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Unesa señala que España ha pasado a ser importadora de energía por los impuestos aplicados al sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- España pasó en 2015 de ser una exportadora neta de energía a tener un saldo importador, un cambio en el sentido de los intercambios internacionales vía interconexiones que la patronal Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) vincula, entre otros aspectos, a la mejora de las interconexiones y a la mayor carga impositiva a la producción eléctrica en España. Unesa también prevé que este 2016 se mantenga ese saldo importador del sistema.

«Es un problema de precios; hasta hace un par de años el precio del mercado español era atractivo para ser exportador, pero ahora hay más impuestos que encarecen nuestra producción», argumentó el presidente de Unesa, Eduardo Montes, que destacó que 2015 fue un ejercicio en el que el consumo de energía creció un 1,4%, hasta los 236.651 millones de kilovatios hora (kWh), lo que supone una «buena noticia, ya que rompe con la tendencia descendente de los últimos años». Para este año, Montes vaticinó un estancamiento en la demanda, ya que «no va a haber crecimiento» y va a estar prácticamente en línea con 2015.

Precio menos competitivo por impuestos

De vuelta a las cifras del año pasado, Montes explicó que la diferencia entre el alza de la demanda y la de la producción, que creció un 0,1%, se debe a ese cambio en el flujo de los intercambios internacionales. Un cambio que vinculó a la menor competitividad del precio de la electricidad en España, encarecido tras los impuestos aplicados en el marco de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar la generación de déficit de tarifa.

En este sentido, el presidente de la patronal de las principales compañías eléctricas destacó como uno de los hechos más destacados de 2015 la importancia de haber atajado la generación del déficit de tarifa eléctrica. «Se ha hecho a costa en mucha parte de las compañías y sobre todo de las de Unesa, pero hay que reconocer que se ha reconducido», afirmó Montes, quien destacó que era un problema «muy gordo y complicado» que no podía permitirse. La liquidación definitiva de 2015 hará que el ejercicio se cierre sin déficit, incluso con un ligero superávit, y tampoco se generara más déficit este año, avanzó Montes.

Este año caerá el carbón

Por otro lado, Unesa estima que la aportación del carbón a la producción eléctrica en el año 2016 se reducirá en torno a un 40% y que se incrementará alrededor del 12,5% la de las renovables. Montes explicó que los cambios en la producción se explican por razones climáticas, ya que tanto la hidráulica como la eólica aumentarán a costa básicamente del carbón. Con ello, la producción de electricidad libre de emisiones alcanzará el 70%.

De vuelta al balance de 2015, Montes ha recordado que la producción de las tecnologías convencionales supuso el 62,6% de la producción total de España y el régimen con retribución específica el 37,4% restante. 2015 fue un año poco favorable climáticamente para las renovables, la mayor aportación fue de la nuclear y del carbón, que se situaron en torno al 20%, seguidas de la eólica, con el 17%; el gas natural, con el 11%; la hidráulica, con el 9%, y la solar, con el 5%.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

Las Palmas bajará un 75% el impuesto a los vehículos alternativos mientras en Baleares piden presionar fiscalmente las emisiones contaminantes

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EFE.- La entidad conservacionista GOB apuesta por crear nuevos impuestos ambientales sobre emisiones contaminantes y tendidos eléctricos en las Islas Baleares y considera que el dinero que se recaude debería destinarse a invertir en el cambio de modelo energético y la lucha contra el cambio climático. Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria proyecta abaratar en un 75% el impuesto de circulación para los «vehículos respetuosos con el medio ambiente, fundamentalmente los híbridos, eléctricos y de autogas».

«Preservar el medio ambiente y lograr, con el paso del tiempo, que el aire que respiramos en la ciudad sea mucho más limpio de lo que es ahora» es el objetivo de esta iniciativa, según el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez. La Junta de Gobierno de la ciudad calcula que esa rebaja, establecida a través de una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, entrará en vigor en 2017, ya que antes deberá ser refrendada en el pleno y sometida a exposición pública.

Además, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de introducir otras medidas de fomento de los coches menos contaminantes, como cobrarles una tarifa más barata de la normal cuando aparquen en zona azul, permitirles circular por los carriles bus u ofrecerles recargas gratuitas de electricidad, según anticipa. José Eduardo Ramírez destaca que la iniciativa aprobada «es una definición de lo que quiere este grupo de gobierno municipal», integrado por Nueva Canarias, por el PSOE y LPGC Puede, en relación a la utilización de coches en el municipio.

