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La CNMC se subleva

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Los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último mes vienen incorporando una inusitada oposición a las directrices del Ministerio de Energía. Oposición que se muestra sin eufemismos ni medias tintas y que ha causado sorpresa en los medios de comunicación especializados. Es lo que ha pasado con el plan invernal del Ministerio de Energía para aumentar las obligaciones de reservas de gas que tendrían que realizar las empresas, derivado de su consideración de la garantía de suministro para eventuales momentos de frío extremo.

La CNMC considera que esta propuesta incidía al alza en las tarifas a los consumidores gasistas, además de señalar que el departamento que dirige Nadal no había evaluado los costes para el sistema de pasar de contar con un almacenamiento obligatorio de 2 días a uno de 3 días y medio. Medida que seguramente también tiene que ver con la resolución que obliga a los operadores principales de gas a ser creadores de mercado obligatorios por cuatro años. Energía quiere presionar para que haya abundancia de gas garantizada más allá de los mecanismos de mercado.

Además, la CNMC le recordaba al Ministerio de Energía las posibilidades existentes de aprovisionamiento basadas en el abastecimiento en los mercados nacionales e internacionales gracias a la red de regasificadoras, la gestión de los almacenamientos subterráneos y la intervención del propio gestor del sistema gasista Enagás, posibilidades que hacen innecesaria una medida coactiva de estas características con el consiguiente efecto en los precios al consumidor.

Remontándonos más atrás, pero también recientemente y de una forma especialmente explícita, la CNMC se pronunció contra los mecanismos de gestión de la demanda a través de la subasta de interrumpibilidad propuesta por Energía y sus pagos. Dado que los informes de la CNMC no son vinculantes,  la importancia de este informe estribaba en su posicionamiento: un cuestionamiento abierto y desnudo de este mecanismo por su elevado coste y ausencia de justificación de la necesidad.

Además, en una lectura de su contenido, este informe cuestionaba la práctica totalidad de mecanismos de subsidios cruzados existentes en los costes de acceso al tiempo que, descarnadamente, enunciaba todos los procesos de investigación que la Comisión Europea tiene sobre España en materia de energía y que podrían estar relacionados con unas tarifas de acceso que quieren absorber decisiones políticas discrecionales, junto con su misión imposible de su irreal contención por vías «creativas» o heterodoxas.

Ahora, como en las películas de vampiros, se reabre un ataúd con otra latente controversia entre CNMC y Ministerio, consistente en la oposición que este organismo mantiene contra el mejoramiento de las tarifas de acceso a las industrias radicadas en el País Vasco, medida resultante de las componendas del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2014 y que este año el Ejecutivo había comprometido con el PNV.

Hablemos del escenario. El momento temporal también es importante. Crítico. Estas diferencias se transparentan mientras se producen las «negociaciones» con la Comisión Europea por la atribución de competencias en materia de fijación de los peajes de acceso que el Ministerio quiere retener a toda costa y que la CNMC se atribuye. La concepción de la política española de que la CNMC debe ser dependiente del regulador principal es un ejercicio vertical que no comprende el papel de estos órganos independientes en los países occidentales con sistemas de contrapesos más eficientes.

Finalmente, en la crisis relacional y diplomática entre los dos reguladores, se apunta a la disminución de la influencia de la vicepresidenta María Fernández dentro del organismo. Hasta el momento todas las fuentes confirman el papel que ha tenido Fernández como gozne entre los intereses políticos de Nadal y los pronunciamientos que éste necesitaba de la CNMC. Algo que parece normal en la vertical política española, dónde la representación política llega a los extremos técnicos y económicos. En todo caso, esa debilidad y pérdida de ascendencia sobrevenida es un elemento que está agudizando este desencuentro.

En resumen, la CNMC está reivindicando su papel como organismo independiente, sublevándose de forma cada vez más explícita. Energía, mientras tanto, cada vez tiene más frentes abiertos, tanto en su relación con la Comisión Europa como con los organismos independientes.

