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Días de ocurrencias y propuestas respecto a la electricidad

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La fuerte agitación mediática en torno a la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista durante las primeras tres semanas de enero ha devenido en lo que era previsible: un ataque frontal al mercado eléctrico, verdadero objetivo de esta búsqueda de tormenta perfecta por parte de sus contrarios.

El mercado español, se ha demostrado, funciona correctamente y lanza señales de precio coherentes con las circunstancias de demanda y oferta en cada momento. Ahora también. Y resulta coherente con lo que está pasando en toda Europa en los mercados mayoristas, fruto de la ola de frío y de las circunstancias climatológicas. Ahora también. Lo único que nos hace diferentes es la tradición falangista/franquista de intervenir en los mercados de la electricidad para no asumir las consecuencias de sus resultados.

Por eso asistimos a la propuesta continua de medidas para laminar su funcionamiento. El Confidencial, volviendo al proteccionismo tan de moda con Trump, planteaba, para bajar el precio de la electricidad, prohibir la exportación de energía tal y como plantea Alemania en estos momentos hacia Francia. Cerrar las interconexiones que desde España tanto se reclamaron, siendo todavía manifiestamente mejorables en sus posibilidades. Lo que se supone que, sin infantilismos, podría acabar en la prohibición del comercio exterior energético en ambos sentidos (importación y exportación de energía), para evitar el simplismo y comprender que las balanzas tienen dos brazos. La medida se sugiere  y ofrece al Gobierno ante circunstancias especiales de mercado y de forma temporal.

Los retroprogresivos (partidarios de la intervención, contrarios al mercado, tendentes a la empresa única monopolista pública) siempre han sido partidarios de un modelo autárquico energético. En este sentido, estas pintorescas propuestas han encontrado su momento, aunque sea excepcional, y están poniendo a prueba el sistema (que emite señales correctas).  En este tipo de medidas, además, aún se puede llegar más lejos, como no aplicar las directivas comunitarias, abandonar el mercado ibérico, o incluso, dejar la Unión Europea o cuestiones semejantes, coherentes con ese modelo intelectual.

Por otra parte, el diario El País, no se sabe si por conocer los planes del Gobierno por ejercer esa ascendencia que tiene con Soraya Sáenz de Santamaría, proponía cambiar el método de fijación de los precios. Eso sí, artillería gruesa en la adjetivación de las frases (“explosiva”), despilfarro en la prosodia en los titulares (“luz de alarma”). Todo ello sin esperar a las conclusiones de la CNMC sobre la situación actual del mercado español y centrando su argumentación en las condiciones de volatilidad que supuso la eliminación, sin justificación, de las subastas CESUR, abolidas por el ministro Soria en otra crisis de este tipo.

Eso sí, la propuesta que efectúa el medio, un sistema de fijación de precios trimestrales públicos intervenidos al consumidor (tarifa) con un fondo de compensación de las diferencias a los agentes (una especie de déficit de tarifa), desencantará a los más conspicuos editorialistas del medio, más proclives a la intervención. También desde las redes sugieren que el Gobierno ejercitase la interrumpibilidad: es decir que se apagasen y cesasen en su funcionamiento las grandes fábricas e instalaciones que perciben este incentivo (siderurgia, acerías, cementeras, etc…) para bajar el precio de la electricidad. Opciones varias. Mientras tanto, el modelo de la posverdad arraiga en el suministro eléctrico.

La posverdad llega al aumento del precio de la electricidad

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Durante estos días venimos asistiendo a una formidable polémica alrededor del precio de la electricidad, motivada por la subida de precios en el mercado mayorista ibérico (ya no es español, exclusivamente). La realidad es que, dado que la tarifa tiene más componentes, esto afectaría en el recibo de enero de la tarifa regulada PVPC en una subida del 29%, pero no va a afectar directamente a los consumidores del mercado libre (más de la mitad de los consumidores de electricidad) y menos aún a los que tienen una tarifa plana.

