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Extremadura prohíbe las gasolineras desatendidas mientras los sindicatos apuntan que esta modalidad puede poner en peligro 40.000 empleos en España

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Servimedia.- Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron de que la proliferación de las gasolineras sin empleados puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en el sector en España. En este sentido, el responsable de la Federación de Industria de CCOO, Ángel Marinero, aplaudió la medida adoptada en Extremadura, que obliga a las estaciones de servicio a estar atendidas por un trabajador desde las 7 hasta las 22 horas. La Comunidad de Madrid también va a estudiar esta medida.

Marinero apuntó que lo que ha sucedido en Extremadura «es lo que debe ser» ya que «estamos hablando de un producto que es contaminante, peligroso, inflamable» en referencia a los carburantes. «No entendemos, con lo que está pasando, que se permita a estas instalaciones que no se controle nada», subrayó el portavoz de CCOO, que calificó esta situación de «peligro» para la sociedad. Además, la proliferación de este tipo de estaciones de servicio puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en España, según Marinero, quien propuso que se abaraten los carburantes, puesto que, según estima, las gasolineras desatendidas rebajan hasta en 12 céntimos el precio por litro.

Por su parte, el secretario general del sector energético de la Federación de Industria en UGT, Andrés Muñoz, añadió que «lo que queremos es que haya una normativa común en todas las comunidades autónomas» en la línea de Extremadura, para que no se destruya empleo y al mismo tiempo no suponga riesgo para las personas ni el medio ambiente. Muñoz criticó que las estaciones de servicio desatendidas son susceptibles de «incidentes y sabotajes» y remarcó que «se está impidiendo el acceso a personas con discapacidad».

Desde CCOO explicaron que las centrales sindicales se reunieron con empresarios de distintas regiones con el objetivo de evitar que proliferen este tipo de gasolineras y se reduzca el empleo, pero no ha sido posible sacar adelante un acuerdo. Lo que sí que están desarrollando CCOO y UGT, junto a las patronales Ceees y Aevecar, y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), es una campaña de recogida de firmas para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del empleo en el sector y en contra de las gasolineras desatendidas.

Aevecar aplaude la prohibición extremeña

Precisamente, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) valoró como «medida muy oportuna» la prohibición de dejar desatendidas las gasolineras en Extremadura mediante la modificación del Estatuto de los Consumidores de la comunidad. El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda, explicó que «una gasolinera no se puede dejar sola» por la multitud de «pequeños incidentes» que se pueden producir y que «un trabajador puede solucionar sin problemas», pero que de otro modo podrían suponer un riesgo para los usuarios. Los derechos de los consumidores, la protección medioambiental y las necesidades de las personas con discapacidad son otros motivos por los que, según Nebreda, están «trabajando para poder aplicar esta medida a nivel nacional».

Facua pide multas más altas

Por otro lado, la organización de consumidores Facua pidió un aumento en el importe de las multas que deberán pagar las gasolineras desatendidas en Extremadura. Facua considera que las sanciones previstas (entre 3.000 y 15.000 euros) son «insuficientes» y explicó que la petición de multas mayores tiene como objetivo que a las empresas que incumplan la prohibición «no les compense económicamente saltársela«. La asociación, además, propuso que «la reincidencia en el incumplimiento de la obligación de que la gasolinera sea atendida por personal de la empresa debería ser causa para el cierre de la estación».

Madrid lo va a estudiar

Por su parte, el consejero de Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, aseguró que el Gobierno regional estudiará «si encaja o no encaja» la petición de Cocemfe para que todas las gasolineras, incluyendo las de autoservicio, cuenten como mínimo con un trabajador para ayudar a las personas con discapacidad que lo requieran. Al pronunciarse sobre las gasolineras sin empleados, Izquierdo valoraba que Cocemfe haya denunciado que las estaciones de servicio sin trabajadores suponen una «vulnerabilidad» de los derechos de las personas con discapacidad, ya que no pueden ser debidamente atendidos.

En este sentido, Izquierdo aseguró que «en estos momentos nosotros estamos trabajando en una gran estrategia para personas con discapacidad, queremos que sea la estrategia más ambiciosa de toda españa. Estamos trabajando con el Cermi, con todas las federaciones que conforman el Cermi. Añadió que la propuesta de Cocemfe de que las gasolineras tengan, al menos, un empleado «está dentro de las peticiones y veremos si esto encaja o no encaja porque cualquier decisión afecta a muchos agentes y lo tenemos que ver con todos y cada uno de ellos».

