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Las Palmas bajará un 75% el impuesto a los vehículos alternativos mientras en Baleares piden presionar fiscalmente las emisiones contaminantes

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EFE.- La entidad conservacionista GOB apuesta por crear nuevos impuestos ambientales sobre emisiones contaminantes y tendidos eléctricos en las Islas Baleares y considera que el dinero que se recaude debería destinarse a invertir en el cambio de modelo energético y la lucha contra el cambio climático. Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria proyecta abaratar en un 75% el impuesto de circulación para los «vehículos respetuosos con el medio ambiente, fundamentalmente los híbridos, eléctricos y de autogas».

«Preservar el medio ambiente y lograr, con el paso del tiempo, que el aire que respiramos en la ciudad sea mucho más limpio de lo que es ahora» es el objetivo de esta iniciativa, según el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez. La Junta de Gobierno de la ciudad calcula que esa rebaja, establecida a través de una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, entrará en vigor en 2017, ya que antes deberá ser refrendada en el pleno y sometida a exposición pública.

Además, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de introducir otras medidas de fomento de los coches menos contaminantes, como cobrarles una tarifa más barata de la normal cuando aparquen en zona azul, permitirles circular por los carriles bus u ofrecerles recargas gratuitas de electricidad, según anticipa. José Eduardo Ramírez destaca que la iniciativa aprobada «es una definición de lo que quiere este grupo de gobierno municipal», integrado por Nueva Canarias, por el PSOE y LPGC Puede, en relación a la utilización de coches en el municipio.

Los ecologistas quieren más impuestos

Por su parte, en Baleares, con ocasión de la nueva Ley del Cambio Climático y la futura Ley de Energías Renovables, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) aboga por una fiscalidad complementaria o una fiscalidad verde. «Queremos entender estos impuestos como una muestra de la voluntad de influir en la modificación de conductas o decisiones de los agentes económicos respecto al actual sistema de producción de energía, por encima de la clásica función fiscal de recaudación de ingresos pera la Hacienda Pública», mantiene el GOB.

El cambio de modelo energético, la apuesta por las renovables, el autoconsumo, la suficiencia energética de las islas y la lucha contra el cambio climático, así como la planificación del cierre progresivo de la térmica Murterar, son acciones que pretende impulsar el Gobierno balear, recuerda la entidad ecologista. Sin embargo, para hacerlo posible, se requiere de un presupuesto del que el actual ejecutivo balear no dispone, por lo que es «imprescindible la creación de estos nuevos impuestos y que sean íntegramente destinados a esta finalidad».

Ecologistas en Acción denuncia que los biocombustibles doblan las emisiones de los combustibles fósiles a los que sustituyen

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Europa Press.- El mercado español de biocombustibles generó el doble de emisiones que los combustibles fósiles a los que sustituyen, según ha denunciado Ecologistas en Acción en la presentación de un estudio sobre la situación actual del mercado de biocombustibles español basado en el informe publicado el pasado mes de marzo por la Unión Europea, Globiom: la base para las políticas sobre biocombustibles después de 2020, cuyas conclusiones confirman las elevadas emisiones por cambios de uso de la tierra (CIUT) asociada a los biocombustibles.

En su estudio, Ecologistas constata cómo este mercado continúa creciendo moderadamente, alcanzando casi 1,5 millones de m3 anuales en 2015. El biodiesel acapara el 75% de las ventas. En su mayor parte está fabricado a partir de aceite de palma procedente de Indonesia y Malasia. La utilización de materias primas de origen español sigue siendo marginal (9%), a pesar de un incremento en el uso de aceites de cocina y grasas animales que supone solo un 11% del total del biodiesel, añade el documento, en el que se destaca que “si se contabilizan las emisiones debidas a los CIUT de los biocombustibles utilizados en España no se obtiene ningún ahorro de emisiones de gases invernadero respecto a los combustibles fósiles”.