A toque de corneta

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Europa Press.- El nuevo frente jurídico que se abre para el Ministerio de Energía a cuenta del mercado organizado del gas contribuye a agrandar la fama de judicialización permanente y constante que precede al sector energético español. Un frente abierto con la admisión a trámite del recurso de Gas Natural Fenosa contra la reciente resolución de la Secretaria de Estado de Energía para forzar a esta empresa y a Endesa, como operadores dominantes de este hidrocarburo en España, a ser creadores obligatorios de mercado (market makers) en el mercado organizado del gas (Mibgas).

La legislación permite que el Gobierno marque las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes, aunque únicamente de forma complementaria o adicional a los creadores de mercado voluntarios. Para ello, según la normativa previa, debe constatarse que el Mibgas careciese de liquidez y que no hubiera operadores voluntarios dispuestos a aportarla, antes de poner en marcha este mecanismo obligatorio. En 2017, esta actividad ha sido realizada por Gunvor Internacional y Axpo Iberia. El hecho es que el Gobierno, con esta resolución, aumenta además la obligación por un período de 4 años a los agentes financieros interesados en ejercer voluntariamente de creadores de mercado.

En concreto, Energía quiere que los operadores dispongan en cualquier momento de un volumen de gas negociado suficiente para cubrir sus necesidades. Consecuentemente, estas empresas adquieren como obligación presentar en este mercado ofertas de compra y venta por un volumen de gas fijado por el Ministerio de Energía. Con esta medida, el Gobierno pretende abaratar y aumentar el grado de aprovisionamiento del gas para las centrales de ciclo combinado, intentando cubrirse de la evolución de los precios internacionales que se producen en este hidrocarburo en los momentos de mayor demanda, de forma que su disponibilidad se traduzca en menores precios de la electricidad en el mercado mayorista eléctrico, en momentos de picos de demanda o de falta de generación renovable.

La medida pretende aumentar la liquidez en el mercado organizado del gas, un mercado que comenzó a funcionar en diciembre de 2015 y en el que en la actualidad se negocia un 3,7% de la demanda nacional de gas, aunque en momentos puntales como octubre llegó al 6,3% de la demanda mensual nacional. En lo que se refiere a precios, también busca marcar un precio referencia de este hidrocarburo y forzar su transparencia frente al registrado en los pactos bilaterales de aprovisionamiento. Conocer esos contratos y sus precios siempre ha sido un oscuro objeto del deseo de la Administración, en su voluntad de intervención en la actividad de las empresas.

Ojo a los riesgos financieros

Por su parte, Energía se defiende antes de que su pretensión pueda interpretarse como un intento de bajada artificial de los precios, en la medida en que esto sería ir en contra de la normativa europea, aunque sea el driver más reconocible de la política de este Ministerio. En su lugar, señala que el objetivo es «mejorar el funcionamiento de los mercados para evitar los momentos puntas en los precios».

Desde el sector se advierte de la posible vulnerabilidad derivada de la entrada en competición con los traders internacionales, lo que conlleva más riesgos financieros para las empresas. El papel de estos traders internacionales podría presionar a los precios del gas que tendrían que satisfacer los operadores obligatorios, con la imposición legal de comprar y vender para ofrecer determinados volúmenes. Según distintos medios de comunicación, Gas Natural Fenosa, estaría preparando ya un equipo profesional especializado para operar en estas condiciones.

También argumentan desde el sector que el componente principal de los precios del gas son las oscilaciones del mercado internacional y aseguran que la variación del precio que pagan los consumidores en sus facturas del gas no depende de los creadores de mercado. Es decir que su efecto pretendido va a ser escaso. Por ello, consideran la medida innecesaria, desproporcionada y no adecuada para conseguir esta pretensión. En su lugar, desde el sector se defiende como alternativa establecer un modelo que incentive a planificar el almacenamiento más que imponer estas obligaciones por un período tan largo a los operadores empresariales.

