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Fiscalidad medioambiental cuestionada: Equo denuncia que el Gobierno no destina los impuestos a las hidroeléctricas al cuidado de los ríos

Europa Press.- Unidos Podemos ha denunciado que el Gobierno está incumpliendo la Ley de Aguas al no destinar la cantidad recaudada en el canon a las hidroeléctricas a la mejora y protección de los cauces de los ríos, según obliga la norma.

Esta denuncia llega tras una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del diputado de la formación morada y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. En ella, el Gobierno explica que los ingresos obtenidos por este canon, en el año 2016, supusieron 198 millones de euros, mientras que cifra la inversión en términos de obligaciones reconocidas en actuaciones en cauces y calidad de las aguas en 64 millones de euros.

Esta cifra supone un 32% de lo recaudado cuando el decreto que regula esta materia señala que el 2% de los ingresos netos tendrán la consideración de ingresos del organismo de la cuenca correspondiente, mientras que el 98% restante se ingresará en el Tesoro. En este sentido, la normativa señala que «los Presupuestos destinarán al menos un importe igual a dicha cantidad prevista, a actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». «No sabemos dónde han ido a parar 134 millones de euros que deberían haberse destinado a la protección y mejora de los ríos», manifiesta López de Uralde.

Equo se pregunta dónde está el 66% restante de la cantidad señalada por el Gobierno e indica que, en el caso que esa cantidad se esté derivando a otros fines distintos para los que fue creado, podría tratarse de un caso de «malversación de fondos«. El partido verde recuerda que las partidas destinadas en los Presupuestos a medio ambiente ya sufrieron un significativo recorte, en concreto de 230 millones en el Programa de Ordenación de Recursos Hídricos y el de su gestión. «Al no invertirse tampoco la cantidad acordada para la protección de los cauces hidrológicos, el Gobierno demuestra lo poco que le importan las políticas de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestro ríos», concluyó Uralde.

UPA lamenta que la ruptura del acuerdo sobre el impuesto del gasóleo costará 19 millones de euros a los agricultores

Europa Press.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que el Gobierno «se ha puesto de parte de la Unión Europea y no de los agricultores españoles» al modificar el acuerdo del gasóleo y reducir la devolución del impuesto a esta materia prima imprescindible para desarrollar su trabajo, lo que le costará 19 millones de euros a los agricultores.

En concreto, la devolución del impuesto al gasóleo es básica para muchas pequeñas explotaciones agrícolas que ahora, «de forma súbita», verán subir sus costes, pero no sus ingresos. «Esto perjudicará a muchos compañeros del sector», han asegurado en la organización agraria, que advierten de que esta medida llega en el «peor momento», cuando la agricultura y la ganadería están sufriendo la peor sequía en décadas.

Ajuste de ayudas de Estado

UPA ha explicado que el Gobierno se ha amparado en las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. La principal novedad a efectos del impuesto especial de hidrocarburos es que los regímenes de ayudas vinculados a exenciones y reducciones fiscales tienen que ajustarse a las normas de las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

El acuerdo del gasóleo fue un pacto culminado en el 2005 por UPA y COAG con el Gobierno en el que no participaron otras organizaciones, siendo UPA la única que firmó los tres acuerdos que comprendían el convenio (en 2000, 2004 y 2005). UPA critica «la doble cara» de algunas organizaciones que «ahora se quejan de la retirada de esta medida del Gobierno cuando en realidad no lucharon para conseguirla».

El Gobierno veta la ley balear para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo por reducir los ingresos en 4,7 millones

Europa Press.- El Gobierno vetó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Baleares contra las prospecciones en el Mediterráneo alegando que implicaría una reducción de ingresos por importe de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas. Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento balear sobre la protección del Mediterráneo de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

En su escrito de disconformidad, el Gobierno comienza señalando que la iniciativa provocaría una disminución de los ingresos en 4,7 millones de euros, procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente estas actividades, que dejarían de ingresarse y que podría incrementarse. Este Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, según señala el Ejecutivo, grava el valor de los productos de dominio público extraídos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos. «La base imponible del impuesto está constituida por el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados», apunta el Gobierno.

«Atendiendo a los proyectos actualmente existentes, la aprobación de la ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas tercera (perforación de sondeos en permisos de investigación y concesiones de explotación) y cuarta (adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación) del canon de superficie», apunta.

Pero este no es el único argumento del Ejecutivo para vetar este propuesta ya que, según señala, su aprobación también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones de euros. Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área.

«La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos», apunta el Gobierno. Así, el Ejecutivo señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio del petróleo de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.