«Existen múltiples carencias en la definición, aplicación y control de la sostenibilidad de estos carburantes», ha asegurado el coordinador de la campaña de bionergía de Ecologistas en Acción, Abel Esteban, para quién «salvo contadas excepciones, los biocombustibles vienen a agravar los impactos negativos del sistema de transporte europeo y español». Ante las previsiones de duplicar el consumo de biocombustibles en el año 2020 para cumplir con los objetivos de energías renovables, Ecologistas ve necesario que las administraciones comunitaria y estatal prioricen urgentemente políticas y tecnologías alternativas, como objetivos de ahorro y eficiencia más ambiciosos o la electrificación renovable del transporte.

El posterior análisis del informe Globiom completa la evaluación realizada por la Unión Europea al incorporar las emisiones directas debidas al manejo de los cultivos y las cadenas de transporte. El resultado indica que la mayor parte de los biocombustibles utilizados presentan mayores emisiones que los combustibles fósiles. La organización ecologista señala que, lejos de reducir las emisiones de efecto invernadero, “más de las tres cuartas partes de los biocombustibles consumidos en la Unión Europea presentan emisiones iguales o mayores que las de los combustibles fósiles a los que sustituyen”. Especialmente en el caso del biodiésel a partir de aceites de palma y de soja.

Incluso después de la reforma de la Directiva Europea de Renovables, que reduce el porcentaje de biocombustibles fabricados a partir de cultivos, se prevé que las emisiones del transporte europeo aumenten en 2020 un 4%, debido exclusivamente al impacto de los biocombustibles. Así, la actual política europea, que no contabiliza las emisiones CIUT generadas por estos combustibles, “ocultará las emisiones equivalentes a 12 millones de vehículos adicionales en las carreteras”, según denuncia la organización ecologista.

Las ONG ecologistas piden a la Unión Europea actuar contra los subsidios a las energías fósiles

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EFE.- La Red de Acción por el Clima (CAN por sus siglas en inglés), alianza que engloba a varias de las principales ONG medioambientales del mundo, pidió a la Unión Europea impulsar «acciones concretas» para hacer frente a los subsidios a los combustibles fósiles. Asimismo, las organizaciones demandaron que la financiación pública comunitaria de la energía respete los acuerdos alcanzados en la cumbre del clima de París del año pasado.

A pocos días de la reunión del G20 en Hangzhou (China), la CAN también publicó un informe sobre las aportaciones económicas de la Unión Europea a proyectos de energías fósiles. Según ese documento, las instituciones financieras y fondos comunitarios destinan miles de millones de euros a iniciativas relacionadas con el petróleo, el gas y el carbón, mientras que las políticas y leyes comunitarias permiten aportar más dinero a estas modalidades energéticas «de forma poco transparente».

El informe afirma que el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo proporcionaron más de 12.000 millones de euros a proyectos de energías fósiles entre 2013 y 2015. Asimismo, tanto los Fondos Estructurales y de Inversiones (ESIF) como el programa Connecting Europe Facility para infraestructuras energéticas transeuropeas aportaron 1.600 millones de euros para infraestructuras de combustibles fósiles entre 2014 y 2020, añade. La CAN considera que el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS por sus siglas) y las diferentes ayudas a los Estados miembros continúan permitiendo a los países de la Unión Europea apoyar proyectos relacionados con los combustibles fósiles gracias a los impuestos de los contribuyentes.

Está previsto que durante la cumbre del G20, que se celebrará entre el 4 y 5 de septiembre, se debatan los subsidios a las energías no renovables, la financiación relacionada con el cambio climático y la rápida ratificación de los acuerdos de la cumbre de París. «La Unión Europea se ha comprometido a eliminar subsidios perjudiciales para el medio ambiente, incluidos los subsidios a los combustibles fósiles para el año 2020″, apuntó el coordinador de la CAN para Finanzas y Políticas de Subsidios, Maeve McLynn.

