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Ecologistas en Acción denuncia que los biocombustibles doblan las emisiones de los combustibles fósiles a los que sustituyen

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Europa Press.- El mercado español de biocombustibles generó el doble de emisiones que los combustibles fósiles a los que sustituyen, según ha denunciado Ecologistas en Acción en la presentación de un estudio sobre la situación actual del mercado de biocombustibles español basado en el informe publicado el pasado mes de marzo por la Unión Europea, Globiom: la base para las políticas sobre biocombustibles después de 2020, cuyas conclusiones confirman las elevadas emisiones por cambios de uso de la tierra (CIUT) asociada a los biocombustibles.

En su estudio, Ecologistas constata cómo este mercado continúa creciendo moderadamente, alcanzando casi 1,5 millones de m3 anuales en 2015. El biodiesel acapara el 75% de las ventas. En su mayor parte está fabricado a partir de aceite de palma procedente de Indonesia y Malasia. La utilización de materias primas de origen español sigue siendo marginal (9%), a pesar de un incremento en el uso de aceites de cocina y grasas animales que supone solo un 11% del total del biodiesel, añade el documento, en el que se destaca que “si se contabilizan las emisiones debidas a los CIUT de los biocombustibles utilizados en España no se obtiene ningún ahorro de emisiones de gases invernadero respecto a los combustibles fósiles”.

«Existen múltiples carencias en la definición, aplicación y control de la sostenibilidad de estos carburantes», ha asegurado el coordinador de la campaña de bionergía de Ecologistas en Acción, Abel Esteban, para quién «salvo contadas excepciones, los biocombustibles vienen a agravar los impactos negativos del sistema de transporte europeo y español». Ante las previsiones de duplicar el consumo de biocombustibles en el año 2020 para cumplir con los objetivos de energías renovables, Ecologistas ve necesario que las administraciones comunitaria y estatal prioricen urgentemente políticas y tecnologías alternativas, como objetivos de ahorro y eficiencia más ambiciosos o la electrificación renovable del transporte.

El posterior análisis del informe Globiom completa la evaluación realizada por la Unión Europea al incorporar las emisiones directas debidas al manejo de los cultivos y las cadenas de transporte. El resultado indica que la mayor parte de los biocombustibles utilizados presentan mayores emisiones que los combustibles fósiles. La organización ecologista señala que, lejos de reducir las emisiones de efecto invernadero, “más de las tres cuartas partes de los biocombustibles consumidos en la Unión Europea presentan emisiones iguales o mayores que las de los combustibles fósiles a los que sustituyen”. Especialmente en el caso del biodiésel a partir de aceites de palma y de soja.

Incluso después de la reforma de la Directiva Europea de Renovables, que reduce el porcentaje de biocombustibles fabricados a partir de cultivos, se prevé que las emisiones del transporte europeo aumenten en 2020 un 4%, debido exclusivamente al impacto de los biocombustibles. Así, la actual política europea, que no contabiliza las emisiones CIUT generadas por estos combustibles, “ocultará las emisiones equivalentes a 12 millones de vehículos adicionales en las carreteras”, según denuncia la organización ecologista.

Ecologistas en Acción pide la parada de la central nuclear de Vandellòs tras detectar trazas de fosfatos en el agua

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Europa Press / Servimedia.- Ecologistas en Acción considera «imprescindible» parar la producción de la central nuclear Vandellòs II hasta aclararse la detección de trazas de fosfatos en las muestras del agua de los sumideros de contención, que no han causado daños a personas ni medio ambiente. La entidad también ha pedido la parada de Ascó, después de que se detectaran irregularidades en componentes del fabricante francés Areva, hasta que se sustituyan las «piezas defectuosas».

Para Ecologistas en Acción, los dos incidentes son prueba del «evidente mal funcionamiento» de las nucleares catalanas y de la falta de cultura de seguridad de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (Anav). Los ecologistas han señalado que la detección del fosfato en las muestras de agua evidencia «la fragilidad de la seguridad del sistema de refrigeración» de Vandellòs, y ha criticado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no reaccione y tampoco ordene la paralización de Ascó tras ante la existencia de componentes irregulares. Diversos grupos ecologistas y de la sociedad han iniciado una campaña que quiere que en 2020 no haya nucleares en España

Incumplió Especificaciones Técnicas de Funcionamiento

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había anunciado previamente que la central nuclear Vandellós II (Tarragona) operó incumpliendo las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) ya que el titular de la central comunicó a este organismo que en la toma periódica de muestras de agua de los sumideros de la contención se detectó la presencia de trazas de fosfatos. Tras una inspección realizada para determinar el origen del suceso, se detectó una ligera pérdida en uno de los doce contenedores de aditivo para el rociado que contienen ese producto químico en el interior de la contención.

