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Europa destapa los incentivos españoles pagados en la tarifa

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El cuestionamiento por parte de las autoridades de Competencia de la Unión Europea del sistema de incentivos, incluido en los denominados peajes de acceso de la factura eléctrica, ha vuelto a sembrar las alarmas. Una fotografía descarnada que dibuja un esquema intricado de posibles subvenciones y mecanismos cruzados que afectan al coste del suministro eléctrico y que anticipan una limpieza de los mismos impulsada por la Unión Europea. Por eso, hasta los medios económicos hablan de ayudas eléctricas poniendo en evidencia la naturaleza de las mismas.

De este modo, la comisaria Margrethe Vestager pone en su punto de mira las ayudas al carbón nacional, un mecanismo ideado en su día para que las compañías eléctricas comprasen carbón de forma obligatoria, para quemarlo y producirlo, fijando el precio de venta del MW/h generado por esta vía en el mercado mayorista eléctrico. En segundo lugar están los denominados pagos por interrumpibilidad, instrumento que reduce los precios a determinadas industrias intensivas en el uso de energía eléctrica, ofreciendo al sistema eléctrico la posibilidad de que sean “paradas” en determinadas circunstancias y condiciones (cesarían, reducirían su demanda, cerrarían temporalmente, harían ERES parciales) por motivos de necesidad del sistema eléctrico para garantizar el suministro. Una medida del lado de la “demanda”

Finalmente están los pagos por capacidad, que son unas compensaciones del lado de la oferta, para garantizar la rentabilidad de determinadas centrales, las térmicas y los ciclos combinados de gas, para que estén disponibles para el sistema, aunque por la energía que despachan en el mercado en forma de producción y al precio que la despachan, la decisión empresarial lógica sería desactivarlas y sacarlas del sistema. Cuestión que eventualmente, de ser necesarias, sería difícilmente reversible.

Red Eléctrica de España, como operador de transporte y gestor técnico del sistema, subraya la necesidad de estos dos últimos mecanismos para garantizar la “seguridad de suministro”, al procurarle mayor margen de maniobra. Es en esa clave en la que hay que entender las declaraciones que realizaron desde REE al respecto de esta investigación, ya que justifican la figura y endosan la responsabilidad política de su volumen al Ejecutivo. Volumen y dimensiones que no han pasado desapercibidas en Europa, incluso la defensa conceptual de estos servicios, aunque en la práctica la interrumpibilidad no se utilice.

Europa, por otra parte, ha visto que estos mecanismos carecen de estudios de demanda que justifiquen el instrumento y el uso de los mismos, tanto en volumen como en coste para los distintos sistemas de suministro. Y Europa lo ha visto en un conjunto de 28 mecanismos en los que estos incentivos se han formulado sin estudios que lo soporten. Lo que toca a las autoridades comunitarias es distinguir un servicio necesario de una subvención y los Gobiernos se lo han puesto fácil, porque los mecanismos eran puramente formales en sus términos, pero no en su justificación real. En todo caso, la propia Unión Europea hasta ahora ha tenido una actitud de permisividad y laxitud.

Eso sí, en el caso español, en Bruselas se ven sorprendidos por la compensación económica que suponen y su ausencia de validez (son instrumentos fallidos) de los mismos. Más allá de eso, sus volúmenes figuran en cabeza de ese informe, la utilización de estos instrumentos (servicios) es escasa o nula y su importe se paga en la factura eléctrica, incluidos en los costes de acceso, siendo éste capítulo el verdadero problema de nuestros precios eléctricos pese a todos los desenfoques interesados al respecto. Mañana, análisis, consecuencias y corolarios, tanto políticos como para consumidores, de esta investigación para nuestro país.

Continuará.

El ministro offshore

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La sucesión de los acontecimientos referidos a la vinculación de José Manuel Soria con los papeles de Panamá ha sido de vértigo en los últimos días. Y ha sido el propio ministro quien, estando las cosas mal, las fue empeorando con sus propias explicaciones. De hecho, cuando se pensaba que Soria estaba preparando su comparecencia en el Congreso del próximo lunes, que ya no se celebrará, se ha conocido el comunicado del ministro justificando su dimisión por los errores en las explicaciones dadas en estos últimos días, sin asumir ninguna responsabilidad más.