Facua denuncia a Gas Natural ante la CNMC por presuntas irregularidades en el uso de datos de usuarios

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Europa Press.- Facua denunció a Gas Natural Fenosa ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Catalana de Consumo por presuntas irregularidades en el uso de los datos de los usuarios de su comercializadora de tarifa regulada para el trasvase al mercado libre.

Facua señala que, a través de una carta, la energética comunica a sus clientes que les hará el cambio de tarifa, a otra que «en realidad es un 15% más cara», e indica que si no quieren este trasvase de tarifa al mercado libre deberán comunicárselo a la compañía. Así, Facua pide a la CNMC que abra expediente sancionador a Gas Natural Fenosa por haberse usado ilícitamente la base de datos de clientes con tarifa regulada para publicitar las tarifas de otra comercializadora del grupo.

El butano sube otro 5% para absorber el déficit pendiente

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano experimentó una subida del 5% con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, según una resolución de la Dirección General de Política Energética publicada en el BOE. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona más los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

En esta ocasión, se ha producido un descenso en el precio de la materia prima que, sin embargo, no ha podido redundar en un abaratamiento de la bombona, sobre la que pesaba un déficit procedente de bimestres anteriores, en los que precisamente no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. El Economista explica que con esta subida Energía evita una batalla legal con el sector tras haber estado vendiendo a pérdidas durante los últimos meses. En esta ocasión, no obstante, se reduce ligeramente la retribución que reciben principalmente los distribuidores. La subida es la máxima permitida por el actual sistema de revisión de precios. Con ella, el butano acumula 6 revisiones bimestrales al alza.

Una subida acumulada del 32%

Por entonces, la bombona tocó suelo tras una secuencia de caídas que la abarataron un 35% desde los niveles de 2015. De hecho, el butano se encuentra aún un 19% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015, a pesar de las subidas. Eso sí, la subida de ahora se produce tras las del 5% en mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre y del 4% en septiembre del 2016. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%.

El nuevo incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el quinto que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos.

Piden otros instrumentos de cálculo

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno que establezca otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas de la bombona de butano a fin de garantizar la protección de los intereses económicos de todos los consumidores y evitar «precios excesivos». Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el precio del butano, que se actualiza bimestralmente por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, acumula ya seis subidas consecutivas desde julio de 2016.

Facua y OCU denuncian las subidas en el recibo de la luz en junio y critican la pasividad del Gobierno

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Europa Press.- Las asociaciones de consumidores Facua y OCU han advertido de subidas en el precio de la luz durante este mes de junio debido al repunte en el mercado mayorista y criticaron la «pasividad» del Gobierno. Facua denuncia «la despreocupación» por los intereses de los usuarios que mantiene el Gobierno, cuyas políticas energéticas están enfocadas «en proteger los del oligopolio eléctrico».

El recibo medio de electricidad se ha encarecido un 8,8% en junio con respecto a mayo. Así, Facua reclama la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector, para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente «una tarifa asequible«, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español «fomenta la especulación y los abusos».

Por su parte, OCU advierte de una nueva subida del precio de la electricidad durante junio, una vez que el precio en el mercado mayorista, el pool, es un 7% más alto que el del pasado mes de mayo y un 29% más elevado que el que había en el mes de junio de 2016. Esta organización destaca que esta subida se suma a la tendencia alcista que el precio de la electricidad viene sufriendo desde primavera y advierte que es previsible que, durante próximos meses, esta tendencia se mantenga.

Asimismo, OCU recuerda que estas variaciones en el precio de la electricidad sólo afectan directamente a los clientes que tienen contratada la tarifa regulada PVPC o una tarifa indexada al mercado mayorista equivalente. Los hogares en el mercado libre, normalmente con una tarifa fija, deberán fijarse en el precio del kilovatio hora (kWh) que pagan y en el precio que le propongan con cada renovación.

La refacturación del recibo eléctrico medio será de 5,67 euros tras la sentencia del Supremo sobre el margen de comercialización

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Europa Press / EFE.- La refacturación del recibo de la luz que aplicarán las compañías eléctricas encargadas de suministrar la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el objetivo de cubrir el margen de comercialización no imputado en los últimos años será de 5,67 euros para un hogar medio, según indicaron fuentes de Endesa, para así regularizar los cobros después del cambio en los márgenes de comercialización.