Los ecologistas quieren más impuestos

Por su parte, en Baleares, con ocasión de la nueva Ley del Cambio Climático y la futura Ley de Energías Renovables, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) aboga por una fiscalidad complementaria o una fiscalidad verde. «Queremos entender estos impuestos como una muestra de la voluntad de influir en la modificación de conductas o decisiones de los agentes económicos respecto al actual sistema de producción de energía, por encima de la clásica función fiscal de recaudación de ingresos pera la Hacienda Pública», mantiene el GOB.

El cambio de modelo energético, la apuesta por las renovables, el autoconsumo, la suficiencia energética de las islas y la lucha contra el cambio climático, así como la planificación del cierre progresivo de la térmica Murterar, son acciones que pretende impulsar el Gobierno balear, recuerda la entidad ecologista. Sin embargo, para hacerlo posible, se requiere de un presupuesto del que el actual ejecutivo balear no dispone, por lo que es «imprescindible la creación de estos nuevos impuestos y que sean íntegramente destinados a esta finalidad».

La SNE pide el fin de las medidas fiscales que «estrangulan» al sector nuclear y ampliar la vida útil de las centrales

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EFE / Europa Press.- La Sociedad Nuclear Española (SNE) defiende la operación a largo plazo para las centrales del país, pues considera que tienen las condiciones para ello; pide el fin de las medidas fiscales «discriminatorias» que entraron en vigor en 2013, que están «estrangulando» el desarrollo de un sector cuya rentabilidad ve «en riesgo«, y pide un «marco regulador estable y predecible» que fomente la llegada de nuevas inversiones mientras aboga por un «pacto de Estado que reconozca la trascendencia» de la nuclear.

Según el presidente de la SNE, José Ramón Torralbo, estas medidas han derivado en un aumento de los costes, que ha cifrado en más del 20%, y que han obligado a hacer ajustes y que además se unen al impacto negativo del descenso en la demanda energética de los últimos años. «No pedimos subvenciones, sino que los costes se puedan asumir», subrayó Torralbo en la 42 reunión anual de esta sociedad, que agrupa a unos mil profesionales del sector nuclear.

«Esto no hay industria que lo resista», aseveró Torralbo, que aseguró que estas medidas fiscales están afectando «de manera importante a la viabilidad» de las centrales y a toda la industria del sector nuclear, «coartando» su capacidad de desarrollo e inversión y «estrangulando» sus posibilidades de crecimiento. Para Torralbo «sería una lástima» que por razones fiscales y no empresariales, se llegara a cerrar instalaciones «absolutamente productivas» dentro de un sector «puntero» internacionalmente que está «tirando del país» y que da trabajo cualificado a 30.000 personas, entre empleos directos e indirectos.

Torralbo volvió a reclamar una política que pase por un marco regulador “estable y predecible” a largo plazo, que garantice la «rentabilidad» de las inversiones que se realicen, y un pacto de estado de energía que reconozca la importancia del sector nuclear, en lugar de seguir aplicando medidas que, en su opinión, «pueden ser más ideológicas que racionales». Entre los argumentos que esgrime para reclamar ese gran acuerdo está que la nuclear, por sexto año consecutivo, generó más del 20% de la energía que se consume en España con un 7,7% de la potencia instalada, lo que la sitúa a la cabeza en producción,por delante del carbón y la eólica.

«Son inversiones importantes y tienen que tener una rentabilidad garantizada, si no ninguna empresa apostara por ello», advirtió Torralbo. En este sentido, y cuestionado por las consecuencias para el sector de contar con un Gobierno de España en funciones y con las competencias de Energía cedidas al ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la dimisión del que era el titular de su cartera, José Manuel Soria, reconoció que «la interinidad no es buena a la hora de tomar decisiones».

A juicio de Torralbo, España cuenta con un «buen» y «adecuado» mix energético que ha abogado por mantener. Por ello, reclama un «consenso» nacional para este modelo, en el que se reconozca el papel de la energía nuclear «en la consecución de los objetivos de fiabilidad, de seguridad del suministro, de competitividad y de respeto al medio ambiente». En este último aspecto, apuntó que una de las «ventajas» de la energía nuclear es que «no emite gases de efecto invernadero» y ha subrayado que las centrales nucleares existentes en España «evitan» que se emitan a la atmósfera cada año 40 millones de toneladas de dióxido de carbono que se generarían si se optara por otras energías que sí los produce.

