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Colombia anuncia la liquidación y venta de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, y el Gobierno exige seguridad jurídica

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Europa Press.– La reacción del Ministerio de Exteriores a este anuncio fue instar al Ejecutivo colombiano a alcanzar «una solución satisfactoria que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica». Todo ello después de que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, anunciara el inicio de un proceso de venta por liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa intervenida a finales del 2016 por las autoridades locales.

«La compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe», aseguró Mendoza. El superintendente aseguró que la filial se venderá a un nuevo operador capaz de asumir las nuevas inversiones y que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme a la ley. «Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa», afirmó el presidente del organismo, antes de destacar que la operación «no costará un solo peso a los colombianos«.

Respecto a la posibilidad de que la compañía española acuda a los tribunales internacionales para denunciar la medida, Mendoza aseguró que «todas las decisiones son susceptibles de ser demandadas, pero la amenaza de una demanda nacional o internacional no puede hacer que esta Superintendencia se abstenga de adherirse a los estándares legales cuanto se trata de una empresa en quiebra». Mendoza también aseguró que el proceso de liquidación comenzará «inmediatamente», será «absolutamente público» y tendrá una duración cercana a un año. El objetivo será «encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa caribeña» y que asuma las inversiones necesarias para acabar con el «avanzado deterioro» de las redes locales.

Para acometer el proceso, las autoridades colombianas habilitarán un «cuarto de datos» y un proceso de due diligence, de cara a la celebración de una subasta «pública y competitiva» para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, Electricaribe seguirá siendo administrada por un agente especial de la Superintendencia. Las autoridades intentarán vender la filial «al mayor precio, para beneficio de los usuarios y de los acreedores» de la empresa, aseguró Mendoza, quien negó «intereses políticos u ocultos» en el proceso, que responde a motivaciones «absolutamente técnicas».

El superintendente aseguró que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) corresponden a entidades financieras. Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertirá en el «eje central del proceso de selección», asciende a 240.000 millones de pesos (75 millones de euros) anuales. Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa, fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 14 de noviembre, situación que se amplió por dos meses en enero, hasta el 11 de marzo.

El Gobierno pide seguridad jurídica

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lamentó la decisión anunciada por el Gobierno de Colombia de liquidar la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe), controlada por Gas Natural Fenosa. Según pone de manifiesto, dicha decisión «no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica», a pesar de las «circunstancias adversas ajenas».

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno reitera su preocupación ante la situación generada por la liquidación de una empresa cuya matriz española «es puntera en los sectores en los que opera y con gran sensibilidad social, que lleva años trabajando en Colombia». Por ello, asegura que «seguirá brindando su apoyo» a Gas Natural Fenosa si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición e insta al Gobierno de Colombia a que siga dialogando con la compañía, de manera que se pueda alcanzar «una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica».

Sacyr gana 120 millones de euros en 2016 tras revalorizar sus acciones en la petrolera Repsol a 16,8 euros

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Europa Press.– Sacyr obtuvo un beneficio neto de 120,24 millones de euros en 2016, impulsado por la revalorización que ha realizado en el precio al que contabiliza su inversión en Repsol, petrolera de la que es segundo accionista con una participación del 8,2%. La constructora que preside Manuel Manrique recoge en sus cuentas del pasado año una contribución total de 197 millones de euros por su porcentaje en Repsol y por el «incremento patrimonial registrado por esta compañía».

Concretamente, Sacyr elevó hasta 16,8 euros por acción el precio al que tiene registrada en libros su participación en Repsol. Se trata de un precio un 7,69% superior al de 15,6 euros al que tenía anotado hasta ahora su porcentaje en Repsol, que además es un 21,5% superior al actual valor de mercado de la petrolera. Esta empresa concluyó el ejercicio 2016 en Bolsa a un precio de 13,420 euros por acción. Con esta revalorización del precio de Repsol, la constructora pretende adaptar el valor de sus títulos de Repsol a las mejores perspectivas de negocio de la petrolera, el aumento de sus reservas y la recuperación de su cotización.