Por tanto, la conclusión es que Energía fuerza la obligatoriedad de la actuación de las empresas a las crisis coyunturales. Con Nadal al frente del Ministerio, el sector energético camina hacia la intervención permanente, que se materializará de forma diferente en cada una de las actividades del mismo. Una intervención donde el fin justifica los medios, desde el ejercicio coactivo de la obligatoriedad, el tratar de esquivar la normativa europea o superar las funciones de los agentes y operadores privados.

En este sentido, el conflicto relativo a los operadores obligatorios del mercado gasista comparte con el conflicto derivado de la solicitud de cierre de las centrales de carbón la concepción del Ejecutivo de que las empresas deben ser sujetos al servicio de la política (que no de las políticas, dado que no existen, más allá de todos los virajes cortoplacistas dedicados a contener los precios de la electricidad, sin atreverse a evaluar qué partes de la tarifa deberían estar en los Presupuestos). Y ahí seguimos.

Reflexiones y apuntes entre líneas

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Del comienzo del curso energético se sugieren distintos apuntes y elementos derivados. Resulta evidente que las empresas del sector valoran positivamente que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea precisamente eso, una ley, alcanzando el máximo rango legal y proporcionando mayor seguridad jurídica, con el añadido de que para su elaboración se consiga el necesario consenso de una norma tan importante para el futuro del modelo energético español.

Cabe esperar que los goznes que articulan su proceso de elaboración, la definición de los escenarios, así como las medidas correlacionadas y adyacentes sean coherentes, alineados y coordinados, incluyendo en este mecanismo a la Comisión de Expertos. Precisamente la apertura del proceso de participación para la regulación del cierre de centrales es un síntoma de fuga del engranaje puesto en marcha por el propio Gobierno, una regulación por tanto que debería ser reconducida e incardinada a los trabajos de estos expertos, algo que además debería percibirse con claridad para que la labor de esta Comisión no quede en papel mojado a las primeras de cambio.

Por otra parte, el Gobierno asegura que considera importante mantener la energía nuclear en el mix de generación en la medida que contribuye al cumplimiento de los objetivos de emisiones. Esta afirmación debería conducir a una revisión del modelo de fiscalidad que recae sobre esta tecnología, convertida en un objeto tributario en sí mismo en nuestro país. Fiscalidad que debe ser revisada en el conjunto de un modelo de fiscalidad verde, coherente con los objetivos de la política energética y medioambiental, más allá de los criterios recaudadores, y con la necesaria contribución de otros sectores como el transporte. Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea sobre el modelo de fiscalidad verde español definen el espacio de carencias y mejoras necesarias.

Por otro lado, empieza a existir un cierto disenso en el proceso compulsivo de lanzamiento de subastas de potencia renovable que ha determinado dos subastas en tres meses y 8.000 MW incorporados para cumplir los objetivos de la Unión Europea ante el parón de estos últimos años. Las críticas al mismo han hecho mella incluso en la propia Administración energética, que reconoce que el procedimiento no habría sido el mejor.

Finalmente, en lo que se refiere a la política del Ministerio de Energía, empieza a evidenciar fatiga de materiales el afán de dotarse de espacios de discrecionalidad (para promover subastas inesperadas de potencia renovable sin un modelo de planificación, para tratar de impedir el cierre de centrales, para aplicar los superávit contables a la política tarifaria) o para autopermitirse fórmulas indulgentes con la inseguridad jurídica o a la retroactividad retributiva, con justificaciones tan espurias como la escasa interconexión energética con Europa, el nuevo mantra ministerial.

Este debate necesariamente se va a hacer cada vez más sofisticado y menos maniqueo. La necesidad de confianza (seguridad jurídica) y de previsión van a requerir otra forma y de otras formas en la regulación del sector. Los procesos abiertos en el ámbito europeo (Parlamento, Comisión Europea y Dirección General de Competencia) van a ser escenarios a tener muy en cuenta en todo este proceso.