Esta refacturación, aprobada por el Gobierno en un decreto con el objeto de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en contra de decisiones regulatorias del propio Ejecutivo, ha de aplicarse hasta el 30 de septiembre y las comercializadoras tienen la opción de hacerlo de una vez o en varios recibos. En el caso de Endesa, el proceso se realizará en una sola factura y el importe medio que se regularizará será de 2,2 euros por cliente, aunque la dispersión es amplia. Para una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 3.000 kilovatio hora (kWh) al año, la regularización total, que abarca casi tres años, será de 5,67 euros.

Otras fuentes del sector eléctrico explican que no todos los usuarios verán incrementada la factura y que con consumos pequeños saldrá a devolver. La nueva metodología, en contra de lo que ocurría con el sistema anterior, tiene en cuenta el consumo realizado. La refacturación es fruto de varias sentencias del Supremo en las que se considera insuficiente el margen de comercialización que desde 2014 el Gobierno reconoció a las eléctricas encargadas de suministrar el PVPC. Desde 2014, este margen se vinculaba únicamente a la parte fija del recibo y ascendía a 4 euros anuales por kilovatio contratado. El Supremo falló que este importe es insuficiente para cubrir los costes de comercialización y obligó al Gobierno a fijar una nueva metodología.

Tras las resoluciones judiciales, el Gobierno publicó un real decreto en el que fija el margen de comercialización en 3,11 euros al año por kilovatio contratado, más una parte que varía en función del consumo realizado. Esta revisión implica a efectos prácticos un aumento del recibo medio final de apenas el 0,02%, aproximadamente 0,25 euros al año. La norma también recoge una refacturación para repercutir al cliente las cantidades no cobradas desde 2014, que es de donde proceden los 5,67 euros que ahora deberá pagar el hogar medio. En todo caso, si el cliente ha tenido un consumo pequeño, es posible que se vea beneficiado con la revisión, al vincularse el importe a la demanda.

La refacturación, que afectará a 13 millones de consumidores, se aplica a los usuarios que durante todo o una parte del periodo comprendido entre abril de 2014 y diciembre de 2016 tuviesen el PVPC, incluidos los consumidores vulnerables acogidos al bono social. Si cambiaron de comercializadora o se dieron de baja, será la empresa que cobró las cantidades en esas fechas la que ahora les pase uno o varios recibos con la regularización. La refacturación vendrá acompañada de una carta explicativa redactada por el Gobierno cuyos términos el Supremo obligó a modificar, al considerar que se daba a entender que la responsabilidad de la misma era de las empresas, cuando en realidad responde a decisiones del Ejecutivo con retribuciones insuficientes.

Denuncian la refacturación de golpe

Por su parte, Facua ha denunciado la autorización del Gobierno a las compañías eléctricas para que cobren, en mayo y de una sola vez, las tarifas que, durante 3 años, se aplicaron “incorrectamente porque el Ministerio de Energía no calculó bien el coste de la comercialización de la electricidad que forma parte de la tarifa regulada”.Una medida que, según advierte Facua, puede llegar a inflar más de un 50% el recibo de la luz en mayo, y que ha propiciado que las eléctricas tengan libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o “de golpe”, como está haciendo Endesa, según apunta la organización, este mes.

Asimismo, Facua lamenta la “nula sensibilidad que han tenido tanto el Gobierno como las compañías con la grave situación económica de multitud de consumidores, ya que tenían de plazo para imponer la refacturación, previo aviso a los usuarios de los motivos del reajuste, hasta el 30 de septiembre y lo cobrarán de una sola vez”.De hecho, critican que ni siquiera se tiene en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les está aplicando íntegramente.

El butano sube otro 5% y acumula incrementos del 26% desde julio de 2016 mientras Facua exige evitar precios excesivos

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha advertido de que la bombona de butano ha subido un 25,9% en sólo 10 meses, al tiempo que exige otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos. De este modo, el precio máximo de la bombona de butano, una vez incluidos los impuestos, se situó en 14,18 euros, con una nueva subida del 5%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta subida desde los 13,52 euros previos, provocada por aspectos como el encarecimiento de la materia prima, es la máxima permitida por el actual sistema de revisión de precios. Fuentes del sector han explicado que este incremento no será suficiente para cubrir todos los costes de comercialización de los operadores. De hecho, seguirá existiendo un déficit de ingresos que se tendrá en cuenta al revisar los precios en los siguientes bimestres. Ya en la revisión anterior, el aumento de costes habría obligado a incrementar mucho más el precio, un 14%, hasta 14,74 euros, de no existir topes para las revisiones.

Con la nueva subida, el butano acumula cinco revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Ese mes, la bombona tocó suelo tras una secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015. Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún un 19% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. La diferencia con respecto a aquel máximo es de más de 3 euros.

