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Facua exige al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo de las tarifas del butano tras subir otro 5%

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Europa Press / EFE.- Facua reclama al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas para que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores, después de que el butano volviera a subir un 5%, hasta los 14,61 euros. Según denuncia la asociación, el nivel en el que se encuentra actualmente el precio de una bombona de butano estándar de 12,5 kg es 2,88 euros más que hace justo 2 años, cuando el precio llegó a los 11,73 euros.

Facua recuerda que el máximo histórico de la bombona fueron los 17,50 euros que tuvieron que abonar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (un total de 672 días), siendo el tope legal fijado. El precio más alto durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011, a 81 días del fin de su segunda legislatura, y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

Una nueva subida del 5%

El precio medio de la bombona de butano subió un 4,96%, hasta los 14,61 euros, frente a los 13,92 euros anteriores. De esta manera, la bombona registra su segunda subida consecutiva, tras el repunte del 4,9% que sufrió también en julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente. Este aumento en el precio se debe, principalmente, al incremento de la cotización de las materias primas internacionales y los fletes durante el periodo de cálculo. De este modo, el nuevo precio del butano pasará a ser de 95,1261 céntimos de euro por kilogramo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 69 céntimos. Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%.

Igualmente, en septiembre el precio había descendido casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros. No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular 6 revisiones bimestrales al alza.

El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando se revisará nuevamente. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos. Esta bombona la consumen unos 8 millones de hogares en España.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

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Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.

Ciudadanos pregunta al Gobierno qué medidas va a adoptar ante la subida de la luz y Fenie también exige soluciones

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EFE / Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) insta al Gobierno a ofrecer soluciones ante las «incesantes» subidas del precio de la electricidad, al haber alcanzado esta semana su máximo anual, Ciudadanos ha registrado una pregunta parlamentaria para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante este incremento y si considera prioritario acometer una reforma de la fiscalidad de la factura eléctrica y una auditoría de la misma para eliminar las cargas ajenas al suministro.

En este sentido, el escrito registrado por la diputada Melisa Rodríguez y los diputados José Luis Martínez y Antonio Cantó también solicita al Ejecutivo que concrete si estaría de acuerdo con erradicar el uso de la factura de la luz como «herramienta recaudatoria» donde “lo que menos importancia tiene es el consumo eléctrico”. Además, también pide conocer si para el Gobierno sigue siendo prioritario el cierre de algunas centrales que no emiten CO2 mientras mantiene otras tecnologías más contaminantes y pide que se expliquen las medidas planteadas para avanzar en la instalación de potencia renovable.

Durante los últimos días, a comienzos del mes de septiembre, el precio del mercado mayorista de electricidad ha vuelto a registrar continuas subidas alcanzando niveles récord, superando el máximo del año en dos días consecutivos. El martes día 4, el pool alcanzó los 71,31 euros MWh, y el precio de la electricidad alcanzó los 74,58 euros MWh para el miércoles día 5. En este contexto, Ciudadanos critica la “dependencia del petróleo de la economía española, el escaso desfase entre el crecimiento económico y las emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década, y los “escasos” niveles de producción renovable en verano en relación con las posibilidades que ofrece España.

Asimismo, subraya que el mercado marginalista, la coyuntura internacional, los costes de los derechos de emisión de CO2 o la subida del petróleo motivan “buena parte” de este ascenso en el precio de la luz. Por ello, Ciudadanos destaca la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO2 en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles y agrega que la reforma del sistema marginalista sólo puede venir de la mano de una reforma a nivel europeo y no de forma unilateral por parte de un Estado.

Fenie exige soluciones a Sánchez

Por su parte, Fenie ha calificado de «insólita» la coyuntura de precios de la electricidad que se está alcanzando en septiembre después de que, según resaltó un análisis de Facua, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y en la cuarta factura más alta de la historia. De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció que comparecerá el 19 de septiembre en el Congreso para explicar las circunstancias que están determinando el incremento del precio de la factura de la luz y para abordar cambios «estructurales» y reformas «sustantivas» que permitan una evolución racional de los precios y garanticen la protección de los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Fenie ha expresado que espera que Ribera proponga en su intervención medidas que consigan beneficiar al usuario final ya que considera que el sistema de abastecimiento eléctrico debe estar al servicio del consumidor al tratarse de un bien de primera necesidad. Asimismo, ha mostrado su apoyo al autoconsumo que, según Fenie, es parte “indispensable” de la solución, y confía en que las premisas del Gobierno sobre su favorable regulación sean materializadas pronto.