Pero hay más. Una cuestión relevante tiene que ver con el fondo de lo que se ha conocido con los papeles de Panamá: la relación que guarda con las sociedades offshore. En toda esta trama, además, vuelve a aparecer en la suerte de negocios familiares del exministro un viejo conocido de la afición, Luis Alberto Soria, su hermano. Por tanto, las preguntas son: ¿Los papeles son ciertos? ¿Esas firmas que aparecen estampadas en los documentos son suyas? ¿Qué hay de verdad? ¿Ha mentido en sus declaraciones? Las explicaciones sobre el fondo de la cuestión y su vinculación a varias sociedades offshore, quedan todavía pendientes, diga el ministro lo que diga y oculte lo que oculte.

Otra cuestión tiene que ver con lo político y comunicacional. José Manuel Soria ha cometido varios errores fruto de lo que sus propios correligionarios señalan en privado como exceso de audacia, personalismo, atrevimiento y falta de humildad. Ha quedado en evidencia un problema de adecuación de su estilo político y de comunicación en su ascenso a ministro, llevándole a un error fatal de cálculo de muy difícil salida. La cara y la cruz de sus características políticas, patentes de una forma muy descarnada: así ha sido Soria, político populista, audaz y atrevido, candidato a casi todo en lo político en estos cuatro años, desde candidato al Gobierno de Canarias a futurible como Ministro de Economía.

Repasando la hemeroteca, Soria coquetea con una cierta forma de populismo en cuestiones y asuntos polémicos. El ya exministro es el mismo que pintó el césped de las glorietas de Las Palmas porque la hierba comprada no se adaptaba al clima o que enviaba a la Península aviones llenos de inmigrantes llegados en cayucos a Canarias. Pero en esos asuntos, Soria se manejaba como pez en el agua en la esfera informativa insular, respaldado por una sensación de falsa pericia.

Quizás acostumbrado al trato con los medios de comunicación de las islas, el ministro en funciones decidió dar desde Lanzarote unas explicaciones rápidas y “por lo sencillo” sobre las primeras revelaciones aparecidas, pero cada uno de los documentos posteriores contradecía las declaraciones “simplificadas” del ministro; el remate se sucedió con la revelación de una sociedad en Jersey hasta 2012. Por tanto, la nueva comunicación política, de rapidez precipitada y de una simplificación informativa y esquematización argumental, posible para espacios más reducidos, no sirve para cuestiones mucho más complejas y delicadas.

En términos de personalismo, también se ha dejado llevar por su propia precipitación a la hora de dar explicaciones y la búsqueda de esa “simplificación” letal, enfrentándose al propio equipo de Moncloa en una discusión con Moragas en un espacio semipúblico y dejando en evidencia a sus compañeros de Gabinete que, por otra parte, lo apoyaron casi de forma tribal. De hecho, alguien tan sobrio en sus elogios y en sus defensas como Luis de Guindos, expresó inequívocamente su apoyo a Soria en público, hecho que no debería pasar desapercibido.

Ya en funciones, la lupa nacional puso el foco en los defectos de Soria, como el exceso de telegenia o la propensión a desenfundar rápido organizando ruedas de prensa: no descubrían nada nuevo pues así se comportó para abolir las subastas CESUR o reducir los precios energéticos según el calendario electoral. Pero ahora su proceder hace un daño incalculable a su partido, en un momento especialmente delicado pues puede significar un punto de saturación en la escalada de la tangentópolis española. La pieza ha caído.

Por sus propios méritos José Manuel Soria está fuera del Gobierno y no puede buscar culpables, como algún medio ha tratado de insinuar. Ya es el ministro offshore del Ejecutivo.

La Ley 25 de Podemos en tres episodios y un ‘zasca’

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Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

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Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

Una subasta extravagante

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La reciente subasta de potencia eólica y biomasa ha tenido un resultado sorprendente. Sorprendente por el hecho que ningún operador eólico actual haya resultado adjudicatario de la potencia resultante. Sorprendente por el descuento del 100% del incentivo ofertado. Y sorprendente porque, de facto, la oferta ganadora del grueso de la potencia eólica va mucho más allá (la renuncia del incentivo se conseguía con un 52% de reducción del incentivo) al reconocer un coste de su inversión (capex) cero, lo que implica, que el beneficio teórico es infinito.

