Entradas

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.

La CNMC multa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar contratos sin el consentimiento de 7 clientes

Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento. En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador. La CNMC ha acreditado que, en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento. Concretamente, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios. Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Facua critica a los comerciales

Facua asegura que tanto el Gobierno como las autoridades de protección al consumidor autonómicas «vienen manteniendo» una actitud pasiva en relación a la mala praxis de algunas comercializadoras que han sido multadas por parte de la CNMC. En este sentido, la organización equipara este «macrofraude» con el que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones y recomienda a todos los usuarios que hayan sido «víctimas» que denuncien sus casos ante el organismo regulador. De igual modo, Facua denuncia «especialmente» los casos en los que los usuarios afectados por el cambio de compañía perdieron el bono social y asegura que la CNMC analiza 270 denuncias presentadas por esta asociación en nombre de sus asociados.

Facua asegura que el recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al año pasado

Europa Press.- El recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la asociación Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas de febrero, el usuario medio con la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) pagará 76,10 euros, frente a los 62,39 euros del mismo mes en 2016, indicó la asociación.

En enero, la factura batió «todos los récords», según Facua, al situarse en 87,81 euros, un 29,4% por encima de los 67,84 euros del mismo mes del año pasado, aunque un 15,4% superior a la de este mes de febrero. El precio medio del kilovatio hora (kWh) este febrero fue de 15,55 céntimos (12,23 céntimos más impuestos), después de que en enero alcanzase los 18,75 céntimos (14,74 céntimos más impuestos). En febrero de 2016 el kWh se situó en 11,69 céntimos (9,19 céntimos más impuestos).

Facua reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una «tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos». Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», y pide que se baje al tipo mínimo permitido por la normativa europea, «legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor».

El Gobierno recuerda que la potestad de sancionar a las comercializadoras eléctricas por supuesta publicidad engañosa corresponde a la CNMC

Europa Press.- El Gobierno considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con «una variedad de instrumentos» suficiente para sancionar cualquier actuación irregular de las comercializadoras eléctricas, dejando así en manos del regulador las posibles sanciones por las prácticas que denuncia Facua.

El diputado de Podemos, Josep Vendrell, preguntó por escrito al Ejecutivo sobre las ofertas que algunas comercializadoras eléctricas plantean a los consumidores bajo la excusa de pretendidas rebajas que en realidad pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 68,2% en el caso de los potenciales beneficiarios del bono social. En su respuesta el Gobierno se limita a señalar que la CNMC, organismo encargado de supervisar el mercado y la competencia, ha tenido conocimiento de que «algunas comercializadoras tramitan cambios de suministrador sin consentimiento o con consentimiento obtenido a través de engaño».

En este sentido, cita varios informes del regulador en el que se denuncia que «los consumidores reciben información poco transparente o poco veraz», lo que resulta en contrataciones que, «en muchos casos, empeoran las condiciones contratadas previamente». Sin embargo, el Ejecutivo considera que la Comisión tiene a su disposición «una variedad» de instrumentos suficiente para sancionar este tipo de conductas que «pudieran obstaculizar el cambio de suministrador falseando la competencia» de manera «activa y coordinada», y recuerda que ya están en tramitación diversos expedientes sancionadoras por incumplimientos de esta naturaleza.

Facua pide a los consumidores estar atentos ante algunas prácticas comerciales desarrolladas tras las últimas subidas de la luz

Europa Press.- La subida del precio de la luz que se experimentó el pasado mes de enero ha tenido consecuencias políticas y económicas. Hasta el momento, los partidos políticos de la oposición han mostrado su rechazo al aumento de los precios y hasta reclamaron la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar las subidas.

Según la asociación de consumidores Facua, las consecuencias de la subida de la luz no repercutirán solamente en los bolsillos de los consumidores, sino que algunos de ellos pueden o han podido verse sorprendidos por mayores alteraciones en la factura como son el traslado de compañía o el cambio de tarifa. Se trata de los usuarios víctima del slamming, una práctica que según denuncian desde esta asociación de consumidores aumenta con cada hecho noticiable relacionado con el sector energético. El término slamming hace referencia a una práctica que consiste en, a través de la visita de comerciales a los hogares, cambiar a los usuarios de una compañía de tarifa o hasta trasladarles el contrato a otra empresa sin informarles debidamente.

