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Greenpeace pide ”No más carbón” en Asturias y vincula la existencia de fenómenos como el huracán Irma a su quema

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Europa Press.- Greenpeace señaló que el «cambio climático es el responsable de la fuerza e intensidad» del huracán Irma y que «se seguirán viendo fenómenos naturales de este tipo si se siguen quemando combustibles fósiles, especialmente carbón», por lo que han vuelto a exigir al Gobierno un calendario de cierre de las centrales que usan este recurso, como ya han hecho otros países de la Unión Europea.

En este sentido, el responsable de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, ha explicado que los huracanes consiguen su «energía destructiva» del calor del océano y que, precisamente, en esa zona del Atlántico y el Caribe, el agua alcanza «hasta los 30ºC en algunas zonas. «Los huracanes son fenómenos naturales, pero la virulencia va a ser cada vez más severa», ha continuado García, al tiempo que ha señalado que «el cambio climático cuesta vidas» y que «no se debería seguir tolerando el negacionismo climático» y la «irresponsabilidad» de dirigentes políticos como Donald Trump, que ha sacado a Estados Unidos del acuerdo vinculante de París.

Según la organización, estas tormentas están extendiendo su rango espacial (Irma es el más oriental registrado) y temporal (cada vez en un intervalo mayor del año). «Hay bastantes probabilidades de que el calentamiento antropogénico en el próximo siglo conduzca a un aumento en la ocurrencia de ciclones tropicales muy intensos en algunas cuencas», han aseverado. Junto con Harvey o Irma, Greenpeace considera que se verán «más fenómenos de estas características» si se sigue quemando carbón, petróleo y gas, que «producen cantidades ingentes» de dióxido de carbono (CO2) que, por efecto invernadero, calienta el planeta y de esa manera suministra energía para la acumulación de tormentas tropicales «cada vez más poderosas».

“No más carbón” en Asturias

Por otro lado, 30 activistas de Greenpeace han dejado el mensaje No más carbón con letras gigantes en el almacén de carbón de El Musel (Gijón).Para ello, colocaron entre las montañas de carbón letras gigantes de 120 metros cuadrados que ocupaban una superficie total de más de 1,3 km2, al tiempo que los activistas llevaban pancartas con el lema Carbón es cambio climático.Según Greenpeace, el objetivo de esta acción es exigir al Gobierno que establezca un calendario para que las centrales térmicas de carbón cierren antes de 2025.

Desde Greenpeace explican que a pesar de que las energías renovables son cada vez más baratas y están listas para competir con las energías «sucias y peligrosas», la política energética de los últimos años ha bloqueado y dificultado cualquier nueva instalación de renovables y el país todavía cuenta con un total de 16 térmicas de carbón, de las cuales 9 se encuentran entre el Principado de Asturias y Castilla y León. «En 2015 estas 16 centrales fueron responsables de más de 50 millones de toneladas de CO2 (equivalente a las de 4,5 millones de coches), unas emisiones extremadamente altas para producir tan solo el 19,7% de la electricidad nacional«, argumentan.

Dependencia de Asturias del carbón

En cuanto al puerto del Musel, junto a la central térmica de carbón de Aboño, han dicho que recibe millones de toneladas de carbón de importación que entran por mar. Se almacenan y se trasladan a las térmicas de carbón que EDP, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa tienen por la región astur-leonesa. «En especial el Principado de Asturias arrastra una dependencia de la generación con carbón muy superior al resto del país: el 63% de la electricidad se produce quemando este combustible» han explicado.

Greenpeace señala a la térmica de Aboño de la eléctrica EDP como la instalación que más cambio climático produce en España y se encuentra entre las 30 térmicas más contaminantes de Europa. La organización exige tanto a EDP, como a todas las propietarias de térmicas de carbón, que presenten un plan de cierre de sus centrales contaminantes y que aseguren una «transición justa» para las personas que trabajan de ellas.

Greenpeace sostiene que la quema del carbón, junto con el petróleo y el gas, es el mayor emisor de CO2 y su relación es directa con el incremento del calentamiento global además de «afectar gravemente» a la salud. Para Greenpeace, este es un año clave para salvar el clima, la ley de cambio climático y transición energética y las normativas energéticas que se están trabajando a nivel europeo, tienen que marcar firmemente el camino para un sistema energético «100% renovable en manos de la ciudadanía».

La entidad ecologista Adega asegura que Endesa «va a contaminar» el río Eume para limpiar el embalse de A Capela

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EFE.-  La entidad ecologista Adega asegura que la firma Endesa «va a contaminar» el río Eume a causa de su «proyecto de vaciado de los barros tóxicos situados en el fondo del embalse» de A Capela (A Coruña). En este sentido, Adega señala que la compañía va a «cumplir la ley 50 años después y liberar el caudal ecológico del río, secuestrado por el embalse», decisión adoptada «en 2011 tras la denuncia de la Fiscalía Ambiental».