Por su parte, los mercados mayoristas europeos vienen registrando está tendencia creciente por motivos estacionales, combinados con la evolución al alza de los precios del petróleo y del gas. El mercado eléctrico español está respondiendo correctamente, como instrumento que transmite señales de oferta y demanda, a través de los precios. Por lo tanto, ¿Cómo se está articulando la polémica? Tratando de extrapolar los crecimientos de determinados y concretos momentos puntas para que, falazmente, los usuarios piensen que esos aumentos serán los que se aplicarán directamente en su factura. Nadie dice nada, a contrario sensu, cuando hay horas que las casaciones de precios se hacen a 2,3 euros, frente a los 98,69 euros alcanzados este viernes.

En suma, un ejercicio de posverdad al estilo Trump, procedente de la comunicación política, hace que se genere una fuerte alarma en la opinión pública, orientada nuevamente a atacar el modelo de mercado en pos de un modelo intervencionista. Ese ha sido el verdadero objetivo de la campaña alrededor de esta cuestión: la movilización social y de las redes y el aprovechamiento a este fin.

Investigar los precios, otra vez

El Gobierno, por su lado, acosado por la incidencia mediática y de las redes, ha respondido de forma hasta cierto punto razonable. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha tomado decisiones en el mercado del gas, acelerado la regulación de un generador de mercado de gas (para intentar aumentar la oferta de gas). Asimismo, desde el punto de vista jurídico, para intentar dar una respuesta adecuada a la turba, se va a «investigar» la subida de los precios de la luz por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como se ha realizado en otras ocasiones y otros mercados (hidrocarburos). En principio no se anticipa una barbaridad como la que protagonizó Soria respecto a la abolición de las subastas CESUR.

Por su parte, los grupos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, se han apuntado a los postulados retroprogresivos de solicitar la auditoría de costes eléctricos, evidenciando que la política española (incluidos los supuestos liberales) todavía no atiende a las circunstancias de oferta y demanda como explicación de la escasez, en un momento determinado dentro del mercado, que determina consecuentemente los precios. Los costes no son los que fijan los precios en una economía de mercado.

Lo más destacable de este proceso de agitación (una campaña grassroot) es que, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha dado un salto cualitativo en la agitación  antimercado, ampliando el espectro de los clásicos portavoces intervencionistas de corte retroprogresivo a los tertulianos y todológos en los medios de comunicación generalistas que, en cada paso de sus pontificaciones, incorporan apostillas personales sobre la supuesta maldad y perversión del mercado y de sus agentes, sin comprender su funcionamiento real. Nunca se llegó tan lejos en la generación y difusión de la alarma pública, merced a una acción de mediatización ex catedra. Un problema complejo, con muchas derivaciones y consecuencias: el Sálvame de la posverdad llega a la energía.

Seamos serios con los precios de la electricidad

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Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que suba el precio de un bien o suministro es algo negativo para los consumidores afectados, en un momento en el que, probablemente, las condiciones y situación económica de los ciudadanos de nuestro país siguen siendo precarias. Quiere decirse que es un problema; un problema, posiblemente, al mismo nivel que cuando hay oscilaciones al alza de los productos de la cesta de la compra o cuando también tienden al crecimiento los precios de los carburantes para ir a trabajar.

Lo que pasa es que, en el caso de la energía eléctrica en España, este proceso adquiere unos tintes demagógicos adicionales  cuando llega al debate político. Es decir es una cuestión que se presenta ante la opinión pública de forma incendiaria. Por un lado, porque se produce la negación de que la electricidad tenga que tener un precio (que, en todo caso, debería bajar siempre, de forma ilusoria) y, por otro,  porque se niega que deban de existir empresas eléctricas en su modelo de gobernanza.

En el año existen varios momentos punta en que esto se produce, aprovechados en el ámbito de la comunicación política asociada a esto para su tratamiento en términos de escándalo. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal ha terciado para argumentar que es previsible que aumente la factura de la luz una media de 7-8 euros al mes, es decir, unos 100 euros al año.

Además, no hay que olvidar que quedan muy pocas oportunidades para convertir esta cuestión en una ola mediática: si mejora la climatología, todo pasará, y si además se cierra el acuerdo para abordar el problema de los consumidores vulnerables severos, alargar el período de impago requerido para realizar el corte de suministro, y si se liga el bono social a la renta, las posibilidades de mediatización de esta cuestión se van a ver muy mermadas.

