Los vehículos analizados por el Ministerio de Industria superan de forma generalizada los límites de emisiones en conducción real

Europa Press.- El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha realizado pruebas de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 17 vehículos de diferentes marcas cuyos resultados muestran que de forma generalizada se superan los límites en condiciones de conducción real, pero no cuando se realiza el test en un laboratorio y conforme a los criterios de homologación.

El informe con los resultados del estudio parte de las pruebas realizadas en 17 coches de las marcas Seat, Ford, Nissan, Volvo y Ssangyong en las instalaciones de Idiada Automotive Technology, que actúa como servicio técnico oficial designado por la Autoridad de Homologación de Vehículos en España. Los coches han sido sometidos a pruebas de Tipo I, realizadas en un laboratorio y conforme a las características de masa, fricción y aerodinámica propias del vehículo. Además, se han realizado otras pruebas, entre ellas con conducción real.

El Gobierno concluye que los 17 vehículos ensayados cumplen con los valores límite para emisiones en la prueba Tipo I, conocida como de homologación, si bien, «en el resto de pruebas, generalmente, los vehículos ensayados presentan niveles de emisiones de NOx superiores a los valores límite». El País, que adelanta el informe elaborado, indica que el estudio tenía como objeto buscar dispositivos fraudulentos para enmascarar las emisiones, como los conocidos de Volkswagen. Entre las conclusiones, se indica que los modelos «no dan muestra de disponer del dispositivo de desactivación prohibido».

Industria reclamó a las empresas responsables de los vehículos Nissan Juke/Qashqai 1.5 (Euro6) y Sangyong Tívoli 1.6 (Euro 6) explicaran el comportamiento altamente emisor de sus vehículos, a lo que respondieron que, «en determinados rangos de temperatura ambiente, el sistema de recirculación de gases de escape quedaba parcial o totalmente desactivado con el fin de no producir daños en el motor y que se pusiera en peligro la seguridad en la conducción». Este caso está reconocido como aceptable en las normativas anteriormente mencionadas, reconoce Industria.

En las conclusiones, el informe indica que los ensayos de homologación, actualmente aplicables, se basan en ensayos de laboratorio en condiciones de prueba muy controladas, lo que implica «cierta discrepancia de los valores de emisiones obtenidos con los que se obtendrán en conducción real». Esta discrepancia, señala, se verá solventada mediante la aplicación del nuevo procedimiento de ensayo cuyo objetivo es, precisamente, la evaluación de las «emisiones en conducción real».

Críticas de OCU y Facua

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua han criticado al Ministerio por actuar con «opacidad» y «silenciar» el informe con los resultados de las pruebas sobre las emisiones de NOx de los vehículos. La OCU asegura que «el Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel» y critica al Ejecutivo por no haber actuado «con la diligencia debida ante el mayúsculo escándalo de las emisiones de gases contaminantes».

En enero, la OCU ya criticó que el Ministerio no hubiera hecho públicas todavía las investigaciones que llevaba realizando ya desde diciembre del año 2015. Tras conocerse que todos los vehículos analizados con motores diésel homologados por España superan los límites de óxidos de nitrógeno fijados por la normativa europea en pruebas de conducción real, la OCU considera «fundamental que las administraciones defiendan los intereses de los consumidores por encima de los de la industria».

Por su parte, Facua califica de «indignante» que el Gobierno «silencie un informe que aporta nuevos indicios de manipulaciones de motores de vehículos diésel para pasar los controles de emisiones de dióxidos de nitrógeno y les permite incumplir los máximos fijados por la ley cuando están en carretera». El hecho de que el Ministerio de Economía e Industria no haya dado difusión al contenido del informe es, a juicio de Facua, «una nueva muestra del sometimiento del Gobierno a los intereses del sector del automóvil».