Además subrayó que la tendencia internacional es el incremento del número de centrales, además del aumento de su vida útil, otra de las reivindicaciones del sector nuclear en España. Según la SNE, alargar la vida de las centrales de 40 a 60 años, una vez «verificado» que reúnen las características técnicas y condiciones para operar con seguridad, dinamizaría la economía y el empleo, reduciría la contaminación atmosférica y además disminuiría la dependencia del exterior de un país que no cuenta con petróleo y gas para abastecerse. En España hay en funcionamiento 8 plantas nucleares, con una edad en torno a los 30 años y cuyas autorizaciones se renuevan cada década.

«El parque nuclear español está mostrando su capacidad para operar a largo plazo», argumentó Torralbo que «cree» que todas las centrales nucleares del país se encuentran en condiciones de prolongar su actividad más allá de su vida útil. «De cualquier manera yo no soy el que tengo que decirlo. Afortunadamente para eso está el organismo regulador, el CSN», matizó Torralbo. El presidente de la SNE indicó que algunos países empiezan a apostar por la operación a largo plazo de las centrales nucleares, entre ellos Estados Unidos, y ha defendido que éstas ahora «no se parecen en nada» a cuando comenzaron debido a las inversiones que se han realizado en ellas.

Villarig pide el fin de la «improvisación» en renovables en su reelección al frente de la patronal APPA

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Redacción / Agencias.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha reelegido como presidente a José Miguel Villarig Tomás, quien orientará la estrategia de la asociación hacia la reactivación del sector renovable y la mejora de las condiciones de las tecnologías verdes, para lo que reclama el fin de la «improvisación» y un pacto de Estado en materia energética.

Villarig, que lleva desde 2012 al frente de APPA, ha sido reelegido presidente por unanimidad por la asamblea general ordinaria de la asociación. El nuevo mandato será de cuatro años. APPA recordó que el presidente de la asociación ha tenido que hacer frente en su anterior mandato a la peor etapa que las energías renovables han vivido desde su nacimiento, «fruto de la mala regulación de los últimos Gobiernos y, especialmente, de la moratoria renovable dictada en enero de 2012 y la posterior llamada reforma eléctrica» del Gobierno. «Siendo las grandes damnificadas, las energías renovables han sufrido recortes en sus retribuciones previstas por valor de unos 2.000 millones de euros solo en 2015», afirma APPA.

El reelegido presidente de APPA calificó de «duros» los últimos años y se ha mostrado confiado en una mejora de la situación, al menos «en algunos puntos concretos». «La situación actual del sector es fruto de años de una política energética marcada por la improvisación», afirmó la asociación APPA, que se marca como objetivo reclamar «la mejora de las condiciones del parque renovable instalado y la reactivación del sector renovable a corto plazo», así como exigir que «de una vez por todas se acabe con la incertidumbre política, se recupere la seguridad jurídica en el sector y se fije una rentabilidad razonable para toda la vida útil de las instalaciones».

En lo referido a la fiscalidad, pide que se reduzca y se diseño en un marco sobre «el principio del que contamina paga», de modo que los impuestos no sean «simplemente recaudatorios» y se den «señales de lo que pretende fomentar«. Villarig también advirtió de que «si no se cambia drásticamente la política sobre el sector, España no cumplirá sus compromisos europeos e internacionales en materia de renovables y medioambiente». Junto a esto, calificó de «necesario» un pacto de Estado energético. «Las renovables requieren planteamientos a largo plazo, no se puede estar cambiando la regulación y la legislación continuamente», afirmó.

BP aboga por encarecer la energía contaminante y redefinir todo el sistema así como por imponer las gasolineras con empleados

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EFE.- El presidente de BP España, Luis Aires Dupré, reivindicó que las gasolineras sean atendidas por empleados para dar un servicio «seguro y de calidad». Por ello defendió la necesidad de revisar algunas medidas que adoptó el Gobierno para intentar fomentar la competencia entre gasolineras, pero que «han tenido algunos efectos no deseados». Asimismo, abogó por encarecer las energías contaminantes para hacer más competitivas a las renovables: hay que redefinir «todo el sistema en positivo», asevera.

«Asumiendo un crecimiento muy acelerado de las renovables en los próximos 20 años, pensamos que pueden llegar al 15% a nivel mundial«, frente al actual 3% (descontando la hidráulica), añade el máximo directivo de BP, cargo que asumió en noviembre de 2014. Asegura que es más costoso generar energía verde que contaminante (petróleo y gas). Por tanto, para desarrollar la primera se necesita que «sea más caro» producir la segunda.