Por su parte, los expertos habituales consultados por los medios generalistas acuden a sus posicionamientos habituales: Retórica antiempresarial de corte retroprogresivo, la insinuación en referencia a las investigaciones de la CNMC (sin resultado alguno conocido en términos de existencia de comportamientos anticompetitivos). O acuden a mezclarlo todo, para que no se entienda nada: recoger las quejas de las comercializadoras pequeñas que tendrán que participar en el nuevo bono social o reclamar mejores condiciones para el autoconsumo, como bálsamo de fierabrás, o acudir al argumento bolchevique de mostrar con escándalo la cifra total de beneficios empresariales, sin ponerlos en relación con el tamaño del sector y sus empresas. Un argumentario más o menos trillado y previsible.

El hecho es que la energía eléctrica en nuestro país sube por las condiciones de oferta y demanda. La ola de frío ha disparado la demanda a niveles no conocidos en los últimos años en un momento en el que el parón de las nucleares francesas está haciendo a Francia importar nuestra electricidad (la lógica invita a pensar que lo hacen porque es más barata que otras opciones). Por otro lado, la oferta se ha visto afectada por la climatología, con una reserva hidráulica un 38% menor y una producción eólica no tan extraordinaria como la acontecida en enero de 2016, así como un contexto internacional marcado por el alza en los precios de las materias primas (gas, petróleo, carbón).

Dejando de lado el hecho de cifrar el volumen final de este crecimiento para el consumidor, la pregunta que hay que hacerse es si han llegado las condiciones en las que es posible que se produzca un incremento general de los precios de la energía, con el butano acumulando una subida del 14,5% desde julio, una subida limitada además en la revisión de enero al 5% máximo, por lo que es una subida actualmente  insuficiente para cubrir sus costes, con el gas que ha subido un 3,5% a principios de año, con una previsión de déficit de tarifa por parte de la CNMC de 450 millones de euros entre 2016 y 2017, con la gasolina y el gasóleo en máximos…

Por cierto, si la energía ibérica en el mercado mayorista es más barata que la francesa y los precios a los consumidores europeos son más bajos, ¿no sería cuestión de revisar el contenido de los costes de acceso, en lugar de dejar en manos de la turba la matanza? ¿Tampoco se va revisar esa gallina de los huevos de oro que es la fiscalidad aplicada en la energía? Seamos serios.

La guerra del bono social

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Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

Política de ‘Black Friday’ en energía

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Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

Capicúas energético-presupuestarios

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La designación como secretario de Estado de Presupuestos de Alberto Nadal junto al nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía ha devenido con bastante sigilo en un hecho insólito en la historia de la Administración española: el hermanamiento fraternal entre el Ministerio de Hacienda y el área de Energía, imprevisible en 2013 después del pulso perdido por el ministro offshore José Manuel Soria con Cristóbal Montoro a cuenta del déficit de tarifa. Una situación capicúa en la que ahora ambos hermanos saben que la responsabilidad energética no es especialmente sencilla de abordar.

La primera cuestión que plantea el estado actual de la situación es, lógicamente, la propia designación futura de secretario de Estado de Energía, en sustitución de Nadal. Es decir, qué candidatos pueden estar en el pool de los nominados, los  problemas que habrá de abordar, con el agravante de contar con un Ministerio dedicado a tal efecto, con lo que su responsabilidad será más nítida.

Alberto Nadal, muy discutido, con una ejecutoria caracterizada por el mínimo nivel de negociación política sectorial, se empleó en abordar a su manera el problema del déficit tarifario, cuando sus predecesores habían seguido la política de Señor, que pase de mí este cáliz. Probablemente, no le quedaba otra dado el nivel al que estaba llegando el déficit tarifario y su tendencia explosiva imparable. Todavía no hemos visto el desenlace final de los conflictos derivados de estos cambios normativos, pero lo deberán abordar el flamante Ministerio y el futuro Secretario de Estado. Y seguramente los siguientes.

