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El CSN aplaza una semana su decisión sobre la licencia de autorización previa del ATC de Villar de Cañas

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad (CSN) pospuso hasta la próxima semana su decisión sobre el informe de autorización previa del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca), según fuentes del regulador. Todo en una jornada en la que una veintena de miembros de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca se concentró frente a las puertas del CSN.

Según el regulador atómico, la decisión podría aplazarse al pleno de la próxima semana, 29 de julio, aunque antes del periodo estival aún quedaría otra cita de los consejeros, en la primera semana de agosto. Hubo, de momento, más ruido fuera que dentro del organismo regulador puesto que varias decenas de vecinos del entorno de Villar de las Cañas (Cuenca), representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace y del partido Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el rechazo a la autorización provisional para construir el ATC.

Según Raquel Montón, de Greenpeace, la elección del lugar para emplazar el ATC fue «puramente política». Montón recalcó que el CSN «ha pedido informes previos para esa autorización que todavía no están hechos», por lo que considera que es «realmente grave» que se discuta la cuestión sin tener los resultados. «No debería ser así. En primer lugar por una cuestión de seguridad nuclear. Pero también hay una cuestión económica: si damos autorizaciones a unos permisos, luego las empresas a las que les asignen los proyectos podrán reclamar ese dinero a las arcas del Estado«, advirtió.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción e investigador en fusión nuclear del CIEMAT, Francisco Castejón, explicó que, en caso de que la autorización provisional se apruebe finalmente, «significaría decir que el emplazamiento para construir el ATC es apropiado». «Eso contradice todo lo que conocemos y todas las normas de la razón. Hay numerosos estudios que demuestran que el emplazamiento es «inadecuado», en palabras de la consultora URS, subcontratada por el CSN para supervisar el proyecto», denunció Castejón.

Según explicó, el emplazamiento «tiene tres problemas»: el primero, la presencia de un acuífero «muy superficial y muy dinámico» que supone un «peligro de inundación» en la zona y de «extensión de la contaminación», en caso de producirse un escape en el almacén; el segundo, el hecho de que es un terreno «yesífero» en el que se pueden producir oquedades; y, en tercer lugar, la presencia de «arcillas expansivas» que, con la lluvia, aumentan de volumen y modifican el terreno.

Por todo ello, el coportavoz federal de EQUO Juan López de Uralde reclamó al CSN que «reconozca los problemas que tiene este proyecto» e incidió en que el emplazamiento para el ATC «fue designado por motivos políticos, no porque fuera el proyecto más viable«. «No es ni mucho menos el lugar adecuado para la acumulación de residuos radiactivos de alta actividad; hay que tener en cuenta que estamos hablando de sustancias altamente peligrosas. Son los residuos más peligrosos que generan las centrales nucleares», manifestó Uralde.

Durante la concentración intervino también Antonio Carrascosa, un vecino de la localidad de Fuentelespino de Haro, a 16 kilómetros de Villar de las Cañas, que explicó que la protesta pretende «gastar los últimos cartuchos» para «impedir que se instale en cementerio nuclear en su tierra». «Consideramos que es un atentado contra Cuenca. No es una cuestión de energía nuclear sí, energía nuclear no. Es de sentido común, porque hay estudios geológicos que dicen que esos terrenos no son apropiados», afirmó.

La plataforma anti ATC protestará este miércoles ante el Consejo de Seguridad Nuclear

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EFE / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca convocó una concentración frente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), durante el pleno en el que este organismo analizará este miércoles un informe sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por otra parte, la organización Ecologistas en Acción asegura que el Gobierno está acelerando los trámites para autorizar la construcción del ATC en Villar de Cañas(Cuenca), «ante el miedo de nuevos posibles reveses electorales».

Según la plataforma opositora, la concentración se llevará a cabo el próximo miércoles, 22 de julio, con motivo del pleno que celebrará el CSN, en el que previsiblemente se aprobará el informe positivo sobre la autorización previa o de emplazamiento del ATC que debe emitir el Ministerio de Industria. Por ello, la plataforma critica que el CSN esté a punto de emitir un informe favorable a la instalación del ATC en Villar de Cañas, a pesar de que «un importante estudio de caracterización de los terrenos está pendiente de inicio».

CSN «rendido» al Gobierno central

La plataforma asegura que el CSN se ha «rendido» a las presiones del Gobierno central, después de mantener hasta mayo «una posición firme en relación con el ATC», desde que en 2014 recibiera el encargo de Industria de emitir los informes preceptivos para otorgar las autorizaciones previa «o de emplazamiento» y de construcción. Antes de los comicios de mayo, en el organismo regulador de las instalaciones nucleares prevalecían los criterios técnicos en relación al ATC.

Según opinaron, ahora «han quedado en un segundo plano ante las conveniencias políticas del Ejecutivo», advirtió la Plataforma contra el Cementerio Nuclear. «Ahora, la proximidad de elecciones generales espolea al Ejecutivo central a dejar licenciado el ATC en los meses de julio y agosto», indicó la portavoz de la Plataforma María Andrés, quien justificó la convocatoria de la concentración del 22 de julio «para solicitar al CSN neutralidad y que deje trabajar a sus técnicos».

Acelerando la tramitación del ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción asegura que el Gobierno está acelerando los trámites para autorizar la construcción del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), «ante el miedo de nuevos posibles reveses electorales«. La organización señaló que desde el CSN se realiza la Evaluación de Impacto Radiológico y se quiere otorgar la Autorización Previa o de Emplazamiento sin que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) haya concluido todos los estudios geológicos.

Enresa licitó la realización de nuevos estudios geológicos para caracterizar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas por un valor de 1,17 millones de euros y para una duración de ocho meses, explicó Ecologistas en Acción, que añadió que dichos estudios deberían comenzar en septiembre de 2015 y mejorar el conocimiento que se tiene del subsuelo. «A pesar de esto», agregó, «los trámites para conceder la autorización al emplazamiento del ATC se han acelerado». En concreto, asegura que el Ministerio de Industria pretende otorgar autorización previa o de emplazamiento en las próximas semanas, «lo que supone una presión inadmisible sobre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)».

Ecologistas en Acción afirma no comprender cómo este organismo puede pronunciarse sobre la calidad del emplazamiento sin haberse realizado los sondeos y las pruebas de caracterización ya licitadas por Enresa, salvo que estas pruebas sean redundantes e innecesarias y en ese caso «Enresa esté tirando 1,17 millones» de euros. Por todo ello, la ONG sostiene que todos estos movimientos responden «a la prisa que le ha entrado al Gobierno para acelerar los trámites que permitan la construcción del ATC», ya que desearía que estén listos antes de las próximas elecciones generales, «por si se produce un cambio de Ejecutivo». Pero además, el nuevo Gobierno manchego se ha manifestado ya en contra de la instalación, «lo que no debería ser desoído».

Ecologistas insta a las administraciones a tomar medidas de restricción del tráfico por la contaminación en Madrid

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Europa Press.- Ecologistas en Acción insta a todas las administraciones a la adopción de medidas de restricción del tráfico para preservar la salud humana y el medio ambiente, después de los últimos episodios en los que se rebasó el umbral de ozono en distintas estaciones de la capital y la región. En este sentido, la organización ha señalado que «la situación actual de la contaminación por ozono  malo no tiene precedentes» y esto exige la toma de decisiones «que no se vislumbran de ninguna manera».

Ecologistas en Acción insiste en la adopción de medidas que observen un objetivo a medio y largo plazo para combatir la contaminación en la región, «gobernada durante un cuarto de siglo por administraciones depredadoras de territorio y de recursos». En su opinión, la «agobiante» red de autovías y carreteras de la región de Madrid, la segunda del mundo en kilómetros por habitante, por encima de las áreas metropolitanas de Londres, Paris o Berlín, «se traduce en un modelo de movilidad que produce la boina de contaminación en el invierno y la invisible pero dañina del ozono malo en el verano».

Desde el pasado lunes las dos redes de medición, 24 estaciones de Madrid ciudad y 23 de la Comunidad han registrado situaciones «antes no conocidas, especialmente en la capital», denunció Ecologistas. De las 24 estaciones, son 14 las que miden ozono. El sábado 14 de ellas superaron el umbral de aviso a la población, mientras que este lunes fueron 12. En cuanto a la Comunidad, la organización ecologista ha señalado que de las 23 que miden ozono, 14 fueron las que superaron este umbral tanto el sábado como el lunes. «El domingo hubo un ligero respiro en la región», matizó.

Para Ecologistas, el problema de fondo no se afronta «con una adecuada información a la opinión pública» y es hora que se transmita que «el aberrante tráfico que se observa tanto en las carreteras de acceso a la capital, y en todo el área metropolitana, causa serios problemas a la salud y a la economía«. Ecologistas en Acción considera que solo actuaciones «conjuntas y contundentes» pueden paliar esta situación, «que no acabar con ella, ya que ello exige medidas a medio y largo plazo que no han sido abordadas por gobiernos monocolores desde hace 25 años en la región madrileña».

Greenpeace logra que todos los partidos de Canarias salvo el PP rechacen los sondeos petrolíferos

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Servimedia.- Los principales partidos que concurrirán a las elecciones autonómicas de Canarias el próximo domingo salvo el PP han suscrito el manifiesto impulsado por Greenpeace para llevar al archipiélago un modelo energético 100% renovable para 2050 y, por tanto, libre de prospecciones petrolíferas.

En el caso de Ciudadanos, sus representantes valoraron la iniciativa en una reunión mantenida este viernes con Greenpeace y señalaron que confirmarán su adhesión al manifiesto la próxima semana, según informó la organización ecologista.

Greenpeace solicitó en los últimos tres meses a los candidatos a las elecciones a cabildos y al Parlamento de Canarias su compromiso para llevar a cabo medidas concretas que garanticen un futuro de energía limpia, sin prospecciones ni otras fuentes de energías «sucias» en el archipiélago.

«Hemos logrado que la visión 100% renovable para Canarias sea asumida ampliamente por los partidos que concurren a las elecciones. El modelo energético del archipiélago canario es un asunto complejo que requiere un objetivo común por parte de todos los partidos para un futuro exclusivamente renovable en Canarias», aseguró Marina Bevacqua, responsable de Energías Renovables de Greenpeace, quien lideró las reuniones con los candidatos.

Bevacqua señaló que tomar medidas concretas en favor de las renovables y el ahorro energético en las islas «es lo que permitirá evitar la gran dependencia del exterior del archipiélago, a la vez que poner fin a proyectos de energías sucias como las prospecciones o el gas, causantes de los mayores efectos del cambio climático».

Greenpeace encaró con optimismo que tantos partidos vean clara la necesidad de un cambio del sistema energético de Canarias, ya que, según añadió, «el actual modelo es insostenible no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico». No obstante, apuntó que el coste medio de generar electricidad con los contaminantes combustibles fósiles en Canarias es de 155 euros por megavatio-hora, en tanto que el eólico se sitúa en 85 euros/MWh.

«Las energías renovables son el futuro pero también el presente. Y Canarias tiene todo el potencial para ser pionera de este modelo en Europa, e incluso a nivel mundial. En 2014, las renovables generaron en todo el planeta más de 7,7 millones de puestos de trabajo. Las islas no pueden quedarse fuera de este mercado positivo para la gente de las islas y su valiosísimo entorno natural», añadió Bevacqua.

Greenpeace demostró en su informe Energía 3.0 que es posible técnicamente en la Península Ibérica satisfacer exclusivamente con renovables todas las necesidades de energía en todos los sectores.

La organización ecologista está realizando este mismo análisis para Canarias con el fin de corroborar que en el archipiélago también es posible. Este informe, que se presentará después de verano, llegará a todos los partidos políticos para que cuenten con la evaluación técnica y económica detallada sobre la viabilidad de un futuro energético 100% renovable para las islas.

Europa registra 71.000 muertes prematuras por contaminación del aire, 2.000 de ellas en España, según Greenpeace

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Europa Press.- La contaminación del aire podría estar detrás de 71.000 muertes prematuras en el conjunto de la Unión Europea, 2.000 muertes en España, con los nuevos límites de emisiones contaminantes a las industrias en las grandes instalaciones de combustión, según un informe de Greenpeace. La organización ecologista estima que estos límites de emisiones podrían costar más de 52.000 millones de euros a lo largo de 10 años en la Unión Europea, 1.500 millones en España.

Greenpeace advierte de que si los Estados miembro de la Unión Europea no aumentan sus exigencias sobre la contaminación, se incrementará el riesgo de infarto, enfermedades cardiacas, asma y otras afecciones relacionadas con la contaminación del aire, según un estudio de la organización ecologista con el European Environmental Bureau. En concreto, el trabajo estima que el coste adicional para la Sanidad y la pérdida de 23 millones de días de trabajo tendría un coste para todos los contribuyentes de hasta 52.000 millones de euros entre 2020 y 2029 en el conjunto de la Unión Europea.