Por esta razón, Anav declaró la inoperabilidad de la totalidad de estos contenedores. El CSN afirma que en cuanto se determinó el origen de las trazas de fosfato, se rellenó el contenedor afectado de fosfato trisódico hasta el nivel establecido y se verificaron todos los contenedores, de manera que el sistema volvió a estar operativo. Sin embargo, reconoce que «en el análisis posterior de lo sucedido se ha comprobado que se estuvo en una condición no permitida por las ETF en un tiempo superior al permitido». Según el CSN, el suceso se clasifica «provisionalmente» con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Nace una plataforma que pide modificar 3.100 kilómetros de tendido eléctrico en España para salvar a «miles» de aves

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Europa Press / Servimedia.- Nueve entidades conservacionistas presentaron la plataforma SOS Tendidos Eléctricos con la que pretenden alertar sobre los tendidos eléctricos y su relación con la muerte de «miles» de ejemplares de la avifauna española. Para solucionarlo, estiman que habría que adaptar 3.100 kilómetros de infraestructura eléctrica con un coste entre los 1.000 y los 1.200 euros por poste, es decir, un coste total de 300 millones de euros.

Para la recién creada organización, la muerte por electrocución o por colisión es la principal causa «no natural» a la que se enfrentan algunas de las especies españolas más amenazadas como son el águila perdicera o el águila imperial ibérica. En los últimos 15 años, más de 300 ejemplares de águilas murieron de esta forma. Igualmente, SOS Tendidos Eléctricos destaca que las infraestructuras eléctricas son causantes de mortandad para especies de pequeña y mediana envergadura.

Según el responsable de conservación de especies amenazadas en SEO/BirdLife, Nicolás López, la situación «es bastante delicada», cifrando en “al menos” 25.000 los apoyos que resultan “peligrosos” y aunque reconoce que se han hecho esfuerzos por parte de la administración a través de un Real Decreto promulgado en 2008 que pedía la adaptación por comunidades de los tendidos eléctricos, asegura que «no han sido efectivos». En este sentido, explica que a nivel legislativo que la normativa solo se ha desarrollado en las comunidades de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, en donde se elaboraron listados sobre tendidos peligrosos. Al contrario, López indica que ni el Principado de Asturias ni la Comunidad de Madrid han adoptado ninguna medida al respecto.

Para el portavoz de Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Iván Rodríguez, calificó estos accidentes como «un problema gravísimo» y «uno de los grandes agujeros negros» de la fauna española  por lo que aseveró que la plataforma se ha creado bajo «un sentimiento de frustración» y al ver que pasan las décadas y hay «una falta de soluciones«. Del mismo modo, reconoce que se han corregido algunas deficiencias de las infraestructuras para evitar la extinción del águila imperial pero que el lanzamiento de la plataforma «está más que justificada» para atajar la situación. Por ello, apeló a que se produzca una movilización para combatir esa situación tanto entre las administraciones como en las eléctricas y en la ciudadanía.

Destinar beneficios a mejorar tendidos

«No puede ser que en el siglo XXI en España, el país con más biodiversidad de Europa, se esté recuperando en un hospital un águila electrocutada y saber que donde tiene el nido puede morir electrocutada cuando se recupere, si no en esta semana, será la siguiente», protestó. Así, animó a las compañías a dedicar «un pequeño porcentaje» de sus beneficios a mejorar los tendidos, y a los ciudadanos a llamar al 112 cuando localicen cualquier especie de fauna muerta.

Aunque no existe un balance de ejemplares que se han visto afectados por el tendido eléctrico, la organización asegura que la cifra se puede contar por «miles de ellos«. De hecho, la portavoz de la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE), Inma Muela, afirma que solo en su trabajo de campo en la provincia de Jaén registraron más de mil ejemplares muertos y setenta «puntos negros» donde se encontraron cinco o más especímenes. Igualmente, la plataforma afirma que anualmente entran 7.000 ejemplares a los centros de recuperación de fauna. Esto da «la idea de la cantidad de animales» que mueren electrocutados o estrellados y no se les llega a encontrar, por accidentarse en lugares inaccesibles.