Ciudadanos trabajará contras las prospecciones

Por su parte, Ciudadanos de Baleares criticó el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos«, y aclara que se trata de un veto del Gobierno ejercido dentro de las facultades que le otorga la Constitución. En este sentido, la diputada autonómica de Ciudadanos Baleares, Olga Ballester, explicó que «el Gobierno tiene la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas legislativas que suponen modificación del presupuesto o disminución de ingresos».

En este sentido, ha precisado que el poder legislativo «no puede anular esa prerrogativa que posee el poder ejecutivo y que le otorga la Constitución», y ha apuntado que, si la Mesa se opone a que el Gobierno ejerza esa facultad de veto, «su decisión sería en breve tumbada por el Tribunal Constitucional, quedando la tramitación de la proposición de ley anulada. Un bucle que nos retorna a la situación inicial», ha aseverado al respecto.

«En Ciudadanos apostamos por hacer política útil y no de cara a la galería, por lo que seguiremos trabajando por otras vías como es la negociación directa con el Gobierno para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones», reivindicó. «En Ciudadanos trabajamos por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos, así como un modelo energético sostenible«, ha aseverado la diputada, quien ha recalcado que los proyectos de prospecciones petrolíferas «ponen en riesgo el equilibrio ecológico, así como nuestros principales sectores productivos», concluyó Ballester.

La patronal petrolera AOP cifra en hasta 540 millones el fraude en la distribución de carburantes y pide mayor control

Europa Press.- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que participan Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp, advierte de la «lacra» que sufre el sector relacionada con el fraude fiscal en la distribución de carburantes, ilegalidad ejercida por «verdaderas tramas criminales» y cuyo importe puede alcanzar los 540 millones de euros al año.

La asociación realiza estas consideraciones en su Memoria de 2016, en la que advierte de que algunos desarrollos legislativos «han abierto la puerta al fraude», sobre todo desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa para ejercer la actividad de distribución al por mayor y se sustituyó por una declaración responsable. El valor de lo defraudado puede alcanzar los 270 euros por metro cúbico y su importe puede oscilar entre 270 millones y 540 millones de euros, en función de si la práctica alcanza al 3% o al 6% del mercado. Solo el fraude del IVA asciende a 300 millones, según la Agencia Tributaria.

Ante esta circunstancia, AOP propone establecer una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones, reportar a diario las existencias mínimas de seguridad y acortar el plazo en la imposición de expedientes sancionadores. Los operadores también alertan de fraudes concretos, para los que piden medidas específicas. Entre ellos figuran los relacionados con los incumplimientos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de la incorporación de biocarburantes o del IVA o del tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos. El efecto frontera provocado por las diferencias de precios entre comunidades autónomas con distintas tramos fiscales también está contribuyendo al fraude de la distribución.

El presidente de AOP, Federico Molina, y el director general de la asociación, Álvaro Mazarrasa, aseguran que el sector vive una «lacra» que «distorsiona gravemente el mercado» puesto que «permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones«. «AOP siempre ha defendido la libre competencia pero, a la luz de la realidad descrita, creemos que es urgente tomar medidas concretas para que el fraude se detecte lo antes posible y, con ello, se minoren sus efectos para la Hacienda Pública, el mercado y los consumidores», señaló la patronal.

AOP también advierte de que los vehículos con tecnologías alternativas «hoy por hoy no están en paridad de coste» y su incorporación ha de realizarse «mediante subsidios en diferentes formas». AOP considera que «los recursos públicos son finitos y no se puede favorecer una tecnología frente a sus alternativas sin tener en cuenta el coste beneficio». «Elegir una tecnología determinada como la solución del futuro sería un gran error, ya que cada tecnología tiene que ser capaz de penetrar en el mercado por sí misma y por sus méritos», afirma, antes de advertir de que «los vehículos de emisiones cero de CO2 no existen», sino que son «puro marketing medioambiental».

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».

Garoña acumula 115 millones en provisiones para su desmantelamiento mientras el Gobierno mantiene que decidirá atendiendo las alegaciones de «todos”

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes». 

El Tribunal Supremo acudirá al Tribunal de Luxemburgo para determinar la legalidad de los impuestos de la reforma eléctrica

Europa Press.- El Tribunal Supremo presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la legalidad de la fiscalidad creada en la reforma eléctrica para acabar con el déficit de tarifa, según indicaron fuentes judiciales.