A pesar de ello, el resultado de Sacyr arroja un descenso del 67% en comparación al de 370 millones contabilizado en 2015, si bien en ese ejercicio las cuentas de la constructora registraron distintos extraordinarios tanto positivos (plusvalías de 1.280 millones de euros por la venta de Testa) como negativos (como la devaluación del precio de Repsol por la caída del crudo). La estrategia de reducción de deuda y cubrirse ante riesgos por las oscilaciones del mercado de petróleo y la consiguiente fluctuación de la cotización de Repsol llevó a la compañía a recortar su deuda vinculada a la petrolera mediante la suscripción de derivados.

En virtud de estas operaciones, y el cierre de la venta de Testa, Sacyr liquidó algo más de la mitad (el 53,5%) de la deuda vinculada a Repsol, esto es, 885 millones de euros, hasta situarla en 769 millones de euros. De esta forma, ha limitado hasta el 20% su peso en el pasivo total de la compañía, que se sitúa en 3.726 millones, un 10,8% menos que en 2015. En el plano operativo, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) progresó un 13% el pasado año, hasta los 360 millones.

Repsol bate previsiones y gana 1.736 millones de euros en 2016, su mejor resultado en cuatro años

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Europa Press.- Repsol registró un beneficio neto de 1.736 millones de euros en 2016, frente a las pérdidas de 1.398 millones de euros de un año antes, según indicó la petrolera, que destacó que se trata del mayor resultado alcanzado en los últimos cuatro años.

Dicho beneficio, con el que el grupo bate previsiones, refleja la fortaleza y flexibilidad de los negocios, especialmente tras la adquisición de Talisman, y el éxito del programa puesto en marcha para responder a la caída de los precios del crudo y del gas. Como consecuencia de todo ello, el beneficio neto alcanzó los 1.736 millones de euros y fue superior en más de 3.100 millones de euros al del ejercicio 2015, en el que la compañía realizó provisiones extraordinarias ante la posible persistencia de un escenario de precios deprimidos del crudo y del gas.

El beneficio neto ajustado, que se situó en 1.922 millones de euros, fue un 4% superior a los 1.852 millones de euros obtenidos en 2015, ejercicio en el que se incluyeron resultados financieros excepcionales de 500 millones de euros, derivados fundamentalmente de la posición en dólares que tenía la compañía tras cobrar la expropiación de YPF. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 5.226 millones de euros, un 18% superior al obtenido en el 2015, apoyado también en los ahorros derivados de los programas de eficiencia.

Mientras, la deuda neta del grupo dirigido por Josu Jon Imaz se redujo en 3.790 millones de euros, un 32%, situándose a cierre del ejercicio en 8.144 millones de euros. El ratio deuda neta sobre Ebitda mejoró un 42%, hasta situarse en 1,6 veces. Por su parte, la liquidez de la petrolera a cierre de 2016 ascendía a 9.300 millones de euros. Asimismo, Repsol batió en 2016 su objetivo de sinergias y eficiencias para el conjunto del año, obteniendo más de 1.600 millones de euros, un 150% de lo previsto inicialmente. En 2017, la compañía señaló que incrementará esta cifra hasta los 2.100 millones de euros de ahorros, superior a las expectativas y anticipando así el objetivo establecido para 2018.

Todas las áreas de negocio de Repsol obtuvieron resultados positivos, con un destacado comportamiento del upstream (Exploración y producción), que incrementó en 977 millones de euros su resultado neto ajustado respecto al año anterior, hasta situarlo en 52 millones de euros, en un escenario marcado por los deprimidos precios de las materias primas, con un precio medio de 43,7 dólares por barril para el Brent y de 2,5 dólares/millón de Btu para el Henry Hub.

Por su parte, el downstream (Refino, química, marketing, lubricantes, Trading, GLP y gas & power) obtuvo un beneficio neto ajustado de 1.883 millones de euros, impulsado por las ventajas competitivas derivadas del modelo integrado de negocio de Repsol, la calidad de sus activos de refino, el buen desempeño de la parcela de Química y los mejores resultados de los negocios comerciales. En cuanto al refino, se vio afectado por las paradas plurianuales de mantenimiento programadas en los complejos industriales de Cartagena y Tarragona. El índice de margen de refino en España se situó en 2016 en 6,3 dólares por barril, frente a los 8,5 dólares por barril registrados en 2015.

