Colombia anuncia la liquidación y venta de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, y el Gobierno exige seguridad jurídica

Europa Press.– La reacción del Ministerio de Exteriores a este anuncio fue instar al Ejecutivo colombiano a alcanzar «una solución satisfactoria que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica». Todo ello después de que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, anunciara el inicio de un proceso de venta por liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa intervenida a finales del 2016 por las autoridades locales.

«La compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe», aseguró Mendoza. El superintendente aseguró que la filial se venderá a un nuevo operador capaz de asumir las nuevas inversiones y que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme a la ley. «Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa», afirmó el presidente del organismo, antes de destacar que la operación «no costará un solo peso a los colombianos«.

Respecto a la posibilidad de que la compañía española acuda a los tribunales internacionales para denunciar la medida, Mendoza aseguró que «todas las decisiones son susceptibles de ser demandadas, pero la amenaza de una demanda nacional o internacional no puede hacer que esta Superintendencia se abstenga de adherirse a los estándares legales cuanto se trata de una empresa en quiebra». Mendoza también aseguró que el proceso de liquidación comenzará «inmediatamente», será «absolutamente público» y tendrá una duración cercana a un año. El objetivo será «encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa caribeña» y que asuma las inversiones necesarias para acabar con el «avanzado deterioro» de las redes locales.

Para acometer el proceso, las autoridades colombianas habilitarán un «cuarto de datos» y un proceso de due diligence, de cara a la celebración de una subasta «pública y competitiva» para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, Electricaribe seguirá siendo administrada por un agente especial de la Superintendencia. Las autoridades intentarán vender la filial «al mayor precio, para beneficio de los usuarios y de los acreedores» de la empresa, aseguró Mendoza, quien negó «intereses políticos u ocultos» en el proceso, que responde a motivaciones «absolutamente técnicas».

El superintendente aseguró que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) corresponden a entidades financieras. Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertirá en el «eje central del proceso de selección», asciende a 240.000 millones de pesos (75 millones de euros) anuales. Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa, fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 14 de noviembre, situación que se amplió por dos meses en enero, hasta el 11 de marzo.

El Gobierno pide seguridad jurídica

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lamentó la decisión anunciada por el Gobierno de Colombia de liquidar la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe), controlada por Gas Natural Fenosa. Según pone de manifiesto, dicha decisión «no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica», a pesar de las «circunstancias adversas ajenas».

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno reitera su preocupación ante la situación generada por la liquidación de una empresa cuya matriz española «es puntera en los sectores en los que opera y con gran sensibilidad social, que lleva años trabajando en Colombia». Por ello, asegura que «seguirá brindando su apoyo» a Gas Natural Fenosa si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición e insta al Gobierno de Colombia a que siga dialogando con la compañía, de manera que se pueda alcanzar «una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica».