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Las organizaciones ecologistas avisan al Gobierno de que no basta con 2 días para plantear la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Las ONG ambientales han advertido de que la convocatoria del Gobierno de unas jornadas de dos días de duración para conocer los planteamientos de los distintos actores sobre la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «insuficiente» para analizar las necesidades concretas y esperan que sea el «punto de partida» para empezar a sentar las bases de una norma que permita a España cumplir con los compromisos adoptados en el Acuerdo de París contando con el máximo consenso.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, espera con «interés» este momento porque la ONG espera poder plantear sus propuestas «muy concretas» como una futura Ley inspirada en el modelo de Reino Unido que incluya objetivos de reducción de emisiones cada 5 años y que permiten planificar la reducción con medidas concretas en las distintas administraciones y sectores. Además, señala que las ONG ambientales pedirán «por ley» medidas obligatorias de adaptación y en materia de industria y energía expondrán sus propuestas en presupuestos de carbono. En todo caso, admite que no sabe bien en qué se va a traducir las conclusiones que se extraigan porque se trata de un proceso bastante complejo como para limitarlo a dos días.

Reducir emisiones con cambios “profundos”

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ve positiva la celebración de las jornadas pero «claramente insuficiente» para el cambio profundo que se requiere. «Es un tema tan complejo el cambio climático que no se puede pretender solucionar en dos jornadas», insiste Segura que confía en que finalmente ese sea un proceso más participativo, más continuado y en el que se intercambien las opiniones de distintos sectores. «Espero que nos tomemos el cambio climático en serio y apostemos de verdad por reducir de forma drástica las emisiones de verdad. En los últimos años las emisiones se han reducido por la coyuntura económica, no por un cambio profundo en la economía y la energía«, ha valorado.

En esta línea, el portavoz de energía y cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, indicó que desde la Alianza por el Clima consideran que el proceso «no es suficiente». En concreto, reclama una ley de transición energética que hable de calendarios de cierre concretos de centrales de carbón, térmicas y nucleares; también debe incluir medidas de movilidad sostenible, con planes de reducción claros y que limiten el coche y cambien el transporte. «Haremos propuestas concretas. El proceso está lejos de ser una participación real y efectiva», ha concluido.

La responsable de energía y cambio climático de Greenpeace, Raquel Montón, exige esta ley  pero advierte de que las jornadas pueden quedar como algo «de cara a la galería», sin contenidos claros que respondan al papel que debe jugar España en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, exige objetivos ambiciosos, medidas claras y realistas. Montón lamentó que dos jornadas no son suficientes y entiende que «solo tienen sentido común como punto de partida». En definitiva, en su opinión, lo más importante de la futura ley es que el objetivo sea «ambiental» y no a la medida de los intereses económicos porque debe garantizar que en 2050 el sistema energético sea 100% renovable.

Ecologistas pide a las compañías eléctricas que abandonen los proyectos hidroeléctricos de América en los que «se atenta contra activistas»

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Europa Press.– Ecologistas en Acción ha escrito a los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa y al de la CEOE para que abandonen los proyectos hidroeléctricos en los que «se usa la violencia contra activistas que defienden el medio ambiente«, de modo que «sean coherentes con la resolución aprobada en el Consejo Nacional del Agua, el pasado 16 de marzo».

La organización denuncia en esta misiva que en los últimos años «han aumentado los asesinatos a defensores del medio ambiente, especialmente de los ríos, porque se oponían a grandes proyectos hidroeléctricos, sobre todo en países como Honduras, Guatemala, Brasil y Colombia». Por ello Ecologistas en Acción presentó en el Consejo Nacional del Agua (CNA) celebrado el pasado 16 de marzo una resolución de condena de estos hechos que, según apunta, fue aprobada por unanimidad. Por ello, insta a los responsables de la CEOE como de las eléctricas a que, «por coherencia» con el pronunciamiento del CNA, se comprometan a su «inmediata salida» de aquellos proyectos hidroeléctricos «en lo que se genere en el futuro algún tipo de violencia contra activistas«.

UNEF y las organizaciones ecologistas lamentan que el Gobierno desoye sus propuestas para la subasta de renovables

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Europa Press.- Varias organizaciones empresariales y ecologistas lamentan que el Gobierno haya desoído sus propuestas conjuntas sobre el diseño de la subasta de renovables convocada para el próximo 17 de mayo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Fundación Renovables, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, entre otras asociaciones, señalan que las reglas de esta nueva subasta, lejos de atender a la necesidad de alcanzar los objetivos de energías renovables, «van en contra de su desarrollo lógico y reinciden en los errores de la última convocatoria».

Consideran que con esta planificación el Ejecutivo hace «una apuesta descarada» por las grandes instalaciones y por los grupos financieros al aumentar a 200 megavatios (MW) el límite máximo de la cantidad que se puede ofertar en un tramo indivisible, frente a los 100 MW de la propuesta inicial. De esta manera, lamentan que el Gobierno «desperdicia de nuevo una oportunidad de democratizar la energía» al no apostar por la generación cercana al consumo ni por el deseo de la ciudadanía de fomentar el acceso a los pequeños productores y de abrir la participación en la subasta de nuevos actores.

Además, critica que se constata «la falsa neutralidad» tecnológica de la subasta, al no establecer subastas específicas por tecnologías y enfrentar a las renovables entre sí, «ignorando su complementariedad y los importantes beneficios derivados de un mix renovable diversificado«. Para estas asociaciones, el Gobierno «sigue apostando» por favorecer a los grandes grupos empresariales y por convertir a las energías renovables en un producto financiero, «valorando más su capacidad para generar plusvalías que la de generar electricidad en función de las necesidades del sistema». Así, piden un sistema de subastas «adecuado y transparente para cumplir con los objetivos fijados para 2020/2030».

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

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EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Tejerina señala a las organizaciones ecologistas que la Ley de Cambio Climático se redactará tras un debate multisectorial en mayo

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado a las organizaciones ecologistas que la ley de Cambio Climático y transición energética se redactará después del debate o conferencia multisectorial que el Gobierno está organizando para finales de mayo, en el que se escuchará la voz de todas las partes y sectores implicados. Así se lo trasladó Tejerina a los representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, conocidos como el G5 ambiental.

El coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha explicado que García Tejerina les indicó que la elaboración de la ley comenzaría después de esta conferencia multisectorial. «Calculamos que será en junio», considera. A ese respecto, le trasladaron a la ministra los “riesgos” que plantea el paquete de invierno de clima y energía de la Unión Europea, en el que asegura que dos de cada tres instalaciones previstas son de gas y le han advertido de que, si se ponen en marcha, impedirá alcanzar en 2050 el objetivo de reducir un 85% las emisiones de CO2. «El gas natural no es tan limpio. Genera muchas emisiones y tiene riesgos de fuga de metano, que es muy contaminante», ha indicado.

Las ONG reclamaron a la ministra que se esforzase y pelease un aumento de los presupuestos generales del Estado que, para este año, plantean una reducción del 45% en las partidas de cambio climático. Segura ha señalado que desde el Ministerio aseguran que el recorte no es tal porque algunas de las partidas ahora están dentro de los capítulos de Costas, Parques Nacionales o Agua.

Asimismo, le reclaman a la ministra que «pelee» en los presupuestos la partida para mejora del dominio público hidráulico a partir de la reforma del decreto de Dominio Público Hidráulico que se reformó en 2015 e incorporó un canon del 22% de la facturación de las empresas hidroeléctricas como tasa por turbinación del agua en las de más de 50 megawatios y del 2,2% para las de menor capacidad. Segura ha dicho que aproximadamente en 2015 facturaron unos 200 millones de euros y ese importe, que la ley obliga a que se destine a una partida para la mejora del dominio público hidráulico, «no aparece en los presupuestos». «Le hemos pedido que lo pelee», concluyó.

Las organizaciones ecologistas denuncian el «hachazo» presupuestario al Medio Ambiente, que creen que «no es una prioridad para el Gobierno»

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas lamentan el «nuevo retroceso» presupuestario que tendrá el medio ambiente en 2017 y que evidencia que esta materia «no es una prioridad del Gobierno» ya que, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos del Estado, tendrá un «hachazo» en su asignación del 8,1%, de modo que contará con 1.723 millones de euros.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha criticado la ausencia de toda mención a la fiscalidad verde. Precisamente, considera que los Presupuestos Generales del Estado son «tan rácanos» por la «baja tasa fiscal» y lamenta que el Medio Ambiente acumule un descenso del 75% respecto a los de 2011. Además, González reconoce que esperaba que el Gobierno iniciara una política de fiscalidad verde a través de la eliminación de las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha censurado el descenso presupuestario que supone «un nuevo recorte» que se suma a la disminución de un 70% en estas partidas en la última década. «Queda claro que el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno», ha sentenciado. En general, ha advertido de que el proyecto presupuestario presentado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta «muchas carencias» en áreas como residuos o calidad del aire. «No se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado», ha apostillado.

Desde Greenpeace, también han criticado el «hachazo» presupuestario a la lucha contra el cambio climático y advierte de que con esta cuantía la «anunciada» Ley de Cambio Climático nacerá sin capacidad ejecutiva. La ONG critica que el Gobierno antepone las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa, que se carga a los consumidores, y evidencia su «desinterés» por el cambio climático. El «hachazo» de esta partida en 2017 prevé una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos que los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático se presupuestan 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos.

A este respecto, la responsable de la campaña de cambio climático de la organización, Tatiana Nuño, lamenta la «señal política muy negativa de falta de compromiso» para cumplir con el Acuerdo de París «justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump» y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables. Por ello, exige al Ejecutivo «coherencia» para dotar económicamente la ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de diciembre.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha valorado de forma preliminar los presupuestos presentados para 2017 y advierte de que las partidas presupuestarias que se destinarán a medio ambiente «difícilmente» permitirán cumplir los objetivos. «Es triste comprobar cómo en menos de 10 años el presupuesto se ha visto reducido en un 70%. Un año más el medio ambiente da una merma en sus presupuestos», lamenta.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, denuncia el «hachazo» en partidas clave como biodiversidad y cambio climático. «Ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el país de mayor biodiversidad de Europa», denuncia.  A su juicio, este Ministerio está «infrafinanciado» mientras la biodiversidad «se va de las manos» y empeora «año tras año».

Por su parte, el partido verde Equo considera que con este «enorme recorte» medioambiental, el Gobierno obvia las consecuencias que tiene el cambio climático para España. Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que «importan los hechos, no las palabras» y que las prioridades políticas se demuestran «poniendo recursos» económicos. «Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor», ha apostillado.

Las organizaciones ecologistas piden en el Congreso una ley de fiscalidad ambiental basada en el principio de «quien contamina, paga»

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Europa Press.- Las cinco principales organizaciones ecologistas en España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han pedido en el Congreso de los Diputados una nueva ley de fiscalidad ambiental con la que se primen las buenas prácticas.

Según el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez Vargas, que ha actuado como portavoz de las asociaciones, se trata de poner en marcha el principio de que «quien contamina, paga» que, además, según ha indicado, «es una medida rápida y que se puede poner en marcha inmediatamente«. Esta ley, junto con otras medidas son parte de la Hoja de Ruta medioambiental para 2017 que los ecologistas han presentado ante la Comisión de Medio Ambiente. Rodríguez Vargas ha criticado la ausencia de las políticas ambientales dentro de las «prioridades» del Parlamento y ha asegurado que «la sensación» es que estas medidas suelen ser «un tema marginal».

En este sentido, denunció la inacción que existe en cuanto a la puesta en marcha de un cambio de modelo energético para España, una de las principales reclamaciones desde hace años que el Ejecutivo aún no ha abordado o, al menos, según indicó Rodríguez, no se conocen medidas que se estén aplicando actualmente al respecto. La sugerencia de Rodríguez al respecto es la puesta en marcha de una auditoria energética que permita al Gobierno conocer «la situación real» del país y poder, a partir de ahí, «trazar la transición que permita cumplir con los objetivos de París» en esta materia.

Finalmente, el último bloque de esta hoja de ruta plantea una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con el desarrollo de una Ley de Cambio Climático y apostando por la calidad del aire; y el freno a la contaminación química. Sobre este punto se ha centrado en la toma de medidas necesarias para que el aire que respiren los españoles sea de calidad a mitad de siglo y, entre sus principales iniciativas está la de eliminar y regular las emisiones de automóviles.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Ecologistas en Acción aplaude el plan de calidad del aire de Madrid por «realista y ambicioso»

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Europa Press.- Ecologistas en Acción ha aplaudido el Plan A de calidad del aire presentado por el Ayuntamiento de Madrid al considerarlo «realista y ambicioso», aunque han criticado de él los aparcamientos en la corona metropolitana, ya que implica un reclamo para seguir utilizando el automóvil,» y el sistema de pegatinas.

Este punto se critica por el «pésimo diseño de las pegatinas distribuidas por la DGT al 50% del parque móvil más limpio, que va a dificultar la efectividad de las medidas». Estas pegatinas «ignoran el fraude generalizado en las emisiones de los vehículos diésel, por lo que la medida no será tan efectiva como si fuera sobre las emisiones reales».

En general, Ecologistas en Acción hace una «valoración positiva» del Plan A en el que, «por primera vez», se identifica «con nitidez» al principal responsable de la mala calidad del aire, el tráfico rodado. «Se diseñan medidas ambiciosas para reducir la circulación de automóviles, en especial de los más contaminantes. Ahora sólo falta que las medidas que ya están claramente diseñadas se ejecuten y el resto se concreten lo antes posible», apostillaron desde la organización.

La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía por la «amenaza» que suponen los proyectos gasísticos

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunió con la plataforma Salvemos Doñana, que reclama el amparo de este organismo por la posible «amenaza» para la conservación del espacio natural que, a juicio de la organización, suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio promovidos por Gas Natural Fenosa.

El colectivo indicó que el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto. Según el Defensor, Maeztu señaló que, hasta que se realice un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor está valorando la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario «de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales». Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que «el efecto acumulativo de los 4 por separado no es el mismo que la suma de los 4 efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto«, añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas «importantísimas, y el estudio ni las nombra».

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la «dudosa utilidad pública» que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, «demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión». El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según Romero, «todavía estamos esperando».