Repsol cerró el ejercicio con una producción media de 690.200 barriles equivalentes de petróleo diarios, un 23% más que en 2015. Asimismo, incrementó sus reservas de hidrocarburos hasta los 2.382 millones de barriles equivalentes de petróleo, con una tasa de reemplazo del 103%. Estas reservas y los proyectos ya en curso garantizan una producción media de 700.000 barriles por día hasta 2020, que se mantendrá hasta 2025 con otros descubrimientos ya realizados que se empezarán a desarrollar en los próximos dos años. Paralelamente a esta producción, la compañía mantendrá hasta 2020 una tasa de reposición de reservas media del 100%.

Enagás gana 417,2 millones de euros en 2016, un 1,1% más, y supera los objetivos marcados por décimo año consecutivo

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Europa Press.- Enagás obtuvo un beneficio neto de 417,2 millones de euros en 2016, lo que representa un 1,1% más que en 2015, por encima del objetivo que se había marcado de incrementar su resultado un 0,5%, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, la compañía que gestiona el sistema gasista español supera, por décimo año consecutivo, todos los objetivos establecidos a principio de año.

La empresa destacó que la contribución de sociedades participadas al beneficio fue del 10% y ha precisado que su cuenta de resultados recoge un impacto negativo de 41,5 millones de euros por la terminación de Gasoducto del Sur Peruano (GSP). Asimismo, el FFO (Funds from Operations) al final del ejercicio aumentó hasta los 756,8 millones de euros, un 8,6% superior al generado en el mismo periodo del ejercicio 2015. Los dividendos recibidos de sociedades participadas por importe de 90,5 millones de euros están por encima del objetivo de 65 millones marcado a principio de año.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía gasista se redujo un 2% el año pasado, hasta los 882,6 millones de euros, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) ascendió a 610,5 millones de euros, con un avance del 1,4% sobre 2015. Los ingresos totales de Enagás bajaron un 0,3% en 2016 y se situaron en 1.218,3 millones de euros. Las inversiones efectuadas por la compañía en 2016 totalizaron 912,2 millones de euros, de los cuales 199,3 millones de euros han sido invertidos en España, teniendo en cuenta la adquisición del 42,5% de Saggas, y 712,9 millones de euros en inversiones internacionales.

El endeudamiento financiero neto de la compañía al finalizar el año 2016 se situó en 5.088,7 millones de euros, lo que supone un ratio de FFO sobre deuda neta del 15%. La cifra de deuda neta incluye el importe de las garantías bancarias y de fiel cumplimiento, asociadas a la terminación de la concesión de GSP (221 millones de euros), aunque la salida de caja de las mismas se ha producido en el ejercicio 2017. El coste neto medio de la deuda al finalizar 2016 se situó en el 2,4%, inferior al 2,7% registrado en la misma fecha de 2015.

La demanda de gas natural del mercado nacional alcanzó 321.495 GWh, un 2,1% superior a la alcanzada en 2015, lo que supone el segundo año consecutivo con crecimientos en demanda. En 2016 la demanda industrial de gas natural registró un incremento del 3,3%, en línea con la evolución de la economía. Además, el consumo de gas natural en los hogares, comercios y pymes creció un 3,2% con respecto al 2015, debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos clientes y a unas temperaturas ligeramente inferiores a las de 2015. Por último, la demanda de gas natural para generación de electricidad, registró en 2016 un descenso del 2,6% con respecto al 2015.

Abengoa eleva al 93,97% el apoyo a su plan de reestructuración mientras se piden 5 años de prisión para Benjumea

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EFE / Servimedia.- La Plataforma de Perjudicados por Abengoa exige 5 años de prisión para el expresidente del grupo andaluz Felipe Benjumea y 4 años y 3 meses para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por presunta administración desleal en el pago a sí mismos de indemnizaciones millonarias. Por otro lado, el periodo adicional de adhesiones al acuerdo de reestructuración se cerró con el respaldo de acreedores financieros que suman el 93,97% de su deuda, según comunicó la empresa a la CNMV.

Abengoa tuvo que recurrir al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento de más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores, en lo que hubiera sido la mayor quiebra de la historia de España. En septiembre del 2016, la empresa y una parte de sus acreedores lograron firmar un contrato de reestructuración con lo que evitó así presentar el concurso de acreedores. En octubre, Abengoa presentó en el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración con la adhesión del 86% de su deuda. El juzgado homologó ese acuerdo en noviembre y, a mediados de enero, se abrió ese periodo adicional de adhesiones.