La consulta pública para el cierre de las centrales

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El Ministerio de Energía tiene abierta hasta el día 15 una consulta pública (conforme a lo que establece el procedimiento de elaboración regulatoria español) dirigida a una eventual y futura regulación del procedimiento de cierre de las centrales eléctricas. La consulta pregunta a los que quieran personarse si ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Dado que la legislación española ya prevé los mecanismos para el cierre de centrales, la principal cuestión global que se deriva de la pretensión de establecer una regulación expresa para fijar límites a la salida de instalaciones en un mercado de generación liberalizado como el español es conocer la motivación del Ministerio para forzar a que exista esta regulación y someter a pública demagogia las propias directrices de la Unión Europea, fijadas en el cuarto paquete legislativo, sobre la participación de operadores en las actividades liberalizadas. El hecho de que se haya planteado el cierre de algunas plantas y retirar potencia del sistema seguramente ha sido determinante para que el Ejecutivo acuda a la regulación.

El Ministerio de Energía de la Administración Rajoy sigue con una política basada en la búsqueda de espacios de discrecionalidad. Discrecionalidad que se instrumenta de muchas formas: desde convocando subastas de nueva potencia renovable ad libitum y con letra pequeña para ir distribuyendo potencia (equilibrando agravios), pasando por arañar las finalidades de los excedentes de liquidación según convenga electoralmente, realizar intervenciones tarifarías para determinados ámbitos geográficos, hasta buscar dotarse de fórmulas para sortear las legítimas peticiones de cierre y/o hibernación de centrales que se suceden por sus titulares a la vista de su inviabilidad económica.

Esta discrecionalidad también le permite no definir los escenarios de la denominada y todavía vaporosa transición energética en el caso español, término que es un significante vacío de comunicación política, en donde confluyen el impulso a la Ley de Cambio Climático con la creación del Comité de Expertos para su definición.  Escenarios que, con una importante sobrecapacidad en la generación (otro de los mantras de esta Administración, agudizado con el pase de Nadal a ministro), deberían determinar en cada momento el mix de generación, las fórmulas de mercado mayorista resultantes, el procedimiento de despacho y los mecanismos de retribución de cada tecnología según su papel.

Por eso, el Ministerio busca apelar a fórmulas inespecíficas e inconcretas que le permitan actuar de forma discrecional en cada momento sin la necesidad de definir una política energética, sin organizar y hacer coherente una política de fiscalidad verde energética más allá del actual esperpento regulatorio, sin explicitar una política medioambiental más allá de la retórica (y que concierna a todos los sectores)  y, lógicamente, sin basarse en el modelo de gobernanza empresarial según se trate de las actividades liberalizadas o reguladas en cada caso.

Por eso Energía apela en esta consulta, emocionalmente, al cambio climático (sin abordar el proceso de descarbonización y el futuro de las térmicas), a la seguridad de suministro (con un nivel de sobrecapacidad como el existente) o al precio; ahí sí que está la madre del cordero de todas las justificaciones del Ministerio, la utilización de los precios de la energía como argumento electoral a toda costa. Eso sí, sin liberalización completa y sin detraer de la tarifa las cuestiones no relacionadas con el suministro, con una política de sobrecapacidad inducida que mantenga a todas las tecnologías subyugadas y enfrentadas por no perder su hueco.

En consecuencia, de una cuestión global como es la motivación del Ejecutivo para intentar promulgar esta norma se derivan otras muchas más: ¿Qué papel tiene la normativa comunitaria y, en consecuencia, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea en los límites, barreras o prohibiciones de salida del mercado, en su intervención ya sea vía instrumentación legal o de facto? ¿Se coordinará la iniciativa regulatoria con el calendario de elaboración normativa para la futura Ley y los trabajos de la Comisión de Expertos? ¿Cuáles son los aspectos colaterales (mercado, pool, tecnologías, escenarios) de dicho proceso? ¿Se respetarán el carácter liberalizado con todas sus consecuencias de la actividad de generación?