Para ello, el presidente de BP España defiende establecer nuevos mecanismos: desde la creación de nuevos impuestos, a la imposición de un precio a la tonelada de dióxido de carbono (CO2) o a un mercado de compra de derechos de emisión, «de modo que quien más contamine pues pague más«. Se precisa «un rediseño total del sistema fiscal, de tal manera que se grave a las energías en función de la contaminación». Todo ello al mismo tiempo que «el equilibrio presupuestario no se vea variado», destaca el presidente de BP.

Según Aires, lo relevante no es que se hable de impuestos y pueda producirse una reacción negativa en la opinión pública: lo que importa es «el futuro de nuestro planeta, si queremos que sea sostenible vamos a tener que invertir en renovables«. Uno de los últimos estudios de la OCDE indica en el mismo sentido que un mejor dispositivo de fijación de precios del dióxido de carbono alentaría las innovaciones tecnológicas y reduciría esas emisiones causantes del calentamiento del planeta, principales precursoras del cambio climático.

Además, los bajos precios del barril de petróleo pueden entorpecer el despegue de las energías verdes, aunque éstas alcanzaron en 2015 una cifra récord de inversión global: más de 300.000 millones de euros. Hoy día, explica el presidente de BP España y Portugal, prácticamente el 60% del precio de la gasolina son gravámenes, pero no son impuestos relacionados con las emisiones sino que «lo que buscan es una recaudación fiscal».

Según los estudios de la petrolera, en el plazo de 20 años aún habría una dependencia de los combustibles fósiles del 85%, por lo tanto habría que complementar la cuota de renovables del 15% estimado con medidas adicionales como el fomento del gas natural frente al carbón, añade. La sustitución del carbón por el gas natural (que emite la mitad de dióxido de carbono) descendería en un 10% el nivel de emisiones globales, pero tendría «efectos devastadores» sobre la minería.

Dentro del sector de las renovables, BP ha puesto el foco fundamentalmente en la eólica y en los biocombustibles. En Estados Unidos figura entre las 10 primeras compañías por parque de generación eólica, mientras que en biocombustibles está invirtiendo grandes sumas en Brasil. «Históricamente invertimos mucho en solar y, de hecho, fuimos de las primeras compañías en desarrollar paneles solares, pero la verdad es que con el tiempo no fuimos capaces de desarrollar una tecnología que fuese suficientemente competitiva y acabamos cerrando ese negocio de solar. No siempre se acierta en la tecnología», concluyó Aires.

Pide que haya gasolineras atendidas

Por otro lado, el ejecutivo criticó que algunas medidas, que adoptó el actual Gobierno para intentar fomentar la competencia entre gasolineras, «han tenido algunos efectos no deseados». Entre estas consecuencias no buscadas, Aires apuntó a «la proliferación de muchas estaciones de servicios sin trabajadores. “Estamos viendo ya a gobiernos regionales que están regulando este tema para que haya una persona que atienda, de modo que se pueda dar un servicio adecuado y vigilar por la seguridad de esas estaciones» apuntó.

En segundo lugar, ha deseado que el próximo Gobierno que se constituya vuelva a situar la duración de los contratos de suministro de carburantes y abanderamientos en 5 años, en lugar de los 3 actuales. A nivel europeo son 5 años y «es lo que teníamos en España, pero ahora se ha reducido a 3 años y, de hecho, el gestor de la estación de servicio tiene todos los años derecho a cambiar de bandera».

Se trata de una medida que puede tener «una buena intención desde el punto de vista de querer fomentar la competencia, pero al final también tiene un aspecto negativo, porque para contratos de un año la inversión que hay que hacer en seguridad, en la imagen, en la calidad… no te salen los números por un año». «Por lo tanto, remarcó, al final disminuye la competencia en vez de aumentarla».

De hecho, «las asociaciones de gasolineras están pidiendo que se revise otra vez la duración de estos contratos y se vaya a un marco más estable que permita hacer las inversiones necesarias en el sector». Según Aires Dupré, uno de los primeros sectores que mira cada nuevo Gobierno es el energético, «cualquiera que sea su signo». BP España cuenta con más de 640 estaciones de servicio y ocupa el tercer puesto en el mercado petrolífero español, con una cuota de volumen en torno al 10%.

20 claves energéticas del PP para el 20-D: Continuismo desde la reforma

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El partido en el Gobierno presume de su gestión durante esta legislatura con la reforma en materia energética: se atribuye haber acabado con el déficit de tarifa del sector eléctrico, soslayando el impacto causado sobre consumidores, empresas y seguridad jurídica, así como subraya su impulso de la competencia en los carburantes. Siguiendo el mantra del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que «la energía más barata es la que no se consume«, la eficiencia energética parece cobrar protagonismo en su programa electoral junto a las renovables, una vez superada la moratoria que decretaron nada más llegar al Gobierno.