En cuanto a España, la ONG señala que si las centrales térmicas aplicaran las «mejores técnicas disponibles», se salvarían 2.010 vidas humanas y generaría un ahorro de 169 millones de euros al año. Con los límites tan débiles de emisiones contaminantes que están actualmente propuestos en el borrador, los contribuyentes españoles tendrán que sufrir un gasto de cerca de 1.500 millones de euros entre 2020 y 2029 y se perderán más de 600.000 jornadas laborables.

Para la representante de Greenpeace España, Tatiana Nuño, «no hay justificación alguna» para que los políticos se nieguen a aplicar la mejor tecnología existente que puede reducir «significativamente» la contaminación mortal del carbón. «El carbón provoca daños irreparables y ya es hora de que la Unión Europea establezca la senda para comenzar su desaparición progresiva», añadió. Para la organización ecologista, la propuesta actual de la Unión Europea para actualizar sus límites de emisiones para grandes instalaciones industriales, incluidas las centrales térmicas de carbón, es «notablemente más baja que los límites de contaminación ya establecidos en Europa, China y Estados Unidos».

El estudio estima que el impacto sobre la salud de una peor calidad del aire eleva el número de  de muertes, enfermedades y costes económicos. En España el gasto sería de 199 millones de euros anuales si se aplican los límites del último borrador para grandes instalaciones de combustión, frente a 30 millones si se aplican las mejores técnicas disponibles. «El coste humano, medioambiental y económico de la industria del carbón es enorme. Los niños pagarán el precio más caro, con asma, cáncer de pulmón y enfermedades cardiacas», concluyó Nuño.

La Audiencia de Valencia ratifica la absolución de los 16 activistas que entraron en la central de Cofrentes

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Europa Press.- La sección tercera de la Audiencia de Valencia ratificó la decisión de un juzgado de lo Penal de absolver de los delitos de lesiones y desórdenes públicos a 16 activistas de Greenpeace y a un fotoperiodista que accedieron el 15 de febrero de 2011 al recinto de la central nuclear de Cofrentes para realizar una protesta contra la energía nuclear.

Los 16 activistas fueron condenados al pago de una multa por daños. En este caso, la sala aumentó la indemnización a la compañía eléctrica Iberdrola, que pasa de 26.779 a 29.012 euros, según consta en la sentencia. Al respecto, el tribunal cree que no es acertada la calificación jurídica sobre el menoscabo en los bienes de la central y desdoblar el resultado de la acción de los activistas, por lo que debe entenderse que el delito de daños, de mayor gravedad y alcance, abarca otros.

Consecuentemente, en la condena por daños incluye la totalidad del menoscabo en los bienes afectados por el comportamiento de los activistas, que deberán abonar a Iberdrola ese importe, correspondiente a 2.232 euros por la sustitución de la valla cortada y por 26.779 euros de la limpieza de la torre de refrigeración, con responsabilidad civil subsidiaria de Greenpeace. Con esta decisión, la sala estima parcialmente los recursos interpuestos por el ministerio fiscal y la empresa, aunque rechaza la petición de la Fiscalía de Valencia, que insistía en que se condenara a los 16 activistas de Greenpeace.

En cuanto al resto de delitos, para la sala, la sentencia recurrida está «motivada» y razonada porque considera que, «tras la valoración de prueba esencialmente personal, no concurren todos los requisitos del delito de desórdenes públicos, sin que dicho razonamiento pueda considerarse arbitrario o irracional». De igual modo, sobre las lesiones, indica que ningún testigo reconoció a ninguno de los acusados como autor, y no aprecia que sea arbitraria o irrazonable la sentencia como para justificar su anulación en el punto de valorar las pruebas.

Para la entidad ecologista Greenpeace, esta sentencia «corrobora de nuevo el carácter pacífico de la protesta, seña de identidad de la organización desde hace más de 40 años». «El intento de criminalizar el activismo pacífico por parte de Iberdrola ha fracasado por segunda vez. No van a evitar que sigamos pidiendo el fin de la insegura energía nuclear. Esperemos que a partir de ahora centren sus esfuerzos en el desarrollo de las energías renovables así como el abandono de las energías fósiles y nuclear», apuntó Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

El 15 de febrero de 2011, los 16 activistas realizaron una acción de protesta pacífica en la valenciana central nuclear de Cofrentes. Pintaron Peligro nuclear sobre una de las torres de refrigeración, y por ello se enfrentaban a posibles penas de dos años y ocho meses de cárcel, así como a una multa e indemnizaciones de casi 360.000 euros para Greenpeace como responsable civil subsidiario.