El resultado tiene varias lecturas: la primera, dado que un proyecto sujeto a este modelo retributivo no es financiable por el sistema bancario, conllevaría que el operador adjudicatario procedería a su financiación completa con fondos propios. Esto es, como se dice en el argot de los submarinistas, a pulmón. Tanto es así que, en fuentes sectoriales se especula con dos posibilidades: una, de que la oferta se haya formulado así por un error de cálculo; o dos, con que finalmente no llegase a ejecutarse, lo que supondría que en 2020 los adjudicatarios perdiesen los avales constituidos, a razón de 20.000 euros por MW. Una vez explicadas las consecuencias financieras y corporativas de esta subasta quedan, en segundo lugar, sus derivadas.

De forma inmediata, el hecho de que, eventualmente, no se ejecuten finalmente esos proyectos sería una solución políticamente inocua para los responsables actuales dado que Nadal y Soria habrán pasado seguramente a mejor vida institucional y, entonces, échales un galgo. En paralelo, se detraen consecuencias respecto a la visión y respeto hacia lo empresarial del Ejecutivo. De forma más extensa, una segunda reflexión tiene que ver con la insignificante cantidad de potencia ofertada tras 4 años en blanco y las previsiones de necesitarse 6.400 MW eólicos. En este sentido, la estrategia seguida por el Ejecutivo apunta a que ha sido la de crear una falsa “escasez” para conseguir este resultado a la desesperada cuya demanda ha quintuplicado la oferta realizada.

Lo que se pone en cuestión es que pueda ser replicable este modelo de subasta para los 5.900 MW restantes con este resultado cuando el Ejecutivo, tras reconocer la necesidad de este volumen de nueva potencia eólica, proceda a convocar y organizar la preceptiva subasta. La reclamación del sector renovable ha sido que se proceda a convocar esa macrosubasta ya.

Por otra parte, la comunicación política asociada al resultado de la propia subasta también ha resultado ser especialmente llamativa. Por un lado, se ha marcado el acento, de forma ciertamente ufana, en el hecho de que ninguno de los operadores existentes en el mercado fuese adjudicatario de esta potencia, tratándose de un outsider. Hecho que ha dejado especialmente mal cuerpo y que evidencia los propios resabios podemitas de la comunicación institucional oficial hacia lo empresarial.

Además, Industria ha tratado de aprovechar el resultado extemporáneo para hacer comparativas con los costes de las primas resultantes de la época Zapatero. Para ello, ha utilizado como término de comparación, con enorme descaro estadístico, los costes de la tecnología fotovoltaica de 2009, cuyas realidades comparadas son muy diferentes. Algunas comparaciones son odiosas, pero unas especialmente más que otras. Todo ello como insinuación al proceso de desenlace de los arbitrajes internacionales actualmente en fase de resolución. Para Industria, ha sido una pieza en una “campaña extremadamente pueril” con ese alcance.

Por tanto, esta subasta, anunciada para que se produjera en el período preelectoral y posteriormente aplazada, deja dudas de que sus conclusiones y resultados sean proyectables al futuro. Una lectura inercial y tosca de los mismos puede llevar a equívocos. Al propio Gobierno en funciones.

Recorte renovable constitucional: sentencia balsámica de consumo interno

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La sentencia del Tribunal Constitucional, favorable por atribuir la condición de constitucional a la reforma Nadal-Soria en los sistemas retributivos de las tecnologías renovables de régimen especial (de partida, especialmente delirantes para ciertas tecnologías), puede resultar engañosa. No tanto desde el punto de vista de su ajuste a la legalidad constitucional como por las consecuencias económicas relativas a esta cuestión que se siguen devengando hacia el futuro para el Reino de España.

En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional, por su propio mandato y cometido, circunscribe su acción al ajuste de la normativa al texto constitucional español y, por consiguiente, a la justificación de esta medida, aceptando en su auto las tesis del Gobierno formuladas a través de la Abogacía del Estado en el proceso judicial que está celebrándose en el Tribunal Supremo. Es más, los votos particulares emitidos por 3 magistrados sobre la sentencia del Tribunal Constitucional critican que la argumentación jurídica haya sido escueta, lamentando que no se haya aprovechado el momento para sentar doctrina acerca sobre el concepto de retroactividad y de confianza legítima.

Podemos recordar que, en el pasado, cuando había cuestiones en las que se suscitaba la necesidad de cuestionar el concepto de retroactividad, existían discusiones doctrinales profundas como la distinción entre retroactividad propia o impropia. A la vista del texto de la sentencia, esta vez el contenido de la misma ha sido más expedito. Esencialmente, se construye sobre la interpretación del concepto de retroactividad y seguridad jurídica en el marco de la idea de interés general y su integración dentro del estatalismo latino que emerge de estas lecturas de nuestra Constitución. Además, el Tribunal Constitucional también justifica la utilización por el Gobierno de la regulación vía decreto ley, una herramienta legal dirigida a cuestiones de urgencia.

Por su parte, el Ministerio de Industria (en funciones) defiende su ejecutoria pasada y ha tratado de “estirar” el alcance del valor del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, afirmando que la sentencia desmonta los argumentos contrarios a la reforma. Algo que es más balsámico que exacto puesto que, en el ámbito nacional, todavía queda la resolución de numerosos procesos abiertos a cuenta de las renovables, tanto en el Constitucional como en el Supremo. Ya es conocida, por otra parte, la táctica de achique de espacios que activa el actual equipo del Ministerio de Industria hacia el resto de instancias y poderes del Estado. Pero la realidad es que estamos ante una sentencia de «consumo puramente interno»

En todo caso, la actuación de Industria es de una comunicación política audaz puesto que no sabemos si va a servir de mucho en las instancias internacionales, un ámbito capital, dónde se dirimirá el futuro de estas normas. Por tanto, habrá que esperar a las instancias internacionales: la sentencia remite como instancia de recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todavía no han empezado a dirimirse los conflictos y arbitrajes internacionales dónde, además, la relevancia de los actores que hay personados contra España es un elemento muy inquietante (E.On, RWE, Nextera, entre otras)y dónde los precedentes no auguran buenos resultados en el corto y medio plazo para los intereses del Ejecutivo actual.

Con estas consideraciones, dado que el déficit tarifario ha sido siempre resultado de una mala regulación y de una mala gestión pública de los sistemas de incentivos, una interpretación de la retroactividad sometida a la volatilidad política de los gobiernos en España tiene un efecto económico a largo plazo para los inversores. Negativo, desde luego.

La segunda derivada de esta sentencia es que, si la interpretación constitucional nacional de los conceptos como seguridad jurídica, retroactividad y confianza legítima, sometidos al interés general (a su vez, entendido esto último de forma sui generis por cada Gobierno de turno con sus propias prácticas), no resultasen acordes con los consensos e instancias internacionales económicas en esta materia, insertos en el mundo globalizado en que se realizan negocios e inversiones, ¿Qué sería de nosotros como país en el conjunto de las economías occidentales? ¿Es posible operar en el mundo económico con una inquietante discrepancia a la hora de entender la actividad y los negocios? ¿Entenderemos algo de lo que pase a partir de entonces?

Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

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La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El precio de la electricidad entra en campaña

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Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.

La hora de Jesús Mota

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El pasado domingo se publicaba una columna de Jesús Mota en el diario El País, en la que ponía el acento (ése es el nombre de la sección del diario dónde se ubican estos comentarios de opinión) en que la elevación de las cuotas de acceso de la factura eléctrica perjudica a los consumidores más eficientes o, mejor dicho, que dicha fórmula, contiene un incentivo que penaliza el ahorro energético.

Las columnas sobre el sector electricidad de Jesús Mota siempre contienen una indisimulada destilación de intencionalidad contra los sectores respecto de los que escribe, derivados de la orientación de los propios comentarios que el autor adiciona a sus formulaciones. Históricamente, esto se puede advertir en la trayectoria de este periodista respecto de sus posiciones en relación al sector empresarial de la entonces siderurgia española hasta que pasó a manos del magnate hindú del acero Lakshmi Mittal. Un tratamiento opinático éste, hacia los sectores y empresas del país, que era muy frecuente en los años 80 en ciertos sectores políticos izquierdistas, que eran particularmente beligerantes hacia las empresas de esos sectores, hasta que cambiaban de propiedad.