La asociación ha considerado que el «procedimiento se demoró a lo largo de 6 años y sufrió modificaciones sustanciales». El plan, ha valorado, «está a punto de ser autorizado» por Augas de Galicia, que «obligó a la empresa a cambiar el proyecto» ante «las alegaciones de los colectivos ecologistas». Así, acordó establecer «un sistema de extracción de los barros y de control de los eventuales vertidos para minimizar la afección» al cauce, al parque natural de As Fragas do Eume y a los «aprovechamientos pesqueros» de la ría de Ares.

Adega indicó que la Xunta, con su «propuesta de resolución, pretendía obligar a dragar por succión y transportar los barros tóxicos fuera del vaso para su tratamiento, además de exigir una monitorización casi continua con controles de contaminantes». Sin embargo, el colectivo cree que «no era suficiente» y que antes de «autorizar cualquier desagüe» se tendrían que adoptar medidas como «una batería de análisis». De esta forma, se detectarían «sustancias tóxicas acumuladas en los barros tras 50 años de mina y central». «Acudiendo a precedentes legales, de existir dudas razonables sobre la inocuidad de las obras, debería denegar el proyecto», remachó sobre Augas de Galicia.

Para la agrupación, la firma eléctrica «insiste en que se le autorice a verter» y «reconoce que por más sedimento que se pueda retirar no se evitará la punta inicial de materiales en suspensión tras la apertura de desagües». A su entender, «lo que se pretendía evitar, que los barros tóxicos fuesen río abajo, va a acontecer«. Finalmente, Adega ha estimado que Endesa «califica también de inviable en la práctica el sistema propuesto por Augas de Galicia» para retirar los sedimentos, «una combinación de aspiración, depósito y transporte en barcaza». Asimismo, «reconoce que el volumen estimado a retirar, 1.200 metros cúbicos, debería ser variable al alza o a la baja».

En libertad con cargos los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras su protesta en Coruña contra Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- Los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras ser acusados de desobediencia a la autoridad, después de que la Guardia Civil retirara al grupo que protestaba en el almacén de carbón del puerto de Coruña que abastece a la central térmica de Meirama, han quedado en libertad con cargos, según indicó un portavoz de la organización ecologista.

Tras pasar a disposición judicial, los activistas quedaron en libertad, pero con cargos, en torno a las 22.00 horas del martes. Ahora navegan rumbo a Gijón a bordo del barco Esperanza, que ha iniciado una campaña por el Cantábrico contra el cambio climático. Estos activistas, junto a otros 5 que quedaron en libertad después de la intervención de la Guardia Civil, participaron en una protesta en el almacén de La Medusa. En ella, desplegaron una pancarta en la cúpula y se movilizaron en la entrada.

Todos ellos llegaron la instalación de Gas Natural Fenosa en embarcaciones neumáticas para llevar a cabo una jornada de protesta «con la intención de alertar al Gobierno sobre la necesidad de terminar con la quema de carbón y sustituirlo por energías limpias». La organización ecologista realiza una campaña el lema Misión Salvar el Clima para alertar de que la quema de carbón «es el principal responsable del cambio climático » y para exigir al Gobierno una ley «que establezca un plan de cierre para 2025 de las térmicas de carbón».

El Gobierno de Argentina aprueba la construcción de dos grandes centrales hidroeléctricas criticadas por las organizaciones ecologistas

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EFE.- El Gobierno de Argentina aprobó la construcción de dos gigantescas centrales hidroeléctricas en el sur del país que serán financiadas con inversiones chinas y que son cuestionadas por asociaciones de ambientalistas. El proyecto para construir las centrales Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz fue aprobado mediante una resolución conjunta de los ministerios de Energía y Minería, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable publicada en el Boletín Oficial.

La resolución dispone que para la ejecución de la iniciativa se adopten 17 recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en una audiencia pública celebrada. La realización de esa audiencia había sido puesta como un requisito por la Corte Suprema argentina para avanzar con las obras en la provincia sureña de Santa Cruz. Tras la publicación de la resolución, un grupo de organizaciones ambientalistas que se opone al proyecto señaló que la aprobación por parte del Ejecutivo no es un «hecho consumado» ya que en esta controversia será «la justicia quien tiene la última palabra».