¿Qué mejor que una consulta aparentemente beatífica  sobre una regulación para exonerar de responsabilidad la ausencia de una política energética y legitimar una posible intervención a los mercados? Ya estamos otra vez con la melé.

Las subastas de suelo móvil

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El espacio entre subasta y subasta de nueva potencia renovable ha amplificado los cuestionamientos de las dos anteriores, en la medida en que ha incidido en la complejidad de la misma y, en consecuencia, en la dificultad de los operadores para su entendimiento; todo ello aderezado por la fórmula española de transición energética pendiente de definición, de la resolución de pleitos y de los arbitrajes abiertos en las instancias internacionales en materia renovable y las amenazas a la seguridad jurídica.

El primero es el anuncio de la tercera subasta de potencia renovable realizado por el propio Mariano Rajoy de forma inmediatamente posterior a la celebración de la segunda, lo que pilló por sorpresa a propios y extraños y, principalmente, a los mismos adjudicatarios de la potencia recién subastada con menos de una semana de antelación. Un anuncio que venía a uncir la necesidad de cumplir con los objetivos de generación y potencia renovable que España tenía, con la comunicación política añadida. El departamento de Energía busca la forma de multiplexar la potencia adjudicada por si fallan los calendarios de puesta en funcionamiento de la misma.

En segundo lugar, y casi en paralelo, las revelaciones y propias declaraciones del ministro de Energía, anunciando la revisión de los criterios de cálculo respecto de la rentabilidad razonable de las instalaciones de régimen especial. Unos criterios instaurados en la reforma eléctrica de 2013 y que, en aplicación directa y virtual de la rebaja del bono español, confirma la comprensión del Ministerio de la rentabilidad en las subastas como “suelo móvil” variable. Interpretación que ha causado un fuerte malestar en los titulares de las instalaciones actuales, además de apuntalar la decisión de los operadores eólicos que deciden no participar en el mercado español por su inseguridad jurídica y su incertidumbre.

Una advertencia, la de Nadal, acompañada además de una admonición hacia las empresas de menor tamaño y a otros operadores maverick, ahuyentándoles en lo que se refiere a la participación en las subastas por su propia complejidad, para que no se vieran atrapados en una posible reducción retributiva, además de las dudas existentes respecto a la viabilidad de la ejecución de los proyectos resultantes. El hecho es que el sector se empieza a apuntar a la tendencia de los contratos bilaterales de suministro frente a la inestabilidad de las subastas.

Por su lado, el ministro que busca sobre todo tener las manos libres para hacer y deshacer, sin aceptar restricciones del marco jurídico, económico, presupuestario, europeo o de la inversión y, a la vez, sin consecuencias derivadas de los grados de libertad de la discrecionalidad en la acción política. Sin embargo, desde instancias europeas se tiene en observación la deriva de la regulación renovable española.

Por otra parte, pese al discurso teórico de comunicación política de neutralidad tecnológica, las condiciones de diseño de cada subasta apuntan o se orientan hacia tecnologías diferentes. Eso le permite al Ministerio conseguir que permanezca viva la lucha entre tecnologías, cuya división tanto éxito ha traído en el pasado a sus responsables para alejar el foco, de forma que, a la vista del corto espacio de tiempo en que se producen estas subastas, la única forma de influir en la mediática es la proliferación de invectivas intertecnológicas. Todo apunta a que esta subasta abrirá la mano con la fotovoltaica, lo cual proporcionará coartada al propio Ejecutivo y dejará sin argumentos a los teóricos de la conspiranoia de los grandes operadores.

En suma, que estamos ante el resultado de una subasta más: de suelo móvil, de calidad de marco regulador, de regulación a la española. Veremos.