Facua ve “alarmante” la situación

De parte de los consumidores, Facua ha reclamado al Gobierno que actúe con urgencia ante el «alarmante» precio de la electricidad en la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que alcanzó el miércoles su record de 2018 con una media de 18,02 céntimos por kilovatio/hora (kWh), que resulta de aplicar a los 14,1647 euros del precio de la energía el 27,19% de impuestos indirectos. La asociación de consumidores advierte de que este precio es un 23,8% más caro que el del mismo día de 2017, cuando el kWh se situó en 14,55 céntimos.

Por ello, la asociación ha solicitado una reunión con la ministra Teresa Ribera para exponerle sus reivindicaciones ante las «desproporcionadas» tarifas eléctricas. Entre ellas, Facua reclama que el Gobierno amplíe la definición de «consumidor vulnerable», al que la normativa comunitaria permite proteger con tarifas bonificadas. La asociación considera que el actual modelo de bono social resulta «incoherente e injusto, ya que por un lado acota sobremanera el número de beneficiarios estableciendo niveles de renta excesivamente bajos, y por otro permite que cualquier familia numerosa, por muy elevados que sean sus ingresos, pueda beneficiarse de él”.

Asimismo, apunta al modelo de subasta en el que se establecen las tarifas en el pool como principal responsable de la «injustificada» carestía del recibo de la luz ya que, en su opinión, “se trata de un sistema opaco que favorece la especulación”: una subasta basada en un precio marginal que viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.

Además, Facua denuncia que el modelo tarifario implantado durante el Gobierno de Mariano Rajoy «no sólo ha facilitado a las compañías nuevas subidas injustificadas sino también un «auténtico caos» para los usuarios ya que ahora no pueden conocer con antelación qué tarifas se les aplicarán y sus recibos pueden llegar a incluir hasta 744 precios distintos por la energía consumida, uno por cada hora incluida en la facturación. Facua viene denunciando que las tarifas eléctricas vulneran la legislación en materia de protección de los consumidores ya que, en su opinión, la aplicación de una tarifa distinta cada hora es contraria a la obligación que tienen las empresas de facilitar a los usuarios información sobre sus precios con la antelación necesaria.

El precio mayorista se relaja

Para el jueves, el precio de la electricidad en el mercado mayorista cedió un 4,7%, 3,54 euros hasta fijarse en 71,04 euros por megavatio hora (MWh), una caída que rompe con los dos máximos anuales consecutivos pero que representa el tercer valor más alto en 2018. Según explican expertos del sector, el precio del mercado eléctrico se ha incrementado debido, principalmente, a la subida del gas natural y el carbón en los mercados internacionales y al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. De hecho, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: si entre mayo y agosto de este año estaba en 16,3 euros por tonelada, en 2017 se situaba en 5,1 euros por tonelada.

También hay que tener en cuenta la menor aportación de la generación hidráulica y eólica, lo que obliga a recurrir más a las centrales de gas y carbón, cuya producción de electricidad es más cara. Otro factor a tener en cuenta es la ola de calor que tuvo lugar en Europa en agosto. Estos factores, señalan los expertos, no sólo están afectando a España sino también a países como Alemania, Francia e Italia, que están experimentando subidas de precio similares. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo.

Facua denuncia que el recibo de la luz de agosto es el cuarto más caro de la historia de España

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Europa Press / EFE.- El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) se situó un 12% por encima de la factura de agosto de 2017. De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos de Facua.

La factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre del año 2012. Tras ella, se sitúa la de enero de 2017 y después la de julio de 2015. La subida mensual de agosto ha sido del 3%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario medio también subió en julio un 2,2%. La luz viene subiendo ininterrumpidamente desde abril y este año solamente bajó en enero y marzo mientras que en febrero también subió.

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%, ya que el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017. Ante estos datos, Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas de España».

A finales de 2016, Facua promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar 6 medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. Facua denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado por Zapatero.

Entre las reivindicaciones de FACUA y otros movimientos ciudadanos también se incluye la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. El manifiesto, denominado No más cortes de luz, no fue suscrito por el PSOE. Las fuerzas políticas que lo apoyaron fueron las formaciones que forman parte de Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.

La propuesta de acabar con el cambio de hora reaviva el debate sobre el huso horario y el ahorro energético

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EFE.– El anuncio de que se podrían eliminar los cambios de hora ha suscitado el apoyo general de Gobierno, consumidores, sindicatos o empresarios, aunque aún no esté claro si seguiría el horario de verano o el de invierno, y ha reavivado el debate del huso horario de España. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se constituirá una comisión de expertos encargada de evaluar la conveniencia de cambiar el huso horario ya que precisa de un «gran consenso».