En el caso de los artículos de Mota referidos al sector eléctrico y, en éste en particular, el autor viene a atribuir la situación de la estructura tarifaria actual a lo que son sus temas ideológicos recurrentes: achacando su efecto a la recurrente causa de presiones del sector empresarial eléctrico, enunciado de forma ambigua. Sólo así se puede entender, el uso más o menos confuso combinado de la denominación “empresas eléctricas” o “sector eléctrico” cuando se alude a los costes regulados, cuyo cobro sí que efectúan las empresas distribuidoras del sector eléctrico, pero cuyos destinatarios o agentes retribuidos por las distintas actividades incluidas, son otros, que no se entienden comprendidos en las invectivas en virtud de su participación en el coste del suministro (primas, transporte, etc…) o cuya función es otra (el equilibrio tarifario interterritorial).

Con el fin de ser constructivos, en realidad, existirían tres teóricas formas de abordar el problema de los costes regulados en España a día de hoy. La primera es, de forma historicista, determinar cómo se ha llegado a esta situación, describir cuáles son los componentes que lo engrosan y, en todo caso, analizar la bondad o el ajuste de cada uno de los elementos a sus mecanismos retributivos.

La segunda, tiene que ver con las alternativas para la resolución del problema y sus impactos, es decir, el abordaje de los mecanismos regulatorios y financieros, para resolver su impacto en la tarifa para los consumidores domésticos y empresariales. Y, la tercera, sería el hecho de hacer hincapié en los efectos perversos que tiene sobre el consumidor esta fórmula, al penalizar los posibles esfuerzos de ahorro, dado que supone un término fijo en la factura, creciente en el tiempo, con independencia de su consumo (cuyo efecto no aumenta cuanto menos se consume, contrariamente al titular de Mota, pero que si es cierto que tiene un efecto desincentivador). En todo caso, cabe preguntarse de cuáles son las alternativas existentes en este esquema tarifario, si no intervienen los Presupuestos Generales del Estado en el mismo.

Dado que el artículo de Jesús Mota se limita a su labor de opinión periodística, no se aborda la resolución del problema abultado de los costes regulados, de cómo se han ido formando (sobreinversión, burbujas renovables, etc…), tampoco de las posibles vías de resolución del mismo (separación de la tarifa de aquellos elementos impropios al suministro: primas, coste de los sistemas extrapeninsulares, etc…) como se viene reclamando desde el propio sector eléctrico. La única explicación de la intención del artículo, en este momento, sería la de apoyar al Gobierno en lo que ha sido su política de contención o reducción discrecional de los costes regulados mediante intervenciones directas (cuya resolución o conflicto jurídico puede que vuelva), abolición de las subastas o implantación de los impuestos a la generación. Y, más, coincidiendo con las recientes advertencias del propio Ministro de Industria, como vigilante de la evolución de precios en el mercado mayorista toda vez que, la pretensión de utilización electoral de la tarifa eléctrica, podría verse aguada. Lo que es cierto, es que este es el problema mollar de la tarifa, aunque la lógica evolución del mercado mayorista en momentos de mayor demanda y de peor meteorología lo puedan distorsionar.

En todo caso, es importante advertir de esta visión del problema tarifario en España y de lo que supone la existencia de esta percepción distorsionada como condicionante en el enfoque de opinión y de contenidos del primer diario español respecto al sector eléctrico, incluyendo cómo el devenir ideológico hace extraños compañeros de cama. Es la hora de Jesús Mota.

Filibusterismo y conflicto político por el ATC

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Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para abordar la cuestión del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es que España cuenta con un sistema de generación de electricidad diversificado en sus tecnologías, que permite, descontando excesos de la burbuja renovable, contar con un mix de generación eficiente. Esto incluye evidentemente el parque de generación nuclear, cuya función de energía base, sin emisiones contaminantes, participa en ese mix de manera decisiva.

La necesidad de que España cuente con un almacén de residuos nucleares es evidente. La operación del parque actual, del que nadie pide aumentar su número de reactores, lo requiere a la vista de la factura que podría suponer aumentar el grado de expatriación de este proceso. Por eso, es una desgracia enorme que una cuestión de estas características, la construcción del ATC se haya incrustado en la tragedia de la política politizada convirtiéndose en un campo de batalla, es decir, en otro de los conflictos en el ámbito de la energía que evidencian el forcejo institucional del país, hasta convertirse en una pelea de sumo teñida de polémica, por alineación de administraciones y partidos.