No es país para órganos reguladores independientes

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Las alegaciones del Ministerio de Energía en torno a las objeciones de la Comisión Europea a los órganos reguladores españoles y sus competencias es sólo un episodio más en la historia episódica de los órganos reguladoresy de la displicencia que desde el poder ejecutivo se viene ejerciendo. Bien es cierto que, por su propio comportamiento, nunca defraudan.

Su comportamiento en las operaciones corporativas del sector; el atrabiliario final a la proliferación de órganos reguladores y nombramientos, que caracterizó las postrimerías de la última etapa de la legislatura Zapatero; el proceso de destrucción y voladura de los mismos resultando un macroorganismo cauterizado con un enfrentamiento en su cúpula para finalmente devenir en la polémica larvada y submarina por los vínculos familiares con el Ministerio del ramo; y como guinda la forma en que se publican sus informes y deliberaciones; nada en la CNMC escapa a su cuestionamiento permanente.

Un buen modelo de órganos reguladores precisa de dos elementos para su funcionamiento razonablemente armónico. El primero es un diseño institucional y legal adecuado: composición, funcionamiento, régimen de autonomía, nombramientos, competencias, capacidad ejecutiva, duración de las designaciones de los mismos, proceso de evaluación de los candidatos, procedimientos de publicidad de sus decisiones, deliberaciones, etc…  El segundo tiene que ver con los «recursos humanos» más allá de la plantilla. Es decir, quienes la dirigen, qué experiencia, conocimientos, prestigio institucional, comprensión del modelo de mercado, quienes forman parte o cómo son elegidos (consejeros, responsables y equipos directivos).

España, en esta tesitura y con estos requerimientos, evidentemente, no es país para órganos reguladores. La de los órganos reguladores independientes es una figura en la que no cree la política de nuestro país, con independencia de las filiaciones, porque es muy molesta en la propia concepción verticaldel sistema de partidos español. No encontraremos grandes defensores de esos organismos.

O bien, se han percibido como una forma de recompensar los servicios prestados de los partidos políticos, con resultados diferentes en cada momento según los equilibrios parlamentarios para el reparto de canonjías, sinecuras y puestos. O bien se convierten en unos cuerpos extraños inescrutables por su necesidad de adecuarse a un marco legal y de mercado, cuando lo que requiere el país es la ideologización de cada acción y su politización (véase el CSN). Ni siquiera los periodistas españoles escapan a ese marco, fruto de la propia ausencia de cultura económica, además de asumir la designación digital partidista y la organización por banderías de sus decisiones (en algunos casos más o menos conniventes con el regulador principal), como procedimiento habitual.

Fijar peajes: Energía versus CNMC

A más a más, con ese modelo distorsionado de teledirección de estos organismos, desde su selección y nombramiento, hasta su tutela efectiva como si fueran menores de edad con un grado de permisividad administrada, el Ministerio de Energía no quiere aceptar una mayor participación de la CNMC en la fijación de los precios de la energía, tal y como se requiere desde la Unión Europea. Por ello, argumenta que “no son organismos democráticos», como si el sistema de partidos debiera extrapolarse a todas las instancias de la administración y de gestión de la actividad pública. Vamos, una concepción de cultura política, sociedad económica y sociedad civil basada en un modelo de partidos de tinte venezolano.

Entre otras cosas, porque el hecho de su desaparición o su inanidad de facto facilita el hecho de saltarse la ley cuando establece que hay que aprovechar cualquier superávit para rebajar el déficit acumulado, permite ajustar la evolución de los precios al calendario electoral de cada momento, desata un proceso de agitación política para abolir las subastas o favorece soluciones creativas para abordar cuestiones que se calzan en las tarifas como los subsidios cruzados, las inversiones reguladas, las primas, las sentencias y penalizaciones pendientes dentro de los costes de acceso y a la vez conseguir el laminado de las tarifas

Volviendo al requerimiento de la Unión Europea y, como el Gobierno español sigue revolviéndose contra este modelo contenido en las Directivas comunitarias, hasta ahora teníamos como referencia el modelo del regulador inglés de la OFGEM. Y, quizá, por ese alejamiento de las pautas de las directivas comunitarias y del triunfo de la política en Londres del Brexit sobre la economía y los mercados, la lideresa Theresa May, a fuer de liberal, ahora defiende intervenir los precios de gas y electricidad.