Desde que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciara que millones de ciudadanos europeos manifestaron, en una encuesta, no querer cambiar los relojes, el debate en España se ha trasladado, en parte, al huso horario que ocupa: por su geografía debería tener la misma hora que Londres o Lisboa, pero desde la II Guerra Mundial tiene la de París o la de Berlín.

En la Unión Europea hay tres zonas horarias en las que los países han escogido diferentes husos y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no descarta que España pueda tener “otro huso horario” más acorde con su posición geográfica: «Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes«, manifestó. Borrell incidió en que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo donde «todos los países tendrán que explicar su punto de vista y cómo se adaptan los horarios a las horas de luz y consumos de energía«.

Unos 4,6 millones de europeos de los 28 países de la Unión hicieron sus aportaciones a través de un cuestionario en línea. Ahora los parlamentarios de cada país tendrán que explicar cómo afecta a los ciudadanos de cada país; esa es la gran virtud que tiene la asamblea parlamentaria, que a veces dicen que tiene poca utilidad, esta es la prueba de que tendrá que decidir sobre un problema que afecta a la vida de la gente, la economía y el consumo energético», defendió Borrell.

Tal y como apunta Sandalio Gómez, profesor del IESE, ahora sería un buen momento para reflexionar sobre el huso horario español y sería muy oportuno modificarlo. También para Pedro Aznar, de Esade, para quien «seguramente sería positivo», especialmente si «va acompañado de horarios de trabajo más racionales». Desde Facua-Consumidores se pide al Gobierno que adapte el huso de Londres y, en este sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló que todos estos temas están en la agenda del Ejecutivo.

Terminar con el cambio de hora, además del huso horario, también pone encima de la mesa el debate sobre la conciliación, ya que expertos sostienen que un cambio de huso horario ayudaría a racionalizar horarios, y sobre los beneficios que para la salud podría tener no mover los relojes y el supuesto ahorro energético. Precisamente, la Comisión Europea decidió plantear esta propuesta dado que los beneficios del cambio horario son «marginales y no hay ningún estudio que diga lo contrario».

Pero, ¿y ahora qué va a pasar? La Comisión Europea presentará «en su debido momento» una propuesta legislativa para poner fin al cambio horario, según el portavoz comunitario Alexander Winterstein, quien precisó que el establecimiento del horario en cada Estado miembro «será siempre una competencia nacional«. El portavoz puntualizó las palabras de Juncker, quien había dejado entrever que se mantendría el horario de verano. Desde el Gobierno español, Celaá afirmó que el Ejecutivo está de acuerdo con la línea europea, aunque no entró en detalles sobre si apoya el de verano o el de invierno.

Las organizaciones ecologistas prefirieron no hacer una valoración sobre esta medida porque aún no es definitiva, si bien coincidieron en que si se elimina el cambio de horario es necesario hacer una evaluación sobre la demanda energética y las emisiones. Además, y en cuanto al supuesto ahorro energético, lo que se deberían hacer son cambios de calado que ahorren un 20-30%, pero el cambio horario no tiene un gran significado ni para la economía ni para la energía porque no hay estudios que lo avalen.

Facua denuncia que la factura de la luz de junio es la más cara en lo que va de año

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Europa Press.- La organización de consumidores Facua denuncia que el mes de junio finalizó con la factura de la luz más cara en lo que va de año. En concreto, calcula que el recibo del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) subió un 1,8%, lo que supone 1,37 euros más que el mes anterior. Así, argumenta Facua, la factura para un usuario medio se situó en 76,71 euros, frente a los 75,34 euros de mayo.

En abril, el mismo recibo se situó en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%). Asimismo, Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las tarifas del sector eléctrico para «acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España«. Entre otras medidas, Facua aboga por la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

El Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar el nuevo bono social tras las críticas de Facua a su gestión

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Europa Press / EFE.- Facua-Consumidores en Acción ha criticado la «nefasta» regulación del bono social eléctrico, al que sólo ha accedido el 13% de los hogares estimados inicialmente, lo que ha achacado a que las actuales condiciones son «mucho más estrictas» y su tramitación «compleja». En este sentido, el Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar y dar a conocer el nuevo bono social entre todos los potenciales beneficiarios, después de que se haya ampliado en 6 meses, hasta octubre, el plazo para acogerse.

Fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el que señaló que el Ministerio «va a lanzar campañas informativas, así como a reforzar la página web» para potenciar la comunicación del nuevo bono social y el mecanismo para adherirse. Navia subrayó que es necesario «hacer un esfuerzo entre todos», implicando a Gobierno, eléctricas, comunidades autónomas y servicios sociales, para conseguir «el objetivo de que la gente conozca el nuevo mecanismo«. El Gobierno aprobó en octubre el nuevo mecanismo del bono social, por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura.

El plazo para adherirse expiraba el pasado 10 de abril, aunque el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prorrogó durante 6 meses más el plazo, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo bono social. Con esta prórroga de 6 meses, los consumidores que actualmente estén acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en sus facturas, pudiendo acogerse al nuevo bono social según su nivel de renta y circunstancias personales.

Facua critica la «nefasta» gestión

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción indicó que el Ejecutivo ha aceptado hasta el momento 319.000 solicitudes del bono social de electricidad, poco más de la mitad de las solicitudes presentadas, pese a que el Ministerio de Energía aseguró que 2,5 millones se acogerían a esta medida. «Del anterior bono social, puesto en marcha durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se beneficiaron 2,3 millones de usuarios», recuerda Facua, que considera que el Ejecutivo central «sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico».

La asociación insta al Ministerio a que “solvente cuanto antes la alarmante falta de información sobre el bono social eléctrico, que está repercutiendo en los consumidores, con una campaña informativa en medios de comunicación masivos, entre ellos la televisión y la radio públicas. Exige, además, que se eliminen urgentemente «las numerosas trabas que existen en torno a su solicitud, que lleva a muchos potenciales beneficiarios a dejar de intentar conseguir este mecanismo de descuento en el recibo de la luz».

Por debajo de 3 kilovatios

La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, subraya que las actuales condiciones para acceder al nuevo bono social eléctrico «son mucho más estrictas y con una tramitación compleja, que puede llevar al consumidor que necesite solicitarlo a desistir y no acogerse al bono». La asociación cree que la caída en el número de solicitudes del bono social está también relacionada con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los 3 kilovatios de potencia contratada, que, además, eran los únicos que lo recibían de manera automática sin reclamarlo a las administraciones.

Facua considera que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas a su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación automáticamente y, en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación del bono a éste, pese a tener las características y requisitos para ello.

Nadal se muestra en contra de los expertos sobre el traspaso de algunos costes del sistema eléctrico a los Presupuestos

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha mostrado en contra de traspasar costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética. En este sentido, Nadal afirmó estar a favor de que los costes del sistema eléctrico, «que son históricos y debido a decisiones muy precipitadas», se sigan pagando «como costes energéticos» y no trasladarlos al contribuyente.

Concretamente, los expertos proponen en su informe sacar de la tarifa eléctrica costes que actualmente recaen en la factura eléctrica a los presupuestos del Estado. Para financiar esos costes, el comité de sabios propone crear nuevos impuestos medioambientales y cambiar el modelo actual de financiación de las energías renovables, repartiendo su sobrecoste entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así, Nadal consideró que la política energética, «más que trasladar sus problemas a los Presupuestos, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes», por lo que defendió «hacer reformas, evitar que entren nuevos costes en el sistema e intentar que esos costes bajen en beneficio de los consumidores».

No obstante, el ministro de Energía valoró «el trabajo bastante único en España» realizado por el comité de expertos, conformado por representantes de todos los grupos parlamentarios y agentes sociales, ya que en energía «es imposible encontrar algo perfecto» y con este trabajo han puesto sobre la mesa «las ventajas y los inconvenientes» de todas las propuestas. «A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos descarbonizar la economía española tendremos que consumir más electricidad y menos coche, y ellos hacen una propuesta fiscal y otras propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo», apuntó.

Respecto a la energía nuclear, señaló que los expertos respaldan que su supresión supondría la ventaja de «tener menos residuos», aunque también apunta como desventajas que habría más emisiones y subiría del orden de «unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la generación eléctrica a todos los españoles, que es más o menos como un 20-25% en el precio del mercado mayorista».

En lo que se refiere al carbón, el ministro destacó que si se cumpliesen las previsiones de subida del precio de los derechos de emisión de CO2 «en un momento determinado dejará de ser competitivo». Eso sí, subrayó que, a los precios actuales de los derechos de emisión, la desaparición de las plantas de carbón implicaría un encarecimiento de los costes de generación de electricidad.