Tras recibir más del 75% de adhesiones como exige la ley, Abengoa lograba escapar del concurso de acreedores. El acuerdo incluía la capitalización de un 70% del importe de los créditos, recibiendo a cambio un 40% del capital social de Abengoa, post-reestructuración. Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de senior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,50% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización mencionada. La propuesta de reestructuración de la deuda financiera preexistente consiste en aplicar una quita del 97% de su valor nominal, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.

Piden prisión para antiguos directivos

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que agrupa a accionistas y bonistas, ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra Benjumea y Sánchez Ortega por presunta administración desleal en el pago de indemnizaciones millonarias, y también contra otro expresidente, Antonio Fornieles, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, según consta en el escrito de acusación. Benjumea recibió 11,48 millones de euros al dejar la empresa y Sánchez Ortega, 4,48 millones.

Las penas pedidas por la plataforma coinciden con las solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito de acusación, aunque no las multas reclamadas. La plataforma pide 5 años de prisión y 180.000 euros de multa (600 euros diarios durante 10 meses) para Benjumea; 4 años y 3 meses de prisión y multa de 144.000 euros (600 euros diarios durante 8 meses) para Sánchez Ortega; y 3 años y 6 meses y multa de 72.000 euros (400 euros diarios durante 6 meses) para Fornieles, Gracia y Velarde.

Además, les reclama el pago de 10,56 millones de euros en concepto de responsabilidad civil derivada del presunto delito de administración desleal. No obstante, recuerda que el pago de las indemnizaciones «ilícitamente percibidas» ha causado a Abengoa un daño de 15,68 millones, el mismo importe de las compensaciones entregadas. Según el escrito de acusación, Benjumea y Sánchez Ortega «decidieron abandonar sus puestos ejecutivos para percibir unas millonarias indemnizaciones, patentemente desproporcionadas en atención a la grave situación económica de la compañía». Para ello, añaden, se sirvieron «de la inestimable colaboración necesaria» de Fornieles, Gracia y Velarde, integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del consejo de administración de Abengoa.

Desestimada la denuncia de Gas Natural contra un consumidor

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EFE.- Un juzgado de Madrid ha desestimado la demanda de Gas Natural Servicios Generales contra un consumidor por supuestos consumos realizados en la vivienda de la que no era propietaria al haber entregado el piso «por dación de pago» a la entidad financiera Bankia en el año 2009. La empresa solicitaba en la demanda el abono de 4.449,85 euros por facturas impagadas, además del abono de las cantidades pendientes de facturar desde la última lectura hasta la desconexión del punto de suministro.

La defensa de la denunciada alegó que parte de las facturas reclamadas eran anteriores a los certificados acreditativos de contratos que aportaba la compañía. Por ello, a su entender, carecía de acreditación que la demandada fuera deudora de lo que la compañía decía pues no acreditaba la existencia de contrato, y tampoco su consumo al no ser propietaria del piso.

Sacyr liquida otros 319 millones de euros de su deuda asociada a Repsol

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Europa Press.– Sacyr pagó anticipadamente otros 319,5 millones de euros de la deuda que tiene asociada a la participación del 8,4% que ostenta como segundo accionista de Repsol, con lo que ha recortado un 29% este pasivo hasta situarlo en 769 millones de euros, según indicó la compañía de construcción. El grupo que preside Manuel Manrique ha obtenido los fondos para realizar esta amortización al firmar una nueva operación de derivados con parte de los títulos de la petrolera.

La constructora ha logrado la financiación poniendo como garantía 30 millones de acciones de Repsol equivalentes a un 2,1% del capital de esta empresa y al 25% de la participación total de Sacyr. Sacyr, que mantiene la propiedad y los derechos sobre toda su participación del 8,4%, enmarca la operación en su estrategia de reducir su endeudamiento y recortar los riesgos asociados a su inversión en la petrolera, especialmente los derivados de las variaciones del precio del petróleo. Además, la constructora asegura que la operación le permite no tener que poner garantías adicionales al préstamo si las acciones incluidas en los derivados bajan de la cota de los 11,9 euros.