Añadió que, sin embargo, el informe demuestra que la Unión «no se encuentra en condiciones de alcanzar ese objetivo» y que la financiación pública no concuerda con los acuerdos alcanzados en París. Por ello, pidió a Bruselas una reforma de todos los instrumentos que «de forma directa e indirecta» apoyan la industria de los combustibles fósiles. «La cumbre de Hangzhou es una oportunidad para todos los líderes del G20 de allanar el camino hacia una transición progresiva y próspera hacia las economías sin emisiones», añadió el coordinador de la CAN.

España aumentó un 4,23% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015 sobre 2014 según denuncia Ecologistas en Acción

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Servimedia / EFE.– Las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron un 4,23% el año pasado en comparación con 2014, según aseguró Ecologistas en Acción a partir de los últimos datos proporcionados por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea.

Los datos indican que las emisiones invernadero en España superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que supone un incremento de 13,77 millones respecto al año anterior (un 4,2% más) y un 18% más en comparación con los niveles de 1990, considerado como año de referencia en el Protocolo de Kioto para la medición de emisiones. 2015 fue el segundo año en el que se produjo un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente coincidiendo con el inicio de la crisis económica y, según Ecologistas en Acción, provocará que el Estado se vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de emisión.

«Refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global», apuntó Ecologistas en Acción, que destaca que España está «a la cabeza» de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990 y “demuestra que los compromisos asumidos en la cumbre de cambio climático de París (COP21) de diciembre pasado son indefendibles». El sector energético aportó el principal incremento, un 17% más, por delante de la industria, un 10% más, sobre todo por el incremento del sector siderúrgico, un 17%, y de un 23% en las industrias asociadas a los sustitutos del ozono.

«Es patente también cómo la nula acción de la Administración sobre la movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% el consumo. Así, el resultado evidente es un incremento del consumo de combustibles fósiles, que está muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción del modelo económico español al petróleo«, recalcó Ecologistas en Acción. Por ello, en relación al transporte público, destacan una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero gracias a la renovación del parque móvil, aunque cree que los gobiernos locales no fomentan su uso con medidas suficientes, como la limitación del tráfico en las ciudades.

Esta organización considera «profundamente irresponsables» algunas medidas del Gobierno como «la política contraria a las renovables, la penalización al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales que han manifestado su oposición al fracking«. «Esta actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global», apostilló.

Ecologistas en Acción indicó que España debería ser un país «puntero» en el uso de las tecnologías renovables pero «sigue apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma de desarrollo«. «Es urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible, abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y alcanzar la justicia social y ambiental», concluyó.

Los ecologistas denuncian que 21 aves se han electrocutado en Menorca en los dos últimos años

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EFE.- El grupo ecologista GOB denuncia que al menos 21 aves han resultado electrocutadas en Menorca en los últimos dos años en las torres eléctricas y ha pedido que se adopten medidas técnicas para evitarlo. Se trata de cuatro milanos, un águila calzada, dos lechuzas, cuatro cernícalos, tres gaviotas, cinco cuervos y otras dos aves no identificadas, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de las Islas Baleares, responsable de la protección de especies, según indicó la organización conservacionista.

El GOB explicó que la electrocución se produce cuando el ave se posa sobre la torre eléctrica y sus alas tocan el cable que une una línea con otra. Sin embargo, desde la organización ecologista han apuntado que no todas las torres suponen un peligro, puesto que en algunas el cable pasa por debajo en lugar de por encima o bien está aislado. En esta línea, la entidad señaló que las soluciones técnicas para resolver este problema «no resultan complicadas«.

A raíz de la muerte por electrocución de diversos ejemplares de milano, una especie considerada en peligro de extinción de Baleares, el GOB intensificó la búsqueda de información sobre este problema, así como su denuncia pública. Han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el fin de que Gesa-Endesa ponga solución al problema de las torres eléctricas que presentan un diseño peligroso para la electrocución de aves.

Colectivos ecologistas denuncian la llegada a España del primer buque metanero que trae de Estados Unidos gas extraído mediante fracking

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Europa Press / EFE.- Más de 40 plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas han denunciado la llegada a España del primer buque metanero cargado de gas procedente de Estados Unidos después de que el país levantara a finales de 2015, durante las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés), el veto a la exportación de gas que mantenía desde 1975. Se trata del segundo cargamento de gas estadounidense con destino al continente europeo tras el que llegara a Portugal esta primavera.