La segunda cuestión se deriva del resultado de las carambolas de billar del Gobierno extendido a las Secretarías de Estado. Es decir, por ejemplo, la designación del nuevo secretario de Estado de Energía se instrumentará conjuntamente con los juegos y equilibrios de poder resultantes del nombramiento de responsable de la Oficina Económica del Presidente. Será relevante si su nuevo responsable pertenece a la órbita de Luis de Guindos o a la órbita de los hermanos Nadal (y consecuentemente de la vicepresidenta Saénz de Santamaría), y condicionará el enfoque de la energía en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Abordar cuestiones como la separación de determinados costes regulados de la tarifa eléctrica por su naturaleza política ajena al suministro (extrapenisulares, renovables) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, no podrán ser tratadas con inhibición o con una política de mirar para otro lado, puesto que ahora será el propio Alberto Nadal  quien tendrá esa patata caliente. Asimismo, Álvaro, parece haber avanzado su intención de conseguir bajar los precios energéticos, cuestión por otra parte contenida en el acuerdo con Ciudadanos. ¿Con qué enfoque se pondrá a esta labor?

Todo está lleno de capicúas.

Nuevo Gobierno: riesgos del nombramiento para la energía

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Será este jueves cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente su nuevo gabinete. Desde la sesión de investidura se viene especulando, cada vez con mayor fruición, acerca de la composición del mismo. En este artículo nos ocuparemos por un lado de los criterios que se han seguido para designar en tiempos pasados, pero recientes, al responsable de energía; en segundo lugar, de los nombres a los que ha tenido acceso Energía Diario y que contarían como candidatos a la cartera ministerial.

La titularidad de Industria, Energía y Turismo, quedó sumida en la orfandad tras la salida del ministro offshore José Manuel Soria. Orfandad que fue cubierta de aquella manera desde abril por la égida del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con todas sus inhibiciones y silencios al respecto, y bajo la tutela del hasta ahora secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Hay que tener en cuenta que la trayectoria seguida por los últimos gobiernos en la cobertura de esta cartera no ha sido especialmente halagüeña, sobre todo al estar inserta en el ámbito más difuso de Industria. Al perfil de José Manuel Soria, excesivamente proclive al protagonismo, hay que sumar a sus antecesores socialistas, Joan Clos y José Montilla, que también contaban con un marcado carácter y trayectoria política anterior relevante, frente a un perfil técnico o económico que les avalase.

La excepción como perfil híbrido económico-técnico fue Miguel Sebastián quien, realmente, comenzó a comprender el sector energético al final de su mandato, tras provenir de la Oficina Económica del presidente Zapatero. De los anteriores gobiernos populares hay que recordar cómo José María Aznar atribuyó conscientemente la siempre patata caliente de la energía al vicepresidente Rato y al entonces secretario general José Folgado (actual presidente de Red Eléctrica de España), quien seguramente recuerda todavía las increpaciones que recibía por los apagones.

Por tanto, el principal problema que plantea la designación de un ministro de Industria es que se ha venidoaplicando un mecanismo de cobertura de índole política y de preferencia personal. Argumentos como dar una contraprestación por servicios prestados en el partido, ser catalán, ser vasco, barón territorial, alcalde prominente, amigo del presidente, etc…, son elementos que cotizan en el pool de ministrables. En todo caso, la coyuntura actual obligaría a hilar más fino y a ser conscientes de la importancia del nombramiento y de la relevancia de esta decisión.

Los nombres que suenan en esta ocasión: aunque todo el mundo apuntaría a que el claro favorito es Alberto Nadal, responsable del cuadre contable del déficit de tarifa, el escenario es enormemente abierto dada la propia personalidad de Rajoy y sus propias cábalas. Resulta difícil que pudiera ser ministro si su hermano Álvaro, procedente de la Oficina Económica, pasase a ocupar una cartera. El mayor paroxismo sería tener a un hermano de ministro y al otro de secretario de Estado.

Por otra parte, se descarta la alternativa que más reciente se ha colado en las quinielas con el nombre de Josep Piqué, quien ya fuera Ministro de Industria, cuyas suspicacias y prevenciones en el seno del Ejecutivo son públicas. También recibe suspicacias y apuestas, por igual, Dolores de Cospedal. Incluso en ciertos ambientes se incluye el nombre de Guillermo Mariscal, portavoz de Energía en el Congreso y situado en la órbita de José Manuel Soria.