Esta operación de derivados con títulos de Repsol es igual a la que Sacyr realizó el pasado 29 de septiembre. Entonces liquidó 213 millones de deuda al empeñar títulos representativos del 1,4% de la petrolera. Así, en lo que va de año, la constructora amortizó anticipadamente 885 millones (un 53%) de la deuda vinculada a Repsol, que queda ahora situada en 769 millones de euros, el 19% del pasivo total de 4.021 millones que el grupo presentaba al cierre de septiembre. Los títulos de la petrolera actualmente se sitúan en torno a los 13 euros. Sacyr tiene contabilizada su participación a 15,6 euros por acción.

No obstante, los derivados son un activo financiero y se puede liquidar en acciones o en efectivo. En este caso, la operación constituiría una puerta de salida o de reducción de la posición de Sacyr en el capital de Repsol, donde desembarcó en 2006 y en el que llegó a tener un 20% del capital. La firma de estos dos contratos de derivados por parte de la constructora tiene además lugar después de que Repsol haya reducido su dividendo y que, en paralelo a CaixaBank, disminuyera a la mitad su participación en Gas Natural Fenosa.

Abengoa logra la homologación judicial para su plan de salvación mientras su filial británica inicia movimientos para reestructurar su deuda

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EFE / Servimedia.- Abengoa ha anunciado que su filial británica, Abengoa Concessions Investments Limited (ACIL), ha iniciado un proceso en Reino Unido para la reestructuración de su deuda, en el marco del plan de viabilidad de la compañía. El anuncio se produce después de que el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla dictase un auto en el que declara la homologación judicial del acuerdo de reestructuración de Abengoa, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo, que cumple los requisitos formales y materiales exigibles y los porcentajes necesarios, se extiende a todos los acreedores de pasivos financieros de Abengoa, aunque no lo hayan suscrito o hayan mostrado su disconformidad con el mismo. El juez asume las conclusiones a las que llega el informe de un experto independiente, que mantiene que el plan de viabilidad preparado por la dirección de la compañía «es razonable y realizable«. Abengoa presentó al juez el plan reestructuración con apoyo del 86% de la deuda, más del 75% de los acreedores financieros que exigía la ley. Una vez publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abre un plazo de 15 días para la impugnación del auto.

Con este paso, Abengoa logra el requisito necesario para salir de la situación de preconcurso de acreedores que pidió hace un año y para aplicar su plan de reestructuración, lo que se materializará en la junta general extraordinaria de accionistas el 22 de noviembre. Abengoa tuvo que recurrir al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento de más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores, en lo que hubiera sido la mayor quiebra de la historia de España. En estos meses, Abengoa ha reducido su plantilla en 9.000 personas, al pasar de 26.000 empleados en todo el mundo a los 17.000 actuales, y ha realizado importantes desinversiones.

El pasado agosto, el grupo logró cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda con sus principales acreedores, que prevé la inyección de 1.170 millones de euros, quitas a la deuda y una nueva estructura de capital. Con el visto bueno del juez, el acuerdo se someterá a la junta extraordinaria, de la que saldrá una nueva Abengoa presidida por Gonzalo Urquijo. También se votarán las ampliaciones de capital que darán lugar a la nueva estructura societaria en la que los actuales accionistas verán diluida su participación al 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores tendrán el 95% restante. La presencia de los Benjumea se quedará alrededor del 1,5%.

La filial británica también actúa

La compañía también explicó que su filial británica inició un proceso conocido como Company Voluntary Arrangement (CVA) conforme a lo previsto en la Ley Inglesa de Insolvencias. La finalidad del CVA es comprometer las obligaciones de ACIL como garante bajo los préstamos y los bonos frente a los acreedores garantizados que no se adhieran al contrato de reestructuración antes del final del periodo de adhesiones complementario. De este modo, se entregó a los acreedores de la filial británica de Abengoa una copia de los documentos del CVA, entre ellos la convocatoria de la asamblea de acreedores, que se celebrará el 24 de noviembre en Londres, y la propuesta de CVA.

Los préstamos afectados que la filial de Abengoa en el Reino Unido garantiza tienen un importe total de 1.552,9 millones de euros. Se trata de un contrato de préstamo sindicado de fecha 30 de septiembre de 2014 por 1.397,9 millones de euros; uno de financiación corporativa del 6 de julio de 2015 por 125 millones y uno de financiación corporativa de fecha 30 de julio de 2015 por 30 millones.