En concreto, esta fiscalidad, recogida en la Ley 15/2012, incluía el impuesto del 7% a la generación y las tasas sobre los residuos nucleares, así como un canon a la producción hidráulica y un céntimo verde, consistente en la eliminación de las desgravaciones a centrales térmicas. Así, el alto tribunal sigue la recomendación del Tribunal Constitucional, que se mostró partidario de acudir al tribunal europeo para resolver la adecuación de la normativa al derecho comunitario. De esta manera, el Supremo ha abierto periodo de alegaciones a los recurrentes antes de plantear la cuestión al TJUE.

Estos impuestos han recaudado desde su aplicación en 2013 unos 6.950 millones de euros, del orden de 1.900 millones de euros anuales, para evitar la aparición del déficit de tarifa. Esta no sería la primera vez que el Supremo acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética también acordó plantear una cuestión prejudicial al TJUE, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética.

Asimismo, en el fallo que tumbó el régimen de financiación del bono social de la luz, el Supremo también consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida al español, en la que las empresas se encargan de sufragar la ayuda.

Nadal asegura que las nucleares “son más rentables de lo que dicen algunos” y quiere intervenir el cierre de centrales

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, argumenta que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales», en referencia a las decisiones que deben tomar las compañías eléctricas sobre las plantas térmicas y reactores atómicos. En este sentido,  el ministro asegura que las centrales nucleares son más rentables de lo que están diciendo algunas empresas propietarias, aunque «su obligación es decir que pierden», y ver si así se pueden bajar las tasas nucleares.

Respecto a las quejas de las compañías eléctricas sobre la falta de rentabilidad de su negocio atómico por los altos impuestos que soportan, Álvaro Nadal señaló que, aunque esas empresas dicen que tienen pérdidas, luego reparten dividendos, por lo que descarta bajar la fiscalidad a las nucleares. El ministro ha indicado que él ha pedido las cuentas a esas compañías, pero «nunca me han venido con las cuentas bien hechas», y ha asegurado que los resultados operativos de las centrales son positivos, aunque si las empresas incluyen amortizaciones y costes financieros que, según Nadal, no deben meterse, pueden arrojar pérdidas.

«Todo esto es muy discutible», ha añadido el ministro, que ha señalado, en alusión a Iberdrola, que «hay una empresa que habla de esta manera, pero otras no». Así, explicó que mientras unas han acortado en su balance la vida útil de sus plantas, acortando el valor de la inversión, otras han hecho lo contrario, extendiendo el tiempo de amortización de sus inversiones y necesitando la prolongación de la vida útil para cumplir con lo que está establecido en su balance. Por eso, recrimina que «hay mucha ingeniera contable» y que, aunque «todo el mundo tiene derecho a presionar al Gobierno», ya que les gustaría cobrar mayores precios, «a mí lo que me preocupa es el recibo de la luz».

Respecto a su interés en el precio final de la electricidad, el ministro indicó que «vamos a tener esta tensión. A ellos les gustaría el precio más caro y a mí lo contrario. En otras cosas nos vamos a poner de acuerdo, pero en esto es difícil«. Además, aseguró que el mix energético debe fijarlo la política pública y, «a partir de ahí, que las empresas fijen sus estrategias». «Las decisiones de política energética se toman «por interés general, no por presión de nadie», advirtió.

Además, ha señalado que sería bueno hacer una revisión de los costes de sistemas, incluidas las instalaciones no replicables, aquellas que no se pueden poner en ningún otro sitio, como centrales hidráulicas o nucleares. Explicó que, en este tipo de explotaciones, los propietarios tienen la ventaja de que nadie va a hacer su misma actividad en su emplazamiento, con lo que no tiene que disputarse el beneficio con nadie y es entero para el propietario.

Por eso, ha señalado que el Gobierno alcanzó un pacto con Ciudadanos para hacer un «análisis serio» para saber si las tecnologías no replicables están sobreretribuidas, si se cobra o no mucho por el canon hidráulico o por las tasas nucleares. Resaltó que sería bueno analizar las amortizaciones y los costes históricos de esas instalaciones, algo que a Ciudadanos le ha parecido correcto y ahora está a la espera de si otros grupos quieren participar.

Respeto a la regulación por ley que quiere hacer el Gobierno para poder intervenir en caso de necesidad en el mix energético, la ha justificado en que «no es sensato que las centrales de producción queden a la pura discreción de decisiones empresariales». Ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista ya le ha dicho que no respalda esa posibilidad y que «otros no lo han terminado de decir». Aún así, Nadal afirmó que, a pesar de no contar con ese respaldo en el Parlamento para adoptar medidas que permitan al Gobierno intervenir en el cierre de centrales nucleares y térmicas, se pueden hacer cosas sin rango de Ley, ya que «es bueno ordenar este proceso».