Para reducir esta cifra, el coordinador de conservación de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha exigido a las empresas eléctricas que asuman «su responsabilidad» y que pongan los recursos necesarios para esta causa. Asimismo, asegura que son los «beneficiarios» de una situación en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) «no ha estado a la altura». Finalmente, y según estima la plataforma, modificar el tendido reduciría entre un 80% y un 90% de los casos de aves electrificadas y un 60% de las aves muertas por colisión con el tendido eléctrico.

En la plataforma participan las entidades conservacionistas Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Ecologistas en Acción, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), SEO/BirdLife, la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE), WWF España, el Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la revista Quercus y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA).

Finalmente, José Antonio Montero, de la revista especializada Quercus, manifestó su sentimiento «de frustración» porque por propia experiencia en sus salidas al campo sigue viendo que «pasan los años y esto no se soluciona, aunque se han hecho grandes cosas». Como ejemplo recordó que, el principal éxito de la conservación, junto al lince ibérico, fue salvar de la extinción al águila imperial, a lo que contribuyó «en gran medida» la corrección de tendidos que se llevó a cabo en los años 90 del pasado siglo.

Ecologistas en Acción critica que el Consejo de Seguridad Nuclear actúa de forma «muy opaca» con Garoña

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EFE.- Ecologistas en Acción, por medio de su portavoz en materia nuclear, Francisco Castejón, ha criticado hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) actúa de forma «muy opaca» en la tramitación de la solicitud de Nuclenor para que la central nuclear de Garoña, en Burgos, puedan seguir activa hasta 2031.

En declaraciones recogidas, en unos días en que tradicionalmente su organización estaba en plena preparación de la marcha reivindicativa para el cierre de Garoña pero que ha dejado de celebrarse, Castejón ha considerado que cada paso que da el CSN va encaminado a informar a favor de la «prórroga condicionada», lo que dejaría en manos del Gobierno la decisión última sobre el futuro de la planta.

Con esa fórmula, la propietaria de Garoña ni siquiera tendría que cumplir todas las condiciones impuestas antes de obtener la autorización porque se fijaría un calendario de reformas «a realizar en varios años», ha explicado el portavoz ecologista.

En su opinión, se trata de una forma «retorcida» de informar la solicitud porque hasta ahora sólo se ha informado a favor cuando las empresas reunían las condiciones necesarias.

De hecho, ha acusado también al consejo de estar «excesivamente politizado», de ser «sumiso» al actual Gobierno en funciones, partidario de prorrogar la vida útil de Garoña, y de «filibusterismo», al anunciar que no decidirá nada hasta noviembre y evitar anunciar nada relacionado con Garoña cerca de periodos electorales, «seguramente para no obligar al actual Gobierno a insistir en su apoyo a la energía nuclear».

En todo caso, Castejón ha asegurado que Ecologistas en Acción teme que se conceda la prórroga a Garoña para que sirva de precedente para Almaraz.

El portavoz para temas nucleares del grupo ecologista ha recordado que la licencia de Almaraz I y II, en Cáceres, caduca el 8 de julio de 2020.

Es una central que produce cuatro veces más electricidad que Garoña, más de 2.000 megavatios, «por lo que es mucho más rentable que Garoña alargar su vida útil», según Castejón.

En este sentido, ha alertado del precedente que supondría conceder a la planta nuclear burgalesa, parada desde diciembre de 2012, la primera autorización en Europa para operar una central hasta los 60 años y la primera prórroga de más de 10 años concedida en España.

Para Castejón, también es «inaudito» que se pretenda dar el visto bueno a la petición de prórroga para que Garoña siga operando hasta 2031 a la espera de que la planta cumpla las condiciones en el futuro.

El portavoz ecologista reconoce que el Almacén Temporal Individual que el Gobierno autorizó en octubre de 2015 para Garoña es «indispensable», tanto para el desmantelamiento como para que la central pueda seguir operando.

«Será bienvenido si se instala para vaciar el combustible gastado en la central, porque en este momento es la alternativa menos mala para esos residuos, pero también está la amenaza de que sirva para garantizar que la planta tenga capacidad para albergar sus propios residuos radiactivos hasta el final de su actividad en 2031», ha precisado Castejón.