Según los denunciantes, entre los que figuran las ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, las políticas Podemos, Izquierda Unida, el BNG e Iniciativa per Catalunya, este hecho supone «el pistoletazo a una importación masiva de gas de fracking (fractura hidráulica) desde el otro lado del Atlántico». El barco llegó al puerto de Ferrol proveniente de Sabine Pass, en el golfo de México, con 135.000 metros cúbicos de gas licuado. Su cargamento se almacenará en la planta coruñesa de Reganosa. No obstante, no es el primero que sale de costas estadounidenses, ya que en febrero de 2016 se exportó el primer cargamento internacional de gas a Brasil.

Los ecologistas critican que Reganosa cuenta con la oposición vecinal desde el inicio de su tramitación, ya que “está a menos de 100 metros de las viviendas”. El Tribunal Supremo la declaró ilegal en dos sentencias, ha recordado Ecologistas en Acción, que acusa al Gobierno en funciones de renovarle los permisos y de eximirla de la evaluación de impacto ambiental.

Según los ecologistas, «la mayor y más inminente amenaza» de entrada del fracking en Europa lo representan las importaciones de gas estadounidense en forma de gas natural licuado (GNL). Afirman que «estar hoy contra el fracking» es «estar contra la importación de gas licuado». Las organizaciones lamentan que, «a pesar de los abandonos por parte de diversas empresas o de la oposición institucional», ya se haya practicado en países como Polonia y que en otros como Reino Unido o España haya trámites «avanzados» al respecto.

Asimismo, inciden en que la aprobación por parte de la Comisión Europea de varios documentos como la Estrategia europea para el Gas Natural Licuado y el Almacenamiento de Gas, suponen «un empuje a la importación de gas natural a pesar de que la demanda viene cayendo en los últimos años». En relación a la llegada del buque y con el lema Ni aquí ni en ningún sitio, el Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol organizó una manifestación para mostrar «su oposición al fracking y a Reganosa» frente a la Xunta de Galicia.

WWF critica la contaminación de las centrales térmicas Aboño, Andorra, As Pontes y Litoral

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EFE.- WWF asegura que las centrales térmicas fueron responsables de 1.170 muertes prematuras en España en 2013. El estudio La nube negra sobre Europa: efectos de la quema de carbón sobre la salud y la economía de la UE, publicado por WWF junto a la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) y la Red de Acción por el Clima en Europa (CAN), analiza los impactos en la salud de la contaminación del aire provocada por las plantas de carbón.

Su conclusión es que en 2013 las emisiones provenientes del carbón en toda Europa fueron responsables de más de 22.900 muertes prematuras (comparables con las 26.000 muertes en accidente de tráfico en el 2013), de las que 1.170 correspondieron a España. Además, causaron «decenas de miles de casos de mala salud por enfermedades del corazón o bronquitis», y un gasto sanitario de hasta 62.300 millones de euros, incide el documento.

Los datos apuntan a que los 5 países que más muertes provocan fuera y dentro de su territorio, ya que «el polvo nocivo producido por estas centrales viaja más allá de las fronteras europeas», son Polonia (5.830 muertes prematuras), Alemania (4.350), Reino Unido (2.870), Rumanía (2.170) y Bulgaria (1.570). España es el sexto país responsable en muertes prematuras causadas por las plantas de carbón. “Las más contaminantes son Andorra, en Teruel; Aboño, en Asturias; As Pontes, en Galicia, y Litoral, en Almería”, indican. Hay 7 países de Europa que no queman carbón: Bélgica, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta, y 3 que se han comprometido a dejar de usarlo: Portugal en 2020 y Reino Unido y Austria en 2025.