Sube desde el nuevo Gobierno

La subida de mayo se producirá tras las del 5% en marzo y enero de 2017, del 4,7% en noviembre de 2016 y del 4% en septiembre del ejercicio pasado. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%. El nuevo incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el cuarto que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

La bombona estándar de 12,5 kilos se comercializaba el pasado verano a 11,27 euros, impuestos indirectos incluidos, precio que empezó a aplicarse desde julio de 2016. A partir de entonces, en septiembre se fijó su importe en 11,73 euros, en noviembre en 12,29 euros, en enero en 12,89 euros y en marzo en 13,52 euros, según la asociación de consumidores. Facua recuerda que el «máximo histórico» de la bombona fueron los 17,5 euros que tuvieron que pagar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre mayo de 2013 y marzo de 2015.

La organización de consumidores Facua pide su personación como acusación popular en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha solicitado su personación como acusación popular en la causa abierta contra Iberdrola en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, según anunció. Facua señala que pretende actuar en representación de los intereses generales de los consumidores en este caso, en el que se investiga si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando «paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la electricidad«.

La asociación recuerda que en 2015 solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido el delito del que la acusa ahora Anticorrupción. La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en 2016 decidió archivarla. En ese momento, la Fiscalía vizcaína consideró que el presunto fraude cometido por la compañía no encajaba en la definición del delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal.

Facua muestra ahora su satisfacción con que la Fiscalía Anticorrupción «sí comparta su criterio al considerar que Iberdrola incurrió en una práctica delictiva con la paralización de sus centrales hidráulicas para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final». En la actualidad, Facua está también personada en el caso Volkswagen y en el caso Ausbanc y Manos Limpias.

La CNMC propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio del alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.-Facua reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias «para ajustar a los costes reales» el precio que pagan los consumidores de gas por el alquiler de los contadores, tal y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio, dependiendo del tipo de equipo, lo que implicaría, de media, un ahorro de unos 8 euros al año para los 6,8 millones de consumidores con contador alquilado.

Así se desprende del primer estudio sobre el precio que deberían pagar los consumidores domésticos de gas por el alquiler de sus contadores, según establece el Real Decreto 1434/2002. Anualmente, el Gobierno publica en una orden ministerial los precios del alquiler de contadores de gas, que varían en función del tipo de consumidor (doméstico, empresa, etc.), y del caudal, cantidad de gas, que circula por equipo. Hasta el año 2013, de media, estos precios subían anualmente entre el 2,5% y el 3,6%. Sin embargo, han estado congelados desde ese año.

Un 99,2% lo tiene alquilado

Los consumidores pagan mensualmente a su empresa comercializadora a través de su recibo del gas el precio estipulado por el alquiler del contador junto con el resto de conceptos facturables (peajes, consumo de gas, impuestos). Un 99,2% tiene alquilado su contador. Los precios que pagan los consumidores domésticos oscilan entre 0,69 euros mensuales (hasta 3 metros cúbicos por hora) y los 2,64 euros mensuales (hasta 10 metros cúbicos por hora), dependiendo del caudal del contador que tengan alquilado. La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, denunció que “las empresas están cobrando a los usuarios más de lo que les correspondería».

Hasta la fecha, no ha existido una metodología concreta de costes para fijar el precio del alquiler de estos equipos, entre otras cosas, porque las empresas distribuidoras no cuentan con una separación contable que diferencie los ingresos que perciben y los costes en los que incurren por el alquiler de estos equipos, frente al resto de ingresos y costes de la actividad de distribución. En consecuencia, la CNMC ha solicitado información económica para llevar a cabo un análisis metodológico que concluye que los precios por el alquiler de estos equipos deberían bajar entre el 16% y el 76%, dependiendo del tipo de contador del usuario.

Los vehículos analizados por el Ministerio de Industria superan de forma generalizada los límites de emisiones en conducción real

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Europa Press.- El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha realizado pruebas de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 17 vehículos de diferentes marcas cuyos resultados muestran que de forma generalizada se superan los límites en condiciones de conducción real, pero no cuando se realiza el test en un laboratorio y conforme a los criterios de homologación.

El informe con los resultados del estudio parte de las pruebas realizadas en 17 coches de las marcas Seat, Ford, Nissan, Volvo y Ssangyong en las instalaciones de Idiada Automotive Technology, que actúa como servicio técnico oficial designado por la Autoridad de Homologación de Vehículos en España. Los coches han sido sometidos a pruebas de Tipo I, realizadas en un laboratorio y conforme a las características de masa, fricción y aerodinámica propias del vehículo. Además, se han realizado otras pruebas, entre ellas con conducción real.