España aumentó un 4,23% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015 sobre 2014 según denuncia Ecologistas en Acción

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Servimedia / EFE.– Las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron un 4,23% el año pasado en comparación con 2014, según aseguró Ecologistas en Acción a partir de los últimos datos proporcionados por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea.

Los datos indican que las emisiones invernadero en España superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que supone un incremento de 13,77 millones respecto al año anterior (un 4,2% más) y un 18% más en comparación con los niveles de 1990, considerado como año de referencia en el Protocolo de Kioto para la medición de emisiones. 2015 fue el segundo año en el que se produjo un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente coincidiendo con el inicio de la crisis económica y, según Ecologistas en Acción, provocará que el Estado se vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de emisión.

«Refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global», apuntó Ecologistas en Acción, que destaca que España está «a la cabeza» de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990 y “demuestra que los compromisos asumidos en la cumbre de cambio climático de París (COP21) de diciembre pasado son indefendibles». El sector energético aportó el principal incremento, un 17% más, por delante de la industria, un 10% más, sobre todo por el incremento del sector siderúrgico, un 17%, y de un 23% en las industrias asociadas a los sustitutos del ozono.

«Es patente también cómo la nula acción de la Administración sobre la movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% el consumo. Así, el resultado evidente es un incremento del consumo de combustibles fósiles, que está muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción del modelo económico español al petróleo«, recalcó Ecologistas en Acción. Por ello, en relación al transporte público, destacan una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero gracias a la renovación del parque móvil, aunque cree que los gobiernos locales no fomentan su uso con medidas suficientes, como la limitación del tráfico en las ciudades.

Esta organización considera «profundamente irresponsables» algunas medidas del Gobierno como «la política contraria a las renovables, la penalización al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales que han manifestado su oposición al fracking«. «Esta actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global», apostilló.

Ecologistas en Acción indicó que España debería ser un país «puntero» en el uso de las tecnologías renovables pero «sigue apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma de desarrollo«. «Es urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible, abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y alcanzar la justicia social y ambiental», concluyó.

Colectivos ecologistas denuncian la llegada a España del primer buque metanero que trae de Estados Unidos gas extraído mediante fracking

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Europa Press / EFE.- Más de 40 plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas han denunciado la llegada a España del primer buque metanero cargado de gas procedente de Estados Unidos después de que el país levantara a finales de 2015, durante las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés), el veto a la exportación de gas que mantenía desde 1975. Se trata del segundo cargamento de gas estadounidense con destino al continente europeo tras el que llegara a Portugal esta primavera.

Según los denunciantes, entre los que figuran las ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, las políticas Podemos, Izquierda Unida, el BNG e Iniciativa per Catalunya, este hecho supone «el pistoletazo a una importación masiva de gas de fracking (fractura hidráulica) desde el otro lado del Atlántico». El barco llegó al puerto de Ferrol proveniente de Sabine Pass, en el golfo de México, con 135.000 metros cúbicos de gas licuado. Su cargamento se almacenará en la planta coruñesa de Reganosa. No obstante, no es el primero que sale de costas estadounidenses, ya que en febrero de 2016 se exportó el primer cargamento internacional de gas a Brasil.

Los ecologistas critican que Reganosa cuenta con la oposición vecinal desde el inicio de su tramitación, ya que “está a menos de 100 metros de las viviendas”. El Tribunal Supremo la declaró ilegal en dos sentencias, ha recordado Ecologistas en Acción, que acusa al Gobierno en funciones de renovarle los permisos y de eximirla de la evaluación de impacto ambiental.

Según los ecologistas, «la mayor y más inminente amenaza» de entrada del fracking en Europa lo representan las importaciones de gas estadounidense en forma de gas natural licuado (GNL). Afirman que «estar hoy contra el fracking» es «estar contra la importación de gas licuado». Las organizaciones lamentan que, «a pesar de los abandonos por parte de diversas empresas o de la oposición institucional», ya se haya practicado en países como Polonia y que en otros como Reino Unido o España haya trámites «avanzados» al respecto.