Además de las muertes prematuras, los contaminantes producidos por la quema de carbón también provocan otras enfermedades, como cerca de 11.800 nuevos casos de bronquitis crónicas y 538.000 millones de ataques de asma en niños en la Unión Europea, según estas organizaciones. El informe subraya que, aproximadamente, 21.000 ingresos hospitalarios y 6,6 millones de pérdidas de días de trabajo están relacionados con las emisiones de las centrales de carbón en Europa. Los impactos del carbón en la salud, junto con la reducción de la productividad causada por la abstención en el trabajo, también generan un impacto económico, cuantificado por estas organizaciones entre 32.400 y 62.300 millones de euros en 2013.

Raquel García, técnico del programa de clima y energía de WWF España, denuncia que estos costes «no están cubiertos por el sector del carbón sino que los asume la sociedad, incluyendo los costes directos e indirectos en la salud que recaen sobre los presupuestos nacionales en sanidad». «El cierre de las centrales térmicas de carbón es imprescindible, además de para la salud pública, para cumplir con el Acuerdo de París, en el que se pactó limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 grados», agrega García.

La portavoz de WWF recuerda que el 18% de las emisiones de efecto invernadero de Europa proceden de los humos de las 280 centrales de carbón, y reclama el fin de las subvenciones al carbón en España en 2018 y el cierre de las plantas que queman este combustible en 2025, «con una transición justa para el sector minero«. «La contaminación del aire es responsable de millones de muertes, pero la buena noticia es que reducir el uso del carbón ofrece una oportunidad única para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, y por consiguiente proteger la salud», sostiene el doctor Roberto Bertollini, científico jefe y representante de la OMS en Europa.

Industria deniega su autorización al proyecto de la refinería Balboa en Extremadura para satisfacción de los grupos ecologistas

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EFE.- La organización ecologista WWF mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de denegar al Grupo Gallardo la autorización para la refinería Balboa y celebró que «el proyecto no se va a llevar a cabo». Finalmente, Industria no dio luz verde al proyecto para la instalación de una refinería de petróleo en el término municipal de los Santos de Maimona (Badajoz) y sus infraestructuras asociadas en Sevilla y Huelva, presentado por Refinería Balboa, perteneciente al Grupo Gallardo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se informa de la no concesión de este permiso, contra la que puede interponerse recurso de alzada ante la secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. De este modo, se cierra un proceso de años de debate, reivindicaciones y protestas a favor y en contra de un proyecto que se anunció en 2003 y que supondría una inversión de 1.200 millones de euros y generaría 3.000 empleos directos e indirectos.

El pronunciamiento de Industria se produce después de que la empresa solicitara autorización para la ejecución de este proyecto al Ministerio en enero de 2008 y presentara el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones y el preceptivo estudio de impacto ambiental. El proyecto incluía la instalación de una refinería sobre una superficie aproximada de 200 hectáreas, con una capacidad para procesar 5.750.000 toneladas anuales de crudo y otras materias primas y de generar 5.411.000 toneladas de productos, también al año.

Comprendía además un sistema de recepción y descarga de crudo en el puerto de Huelva, con sistema de monoboya y oleoductos submarino y terrestre que conectarían con un parque de almacenamiento en Huelva que tendría una capacidad total aproximada de 500.000 metros cúbicos. También estaba proyectado un oleoducto de entrada de crudo a la refinería y poliducto, paralelo al anterior, de salida de producto al parque de almacenamiento, con una longitud aproximada de 201 kilómetros que transcurriría por las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz. Además, incluía un poliducto de salida de productos hacia la Terminal de Almacenamiento de CLH en Mérida, en este caso de 47 kilómetros por Badajoz.

Previamente, en julio de 2012, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental (DIA) en sentido negativo de este proyecto, al concluir que previsiblemente causaría efectos desfavorables significativos sobre el medio ambiente, y al considerar que las medidas previstas por el promotor «no eran una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación». Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura denegó la autorización ambiental integrada en noviembre de 2015 basándose en la inviabilidad medioambiental contemplada en la DIA.