Nadal cree que «la energía no es un bien normal de una economía de mercado», sino un producto de primera necesidad, básico para la competitividad y la seguridad nacional, y es una cuestión estratégica. Por eso, afirma que la energía «no es cuestión de mercado puro» y, aunque es bueno que haya gestión privada porque mejora la eficiencia, la política energética corresponde es al Gobierno. Respecto al precio de la luz, señaló que este 2017 estará en línea con 2015, aunque advirtió que existe un «problema de agua enorme» y que “cada borrasca baja 10 euros el precio del pool.

Por otra parte, Nadal señaló que con la potencia de 3.000 megavatios (MW) de la próxima subasta, España quedará a «apenas unas décimas» de cumplir el objetivo del 20% en renovables previsto para el 2020. El ministro vaticinó también que lo «previsible» es que en esa nueva subasta verde, que se celebrará antes del verano, es que no haya «tanta eólica«, que fue la gran vencedora de la subasta anterior al adjudicarse el 99% de la subasta puesta en juego.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) avala el canon eólico de Castilla-La Mancha

Europa Press.- La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokkot, avaló el canon eólico diseñado en 2011 por Castilla-La Mancha para que las empresas del sector pagaran una tasa con la que compensar los posibles daños en el territorio y medioambiente por la instalación de parques eólicos.

En sus conclusiones, la magistrada sostiene que el gravamen autonómico «es compatible» con la normativa comunitaria en materia de energía y de impuestos especiales, siempre que el canon «no impida» a España alcanzar las cuotas mínimas de consumo de energías renovables comprometidas con el resto de la Unión Europea. Así, considera «poco probable» que una tasa autonómica suponga una traba para el compromiso global del Estado y recalca que no hay señales de que España «haya incumplido ni vaya a incumplir esa obligación principal». Las conclusiones de los abogados generales no son vinculantes, pero una gran mayoría de sentencias dictadas por el TUE siguen la línea marcada por estos dictámenes.

El canon eólico afecta en Castilla-La Mancha a 115 parques instalados en el territorio regional y supone una recaudación aproximada de 14 millones de euros anuales, que son destinados a la promoción de energías limpias y a medidas medioambientales, según datos del Gobierno regional. Las conclusiones responden a varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la compatibilidad del canon con el derecho de la Unión Europea y con los sistemas de apoyo a las energías renovables. El caso afecta a varias empresas que denunciaron la tasa: Elecdey Carcelén S.A., Energías Eólicas de Cuenca S.A., Iberenova Promociones S.A.U. e Iberdrola Renovables Castilla La Mancha.

En la explicación de su decisión, la letrada del Tribunal con sede en Luxemburgo señala que los Estados miembros pueden aplicar sistemas de apoyo para lograr su cuota de energías renovables, pero que ello no implica que sea «ilícito» establecer gravámenes sobre las instalaciones eólicas. Además considera que el canon «simplemente grava la explotación de las instalaciones, por lo que «no está comprendido» en el ámbito de la aplicación de las reglas europeas en materia de tasas administrativas. Tampoco cree que deba ser interpretado como un impuesto especial, porque no es una forma de gravar indirectamente la energía, sino que la cuota se determina en función del parque eólico instalado.

Unidos Podemos exige una Ley de Cambio Climático con objetivos concretos de reducción de emisiones por sector

EFE.– El grupo parlamentario de Unidos Podemos reclama que la futura Ley de Cambio Climático cuente con objetivos concretos de reducción de emisiones para cada uno de los sectores, entre ellos el sector energético, a corto, medio y largo plazo, utilizando como base el año 1990 y no 2005. En este sentido, este grupo parlamentario señala los mínimos que, para ellos, debe tener la nueva norma y pide que se creen indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos.

Unidos Podemos considera que la meta a la que debe ir orientada esta ley es la de un modelo 100% renovable, y para conseguirlo creen que debe ir acompañado de un plan de fiscalidad ambiental, de un programa de creación de empleo verde y de ambiciosas reducciones en los sectores más contaminantes, como el transporte, la agricultura y la ganadería, la edificación o los residuos.

Reclaman que la ley incluya la financiación adecuada para llevar adelante los objetivos, y que su proyecto de elaboración sea transparente y cuente con la participación de la sociedad civil. Piden también abordar el reparto competencial de las medidas con las Comunidades Autónomas, así como un organismo de coordinación autonómica. Además, reclaman la aplicación «real» del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), con el fin de que los programas de trabajo que se establezcan permitan desarrollar la política de adaptación al cambio climático.