Así afronta el programa del PP para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PP propone programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado exterior municipal, de agua y desalación ya que «estas áreas permiten fuertes ahorros energéticos que redundan en ahorros para los sectores productivos y para las administraciones públicas».

ATC: Se compromete a culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Autoconsumo: No hay ninguna referencia al autoconsumo en el programa electoral del PP, pero se puede encuadrar en el decreto de autoconsumo energético aprobado en octubre por el Gobierno, que hace pagar con peajes los costes fijos al autoconsumidor que permanece enganchado al sistema eléctrico.

Bono social: No concreta más pero el PP anuncia que reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. También habla de poner en marcha fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

Carburantes: Tras las medidas aprobadas en la legislatura, el PP quiere «profundizar en la vigilancia de los precios» en el mercado de carburantes y habla de fomentar la competencia favoreciendo la implantación de gasolineras independientes.

Centrales nucleares: Sin concretar si se extenderá que las centrales nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años, como por ejemplo Garoña, que solicitó licencia hasta 2031, el PP promete «mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad».

Cogeneración: Se anuncia un plan renove para aumentar su eficiencia.

Consumidor: El programa apunta a «situar al consumidor como protagonista del mercado energético». Para ello culminará el despliegue de contadores inteligentes para 2018 a la par que impulsa medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real para que pueda gestionar mejor su energía. El PP también pretende «aumentar la capacidad de elección y decisión del consumidor, mejorando la comparación y comprensión de las diferentes ofertas del mercado».

Deuda eléctrica: Relacionado con el consumidor, el PP se compromete a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. Además, «garantiza» que no se volverán a generar déficits en el sector energético y se compromete a que los potenciales superávits que se generen en el sistema se destinarán a reducir la factura del consumidor, siendo esto contradictorio con el planteamiento de congelar la parte regulada del recibo.

Eficiencia energética: A través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de otros mecanismos, compromete invertir 1.800 millones de euros en los próximos 4 años y realizar acciones que permitirán cumplir con los objetivos de ahorro energético a 2020, lo que supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año. La rehabilitación de viviendas será una de las claves. También impulsarán programas específicos de eficiencia energética para los servicios públicos y edificios de la Administración.

Fiscalidad: No concreta cifras, pero se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, lo que afecta al impuesto del 7% que introdujo el Gobierno al comenzar la legislatura.

Fracking: La palabra fracking no aparece recogida en el programa pero el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han argumentado que, con las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, no podrá ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. También se han mostrado partidarios de explorar todos los recursos energéticos que pueda haber en España dada la dependencia energética del exterior.

Impulso a las renovables: El PP se compromete a introducir «progresivamente» nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Incluso concreta un impulso a la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la geotermia.

Mercados energéticos: El programa del PP habla de «mejorar la eficiencia y el grado de competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo».

Minería del carbón: Pretende un marco adecuado para que la minería energética competitiva «sea un sector de futuro», cumpliendo con la normativa comunitaria, que impedirá dar ayudas públicas al sector a partir de 2018. En este sentido, «garantiza» un marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

Mix energético: El PP dice que potenciará la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en los archipiélagos, «donde su coste es menor que las tecnologías convencionales».

Movilidad: El compromiso es mejorar la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. Tal y como ha fijado en Consejo de Ministros, también se irán incrementando gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea.

Respaldo térmico: No hay mención alguna al futuro de las centrales térmicas de carbón ni de ciclo combinado de gas. Por un lado las centrales de carbón tienen que acometer una serie de inversiones para modernizarse si quieren continuar funcionando, mientras que los ciclos combinados de gas aspiran a que el aumento de la demanda sirva para aumentar su funcionamiento, por lo que el Ministerio de Industria descartó en octubre que vaya a haber hibernaciones.

Seguridad jurídica: En una legislatura marcada por la judicialización del sector, con innumerables causas ante el Supremo e incluso una escalada sin precedentes de los arbitrajes internacionales, el programa del PP no hace referencia a la seguridad jurídica en el ámbito energético. En noviembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió nuevamente a los inversores en renovables que las garantías regulatorias son «limitadas».

Unión Europea: En continuidad a la labor desarrollada durante esta legislatura, un Gobierno del PP impulsará las interconexiones eléctricas con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Igualmente hará con las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.