«Lo que hizo el Gobierno es un trámite administrativo con el objetivo de completar un requisito legal, pero de ninguna manera implica la autorización directa para continuar la obra», señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Nápoli indicó que la Justicia «tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema» hasta que se conociera el impacto medioambiental que pueden generar.

Las represas se habían comenzado a construir gracias a un acuerdo firmado en 2015 por la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, y el Gobierno chino, con el objetivo de abastecer de energía a esa región del sur del país. Pero las obras se frenaron por la medida cautelar dictada por la Corte a petición de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que advirtió de los daños que las obras pudieran causar al Lago Argentino y a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, así como al parque nacional Los Glaciares.

Una provincia de la Patagonia argentina se niega a acoger una nuclear que se iba a construir con capital chino

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EFE.- Organizaciones de ecologistas y vecinos de Río Negro celebraron la decisión anunciada por el gobierno de esa provincia de la Patagonia argentina de rechazar un proyecto para la construcción de una central nuclear con capital chino. La Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina declaró que «felicita la decisión del pueblo patagónico de rechazar la instalación de centrales nucleares» y celebra «el anuncio del gobernador de la provincia de Río Negro de elevar este rechazo formal para convertirlo en ley».

El pasado viernes, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió una carta al Gobierno del presidente Mauricio Macri para notificarle que no aceptará la instalación de una central nuclear en la sureña provincia. La idea preocupaba a miles de habitantes de la Patagonia desde mayo, cuando Macri, en viaje oficial a China, acordó la construcción de dos nuevas centrales nucleares en Argentina, una de ellas en Río Negro. El proyecto, que despertó fuerte resistencia en varias localidades de Río Negro, suponía el inicio de las obras en los primeros meses de 2020 a cargo de la empresa estatal china CNNC, con una inversión calculada en 8.000 millones de dólares.

Weretilneck había defendido inicialmente la iniciativa, pero tras un mes y medio de reclamos y movilizaciones de vecinos y colectivos de ecologistas «desechó oficialmente la instalación en el territorio provincial» de la central, «en un claro ejemplo de democrático respeto a lo expresado por la sociedad«, según indicó el Ejecutivo provincial. La decisión de Weretilneck también fue celebrada por las asambleas de vecinos de 5 localidades de Río Negro, que luchaban en contra del proyecto.

En la misiva enviada al subsecretario de Energía Nuclear de Argentina, Julián Gadano, el gobernador alega que su «posición indeclinable» de no autorizar la construcción de una central nuclear se fundamenta en la «mayoritaria negativa de la sociedad rionegrina» a ese proyecto. «Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente no la ha habido», escribió Weretilneck. El gobernador recordó que su respaldo inicial al proyecto se sustentaba en el «positivo impacto económico» que iba a tener éste al generar «miles de empleos«. «Agradezco la sana intención del Gobierno nacional de apostar por el desarrollo rionegrino; hubiese sido la inversión pública más importante de la provincia», sostuvo.

Esta semana concluye el plazo dado por el Gobierno a 11 partes interesadas en alegar sobre el futuro de Garoña

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Redacción / Agencias.- Las 11 entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña podrán hacerlo hasta este sábado, cuando finaliza el plazo dado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El Ministerio estudiará estas alegaciones antes de decidir si concede o no la autorización de explotación para que la central burgalesa, parada desde diciembre de 2012, pueda volver a la actividad.

Según Energía todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi 5 meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron notificados por el propio Ministerio en marzo. En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad. Eso sí, condicionó la reapertura a la ejecución de una serie de inversiones en seguridad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de 6 meses para pronunciarse sobre la solicitud de la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor. Las 11 entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

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Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía por la «amenaza» que suponen los proyectos gasísticos

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunió con la plataforma Salvemos Doñana, que reclama el amparo de este organismo por la posible «amenaza» para la conservación del espacio natural que, a juicio de la organización, suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio promovidos por Gas Natural Fenosa.

El colectivo indicó que el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto. Según el Defensor, Maeztu señaló que, hasta que se realice un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor está valorando la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario «de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales». Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que «el efecto acumulativo de los 4 por separado no es el mismo que la suma de los 4 efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto«, añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas «importantísimas, y el estudio ni las nombra».

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la «dudosa utilidad pública» que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, «demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión». El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según Romero, «todavía estamos esperando».

Trump relanza la construcción de dos polémicos oleoductos en Estados Unidos

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EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una buena noticia a la industria petrolera y una mala a los ecologistas al posibilitar la construcción de dos grandes proyectos de oleoducto que su predecesor, Barack Obama, había paralizado debido a su posible impacto en el medio ambiente. Con la firma de dos acciones ejecutivas, Trump dio luz verde a la continuación de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, siempre que las empresas encargadas de construirlos estén dispuestas a «negociar» una serie de «términos y condiciones» con su Gobierno.