Fernández Vara critica la resolución

Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera una paradoja la publicación en el BOE del rechazo a la construcción de la Refinería Balboa y que no llegue la DIA para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), que podría significar una salida de futuro para la explotación minera, con un expediente de regulación de empleo temporal. En cuanto al «carpetazo» al proyecto Balboa y sobre si desde Extremadura se ha hecho todo lo posible para que saliese adelante, Vara ha dicho que «habrá quien piense que sí, otros que no y otros todo lo contrario», pero sí es un buen ejemplo de que Extremadura ha intentado aumentar su PIB industrial con iniciativas competitivas.

A su juicio, es un proyecto “que aquí no se han autorizado, en este caso por cuestiones medioambientales, pero que en otras partes de España se han permitido sin ningún problema». Por ello, ha insistido en que algún día, cuando se debata en serio un modelo de financiación habrá que «ponerlas encima de la mesa y cuantificar» estas decisiones “que suponen que en Extremadura no se pueden tener determinadas industrias”.

En este sentido también se expresó el secretario regional de CCOO, Julián Carretero, que acusó al gobierno anterior de Extremadura, del PP, «en connivencia» con el de Estado, de «haber hecho todo lo posible para que en Extremadura no haya una refinería«. A su juicio, esta decisión contrasta con decisiones como la autorización para almacenar gas en el Coto de Doñana y pone de manifiesto que «no se mide a todos por el mismo rasero». Igualmente, desde la secretaría regional de UGT, Patrocinio Sánchez, que consideró que por esas «piedras en el camino» la región se ha quedado sin una refinería que hubiera supuesto industrialización y muchos puestos de trabajo.

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios (CREEX), Francisco Javier Peinado, señaló que esta entidad respaldó desde el primer momento la iniciativa y añadió que «lo que no hay derecho» es que, más allá de las razones, un inversor ha estado 8 años esperando a que se emita una resolución firme. Además, reclamó que se debe ser exigente ante la Unión Europea y el Estado para que «si se quiere mantener una reserva de la biosfera magnífica, esto tiene que tener un coste que tienen que pagar en otros territorios donde no mantienen estas cuestiones, porque a ver si se va a mantener esto como una reserva india».

WWF celebra rechazo a refinería

El coordinador de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, indicó que la decisión de Industria «es la certificación definitiva del no al proyecto por vía administrativa», aunque la empresa puede recurrir. Carmona señaló que el proyecto «se podía considerar muerto» desde 2012 cuando el Ministerio de Medio Ambiente le dio la DIA negativa. Posteriormente, la Junta de Extremadura le denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y ahora la decisión de Industria era «el siguiente paso para declarar el proyecto de la refinería cerrado». «Es una buena noticia que se siga certificando que el proyecto no se va a llevar a cabo», concluyó.

Los ecologistas piden el cierre programado de las centrales de carbón

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EFE / Europa Press.- Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito nacional reclamaron a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que el Gobierno aborde el cierre programado de las centrales de carbón para cumplir los objetivos asumidos en el acuerdo del clima de París. Así lo indicó a la salida del Consejo Nacional del Clima, la portavoz de cambio climático de WWF, Mar Asunción.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) exigieron a la ministra Tejerina «mayor ambición a nivel nacional, ya que en las proyecciones que se manejan para los próximos años siguen aumentando las emisiones». «Nos parece que es totalmente impresentable que un país desarrollado como España, no lance el mensaje adecuado, y maneje escenarios en los que crecen las emisiones», indicó Asunción.

Las ONG plantearon a la ministra «objetivos energéticos concretos para que bajen las emisiones», entre ellos «la necesidad de tener un cierre programado de las centrales de carbón, ya que estos dos últimos años las emisiones de electricidad con carbón han estado aumentando muchísimo». Asunción lamentó, sin embargo, que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «siga buscando recovecos para que España continúe produciendo electricidad del carbón».

Los ecologistas quieren que España apoye en el seno de la Unión Europea una mayor ambición de los compromisos de reducción presentados para 2030 cuando se ratifique el acuerdo de París. Actualmente, la Unión Europea se ha comprometido a una reducción de emisiones del 40%, a un porcentaje de renovables del 27% y la misma cifra en eficiencia energética para 2030. Asunción lamentó también «las evasivas y las respuestas generales» con las que la ministra ha contestado a sus preguntas.