Llegamos así a uno de los elementos comunes de este Gobierno en energía: un diagnóstico correcto, pero una instrumentación y articulación pésima, basada en el enfrentamiento y la soberbia, carente de negociación y conducente al conflicto institucional, en el que todos cometen errores y excesos en sus respectivos afanes. Hagamos un repaso reciente de la escalada: las maquinarias se activan tras cuatro años de letargo. No pasa inadvertida la «agilidad” sobrevenida de repente en el CSN, la ocultación de un informe calificado de irrelevante (siendo irrelevante ¿por qué se oculta?), su contradicción sin explicación (qué no significa que sea inexplicable) con los informes geológicos y la existencia de informes pendientes aún, a pesar de lo cual el CSN se pronuncia.

A cuenta de ello se produce, con motivo de este dictamen, un enfrentamiento posicional entre dos consejeros del organismo, Fernando Castelló (favorable al ATC) y Cristina Narbona (desfavorable), agente doble y antinuclear confesa. A ello se suma la discrepancia de voto entre Narbona y la consejera Rosario Velasco, ambas propuestas por el PSOE. Conviene estar atentos a la proyección de Narbona y a su instinto y experiencia política, algo que puede acabar trayéndole de cabeza al presidente del CSN, Martí Scharfhausen, el ex secretario de Estado de Energía que nunca lo fue, que puede verse salpicado por la gestión de este asunto y la penalización de la propia credibilidad de este organismo regulador encargado de velar por la seguridad nuclear.

En la misma línea, de movimiento acelerado, el propio ayuntamiento de Villar de Cañas aprueba un plan urbanístico a uña de caballo para poner alfombra roja a la instalación, que está siendo observado con lupa por la Junta de Castilla La Mancha, que amplía la protección medioambiental de una laguna cercana a petición de una plataforma anti instalación, lo que ocasiona la chispa del conflicto jurídico y del choque de trenes que previsiblemente acabará en los tribunales como un conflicto de competencias con el Estado.

A declaración medioambiental demagógica de la Junta de Castilla-la Mancha, respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, con anuncio de declaración de interés general. Por su parte, desde Industria se acude a la exageración y al maximalismo declarativo: José Manuel Soria considera que de no construirse el ATC, subiría un 30% la tarifa. En el campo de batalla, está también, cómo era lógico, todo el movimiento antinuclear muy bien engrasado.

Los detractores de esta tecnología saben que obstaculizar un proyecto así puede servir para encarecer severamente la operación nuclear en España y beneficiar a otras. Cobrarse esta pieza sería capital y redundaría en beneficios asociados. El Gobierno español se encuentra entre la necesidad de ser friendly ante las elecciones, la menesterosidad del descuido al habérsele echado el tiempo encima, más lo aguerrido de la forma de operar en cuestiones energéticas, jugando siempre a órdago, y no las tiene todas consigo.

Por eso, sin esconderlo, una de las argumentaciones es la formulación política de oposición a la energía nuclear, como reconocía el consejero autonómico de Medio Ambiente en una entrevista en Onda Cero a cuenta del filibusterismo jurídico que el gobierno regional empieza a ejercer contra el ATC de Villar de Cañas. Además de advertir de que los nuevos requerimientos del CSN incurrirían en un sobrecoste imprevisto al proyecto, destacaba su opción política por “otras fuentes de energía de carácter renovable”.

Por eso, también es cierto que la coartada medioambiental de la oportunista ampliación promovida por la Junta contra el proyecto, no resistía las preguntas de Carlos Alsina al consejero y sus grullas, lo que desenmascara a la vez un perfil muy político/politizado de la oposición al ATC que va a ejercer el nuevo gobierno regional de forma indisimulada. Narbona gana la partida en el PSOE.

A todo ello, Villar de Cañas, en medio de este conflicto entre Administraciones, teme que el proyecto se escape, con el empleo y desarrollo asociado al ATC, mientras recibe de su consejero autonómico, recién estrenado, promesas a cambio de la instalación del estilo de las mismas banalidades insustanciales e inconcreciones que prometió Zapatero para promover en su momento el cierre de Garoña una mañana de julio, con un argumentario menos improvisado, alejado de esquematismos y más elaborado desde la comunicación política.

La guerra ha comenzado.