En cuanto a las emisiones de bonos afectadas que ACIL garantiza, hay 7 en euros por un importe de 2.840 millones y otras 4 en dólares por un importe de 1.679 millones. Se trata de dos emisiones de bonos convertibles no garantizados de Abengoa, una por importe de 250 millones de euros a un tipo de interés del 4,5% y vencimiento en 2017 y otra por 400 millones al 6,25% y vencimiento en 2019; una emisión de bonos sénior de Abengoa por 500 millones al 8,5% y vencimiento en 2016 y una de bonos sénior garantizados de la filial Abengoa Greenfield por 265 millones al 5,5% y vencimiento en 2019.

Además, ACIL garantiza tres emisiones de bonos sénior garantizados de Abengoa Finance, una por 550 millones al 8,875% y vencimiento en 2018, otra por 375 millones al 7% y vencimiento en 2020 y otra por 500 millones al 6% y vencimiento en 2021. En dólares, ACIL garantiza una emisión de bonos canjeables de Abengoa por 279 millones al 5,125% y vencimiento en 2017, una de bonos sénior garantizados de Abengoa Greenfield por 300 millones al 6,5% y vencimiento en 2019 y dos de bonos sénior garantizados de Abengoa Finance, una por 650 millones al 8,875% y vencimiento en 2017 y otra por 450 millones al 7,75% y vencimiento en 2020.

Gas Natural Fenosa espera recibir más de 60 millones de euros por la compensación del bono social

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Redacción / Agencias.- Gas Natural Fenosa, que a través de su filial Global Power Generation (GPG) acordó adquirir a Grupo Gransolar una participación mayoritaria del 85% en dos plantas solares en Brasil, estima que la compensación que recibirá como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el bono social eléctrico ascenderá a algo más de 60 millones de euros. Así lo reveló el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca, que también ha pedido “seguridad jurídica” a Colombia para que Electricaribe “sea viable”.

Volviendo a la sentencia del Alto Tribunal, que exige indemnizar a las compañías por lo abonado desde 2014 para financiar este descuento del 25% aplicado al recibo de la luz de diversos colectivos, en el caso de Gas Natural su cálculo es que percibirá algo más de 20 millones de euros por cada año. Esta compensación es uno de los aspectos que permitirán a la compañía mejorar su resultado en lo que queda de ejercicio.

Además, la compañía espera otra compensación de 45 millones de euros por la inaplicación de la subida de las tarifas de gas en Argentina. Dicha subida fue aplicada el 1 de abril pero quedó suspendida por la Corte Suprema de Argentina por un defecto de forma, por lo que no ha podido ser efectiva hasta el 1 de octubre. Como consecuencia, la gasista dejó de ingresar estos 45 millones por los que espera ser compensada.

Importantes problemas financieros en Colombia

En cuanto al conflicto que mantiene en Colombia por los impagos a su filial Electricaribe, Villaseca confía en alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos, basado en la aplicación de un marco regulatorio fiable que ofrezca seguridad jurídica y evite fraudes e impagos ya que, de no ser así, la actividad en el país “no es viable”.

De hecho, debido a la actual situación, el beneficio después de impuestos de la filial del grupo en el Caribe registró pérdidas de alrededor de 24 millones de euros hasta septiembre, frente a los 14 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del 2015. Electricaribe está participada en un 85% por Gas Natural y en el otro 15% por el Gobierno colombiano. Villaseca precisó que a 30 de septiembre de 2016 el importe total de facturas impagadas ascendía a 1.259 millones de euros, importe provisionado en aproximadamente un 83%.

En este sentido, el director general económico-financiero de la multinacional, Carlos J. Álvarez, ha precisado que Gas Natural considera la parte restante de la deuda «recuperable», y ha añadido: «El tiempo dirá cuánto de eso vamos a recuperar y cuánto no porque no ha sido posible en el camino». En cualquier caso, el responsable financiero ha asegurado que Gas Natural dota cada factura no cobrada a los seis meses. En esta línea Villaseca ha precisado que, en lo que va de año, se han provisionado 150 millones del total de 1.259 con que está dotado.

Villaseca ha subrayado que los elevados índices de deuda y de fraude en la compañía están provocando una «delicada» situación de tesorería. Por ello, Gas Natural está «dialogando con el Gobierno colombiano» para intentar que «exista un marco regulador razonable que permita que la morosidad y el fraude se repriman también a niveles razonables», de forma que ello permita invertir en la zona, ha dicho Villaseca. Si se dan estos requisitos, «es perfectamente posible pensar en la viabilidad futura de Electricaribe; sin esto, sinceramente, nos tememos que el proyecto no cuadra sea cual sea la medida local que se tomara», ha avisado el consejero delegado.