Por eso, un pequeño exit de órganos reguladores podría ser nuestro acto de rebeldía, sui géneris, muy made in Spain.  

El horizonte que define el Ciadi

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Nunca España tuvo tantos procesos abiertos en los tribunales de arbitraje internacional como en estos momentos. Nunca había perdido un pleito hasta el momento en estas instancias por motivos energéticos. Y, probablemente, nunca un laudo de estas características sea comprendido y evaluado por su valor a efectos premonitorios. Quedan otros 26 arbitrajes pendientes de resolución y se buscan las claves que puedan determinar el decurso en estas instancias especiales de litigación que, tras la cascada de denuncias de los inversores internacionales en renovables, podrían acabar en una cascada de sentencias contra el Estado español.

Para entender las claves que puedan anticipar el futuro de estos arbitrajes es preciso conocer varios elementos. El primero, la instancia en la que se ha producido el laudo, en la medida en que sus jueces puedan definir un criterio específico. En el caso de los procesos derivados de la revisión retributiva renovable, estos se dividen entre las cortes de la Cámara de Comercio de Estocolmo, de la Corte de la Ciadi (el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial) y el Tribunal Arbitral de Luxemburgo.

Por otra parte, la segunda cuestión es la norma de la que derive el proceso. En la actualidad, existen dos bloques importantes de procesos abiertos alrededor de esta cuestión de la retribución renovable.  Los que se derivan de la reforma Sebastián (que laminó los ingresos de las instalaciones fotovoltaicas ordenándolas y cambiando los criterios de ajuste por zonas de insolación) y los que se derivan de la reforma de Alberto Nadal, que implantó el modelo de la rentabilidad razonable a lo largo de la vida de los activos (incluyendo el cálculo teórico según la fecha de instalación y los deslizamientos con límite sobre el precio de mercado previsto y realizado).

En este sentido, en 2016 hubo dos arbitrajes cuyas reclamaciones hacían referencia a la reforma Sebastián que la corte de Estocolmo falló a favor del Estado. Los primeros arbitrajes proporcionaron un optimismo moderado en las autoridades españolas. Sin embargo, es contra la reforma Soria/Nadal contra lo que se dirige el arbitraje recién conocido de la Ciadi. Y, por ello, la resolución de este último laudo ha sido un importante jarro de agua fría, por los dos motivos: porque afecta al grueso de las reclamaciones, tanto por la instancia en términos de jurisprudencia internacional como por el asunto abordado, ya que actualmente quedan otros 26 arbitrajes en el Ciadi derivados de la reforma Soria/Nadal; y porque los efectos regulatorios serán devastadores.

Por tanto, ya se puede tener una idea de los derroteros futuros. Estos días se cifraban estas indemnizaciones posibles en 3.500 millones de euros y el Gobierno ha afirmado que estudiaba recurrir, algo que, en principio, no es posible en los arbitrajes internacionales. Por otra parte, el Gobierno destaca que el tribunal condena «parcialmente» conforme a lo inicialmente solicitado por los demandantes. Se obvia que la condena es parcial en la medida en que las cortes de arbitraje solo protegen a las empresas extranjeras de los efectos de los cambios legales en terceros países que afecten a sus inversiones. Por tanto, valúa los daños para los inversores extranjeros perjudicados, mientras los perjuicios para los inversionistas españoles se quedan sin protección.