Así, estos comerciales pueden ganarse a los clientes haciéndoles firmar un nuevo contrato sin leerlo o hasta conseguir cambios en el contrato o establecer un nuevo acuerdo a través de la falsificación de sus firmas. «Las empresas que lo practican son principalmente del sector eléctrico», explica el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. «El sector eléctrico es uno de los más denunciados por los consumidores, está en cuarto lugar, por detrás de la banca«, añade Sánchez.

Sánchez asegura que no hay un perfil de víctima potencial. Sostiene que desde su asociación se encuentran con denuncias de todo tipo de consumidores y recomiendan a todos ellos denunciar los hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a quienes deben dirigirse a través de una denuncia escrita. «Se puede prevenir no aceptando ningún tipo de visita de ningún comercial de ninguna compañía», argumenta Sánchez. El portavoz de Facua recalca la importancia de no enseñar a ningún visitador ninguna factura.

En caso de haber sido víctima de un cambio fraudulento de tarifa a través de la firma no informada de un nuevo contrato, desde Facua recomiendan explicar a la compañía con la que se tenía un contrato solicitar volver al estado original. En caso de ser víctima de una falsificación de la firma y que la factura se pague antes de contactar con la compañía o no se informe a tiempo al banco para que devuelva el recibo, la recomendación pasa por presentar una denuncia de cara a acreditar que se ha cometido un fraude.

Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Facua advierte que la norma sobre el bono social no aporta ninguna medida que «frene» la pobreza energética

Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción ha advertido de que el real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, por el que se regula el mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, «no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética». La asociación señala que se trata de una norma «carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir sus usuarios beneficiarios».

Así, Facua critica que ni siquiera la «brutal» subida de la luz de enero ha provocado cambios en el plan del Gobierno y considera de «una grave irresponsabilidad» que se posponga a la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos. Por último, la asociación, que denuncia que «en materia energética, el Gobierno sólo negocia con las eléctricas y el PSOE, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negándose a recibir a los movimientos ciudadanos», afirma que el real-decreto «simplemente» plantea que desde ahora sean todas las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social.

Facua reclama a la CNMC que investigue las subidas de la luz en enero

Redacción / Agencias.- Facua reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las «desproporcionadas» subidas de la luz en enero, que asegura que traerán el recibo “más caro de la historia”, para aclarar si las eléctricas operan “dentro de los márgenes legales o manipulan al alza los precios”. Facua remitió un escrito a la CNMC para que investigue si se están manipulando los precios artificialmente mediante prácticas como la disminución de la producción de determinadas centrales.

Ha argumentado que hay antecedentes «que inducen a sospechar», entre los que ha citado que en 2015 la CNMC multó con 25 millones a Iberdrola por haber manipulado de manera fraudulenta los precios de la electricidad mediante la disminución de la producción de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Además, ha indicado que en junio Iberdrola fue multada en Estados Unidos con 370 millones de dólares (unos 320 millones de euros) “por haber alterado artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista”, lo que supuso un encarecimiento “muy elevado” de la factura para los consumidores de California.

Facua, se esté produciendo un fraude o no en la actualidad, ha reivindicado un cambio en el modelo de fijación de precios, ya que el mecanismo «facilita la especulación y conlleva la injustificada carestía de las tarifas». Ha lamentado que la liberalización energética ha sido «una gran estafa» para los consumidores y ha manifestado que España es uno de los Estados europeos con las tarifas más caras y los niveles más altos de pobreza energética.

Facua exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español «fomenta la especulación». Ha denunciado que actualmente «es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías”, y a su juicio la solución es que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos. Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», ya que entiende que se debe reducir al tipo mínimo permitido por la normativa europea.

