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Iniciativas de los ciudadanos europeos piden a Bruselas subir el precio del combustible fósil y gravar el queroseno en aviación

Europa Press.- La Comisión Europea registrará varias Iniciativas Ciudadanas, entre ellas 2 que le piden subir el precio de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático e imponer un impuesto al queroseno del sector de la aviación. El Ejecutivo comunitario sólo analizará el fondo de las peticiones una vez que sus organizadores las respalden con el millón de firmas necesarias de ciudadanos de al menos 7 países diferentes, para lo que tendrán un año de plazo.

La primera iniciativa persigue la introducción de «un aumento constante del precio de los combustibles fósiles» para reducir la contaminación y su «restitución equitativa cada mes a los ciudadanos en forma de dividendo». Los organizadores alegan que científicos y economistas están de acuerdo en que «funciona gravar de forma creciente la contaminación y redistribuir los beneficios». La segunda iniciativa ciudadana pide «poner fin a la exoneración fiscal al carburante de la aviación en Europa». Los organizadores denuncian que el sector aéreo se beneficia de ventajas fiscales pese a ser «uno de las mayores fuentes de emisiones de gas efecto invernadero» y donde más rápido crecen.

Victoria del PSOE: La hora del Green New Deal de Teresa Ribera y la reforma del mercado eléctrico

Javier Angulo.- El PSOE de Pedro Sánchez ha sido el vencedor de las elecciones generales. Un triunfo holgado, que deja al Gobierno a expensas de pactos, pero que invita a pensar en una formación rápida del Ejecutivo. A nivel energético todo lo que no fuera la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica sería una sorpresa colosal. Por delante 4 años: tiempo para implementar la Green New Deal prometida, la reforma del mercado eléctrico y avanzar en la descarbonización.

El programa electoral del PSOE era muy claro al respecto: eficiencia, renovables y empleo verde deberían ser la base del Green New Deal, un ambicioso pacto social sobre el que cimentar la transición energética. Como avance quedan los 10 meses de Gobierno socialista, en los que Teresa Ribera ya ha puesto en marcha medidas importantes: devolución de competencias energéticas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eliminación de los cargos al autoconsumo y regulación para su desarrollo, la Estrategia de lucha contra la pobreza energética, medidas de transición justa para las comarcas mineras (a nivel de empleo y de I+D+i, potenciando la Ciudad de la Energía).

España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy diferente a cuando el expresidente Mariano Rajoy la prometió en plena COP21 en París. A expensas de lo que matice la Comisión Europea, también habrá luz verde para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, toda una hoja de ruta para la descarbonización de la economía.

De momento los borradores ya ponen cifras sobre la mesa. El principal objetivo es cumplir las metas comprometidas con Europa para la reducción de emisiones: un 20% de reducción para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050. Estos números tienen un reflejo directo sobre el sector eléctrico. El objetivo que se marca el PSOE para 2030 es alcanzar un 35% de energías renovables sobre el consumo de energía primaria, por encima del 32% fijado por la Unión Europea. Esto supondría que las fuentes renovables tuvieran una cuota en el mix eléctrico del 74%. La descarbonización exigiría que en 2050 el país se suministrara con electricidad 100% renovable.

En esta senda mucho tiene que cambiar el panorama para las centrales térmicas de carbón, que todo apunta a que cuando termine la legislatura en 2023 se podrán contar con los dedos de una mano las que quedan abiertas. Igual de importante es el calendario acordado con las compañías eléctricas con fechas que los socialistas recalcan como “máximas” para el cierre de las centrales nucleares.

Formación de precio del pool

El Gobierno lleva meses hablando, especialmente en la figura de secretario de Estado de Energía, sobre una fórmula que traslade al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa europea esta intervención socialista en el mercado eléctrico. No en vano, también están en discusión en Bruselas las directrices comunitarias para la regulación de estos mercados. Este asunto promete ser uno de los principales caballos de batalla para el Ministerio de Teresa Ribera.

No menos polémico será, cuando se aprueben los futuros Presupuestos, la subida de los impuestos sobre el diesel, punto de partida en la revisión a la fiscalidad energética que plantean los socialistas. Y dentro del sector del transporte, las estaciones de servicio ya habrán empezado a hacer números ante la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica que va a exigir el Gobierno para hacer que la movilidad eléctrica deje de ser una anécdota para empezar a ser una realidad.