Sobre las energías renovables, Nadal señaló las «enormes dificultades técnicas, no solo por los altos costes para los consumidores» con que cuentan, debido a que no es tan fácil sustituir energías ordinarias por verdes, que tienen el problema de que son impredecibles y dependen del viento, la lluvia y el sol. A este respecto, afirmó que «la gran incertidumbre es saber cómo va a evolucionar la tecnología de aquí a 30 años». «No lo sabemos, por eso hay que actuar con prudencia porque ya hemos pagado unas renovables caras y seguimos pagando un auténtico dineral todos los meses en la factura de la luz», añadió.

«Juego de trileros» para Facua

Por su parte, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha calificado de «juego de trileros» la propuesta de los expertos sobre Transición Energética de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas consumido en los hogares. En este sentido, la asociación de consumidores denuncia que estas medidas son «un caramelo envenenado» y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, «ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles«.

«Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes», destaca Sánchez. En definitiva, Facua considera «descabellada» la propuesta de los expertos porque «perjudica al consumidor». Además, desde su punto de vista, censura que el planteamiento de los expertos «rehuya una intervención gubernamental en el sector eléctrico para bajar unos precios hinchados a partir de las medidas especuladoras que desarrolla el oligopolio».

Ha recriminado que los expertos defiendan «no perjudicar los intereses del sector eléctrico mediante más tributos que castigan al que menos tiene a través de una subida de los impuestos indirectos, como el IVA» y también con un «desproporcionado» aumento de la fiscalidad del gasóleo para potenciar los vehículos eléctricos o híbridos. Asimismo, el portavoz de Facua ha rechazado la propuesta de los expertos de prolongar la vida de las centrales nucleares, con la que se muestran favorables a los «intereses del lobby nuclear», lo que a su juicio es el resultado «de haber seleccionado expertos acorde a la ideología del Gobierno y de los intereses de las grandes empresas».

Para el portavoz de Facua, «el Gobierno del PP ha elegido un grupo de expertos de ideología conservadora que no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos» y acusa al Ejecutivo de «no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz«. Así, la asociación considera que la única medida «indispensable» que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico, ya que de esta forma podría impedirse que «el lobby eléctrico consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos».

CETM no quiere más impuestos

Por otro lado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su «total oposición» a la subida que sobre los impuestos a los carburantes propone la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y ha añadido que tendría consecuencias inflacionistas. La CETM opina que con la medida se incrementaría el precio final de todos los productos y reduciría, por tanto, el poder adquisitivo de los ciudadanos. La propuesta, según la CETM, «incidiría de forma desproporcionada e injusta» sobre el transporte de mercancías por carretera, que a su juicio es el «principal» consumidor de hidrocarburos.

Otro factor negativo para CETM si se aplicasen las medidas es que «dificultarían enormemente» la exportación de productos nacionales, como frutas y verduras, componentes de automoción, vehículos, productos químicos, textiles, siderurgia o papel. El comité de sabios plantea nuevos impuestos medioambientales, uno de ellos a las emisiones de CO2, y un recargo para financiar las renovables. Además, el grupo de expertos propone crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas», que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias.

La CNMC multa a Endesa Energía con 30.000 euros por cambiar de comercializadora eléctrica a un consumidor sin su consentimiento

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa Energía con 30.000 euros por haber cambiado a un consumidor de compañía eléctrica sin contar con su consentimiento. Competencia considera que, con esta actuación, Endesa Energía es responsable de una infracción leve de las tipificadas en la Ley del Sector Eléctrico.

Esta multa tiene su origen en la denuncia que realizó un consumidor a través de Facua-Consumidores en Acción, quejándose de que le habían cambiado de comercializador de electricidad sin su visto bueno. Tras recibir la denuncia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, posteriormente, inició un expediente sancionador contra Endesa Energía por cometer una infracción administrativa de carácter leve, en concreto, por el incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que Endesa Energía no ha respetado el procedimiento que deben seguir las comercializadoras eléctricas para contratar con un nuevo cliente ni tampoco contó con su consentimiento.

Competencia recuerda que no es la primera vez que sanciona a empresas del sector energético por prácticas similares. Así, en 2017 multó a 4 comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios, y Viesgo Energía) con 155.000 euros. Además, la CNMC publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los consumidores y las comercializadoras de electricidad y gas cuando se realiza una contratación. Entre otros consejos, insistía en la importancia de que las compañías sean muy cuidadosas al captar clientes a través de canales de venta domiciliaria y por teléfono.

Asimismo, la normativa establece el derecho del consumidor a elegir comercializador y obliga a éstos a cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. En definitiva, la sanción a Endesa asciende a 30.000 euros y se aprueban las reducciones recogidas en la normativa siempre y cuando se produzca el desistimiento o renuncia de cualquier acción, o recurso en vía administrativa, contra la sanción.

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.