«Veremos si podemos construir el oleoducto Keystone. Creará muchos trabajos, 28.000 trabajos. Muy buenos trabajos en el sector de la construcción», declaró Trump en el Despacho Oval. Trump acompañó esas medidas con otro memorando que requiere que el acero necesario para construir esos oleoductos se fabrique en Estados Unidos. Trump prometió revitalizar la industria del acero y de los combustibles fósiles durante su campaña electoral, y con sus medidas pretende «hacer que el país avance hacia la independencia energética y crear empleos para los estadounidenses», según su portavoz, Sean Spicer.

El oleoducto Keystone XL, prohibido por Obama en 2015 tras una larga revisión sobre su impacto medioambiental, seguida finalmente de un veto presidencial tras aprobarlo el Congreso, pretende transportar unos 830.000 barriles diarios de petróleo procedente de las arenas bituminosas de la provincia canadiense de Alberta a diferentes lugares de Estados Unidos, incluidas refinerías de Texas. El Gobierno de Obama también suspendió en diciembre la construcción de Dakota Access, un proyecto de 3.800 millones de dólares que llevaría medio millón de barriles de petróleo diarios desde los yacimientos bituminosos de Dakota del Norte a una infraestructura ya existente en Illinois.

La medida firmada por Trump «invita» a la empresa encargada de Keystone XL, la canadiense Transcanada, a solicitar un permiso para completar la construcción del oleoducto y promete tomar una decisión sobre ello en un plazo de 60 días tras recibir la petición. En el caso de Dakota Access, pide a las autoridades que se «revise y apruebe» las peticiones de la empresa Energy Transfer Partners, que ya ha construido el 90% del recorrido de 1.770 kilómetros del oleoducto y quiere completar el tramo final, que pasa bajo el Lago Oahe, en Dakota del Norte.

Protestas de indígenas y ecologistas

La tribu indígena Standing Rock Sioux lleva meses protestando contra el proyecto en Dakota del Norte con el apoyo de activistas medioambientales y políticos progresistas, al denunciar que el oleoducto echará a perder tierras que consideran sagradas y contaminará el río Misuri, del que depende su modo de vida. A la tribu indígena le queda la opción de volver a los tribunales para tratar de bloquear el proyecto y la esperanza en que alguna acción legislativa pueda entorpecer su construcción.

«Voy a hacer todo lo posible para detener la construcción de estos oleoductos», prometió el senador y ex aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders, quien acusó al presidente Trump de «ignorar las voces de millones de personas y poner los intereses de la industria fósil por delante del futuro del planeta«. Grupos ecologistas como Greenpeace y Sierra Club condenaron también la decisión de Trump y prometieron seguir luchando para evitar que se construyan esos dos oleoductos.

Mientras, la industria del petróleo y muchos líderes republicanos aplaudieron las medidas al considerar que «potenciarán la economía y crearán miles de empleos bien pagados», en palabras del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. «Estos oleoductos fortalecerán el suministro energético de nuestro país y ayudarán a mantener bajos los costes energéticos para las familias estadounidenses», afirmó Ryan. El presidente del Instituto Estadounidense del Petróleo, Jack Gerard, se mostró «complacido» de que Trump haya decidido «reconocer la importancia de la infraestructura energética del país».

Trump mencionó, sin embargo, la necesidad de «negociar» varios términos con las empresas encargadas de los proyectos, algo que, según Spicer, significa «conseguir el mejor acuerdo posible para los contribuyentes estadounidenses», dado que esas compañías «van a recaudar mucho dinero» con los oleoductos. El presidente también firmó una orden que busca «simplificar» la burocracia para aprobar proyectos de manufacturas y otra que acelera el proceso de revisión sobre el impacto ambiental de las nuevas infraestructuras. «No podemos estar en un proceso de evaluación medioambiental durante quince años si un puente se está cayendo», subrayó Trump.

Canadá aplaude decisiones de Trump

Por su parte, el Gobierno de Canadá aplaudió la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aprobar la construcción del polémico oleoducto Keystone XL que transportará petróleo canadiense hasta refinerías en Estados Unidos. El ministro de Recursos Naturales de Canadá, Jim Carr, afirmó que la construcción del oleoducto «es un buen proyecto tanto para Canadá como para Estados Unidos». Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, declaró que es «esencial» que las políticas sobre cambio climático del Gobierno de Canadá se complementen con su obligación de «llevar los recursos naturales al mercado».

