El pasado domingo el diario El País, publicaba un artículo de su equipo de investigación en el que se recogía cómo un número importante de Abogados del Estado estaban asesorando contra la Administración española en los arbitrajes que se están llevando a cabo por iniciativa de las grandes empresas y fondos de inversión internacionales por el recorte renovable. Se conoce esta información, además, después de los primeros pronunciamientos negativos para el Gobierno en los conflictos internacionales abiertos al considerarse estos tribunales de arbitraje «competentes» para juzgar la cuestión.

Inciso número uno. Los Abogados del Estado son un cuerpo muy importante y profesionalizado de la Administración española. La oposición que da acceso al cuerpo es muy compleja. Son grandes profesionales del Derecho, muy demandados y cotizados,  y su valor aumenta como consecuencia del deterioro en el que se mueve la actuación de los reguladores españoles. Existe un consenso casi generalizado: es un cuerpo de élite, muy profesional, muy bien formado y, técnicamente son los mayores expertos en Derecho Público. Son imbatibles en ese campo.

Por otra parte, en este Gobierno desempeñan un papel muy relevante, dónde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría es quizás su epígono principal como miembro de este cuerpo. Hay comentaristas políticos que señalan la existencia de la Brigada Aranzadi por el despliegue de este correoso cuerpo de la Administración. En realidad, una de sus misiones es traducir las invectivas del cuerpo político, los ministros y secretarios de Estado, en normas, con todo lo complejo que a veces eso supone por el propio defecto de diseño.

Así, el artículo del pasado domingo podrá tener varias lecturas en este contexto. Podrá servir para que Soria se justifique de la cascada de fracasos en los arbitrajes que se avecina: «si nuestros Abogados del Estado, ésos que conocen bien nuestras cosquillas, trabajan contra nosotros, nos las están encontrando». O bien, también puede ser un mecanismo que le prepara el cuerpo al ministro para que vaya aceptando una realidad que se precipita y que quizá le llegue a Soria, antes de finalizar la legislatura. Algo completamente predecible. Preparen las sales.

De hecho, en su momento, los miembros de este cuerpo en excedencia ya estaban asesorando a empresas y fondos cuando se aprobaron las normativas que proporcionaba jugosas e increíbles retribuciones a estas tecnologías. Agentes que se mostraban incrédulos ante las costumbres de nuevo rico de nuestro país y la forma en que se articuló la promoción de ciertas tecnologías renovables, en especial, la solar fotovoltaica.

Quizá es uno de los pecados de soberbia y de lectura errónea de la realidad de las medidas instrumentadas contra el déficit tarifario. No es lo mismo enfrentarse regulatoriamente con estos operadores que a un grupo de terratenientes de cualquier comunidad autónoma de nuestro país, al margen del debido respeto que también merece la seguridad jurídica de todos los operadores.

Detrás de la contratación de los servicios de estos profesionales, están entidades financieras y empresariales, que se rodean de los mejores en defensa de sus intereses. Ahí no vale la retórica del enfrentamiento beligerante, el modelo Alexis Tsipras, retórica como la que empleó el ministro al abolir las subastas CESUR. Es una obligación para el regulador conocer un mercado y sus agentes, así como el funcionamiento de los mecanismos jurídicos, empresariales, financieros y de mercado.

Una solución más razonable, pero más compleja, hubiera sido haber trasladado a los Presupuestos estas retribuciones desorbitada y, posteriormente, negociado su reducción y aplazamiento en una moratoria renovable. Negociar, gestionar. Pero, en su lugar, el resultado ha sido un enfoque tosco, que va a traer consecuencias que pueden ir desde la resurrección del déficit tarifario por la resolución de los arbitrajes al, como mal añadido, deterioro de la seguridad jurídica de nuestro país para la inversión, los mercados y las empresas, sin que eso no signifique el reconocimiento al desmadre interesado de la retribución y concesión que se produjo y la burbuja fotovoltaica de España.

Ahora no es tiempo de excusas, de justificaciones, de coartadas o de culpabilización hacia el cuerpo de Abogados del Estado, que ha sido comparado con el canterano Morata por su participación en chafarle la semifinal de Champions al Madrid. Lo cierto es que no ha debido sentar nada bien en Industria. Pero, como el spin off de la serie Breaking Bad, Better call Saul con su abogado protagonista, el mensaje está claro con la Administración española: si tienen un problema con la regulación, mejor llamen a un Abogado del Estado.