Asimismo, el nombre que suscita más coincidencias es la estrella ascendente de Javier Maroto, vasco y cuya relación con el mundo industrial podría ser decisiva. En este caso hay que recordar su manifiesta oposición a la actividad en la central nuclear de Garoña cuando ejercía de alcalde de Vitoria, lo cual sumaría puntos de cara a atraerse al PNV. Otro candidato, hombre del partido, es Fernando Martínez-Maíllo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Industria en la legislatura fallida.

Esperemos que la energía, cuya legislatura será intensa y cargada de cuestiones de fondo, no se gestione por un canje. Posiblemente la peor solución será utilizar la cartera de Industria para colocar a los ministrables desubicados una vez completado el sudoku, lo que incidiría en la tradición de la clase política española de que la energía es una asignatura maría.

En torno a la sentencia del bono social discriminatorio

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España no está para argumentos que requieran atención y precisión. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la financiación del bono social, por otro lado esperable y predecible con unos conocimientos básicos de Derecho, lo demuestran. El bono social es una forma imperfecta, por su forma indirecta de entender la renta disponible en el domicilio, de trasladar a la legislación española el concepto de consumidor vulnerable y de pobreza energética en lo que se refiere al suministro eléctrico.

El bono social supone una reducción del 25% de la tarifa para aquellos consumidores que cumplían una serie de condiciones. Dicha reducción está sufragada fundamentalmente por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, como está reglamentariamente fijado por decisión del regulador. La sentencia, por su parte, pone en cuestión que el bono social deba ser sufragado por los grupos que integran las actividades de producción, distribución y comercialización, cuando, en realidad, existen más agentes en el sistema.

No hay que olvidar la dimensión de “política social” que tiene el bono social y que debería ser resuelta de forma pública vía política fiscal y no con la tarifa eléctrica. Hagamos una analogía. Imaginemos que, el Estado determina una entrega de alimentos gratuita para los individuos que estén por debajo de un umbral de pobreza y se determina por norma legal que lo tienen que sufragar las tres principales cadenas de supermercados. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo ha sido que, esa fórmula no es posible, es ilegal y no se adapta a las normas comunitarias por su propio desequilibrio, discriminación y desigualdad.

Lo que subyace debajo del diseño de la medida es una mirada oblicua sobre los propios agentes empresariales (a efectos de determinar el descuento, pagado selectivamente por elección discrecional del Gobierno) y la tendencia española a solucionar vía subsidios cruzados, frente a una ortodoxia hacendística y fiscal que sea responsable de aquellas materias que deben tener naturaleza pública. Todo ello en los tiempos de la demagogia económica de corte colectivista, por un lado, y de la superación de las previsiones de déficit en los Presupuestos Generales del Estado por otro.

Empiezan las turbulencias para el nuevo gobierno en ciernes, como cosecha de las tropelías pasadas. Ahora tocará la propia reliquidación al respecto. Por eso, en lugar de pedir intervención, es mucho más necesario pedir rigor y ortodoxia en la regulación.

Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

Todos los costes de acceso, en juego en Europa

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A propósito de la investigación de Competencia de la Unión Europea, decíamos ayer, una de las cuestiones que más han sorprendido a estas autoridades comunitarias es el volumen de las mismas y, a la vez, la carencia de estudios de demanda que avalasen estos incentivos. Aplicado a nuestro país el problema es que, con la sobreoferta existente de capacidad de generación y con la caída de demanda acumulada en los últimos años, aún no recuperada, desde las autoridades comunitarias no se aprecia justificación de su necesidad.