“Falta compromiso contra cambio climático”

Por otro lado, las ONG ambientales no ven que el Gobierno esté dando pasos decididos para luchar contra el cambio climático en España, pese a ser uno de los países más vulnerables de Europa a este fenómeno. Así, el portavoz de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, lamentó que García Tejerina se dedicara a «tirar balones fuera» sobre todo respecto a la vinculación de modelo energético con las emisiones de efecto invernadero. Además criticó que la ministra se ciñera a que España se limita a los objetivos marcados por la Unión Europea, algo que, aunque es perfectamente legal, Del Prado cree que España debería ir más allá puesto que es una de las grandes economías y «debe dar ejemplo».

«La ministra dice que el Acuerdo de París y los objetivos 2020 van bien y que va a cumplir con todo. Ha explicado verdades a medias. Da la sensación de que todo va perfecto, pero algo no va bien cuando llevamos los 9 meses consecutivos más calurosos de la historia«, comentó. Para Del Prado, el Ministerio y la Oficina Española de Cambio Climático tienen «buenas intenciones, pero les falta fuerza para imponerse a otros departamentos y ser más ambiciosos”, en alusión al Ministerio de Industria.

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, subrayó que en 2015 se aumentó un 23% el uso de carbón lo que ha provocado un crecimiento de las emisiones de CO2 del 4%. «Con el Acuerdo de París en la mano, que marca el fin de los combustibles fósiles, deberían trabajar en algún programa para marcar el fin de las térmicas de carbón y en un plan de transición justa una economía baja en carbono. Está claro que no podemos seguir subvencionando las energías sucias», opina Nuño que calificó de «un poco difusa» la respuesta de García Tejerina en esta cuestión.

Reclama medidas ambiciosas al Gobierno

De este modo, le han trasladado que el Gobierno sigue favoreciendo las energías sucias y que prevén que pese al Acuerdo de París vaya a haber «cambios importantes en las políticas que marquen la diferencia» por lo que ha advertido al Ministerio de Agricultura de que ese acuerdo global no es suficiente, de modo que se deben implantar medidas más ambiciosas. En cuanto al Plan Nacional de Adaptación cree que se debería recalcular el crecimiento de emisiones previsto hasta 2020.

Por su parte, el portavoz de energía de SEO/BirdLife, David Howell, reprochó que a pesar de que las emisiones han aumentado la ministra ha tratado de presentar los datos como «una buena noticia», igual que los datos del Plan Nacional de Adaptación o de la implantación del Acuerdo de París. A su juicio, España debería estar liderando la lucha contra el cambio climático en Europa al ser uno de los países más vulnerables, por su dependencia de los combustibles fósiles y sus condiciones climáticas. Entre las propuestas que WWF considera necesarias, estima que Europa debe modificar el sistema del comercio de emisiones, la directiva de renovables, avanzar en eficiencia energética y acometer un reparto de esfuerzos en los sectores difusos.

«Lo suyo es tener ya propuestas firmes en esas áreas para descarbonizar el transporte y la economía con avances importantes, no con el goteo actual de pequeñas medidas», ha valorado Howell, que cree que a España le faltan también mayores objetivos en el Plan Nacional de Adaptación para reducir la vulnerabilidad de España al calentamiento global. Finalmente, ha indicado que las ONG han instado al Ministerio a establecer un programa de cierre de las minas de carbón, de las centrales térmicas y de las nucleares.

El CSN garantiza que Almaraz está en situación «segura» por lo que no hará actuaciones adicionales pero sí un seguimiento

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Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas solicitan paralizar cautelarmente la central nuclear de Almaraz (Cáceres) por lo que consideran «problemas endémicos» del sistema de refrigeración, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no considera necesario requerir actuaciones adicionales al titular de la planta después de que un informe interno de los técnicos dirigido al director de seguridad nuclear del regulador atómico cuestionase las «garantías» de la planta tras detectarse un «problema» en el mantenimiento de unas bombas del circuito de refrigeración.