“Más caro de la historia”

Asimismo, Facua asegura que la factura de la luz de este enero será la más cara de toda la historia, pues el recibo del usuario que utilizan en sus cálculos superará por primera vez los 90 euros. En este sentido, Facua denuncia que el precio del kilovatio hora (kWh) batió este miércoles un nuevo récord, al situarse en 21,71 céntimos (17,07 euros más impuestos). Con las tarifas vigentes entre el 1 y el 26 de enero, el usuario medio (consumo de 366 kWh y potencia de 4,4 kW) pagaría 88,48 euros. Sólo en los últimos 10 días, la subida fue de casi 4 euros, siendo así el recibo unos 10 euros más caros que el del pasado mes de diciembre.

Así, la organización indicó que el recibo de enero será en torno a un 85% más caro que hace 10 años, con lo que casi lo duplica. En enero de 2007 se situó 48,59 euros, prácticamente el mismo importe que en el mismo mes de 1997, 48,98 euros. El recibo de enero de 2017 estará, según Facua, por encima de los máximos históricos, que se registraron en julio de 2015, mes en que la facturación del usuario medio alcanzó los 81,18 euros; y entre enero y marzo de 2012, fechas en las que se situó en 74 euros, pero posteriormente se refacturó hasta alcanzar los 88,66 euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.

Colectivos de Nomascortesdeluz.org lamentan que el acuerdo entre Gobierno y PSOE no impida los cortes de luz este invierno

EFE / Europa Press.- Colectivos sociales, integrados en la plataforma NoMásCortesDeLuz.org, consideran que el decreto ley aprobado por el Gobierno para reformar la ley del sector eléctrico y prohibir los cortes de luz a los consumidores “extremadamente vulnerables” es insuficiente porque «no es de aplicación inmediata» y por tanto no va a ayudar a las familias durante este invierno. El decreto deberá ser convalidado por el Parlamento en un mes.

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, impedir el corte de luz a cualquier familia debe ser algo instantáneo, y una vez que pase el invierno, se analiza caso a caso para determinar si realmente estos hogares se pueden acoger a la medida de protección. «Hay muertes por pobreza energética y durante la etapa invernal es precisamente cuando hay más problemas», indicó Sánchez, que lamentó que «un Gobierno con capacidad de aprobar un decreto ley por el que se prohíba de inmediato esos cortes no lo haga, salvo que se quiera dar una moratoria a las eléctricas para que sigan cometiendo gravísimos abusos». «Este acuerdo entre Gobierno y PSOE es insuficiente y es una nueva tomadura de pelo», sentenció Sánchez.

Para Facua, el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos «busca más la foto que soluciones a la pobreza energética». Sánchez señaló que el acuerdo representa una «absoluta falta de sensibilidad» en la actual coyuntura en que ha empezado el invierno. Así, considera que «no hay ninguna excusa regulatoria» para proteger definitivamente a los consumidores vulnerables, tal y lo reconoce la directiva europea de 2009. De esta manera, Sánchez pidió separar el debate de los distintos perfiles de consumidores vulnerables y consideró necesario aprobar una norma que dé solución a la pobreza energética en el actual marco de la llegada del invierno.

Cambios regulatorios sin efectos inmediatos

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano considera que «se ha perdido una oportunidad de legislar a nivel estatal el principio de precaución» en la ley del sector eléctrico. «Solo se ha introducido una frase, que es la de que no se va a cortar la luz a familias con vulnerabilidad severa, pero ni se define que es la vulnerabilidad severa ni cómo se van a evitar esos cortes de suministro y el procedimiento para evitar esos cortes de luz es importantísimo», indicó.

Para la alianza, este acuerdo «es un parche que no va a servir para nada» y «lo que se ha hecho es hacerse una foto». «Se ha perdido una oportunidad de hacer una propuesta real de acabar con la pobreza energética, no solo evitando los cortes de luz, sino también reformando el bono social y empezar a hablar de una verdadera tarifa social». Para la Alianza contra la Pobreza Energética esa tarifa social debe ser financiada «por las empresa del oligopolio» y ha lamentado que el pacto vaya a recaer sólo sobre las comercializadoras en función del número de clientes, dejando fuera a las distribuidoras.

También Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha defendido que se aprueben tarifas sociales y «que se pague en función de la capacidad económica». El acuerdo, para la PAH, «es un parche» a un problema al que se debería haber buscado «soluciones reales y globales». «Hay que definir los baremos de vulnerabilidad y los procedimientos para parar los cortes y este acuerdo político dice que ha de ser regulado a posteriori; es papel mojado incluir ese concepto en la ley energética porque no supone la paralización de los cortes».

Facua denuncia que ninguna tarifa eléctrica de las comercializadoras del mercado libre es más barata que la tarifa regulada PVPC

Redacción / Agencias.- Un estudio comparativo realizado por la Federación de Consumidores en Acción (Facua) revela que ninguna de las tarifas del mercado libre ofrecidas por las comercializadoras eléctricas ha resultado más barata que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que se situó en 65,9 euros mensuales para un consumidor medio entre enero y octubre de 2016. Facua advierte de que alguna de estas ofertas puede encarecer el recibo hasta un 26,2%.

En el estudio, Facua comparó el PVPC, la tarifa regulada, con tarifas ofertadas por 8 comercializadoras eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, Holaluz, Podo, Som Energía y EDP Energía. Asimismo, denuncia que los usuarios con derecho al bono social sufren un incremento muchísimo mayor en sus recibos al contratar las ofertas del mercado libre, que llega hasta el 68,2%. Para Facua, las comercializadoras realizan «trampas» con el fin de «hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada PVPC, cuando en todos los casos analizados encarecen el recibo del usuario medio».

Facua asegura que la oferta de mercado más cara de su análisis es la Tarifa Estable Luz de Gas Natural Fenosa, en la que un usuario medio (4,4 kW de potencia contratada y 366 kWh de consumo mensual) paga 83,15 euros al mes, lo que supone un 26,2% más que el PVPC. Endesa One Luz supone según Facua un encarecimiento sobre el PVPC del 14,4% para el usuario medio, que pasa a pagar 75,38 euros mensuales. Con Conect@ Luz, de Iberdrola, la factura mensual asciende a 75,78 euros, un 15% más cara que el PVPC.

En torno a 75 euros

La oferta de Viesgo (Tarifa de luz 100% online) representa un recibo de 71,96 euros para el usuario medio, un 9,2% más caro que con el PVPC, mientras que la de Holaluz (Tarifa de Luz Un Precio Pago Sin Sorpresas) supone 75 euros, un 13,8% más. La tarifa de Podo (Fijo) asciende a 72,62 euros, un 10,2% más, mientras que la de Som Energía (Tarifa 2.0A sin discriminación horaria), tiene un coste de 77,79 euros, un 18% más. En cuanto a EDP Energía (Fórmula luz con factura electrónica), supone 74,44 euros mensuales, un 13% más.

La asociación advierte de que la mayoría de usuarios abandonan el PVPC «engañados por las campañas publicitarias de las comercializadoras eléctricas y las mentiras de las comerciales”, sufriendo un incremento mayor en sus recibos al contratar las ofertas. Además denuncia que en muchas ofertas las compañías confunden a los usuarios anunciando descuentos que no se aplican sobre el PVPC sino sobre tarifas mucho más caras o que están condicionados a la contratación de otros productos. También denuncian tarifas que se limitan al primer año y que hinchan los recibos a partir del segundo, además de que las tarifas que se ofertan como planas no existen sino que son “un fraude”.

Facua alerta también de las prácticas «fraudulentas» en las que incurren los comerciales de las grandes eléctricas, que «acuden a los domicilios de los usuarios para ofrecerles descuentos de forma engañosa o hacerles creer que vienen de su misma compañía para una simple comprobación de datos». «Cada vez son más los casos de falsificaciones de contratos recibidos en Facua, donde el sector eléctrico es ya el tercero más denunciado por los consumidores», afirma. Por ello, Facua pide al Gobierno que cambie la legislación, además de insistir en reclamar a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue “este fraude masivo y aplique multas contundentes a las compañías”.