Tampoco hay que perder de vista la necesidad de acordar la hoja de ruta con su socio de legislatura. Por fortuna para los socialistas, la agenda no difiere en demasía con Ciudadanos o con Unidas Podemos, sus socios potenciales. Los de Albert Rivera preferirían revisar la fiscalidad energética y, por ejemplo, discreparían de la subida de impuestos a los carburantes, por su incidencia directa sobre el bolsillo de los consumidores. Los de Pablo Iglesias exigen una senda más ambiciosa, que estaría más cómoda con lo que exponía el programa electoral de los socialistas de 2015.

En este sentido, desde Unidas Podemos preferirían que las centrales nucleares cerraran antes de llegar a 2025 y las térmicas de carbón antes alcanzar 2026. También adelantarían 10 años, a 2040, la descarbonización completa de la economía. Asimismo, en materia de protección al consumidor doméstico vulnerable, Unidas Podemos lleva años reclamando una reducción del IVA de la factura de la luz y del gas al 10% al tratarse de suministros básicos. Más improbable parece la creación de una eléctrica pública.

Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

País Vasco tiene los precios de los carburantes más caros de la Península tras adoptarse el tipo especial único estatal

Europa Press.– El tipo especial único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 0,10 y 0,22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero.

Desde enero, se integraron los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el tramo autonómico (que oscilaba entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro y cuya cuantía decía cada comunidad) y el tramo estatal (que ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro) en un único impuesto. Este nuevo gravamen denominado tipo especial se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por igual en toda la Península y Baleares.

Según el regulador, el impacto de esta modificación impositiva es que, a pesar de que los precios antes de impuestos disminuyeron, se produjo un aumento de los precios de venta al público. En concreto, el precio antes de impuestos de la gasolina descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se incrementaron en 0,10 y 0,22 céntimos de euro por litro para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Además, debido a ello, se ha modificado el ranking provincial de precios de venta al público. Así, en las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero (Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo. De esta manera, las provincias con la gasolina más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por el contrario, las que registraron precios más bajos fueron Almería, Murcia y Lleida. Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria tuvieron los precios más elevados mientras que Badajoz, Lleida y Valencia registraron los más bajos.

En lo que respecta al margen bruto promedio mensual, el de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto promedio del gasóleo A cayó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en 5,5 céntimos para la gasolina y 2,9 céntimos para el gasóleo A.

En lo que respecta a las estaciones de servicio, las de Repsol, y tras ellas las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus precios de venta al público, señala la CNMC. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios más notables fueron las llamadas independientes, seguidas de las de BP en gasolina 95 y del grupo resto operadores en gasóleo A. Las diferencias entre estaciones integradas en redes de operadores y las independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más bajos se registraron en los hipermercados.

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

Bélgica propone crear un impuesto europeo sobre el sector de la aviación para reducir sus emisiones

Europa Press.- Bélgica ha propuesto al resto de países de la Unión Europea la creación de un impuesto europeo que grave el sector de la aviación, ya sea a través de la venta de billetes o sobre el consumo de combustible, con el objetivo de que la industria aérea reduzca sus emisiones contaminantes y contribuya a cumplir con los objetivos climáticos de bloque comunitario en el marco del Acuerdo de París.

El gobierno de Bélgica defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento. «Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA».

Además, Bélgica cree que un futuro impuesto a la aviación debería valorar los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte«. El documento también subraya que crearía incentivos para que aerolíneas y fabricantes inviertan en las medidas adecuadas para transitar hacia una economía neutral desde el punto de vista climático y podría provocar que se utilizasen fondos públicos para impulsar esta transición e invertir en formas de transporte alternativas.

La propuesta belga es similar a otra iniciativa presentada por Países Bajos a los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) a mediados de febrero. Un informe elaborado recientemente por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Eurocontrol apunta que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incrementarán un 21% hasta 2040 en comparación con los niveles registrados en 2017 en el escenario base, hasta las 198 millones de toneladas.