Según el CSN, el pleno del regulador atómico fue informado respecto a la situación por el director técnico de seguridad nuclear, Antonio Munuera, que concluyó que Almaraz «se encuentra en una situación segura». Así, de acuerdo con la información disponible en la actualidad, tras las conclusiones sobre la operabilidad de las bombas y la situación operativa existente, el CSN «no considera necesario requerir actuaciones adicionales» al titular. Sin embargo, añade que se realizará un «seguimiento detallado» de los resultados del plan de actuaciones del titular. Además, se evaluará la información adicional que la planta suministre.

En concreto, la dirección de Seguridad Nuclear explicó que en la actualidad la unidad I de Almaraz está parada por recarga y tiene «operables» las dos bombas del sistema de agua de servicios esenciales, donde los técnicos detectaron un «problema de mantenimiento». Aún así «no presentan ninguna incertidumbre respecto de su operabilidad». En cuanto a la unidad II, señaló que dispone de dos bombas que están operables y que, también está alineada a esta unidad una bomba común que los dos reactores tienen de reserva.

Según esto, la situación descrita se ve «reforzada» por la restricción operativa adicional establecida por el titular, para aplicar acciones «más restrictivas» que las que contemplan sus Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de modo que en caso de que una de las cinco bombas falle, ambas unidades del reactor se deberán parar de forma segura. Igualmente, indicó que el titular ha realizado las «actuaciones necesarias» para obtener una garantía de «expectativa razonable de operabilidad». «Esa garantía se considera suficiente, aunque está limitada por el hecho de no haber determinado hasta la fecha la causa origen del fallo de motor ocurrido en enero», ha apuntado la dirección técnica de seguridad nuclear.

Según el CSN, el pasado 11 de enero se produjo un fallo del motor de la bomba B del sistema de refrigeración de la unidad I de Almaraz. A consecuencia de esto, el titular procedió a abrir un parte de «condición anómala» para las dos bombas (A y B), de la unidad II de la central nuclear, que en ese momento se encontraba funcionamiento a plena potencia. Ante esa situación, el titular extendió la condición anómala a la bomba común de las dos unidades (la central dispone de un total de cinco bombas de este tipo, dos para cada unidad y una quinta común de reserva y que puede sustituir a cualquiera de las anteriores).

Posteriormente, el día 15 de enero el titular de la central extendió la condición anómala a todas (las cinco bombas del sistema de agua de servicios esenciales) y no identificó la causa del fallo. Por ello, el CSN inició una inspección reactiva, que se realizó el 22 de enero, para identificar y recopilar información adicional sobre este suceso y para descartar que pudiera existir una causa de fallo común en todas las bombas, así como conocer el mantenimiento de los motores de las bombas, cojinetes, así como para determinar la idoneidad de las acciones compensatorias.

Ecologistas piden paralizar cautelarmente Almaraz

Por su parte, las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que los fallos en los sistemas de refrigeración detectados en Almaraz son «endémicos» y se producen desde su puesta en funcionamiento, por lo que piden una «parada cautelar» hasta que se solucione definitivamente. Así, para el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, indicó que Almaraz siempre ha tenido problemas con el sistema de aguas esenciales, que sirve para extraer el calor del núcleo y evitar que se funda, como ocurrió en Fukushima. «Lo ideal sería una parada cautelar de la central porque si ocurre un accidente nos encontraríamos con que no hay suficiente agua para extraer el calor del núcleo», ha advertido Castejón.

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que Greenpeace ha evaluado los resultados de las pruebas de resistencia y concluyó que uno de los fallos «más llamativos» es la redundancia de los sistemas de refrigeración que necesita Almaraz y los sistemas de venteo, así como los problemas en el sistema de detección de incendios. A su juicio, los técnicos están «informando de fallos, pero el órgano político del CSN trabaja en la dirección contraria».