El Gobierno concluye que los 17 vehículos ensayados cumplen con los valores límite para emisiones en la prueba Tipo I, conocida como de homologación, si bien, «en el resto de pruebas, generalmente, los vehículos ensayados presentan niveles de emisiones de NOx superiores a los valores límite». El País, que adelanta el informe elaborado, indica que el estudio tenía como objeto buscar dispositivos fraudulentos para enmascarar las emisiones, como los conocidos de Volkswagen. Entre las conclusiones, se indica que los modelos «no dan muestra de disponer del dispositivo de desactivación prohibido».

Industria reclamó a las empresas responsables de los vehículos Nissan Juke/Qashqai 1.5 (Euro6) y Sangyong Tívoli 1.6 (Euro 6) explicaran el comportamiento altamente emisor de sus vehículos, a lo que respondieron que, «en determinados rangos de temperatura ambiente, el sistema de recirculación de gases de escape quedaba parcial o totalmente desactivado con el fin de no producir daños en el motor y que se pusiera en peligro la seguridad en la conducción». Este caso está reconocido como aceptable en las normativas anteriormente mencionadas, reconoce Industria.

En las conclusiones, el informe indica que los ensayos de homologación, actualmente aplicables, se basan en ensayos de laboratorio en condiciones de prueba muy controladas, lo que implica «cierta discrepancia de los valores de emisiones obtenidos con los que se obtendrán en conducción real». Esta discrepancia, señala, se verá solventada mediante la aplicación del nuevo procedimiento de ensayo cuyo objetivo es, precisamente, la evaluación de las «emisiones en conducción real».

Críticas de OCU y Facua

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua han criticado al Ministerio por actuar con «opacidad» y «silenciar» el informe con los resultados de las pruebas sobre las emisiones de NOx de los vehículos. La OCU asegura que «el Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel» y critica al Ejecutivo por no haber actuado «con la diligencia debida ante el mayúsculo escándalo de las emisiones de gases contaminantes».

En enero, la OCU ya criticó que el Ministerio no hubiera hecho públicas todavía las investigaciones que llevaba realizando ya desde diciembre del año 2015. Tras conocerse que todos los vehículos analizados con motores diésel homologados por España superan los límites de óxidos de nitrógeno fijados por la normativa europea en pruebas de conducción real, la OCU considera «fundamental que las administraciones defiendan los intereses de los consumidores por encima de los de la industria».

Por su parte, Facua califica de «indignante» que el Gobierno «silencie un informe que aporta nuevos indicios de manipulaciones de motores de vehículos diésel para pasar los controles de emisiones de dióxidos de nitrógeno y les permite incumplir los máximos fijados por la ley cuando están en carretera». El hecho de que el Ministerio de Economía e Industria no haya dado difusión al contenido del informe es, a juicio de Facua, «una nueva muestra del sometimiento del Gobierno a los intereses del sector del automóvil».

Facua denuncia a 8 compañías energéticas, entre ellas comercializadoras como Som Energía, HolaLuz y Escandinava, por usar líneas de pago

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Europa Press.- Facua ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de consumo de las respectivas comunidades autónomas en las que se encuentran registrados los domicilios sociales de las 8 compañías energéticas que se han «saltado» la legislación al gestionar con líneas 902 o numeraciones que implican un coste para el consumidor.

La organización ha detectado las irregularidades tras una encuesta sobre 30 compañías energéticas, sector donde la legislación obliga a facilitar teléfonos gratuitos tanto para la información comercial como la atención a los clientes. Los casos «más graves» son los de las 3 comercializadoras que obligan a los usuarios a llamar a teléfonos de pago con prefijo geográfico para el servicio de atención al cliente, pese a que la legislación del sector establece que deben ser gratuitos. Se trata de Som Energía, Clidom Energy, que opera bajos las marcas HolaLuz y HolaGas, y Escandinava de Electricidad.

Por su parte, la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta obliga a llamar a un teléfono de pago a aquellos usuarios que sufren averías. Para el resto de cuestiones, dispone de dos teléfonos de pago y uno gratuito. De las cuatro restantes, Pepeenergy «discrimina» a los usuarios, remitiéndoles a una línea de pago a los no clientes, mientras que Axpo Iberia, Gesternova y Nexus Energía ofrecen teléfonos gratuitos pero no los publicitan de manera «destacada».