En el escenario más negativo (un mayor tráfico aéreo), las emisiones de CO2 llegarían a las 262 millones de toneladas (un 60% más), mientras que en el escenario menos nocivo (menor tráfico aéreo), se recortarían hasta las 134 millones de toneladas (un 18% menos). Según el estudio, la aviación fue responsable del 3,6% de las emisiones de la Unión Europea en 2016 y representó el 13,4% de todas las emisiones del sector europeo del transporte.

El PSOE plantea prohibir la entrada de coches contaminantes en las ciudades y apostar por la movilidad eléctrica

Europa Press.- El Programa Marco del PSOE para las elecciones municipales recoge la prohibición de entrada a los vehículos contaminantes en los centros urbanos de las ciudades en aquellos municipios donde gane las elecciones el 26 de mayo. Se trata de una de las medidas en materia de movilidad para las ciudades que el PSOE plantea para el siglo XXI. En definitiva apuesta por una movilidad «limpia, esencialmente eléctrica» con un «peso creciente» del uso compartido de los vehículos.

De acuerdo con su programa, su apuesta serán ciudades verdes, más descarbonizadas, especialmente a través de la movilidad y la eficiencia energética. Para ello, prevé que las infraestructuras, inversiones, normativas y fiscalidad potenciarán la movilidad limpia. Así, los socialistas plantean un modelo de ciudad «racional, eficiente y sostenible» con municipios compactos. Por ello, prometen que impedirá «la expansión inmobiliaria» siempre que la prestación de servicios básicos se hagan insostenibles. En esa línea, promoverá la rehabilitación de las ciudades frente a los nuevos desarrollos y apostará por la eficiencia energética, el autoconsumo de energías renovables para lograr viviendas de consumo nulo y las calefacciones de barrio.

En cuanto al modelo energético urbano, el programa indica que se reducirá la dependencia de los combustibles fósiles en favor de la energía solar, eólica, la biomasa, la geotermia y la aerotermia y se incorporarán las energías renovables en la edificación, al tiempo que se promoverá la compra agrupada de energía. En materia de economía circular, el programa marco aspira a que las basuras dejen de ser residuos para convertirse en materias primas de segunda generación: se aprovecharán los residuos de poda de jardinería o los lodos de las depuradoras para producir compost o gas.

A nivel autonómico, el programa marco del PSOE establece que todos los edificios e infraestructuras de titularidad pública incorporarán «todas las posibilidades» de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al programa marco del PSOE para las elecciones europeas, el partido que dirige Pedro Sánchez considera que «el socialismo del siglo XXI será verde o no será» y, bajo esta premisa promete trabajar para combatir el cambio climático con mayor eficacia. Sus propuestas europeas pasan por crear un Fondo Europeo para la Transición Justa en las comarcas más vulnerables, la interconexión eléctrica, favorecer las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

El precio de los carburantes encadena su sexta subida y se encarece un 6% en lo que va de año

Europa Press.- El precio de la gasolina y del gasóleo encadenó su sexta semana consecutiva de subidas, con lo que acumula hasta un encarecimiento de más del 6% en lo que va de año. En concreto, el precio medio del litro de gasolina subió un 0,48%, situándose en los 1,236 euros. De esta manera, en lo que va de año, el precio medio del litro de gasolina acumula un encarecimiento del 4,8%.

Por su parte, el litro de gasóleo ha subido un 0,84% y se ha situado en los 1,2 euros, su nivel más alto desde finales del mes de noviembre. En este caso, el encarecimiento que suma este combustible en lo que va de 2019 es de más del 6%. Ambos carburantes entraron a principios de año en una tendencia alcista, que por ahora no tiene fin, que cortaba con una espiral a la baja que había llevado a un abaratamiento del 13%, en la gasolina, y de más del 12% para el gasóleo, desde los máximos que alcanzaron en octubre.

Con los actuales precios, el llenado de un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta unos 67,98 euros, unos 30 céntimos más, mientras que en el caso del gasóleo asciende a 66 euros, unos 55 céntimos más. La caída en los precios de los carburantes en los últimos meses del 2018 venía de la mano de un descenso en el precio de la cotización del petróleo, que en lo que va de 2019 ha vuelto a repuntar. El barril de crudo Brent, referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 66,89 dólares mientras que el Texas americano se intercambia a unos 57,15 dólares.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta del litro de gasolina se sitúa en 1,35 euros y 1,39 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta de media 1,324 euros en la Unión Europea y 1,324 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.