Asimismo, inciden en que la aprobación por parte de la Comisión Europea de varios documentos como la Estrategia europea para el Gas Natural Licuado y el Almacenamiento de Gas, suponen «un empuje a la importación de gas natural a pesar de que la demanda viene cayendo en los últimos años». En relación a la llegada del buque y con el lema Ni aquí ni en ningún sitio, el Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol organizó una manifestación para mostrar «su oposición al fracking y a Reganosa» frente a la Xunta de Galicia.

Las organizaciones ecologistas piden al futuro Gobierno un Ministerio de Medio Ambiente y cambiar el modelo energético

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Europa Press.- Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclamaron al futuro Gobierno que el medio ambiente esté «en el centro de todas sus políticas desde los primeros 100 días», un Ministerio de Medio Ambiente propio y una Vicepresidencia de Sostenibilidad, tras una campaña en la que el tema ha estado «ausente» y después de una X legislatura «nefasta» en este ámbito, por lo que llaman a avanzar en el cambio de modelo energético con las renovables.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha lamentado que durante la campaña electoral los cuatro partidos han tenido al medio ambiente «lejos» del debate y esta ausencia supone, en su opinión, «un precedente importante» para la próxima legislatura. Si bien González ha destacado los «pasos parlamentarios» durante la «breve» legislatura undécima, «en contra de las políticas ambientales de los cuatro años anteriores del PP», tales como la petición de derogación del real decreto de autoconsumo. Con ello, espera que se puedan revertir «algunas» de las decisiones «más perjudiciales» para el medio ambiente tomadas en la legislatura anterior.

Para el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el resultado electoral «no es bueno para el medio ambiente», ya que el ganador, el PP, «no se caracteriza» por defender el medio ambiente. Por ello, le exige «lo mismo que la sociedad» como un cambio de modelo energético, el cierre de las centrales nucleares incluido y acción contra el cambio climático. De este modo, ha advertido de que pueden ser «cuatro años perdidos» para la lucha contra la amenaza contra el cambio climático si el Gobierno «orbita entorno al PP». «Las expectativas no son buenas, aunque nuestras reivindicaciones son las mismas para todos», manifestó.

Mientras, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, está «a la espera de como se conforma el Gobierno» y que, esta vez, el medio ambiente «no pague los platos rotos» sino que esté en la agenda real. De este modo, insta al futuro Ejecutivo que tenga el medio ambiente en sus prioridades, «sobre todo los determinantes primeros cien días» para que mejore la «nefasta» legislatura del PP en lo medioambiental.

Desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha advertido de que no habrá regeneración ni cambio de modelo si el futuro pacto no tiene un corazón verde y considera que sería una «irresponsabilidad» política y social no tener en cuenta el medio ambiente. Ruiz no sólo ha pedido un Ministerio de Medio Ambiente «propio» sino una Vicepresidencia de Sostenibilidad para que cualquier política, energética, social, económica o de educación esté «impregnada» por el medio ambiente. «Necesitamos una Vicepresidencia para ahorrar incoherencias de Gobierno entre la política ambiental con la energética o la económica», ha insistido.

Del mismo modo, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, pide un Gobierno que de prioridad el medio ambiente y para ello, ve preciso que haya un Ministerio de Medio Ambiente independiente. A su juicio, entre las cuestiones ambientales que deberá gestionar el próximo Ejecutivo de manera más inmediata será la ratificación «rápida» del Acuerdo de París y «ponerse en marcha» para luchar contra el cambio climático y reducir CO2. La receta para hacerlo, según el representante de WWF, pasa por cambiar el modelo energético, «una de las grandes oportunidades»,  ahora que la sociedad, los partidos y la industria está «preparada para ir a una energía 100% renovable».

Ese, precisamente, cree que sería uno de los asuntos en los que la mayor parte de los partidos «ahora que se necesitarán pactos» pueden llegar a mayor acuerdo, así como en generación de empleo y economía verde, para reducir la cifra de cuatro millones de parados. «El desarrollo rural, la energía renovable, los residuos, todo lo que esté relacionado con una economía baja de carbono es una oportunidad laboral», opina. Por último, reclamó que en la actual coyuntura en la Unión Europea, España abogue por defender la legislación europea «a ultranza» y que no se rebaje la exigencia ambiental. «Si el PP dice que mira por España, debe velar porque a largo plazo no se rebaje la normativa ambiental», aseveró.