En cualquier caso, los directivos de Gas Natural han aclarado que la sociedad matriz del grupo «no tiene prestados avales a ninguna de las deudas del grupo colombiano». Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona. En concreto, Electricaribe distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas en Colombia por fallos en el servicio.

En octubre trascendió que Gas Natural Fenosa reclamaba unos 1.000 millones de deuda acumulada a Colombia. Gas Natural alega que su filial Electricaribe no puede dejar de suministrar electricidad pese a su problema de morosidad y fraude, y para resolver esta situación la multinacional ha solicitado abrir un diálogo de 6 meses al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España. En el caso de no alcanzar un acuerdo, una opción que está sobre la mesa es recurrir al arbitraje internacional llevando el conflicto al Ciadi, organismo que depende del Banco Mundial.

Compra plantas solares en Brasil

Respecto a las plantas solares adquiridas en Brasil a Grupo Gransolar, la compañía tiene previsto invertir aproximadamente 85 millones de euros para desarrollar el que será su primer proyecto de generación eléctrica en el país. La producción estimada del proyecto será de 154 gigavatios hora (GWh) anuales. Los parques solares, denominados Sobral I y Sertao I, de unos 60 megavatios (MW), están situados en la región de Piauí, al norte del país, y está previsto que empiecen a operar en el segundo semestre de 2017.

Los parques a desarrollar por GPG llevan asociado un acuerdo de venta de la energía generada durante 20 años, con el sistema público brasileño, a un precio aproximado de 95 euros por megavatio hora (MWh). GPG tiene previsto incrementar su capacidad instalada a nivel global en 100 MW hasta 2018, a la par que espera incorporar 2.700 MW más en 2020, fundamentalmente en energías renovables.

El juez admite a trámite la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración de Abengoa

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EFE.- El juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla admitió a trámite la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración de Abengoa que el grupo andaluz presentó con la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de su deuda. En una providencia el juez explica que la solicitud se ha admitido a trámite porque cumple los requisitos formales necesarios, que eran aportar el acuerdo para el que se pide la homologación y la certificación del auditor de la adhesión mínima necesaria de los acreedores.

La providencia subraya que, de esta forma, se paraliza cualquier ejecución contra el patrimonio de cada una de las sociedades deudoras hasta que se resuelva la solicitud de homologación del acuerdo de refinanciación. Este proceso ocurrirá cuando se dicte auto denegatorio de la homologación y una vez concluido el plazo para la presentación de impugnaciones frente al acuerdo adoptado, o cuando se dicte sentencia en el seno del incidente de impugnación, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En la providencia se hace constar que, entre los cuatro efectos del acuerdo de reestructuración cuya extensión se pretende para el conjunto de los acreedores, el primero es fijar el porcentaje concreto de la quita respecto de todo el importe de deuda afectadadefinida por el acuerdo de refinanciación. El segundo efecto es que, respecto del porcentaje restante, la prórroga de su fecha de vencimiento será de 10 años. De este modo, la deuda se abonará mediante un pago en el día en que transcurran 10 años desde la fecha de cierre de la reestructuración.

El tercer efecto es una quita de los intereses ordinarios o de demora, de tal modo que durante el periodo de espera, la deuda no devengue intereses de ningún tipo. El cuarto efecto es el mantenimiento de los instrumentos de deuda en cuestión frente a los mismos deudores, aunque entendiéndose automáticamente modificadas las previsiones contractuales que pudiesen dar lugar a una obligación de pago del deudor, distinta del pago tras la espera de 10 años, o a la terminación anticipada de los instrumentos de deuda.

La decisión del juez se adopta después de que Abengoa presentara en este juzgado de Sevilla la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración, que recibió la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de la deuda. Las adhesiones logradas por el grupo energético y tecnológico, que fueron validadas y certificadas por Deloitte, superan con claridad el mínimo establecido por ley, que era del 75% de la deuda. Los acreedores que no se hayan adherido al plan podrán hacerlo en un plazo adicional cuyo comienzo anunciará el grupo.