elecdey Carcelén, Energías Eólicas de Cuenca, Iberenova Promociones e Iberdrola Renovables sobre el canon eólico diseñado en 2011 por Castilla-La Mancha.

Las compañías acudieron al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha cuando fueron desestimadas sus solicitudes en las que pedían una rectificación de las autoliquidaciones en concepto del canon eólico de 2011 y 2012 y la devolución de los importes pagados. En este sentido, ante las preguntas del tribunal manchego, el tribunal europeo determina que dicho gravamen es compatible con los objetivos de la Directiva 2009/28, relativa al fomento de la energía procedente de fuentes renovables y con las disposiciones que ésta contiene sobre las tasas administrativas.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea explica que esta normativa «no prohíbe que los Estados miembros establezcan un canon que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, ni los obliga a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables ni, cuando deciden aplicar esos sistemas, a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales«. Por otro lado, el Tribunal de Justicia europeo dictamina que la directiva que reestructura el régimen comunitario de imposición de productos energéticos y de la electricidad tampoco se opone al canon eólico puesto que «éste no grava los productos energéticos ni la electricidad en el sentido de la directiva».

Ni impuesto energético ni especial

En este sentido, la sentencia afirma que «no existe ningún vínculo entre, por un lado, el hecho imponible del canon eólico y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos«. Por último, el Tribunal de Justicia dispone que el canon eólico tampoco está incluido en el ámbito de aplicación de la directiva sobre el régimen general de los impuestos especiales, porque que dicho canon «no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad».

El Tribunal considera por otra parte que la cuestión de si el objetivo del canon es la protección del medio ambiente, como defienden el Gobierno español y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se inscribe únicamente en el ámbito del Derecho nacional. El gravamen autonómico sobre la energía eólica fue establecido mediante la Ley 9/2011, de marzo, por la que se crea el canon eólico. El hecho imponible que lleva aparejado el pago del canon es la generación de impactos adversos sobre el medio natural y el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores destinados a la producción de energía eléctrica.

Ciudadanos reclama más participación social en la Ley de Cambio Climático y apostar por una fiscalidad verde

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EFE.- Una de las grandes tareas parlamentarias de este curso es la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que Ciudadanos reclama un «mayor debate social y participación» en tanto que implicará un «cambio total de mentalidad» en las personas. Así lo cree José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos y portavoz del grupo en la Comisión de Cambio Climático.

«La futura Ley de Cambio Climático, que permitirá dar cumplimiento por parte de España a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de París, va a implicar cambios tremendos en la manera de producir y consumir, por eso es vital que cuente con un gran apoyo social«, explica el diputado. Para Martínez, esa implicación de la sociedad española debe ir «mucho más allá» que las jornadas de dos días que organizó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mayo.

«Queremos que la ley que regule la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono sea ambiciosa. Para que esto sea así su elaboración debe ser más participativa y abierta, la gente tiene que estar implicada desde la base porque requiere un profundo cambio de mentalidad», añade. La transición que promoverá la nueva regulación supondrá, según Martínez, «una oportunidad de crear trabajos y de atraer inversiones» hacia esta nueva economía, en la que «la prosperidad estará disociada de la emisión de gases contaminantes«.

Martínez reconoce que uno de los primeros pasos del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo será «abandonar el uso del carbón en España de manera progresiva, contemplando planes económicos alternativos para las comarcas afectadas». Además, la ley debe «apostar fuertemente por un modelo energético basado en las energías renovables, por la eficiencia energética, por la promoción del coche eléctrico y por una fiscalidad verde, en la que el principio de que quien contamina paga se lleve a rajatabla». «Esa nueva fiscalidad es imprescindible», recalca.

Martínez incide también en que la ley debe de hacer que la contratación pública siga las pautas del nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono. «La contratación pública en España representa alrededor de 20% del PIB, por tanto aquí hay un margen de maniobra tremendo para cambiar el rumbo de las cosas», señala. Martínez cita como ejemplos de cosas que pueden hacerse desde la contratación de las administraciones, la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, el uso de coches eléctricos para los desplazamientos, o la autogeneración renovable.

El diputado insiste en que es «necesario y urgente» que el Congreso elabore una ley de Cambio Climático «transversal» que afecte a todos los sectores (agricultura, transporte, energía, residuos) porque «España es uno de los países más afectados por este fenómeno». «Somos la generación que tiene que poner en marcha este cambio de modelo bajo en carbono. España tiene que ser líder, con una Ley de Cambio Climático modélica que sirva de inspiración a otros países de Iberoamérica», concluye Martínez.