Ecologistas en Acción pide que se paralice Valurcia, una explotación minera de carbón a cielo abierto en Palencia declarada ilegal

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EFE.- Ecologistas en Acción pide que se paralice de forma urgente la actividad de la explotación a cielo abierto Valurcia, en Villanueva de la Peña (Palencia), que lleva funcionando tres años y ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYL), que ratificó una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia contra la autorización de la Junta de Castilla y León otorgada a la empresa UMINSA (Unión Minera del Norte).

Los ecologistas recuerdan que en 2015 este juzgado de Palencia declaró no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado en enero de 2013 por Ecologistas en Acción-Palencia ante la Junta de Castilla y León por dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable sin atenerse a la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión. La sentencia del TSJCYL recoge, según Ecologistas, una desatención del procedimiento establecido, secretismo y complicidad de la Junta de Castilla y León para conceder a UMINSA esta autorización pese a su ilegalidad.

Ecologistas en Acción además determinaba que el impacto ambiental para esta autorización era muy perjudicial, y que todo se hizo para que la empresa pudiese obtener la autorización, pese a las restricciones normativas y de ordenación del territorio. Los conservacionistas aseguran que con esta decisión, la Junta de Castilla y León ha contribuido de forma activa a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado, que se ha convertido ahora «en un paisaje lunar donde antes había bosque y pradera».

Ecologistas en Acción lamenta lo ocasionado con una explotación que es ilegal, «tal y como sentencian los tribunales de manera firme, y a la que viene oponiéndose debido a su clara ilegalidad desde mucho antes a la autorización». Ahora pide a la Junta de Castilla y León que paralice la autorización a UMINSA de manera urgente, «ya que esta actividad ha sido declarada ilegal», y que compense el daño que se ocasionó a los vecinos de Villanueva de la Peña.

El protagonista del caso eólico de Castilla y León se defiende: «ni autorizaba parques eólicos ni participé en trama alguna»

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EFE.- Mientras Ecologistas en Acción critica «a los responsables de la trama eólica» por «utilizar las energías renovables para el lucro personal», el exsecretario de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y uno de los investigados por su supuesta vinculación con irregularidades en la autorización de parques eólicos, Rafael Delgado, negó que fuera él quien los autorizara y que haya participado en trama alguna en una entrevista en el diario El Norte de Castilla.

Sobre su papel en los hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones para agilizar la tramitación de parques eólicos, Delgado aseveró que al no contar con dicho informe por ser confidencial se siente en «absoluta indefensión», aunque niega un enriquecimiento y el cobro de comisiones y llega a afirmar que lo publicado en los medios de comunicación es «cosa de los políticos, que lo lían todo».

«No tengo nada que ver con las operaciones societarias y sus contrapartidas económicas que hayan podido realizar empresas eólicas», indicó respecto a si se enriqueció con la autorización de los parques eólicos. Añadió que su papel se limitaba «a la firma de una de esas autorizaciones, cumpliendo una instrucción de la Dirección General de Energía, que además era un acto debido si el promotor había obtenido el resto de autorizaciones necesarias para llegar hasta ese estado de la tramitación». Delgado recela de los informes que forman parte del procedimiento y avanza acciones legales contra sus autores porque «no son correctos».

Ecologistas en Acción y Atila

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción otorgó los Premios Atila 2016 de Castilla y León, un reproche en forma de galardón, «a los responsables de la trama eólica» por «utilizar las energías renovables para el lucro personal» y no para crear un modelo energético más sostenible. Esta organización ha recordado que este premio sirve para distinguir a quienes han destacado en el pasado año por su contribución a la destrucción del medio ambiente en Castilla y León. Además, han augurado que tras la imputación de los exaltos cargos de la Junta y sus empresas públicas, «previsiblemente con el desarrollo de las investigaciones la lista de imputados se incrementará».

Centran su crítica en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, por «permitir bajo su dirección el desarrollo de la trama eólica, no evitar la corrupción, ni asumir responsabilidad política por lo ocurrido». Como contrapunto a estos premios negativos, Ecologistas en Acción ha concedido el Premio Ecologista a la Cooperativa Energética COOP, que forman consumidores de energía para comercializar energía 100% renovable. «Sin apuestas como la de las personas que impulsan y forman parte de cooperativas de consumo de electricidad sería imposible transitar a un modelo energético sostenible», han concluido.