En el caso español, esto cobra especial relevancia en la medida en que se computa dentro del recibo de la luz en forma de costes de acceso, de forma que este apartado creció exponencialmente respecto a la evolución del coste de la energía consumida. Ya hay campañas en la red evidenciando tal desproporción. Cada estratagema de solución a problemas pasados genera nuevos problemas y éste es uno que se está larvando. Son varios los aprendizajes a extraer de esta situación:

En primer lugar, esta investigación respecto a los conceptos incluidos en los costes de acceso es algo que se veía venir y sobre lo que ya se había advertido en numerosas ocasiones y por numerosas voces expertas. Otra cosa es la voluntad férrea y marcada de no darnos por enterados de las malas noticias, o incluso de la ley de la gravedad si se diera el caso, habilidad que en España permite mirar hacia otro lado en lo que se refiere a las condiciones de competencia y el derecho comunitario.

Además, por su inclusión en la tarifa en forma de cuña gubernamental, el volumen de la misma es enorme para el consumidor español doméstico, empresarial e industrial. Por muy sofisticados que sean los sistemas de los que se han servido los sucesivos gobiernos para articular estas ayudas, su cuantía ha perdido cualquier relación con la realidad, la comparación y la necesidad. Aunque se adjudique mediante una subasta, si lo que se subasta no tiene correlato con su necesidad, es una cuestión que tarde o temprano se evidencia por si sola.

En segundo lugar, existe un consenso tácito entre nuestros políticos en el que se diluye la percepción de ayuda de Estado o de subvención en estos mecanismos, sin entrar en una valoración objetiva de los mismos. Por desconocimiento, por aquiescencia política o simplemente por evitarse problemas de opinión pública en la esfera representativa o deliberativa. La ortodoxia económica se ha perdido en el maremágnum de las declaraciones respecto de lo que se quiere oír. ¿Se imaginan al parlamento español interino votando en contra de estas tres figuras (ayudas al carbón, pagos por capacidad y pagos de interrumpibilidad) por ser ayudas de Estado, de forma semejante a las iniciativas que se están llevando contra la energía nuclear, el fracking o Garoña?

En tercer lugar, existe otro consenso, el consenso social, alrededor de estas ayudas y sus “finalidades”. Incluso los propios consumidores domésticos tienen una postura pública ausente, es decir, de mirar para otro lado aunque se sufraguen desde el recibo, dado que prefieren la vía de la intervención final administrativa en los precios que la ortodoxia basada en la formación de los mismos a través del mercado y, de forma aditiva, con los elementos que se incluyen en los peajes. Los consumidores y su representación son tolerantes a las subvenciones y los subsidios cruzados que encierran.

En efecto, existe un ambiente social que es propicio a estos mecanismos y ayudas, aunque suponga una factura del suministro más alta, plato de la balanza que se oculta. Que prefiere acudir a la demagogia y a la crítica de grano gordo a los precios eléctricos, tensionar los enfrentamientos antiempresariales que son de mucha más fácil venta, cuestionar el mercado mayorista o recurrir a la sempiterna cantinela de los windfall profits de los retroprogresivos, que atacar el problema, principal en términos cuantitativos, que es la cuña gubernamental incluida en los costes de acceso, criticando las subvenciones o sobreinversiones aunque sea lo sustancial por volumen. Evidentemente en una cultura económica y política como la española tan esquemática, eso no es sexy.

En cuarto lugar, todo procede del fracaso de una liberalización fallida e incompleta, que debería haber partido de la limpieza del recibo de esos costes; en ese caso, probablemente, los precios de la energía para los consumidores domésticos, empresariales e  industriales, necesitados de competitividad, serían otros. Toda cuestión que sea considerada como subvención o como decisión política deberían cargarse en los Presupuestos Generales del Estado.

Adenda. Queda por saber qué ocurre y qué consideran las autoridades de competencia europeas, respecto de la “pieza separada” de los pasados modelos retributivos de las tecnologías renovables en régimen especial, claramente desbordados, exagerados y desproporcionados en ciertas tecnologías, pero cuya alteración en la denominada reforma eléctrica tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la retroactividad en las inversiones en el Reino de España. El Gobierno español, por mano del Ministerio de Industria en la etapa Soria, intentó conseguir una declaración semejante, es decir, que fueran considerados como ayuda de Estado, como parapeto contra los arbitrajes y conflictos judiciales abiertos. Lo que está claro es que tenemos mucho en juego en este títere. Casi todos los costes de acceso. Veremos.