Organizaciones ecologistas de los dos países se han opuesto al proyecto de construcción del oleoducto, que conectará los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta, que contienen una de las mayores reservas de petróleo del mundo, con refinerías en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos. El proyecto fue rechazado por Obama porque supondría el aumento de las emisiones de gases invernadero de Estados Unidos.

La organización Environmental Defence de Canadá solicitó al Gobierno canadiense que reconsidere «la aprobación de 2010 del oleoducto» porque fue hecha «sin ninguna consideración con los compromisos climáticos de Canadá». Según el grupo, la exportación a Estados Unidos de hasta 830.000 barriles de petróleo al día, la capacidad que tendrá Keystone XL, supondrá añadir «22 megatoneladas de emisiones», el equivalente a «6,3 plantas de carbón o más de 4,6 millones de automóviles». Las organizaciones medioambientales también han denunciado que Keystone XL permitirá alcanzar el objetivo de triplicar la producción de los yacimientos de las arenas bituminosas de 1,8 a 5,2 millones de barriles al día.

Vaca Muerta, la joya del fracking que divide a los argentinos entre partidarios y detractores de la técnica extractiva

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EFE.- Mientras el consumo mundial de energía sigue creciendo, la vasta reserva de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, está siendo agujereada en los últimos años por los pozos de fracking. Desde lo alto, Vaca Muerta es un sobrecogedor desierto en el que ha sido construida una colmena de pozos. En cualquier dirección es posible observar los caminos abiertos en busca de hidrocarburos, intercalados con reservorios y torres de perforación, donde aparentemente hay más máquinas que trabajadores.

El fracking parte de la perforación de un pozo hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo y posteriormente se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión. El proceso es duramente criticado por ambientalistas, agricultores e indígenas de la región de Neuquén, quienes denuncian la liberación de grandes cantidades de gas metano y la contaminación de los acuíferos de esta región de Argentina.

Roberto Ochandio es extécnico del sector del petróleo y pasó a ser activista en la lucha contra la fractura hidráulica tras constatar el “descontrol ambiental de las empresas petrolíferas”.  “Los acuíferos y las plantaciones están recibiendo sin cualquier control el agua que se emplea para la fractura y que llega con productos químicos artificiales”, apunta Ochandio, coautor del libro 20 mitos y realidades de fracking.

El rechazo a la fractura hidráulica está en la agenda de líderes políticos, organizaciones y entidades, quienes, encabezados por la ONG internacional 350.org, se reunieron en Buenos Aires y Neuquén a comienzos de diciembre para debatir las estrategias de combate a esta práctica. La ONG ofrece apoyo a las organizaciones locales, a los indígenas y a los grupos políticos “con el objetivo de empoderarlos y que sus voces sean escuchadas”, según explicó Nicole Oliveira, coordinadora de 350.org en América Latina.

Los agricultores de la zona y los mapuches también se oponen a la explotación, que colinda con las plantaciones de manzanas y peras, principales productos de la región. Los productores critican la falta de atención de las autoridades con la contaminación del agua que irriga el suelo y con la creciente especulación de los terrenos. “Como no hay una reglamentación que limite las áreas de cultivo y de fracking están instalando pozos al lado de las haciendas, contaminando y obligando a vender las tierras”, denuncia Sebastián Hernández, presidente de la asociación de fruticultores de Allen.

La fractura hidráulica se ha convertido en los últimos años en la punta de lanza de un debate que enfrenta dos visiones opuestas sobre el futuro de los combustibles fósiles en Latinoamérica. Mientras es criticado por diversos colectivos, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales es visto por las autoridades como un camino lucrativo para conseguir la ansiada independencia energética en Argentina. Los defensores del fracking recuerdan que su implantación está respaldada por el voto popular y subrayan que los métodos no convencionales traerán un futuro “promisorio” para una provincia que sueña con el oro negro.

Según el diputado Luis Felipe Sapag, del partido Movimiento Popular Neuquino (MPN), el objetivo principal del fracking es que esta región patagónica deje de depender en materia de energía. “Estamos entusiasmados. Las cosas van bien, a pesar de que el precio internacional del barril del petróleo tan solo haya crecido un 5 o 6% “, señala. Sapag compara los riesgos del fracking al de otras actividades industriales y admite que los riesgos existen, “pero pueden ser monitorizados, controlados y evitados”.

A su juicio, en Neuquén no se ha registrado ninguna catástrofe lo que, en su opinión, coloca en jaque la legitimidad de las organizaciones internacionales contrarias a este tipo de explotación de hidrocarburos. “Qué derecho tiene alguien que viene de Buenos Aires, Europa o algún profesor de teorías de la iluminación para decir a los argentinos que no podemos utilizar nuestros recursos?”, ironiza el diputado.