El CSN prevé resolver en noviembre la petición de renovación de la autorización de operación de Garoña

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Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ya había anunciado que resolvería el informe sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Garoña en el segundo semestre de este año, ha concretado que esa resolución se producirá en torno a noviembre. El informe se emitirá una vez que el titular de la central nuclear “vaya concluyendo todos los trabajos que todavía debe realizar”, en particular las modificaciones de diseño que deben contar previamente con la apreciación favorable del CSN.

Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña formada por Endesa e Iberdrola, pretende seguir operando la planta hasta marzo de 2031, cuando cumplirá los 60 años de actividad. La solicitud de prórroga que planteó requiere de ese informe; de ser negativo implicaría el cierre definitivo de la planta y, en el caso de que sea favorable, sometería el futuro de la central a la decisión del Gobierno. La nuclear lleva parada y desenganchada de la red desde diciembre de 2012, 7 meses antes de que expirase su licencia de operación el 6 de julio de 2013, aunque Nuclenor siempre justificó esta decisión por falta de rentabilidad económica.

El pleno del CSN ha sido informado por los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de que continúa la evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de operación de la central nuclear Santa María de Garoña, de acuerdo a los requisitos y pasos que el pleno estableció en la Instrucción Técnica Complementaria que emitió en julio de 2014, para que una vez «satisfechos y verificados» se pueda emitir el informe correspondiente.

Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción habían alertado del riesgo de que el informe del CSN pudiera emitirse antes de contar con un nuevo Gobierno en España, de manera que el Gobierno en funciones del PP, el único partido que se muestra favorable a conceder la prórroga, pudiera conceder el permiso e hipotecar al siguiente Gobierno, que se vería abocado a pagar una indemnización millonaria por «lucro cesante» si decidiera cerrar la planta atómica burgalesa.

Garoña dice que «seguirá cumpliendo»

Por su parte, desde Nuclenor, el portavoz Elías Fernández Centella confirmó que el planteamiento de la central de Garoña es «seguir cumpliendo los requisitos» de cara a la renovación y que, de hecho, «el CSN sabe todo lo que se está haciendo«. En concreto, ha recordado como algo «que es normal», el hecho de que en la planta el regulador mantiene un inspector residente y que hay inspecciones «constantes» del cuerpo técnico que está viendo la «evolución» de los trabajos.

La petición de renovación se basa en lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Esta modificación legislativa, impulsada por el Gobierno del PP, permitía a las plantas atómicas que no hubieran cerrado por motivos de seguridad nuclear o protección radiológica, sino por motivos económicos, pedir de nuevo su reapertura en el plazo de un año desde su cese de explotación. Nuclenor expuso entonces que «un marco temporal de explotación de estas características» era necesario para que el proyecto fuera «viable», estable y lograr la «certidumbre adecuada» para acometer las inversiones precisas.

“Es un lujo cerrar Garoña”

Desde entonces, la planta está en situación de cese de actividad, a la espera de que «se den las circunstancias administrativas y regulatorias que posibiliten la vuelta a la operación», según el Foro de la Industria Nuclear. En concreto, el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, expresó la preocupación del sector porque un activo industrial como Garoña, que «funciona bien», pueda cerrarse cuando, de hecho, «puede seguir operando a largo plazo«. «Garoña es un activo industrial que funciona. Es un lujo que España, que no es tan lista ni tan rica como para permitirse prescindir de un activo viable que además ha operado más de 40 años de edad y conoce cómo hacer para operar a largo plazo», subrayó Cornadó.

En este sentido, admitió que el futuro de Garoña está «en manos del CSN» y, llegado el caso, de la posterior resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Así, ha garantizado que «está demostrado» por parte de Garoña que es «viable y seguro» operar un reactor más de 40 años, porque ya ha funcionado durante 42 años y que, incluso, un dictamen técnico del CSN aprobado por unanimidad en 2009 era «favorable» a que la planta operase hasta 2019.

De este modo, ha reiterado la defensa del Foro Nuclear sobre la operación del parque atómico a largo plazo, porque «no supone un salto cuantitativo», ya que se está haciendo en otros países, como Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen autorización para operar 60 años. En caso de que, finalmente, el Gobierno de visto bueno a Garoña, ha apuntado que entonces su vuelta a la producción eléctrica dependerá de su titular, Nuclenor, y su programa de plazos de vuelta a la operación.