La siguiente cuestión, para evaluar el impacto de la cascada de indemnizaciones resultante, provendrá de la capacidad adicional que tengan las empresas españoles de reabrir los procesos en la jurisdicción de nuestro país apelando a la indefensión resultante con consecuencias discriminatorias de la protección exterior de los terceros países. Los servicios jurídicos de empresas y gabinetes de abogados ya están en marcha estudiando todas estas posibilidades. El laudo conocido dibuja un panorama de consecuencias ciertas (y otras posibles) para el Estado en términos de previsibles indemnizaciones en la cascada de sentencias pendiente. Luego vendrá como derivada la forma y el impacto en la parte regulada de las tarifas.  Y, además, añadiendo las costas del proceso.

Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

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Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.

La cuestión nuclear en la España de hoy

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Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

Tomemos nota de este mes de enero

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Persiste un colectivo ideológico en torno al sector eléctrico que está intentando aprovechar este enero de incrementos de precio en el mercado mayorista para dar el salto desde su planteamiento inicial, que considera que el suministro eléctrico, además de un servicio esencial, debe ser un «bien público» sobre el que establecer determinados mecanismos sociales de apoyo por nivel de renta, a dar varios saltos mortales consecutivos: que el mismo debe ser intervenido, que se regule por costes reconocidos y si es posible que sea de titularidad del Estado, sin mercados que lo regulen.

¿Cómo se ha espoleado esta agitación antimercado en esta crisis? Intentando dirigir la fijación mediática desde las redes sociales y desde ciertas asociaciones en la atención al mercado mayorista eléctrico en las puntas horarias de precios que se han producido en este período, como cuándo se han alcanzado los 100 euros/MWh en determinadas horas. Resulta paradójico cómo, en su momento, cuando se proponían retribuciones reguladas a ciertas tecnologías superiores a los 300 euros/MWh, no existía controversia alguna. Añadamos, la difusión paródica respecto del impacto de la climatología en el precio de la luz, como si no influyesen la ausencia de viento y de recurso hidráulico en el mix eléctrico y el frío no disparase la demanda de los consumidores españoles.

Curiosamente, estos agentes fintan sobre el problema de los costes de acceso incluidos en el coste del suministro, sobre la renuncia a la revisión de la retribución e inversiones en el transporte eléctrico, sobre el sistema de subsidios cruzados existente en la tarifa, ni mencionan el problema de la abundante fiscalidad de la electricidad o aceptan/aceptaron retribuciones desmesuradas a determinadas tecnologías por ser del «régimen». ¿Cuáles son los defectos de la actuación de estos agentes? Que, al final, en definitiva, no buscan proteger al consumidor.

El fin último siempre es acabar con el mercado eléctrico y atacar a unos agentes concretos, lo cual obedece más a un objetivo de ideología política. De hecho, en ningún momento, se apunta de forma fiable en términos comparados el efecto en euros para el consumidor de este período punta del año, partiendo de una estructura de consumo de referencia y no de una interesada, que busca extrapolaciones exageradas en espacios temporales móviles y acomodaticios a los intereses del emisor.

Los medios de comunicación, pon su parte, han contribuido a ello inundando los programas con periodismo de interés social, en algunos casos sin darse cuenta de lo que se deslizaba, debido a la indigencia social en materia de conocimiento económico. Personas que iban a ser embargadas por no pagar la hipoteca y que… ¡además les iban a cortar la luz! Pero el problema es la pobreza energética. Y llenando de «todólogos»/opinadores sobre el precio de la electricidad las tertulias, alguno de ellos, autodenominados expertos, con chuscos severos errores conceptuales. Es la república independiente de Twitter.

Lo más importante es plantearse en un debate sin trampas qué bases tiene España para aspirar a un suministro permanentemente abaratado artificialmente o de forma intervenida, cómo abordar esta situación hacia el futuro, cómo abordar el encarecimiento general de la energía, cómo favorecer la eficiencia energética y cuáles son los mecanismos de protección y de política social hacia el consumidor vulnerable. Ahora que la crisis remite, debemos aprender de ello.