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Iberdrola corta la electricidad de un edificio de Parla ocupado desde 2011 y con un enganche eléctrico ilegal

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EFE.- El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aseguró que el Ejecutivo autonómico no tiene «ninguna relación» con el nº15 de la calle Toledo de Parla, de 270 viviendas, «originalmente de alquiler municipal, de las que una mayoría están ocupadas ilegalmente desde 2011″y con un enganche a la corriente eléctrica «ilegal». Por ello, Iberdrola ha cortado el suministro eléctrico.

A finales de 2014, la exalcaldesa socialista, Beatriz Arceredillo, «solicitó un informe al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid» para asumir el contrato de la luz directamente. La respuesta impide poner el contrato de la luz a nombre del Consistorio “porque es ilegal” por ser un acto «que carece de cobertura legal y resulta nulo de pleno derecho», dado que no es el propietario del edificio, argumento por el que el Ayuntamiento no pagará la luz a Iberdrola, deuda que asciende a 500.000 euros.

El enganche eléctrico era «ilegal»

Desde el Gobierno regional, Ángel Garrido, destacó que el enganche a la corriente eléctrica era «ilegal» y que “corresponderá al Ayuntamiento o a la compañía Iberdrola poner un sistema que permita a cada uno de los vecinos tener un contador legalizado«. A continuación, apuntó que el Gobierno regional estaría dispuesto a conceder ayudas para el pago de la factura eléctrica a aquellas familias que se encuentren en una situación socioeconómica «desfavorable», en virtud del convenio firmado con las compañías eléctricas.

El sur de Fuerteventura pide explicaciones a Red Eléctrica por los continuos cortes de luz

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EFE.- El alcalde de Tuineje, Salvador Delgado, se reunió con representantes de Red Eléctrica para conocer los motivos por los que se han producido varios cortes de luz hace días en el sur de la isla, según indicó el Consistorio majorero. Durante el encuentro, al que también asistió el concejal de Fomento del Progreso Socioeconómico, Sergio Lloret, los representantes municipales han trasladado «su máxima preocupación al respecto», ya que «gran parte de los vecinos se han visto privados, durante muchas horas, del suministro eléctrico», explicó Delgado.

Según el alcalde, desde Red Eléctrica han confirmado que «se trata de cortes ocasionados por fallos en el suministro y que están en vía de solucionarlos para que no se vuelvan a producir», También se trató el tema de la implantación de una nueva línea de 132 KV, cuyos trabajos ya han comenzado en el municipio y cuya primera fase es la de cimentación para la colocación de las torretas. Desde el Ayuntamiento recordaron que la obra, declarada de Interés General por el Gobierno de Canarias, lleva consigo un proceso de expropiación que se adoptó por el procedimiento de urgencia.

Sergio Lloret explicó que «esto se traduce en que Red Eléctrica puede ocupar el suelo, aunque no se haya acordado el precio, es decir, por un lado, se ocupa el suelo y, paralelamente, continúa el procedimiento para acordar el justiprecio de la expropiación» y a ello se añade que, por ser de Interés General, son obras que no precisan de licencia municipal. El concejal insistió en que, no estando de acuerdo en algunas de las cuestiones planteadas, “la decisión viene impuesta por el Ejecutivo autonómico».

Por su parte, el alcalde ha aclarado que han «pedido que las obras se ejecuten con las máximas garantías medioambientales, de seguridad y de transparencia hacia los vecinos que se ven afectados por su ejecución». Red Eléctrica ha confirmado la presencia de personal a disposición de todos aquellos vecinos afectados que quieran realizar cualquier consulta relacionada con los trabajos de implantación de la nueva línea.

Varios gobernadores de Colombia piden intervenir una filial de Gas Natural Fenosa, que reitera su compromiso con el país

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EFE / Servimedia.- Gas Natural Fenosa reiteró su compromiso con Colombia y con el desarrollo de la región costera de ese país, donde opera su filial Electricaribe, tras la intención expresada por algunas fuerzas políticas colombianas de intervenir dicha filial por los fallos en el servicio en la distribución de electricidad, aunque eso afecte a las relaciones con España.

«Si las relaciones diplomáticas se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan», apuntó el gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay, Los mandatarios de la costa atlántica de Colombia, que participaron en una reunión de Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), exhibieron carteles con la leyenda: Que intervengan Electricaribe ya por los reiterados fallos en la prestación del servicio. Los habitantes del Caribe colombiano se quejan desde hace meses de los constantes apagones y las deficiencias en el servicio de electricidad que presta la compañía que, según alegan, causan grandes pérdidas económicas a las empresas de la región.

«No podemos aceptar que una empresa abusiva como Electricaribe, tenga la desfachatez de amenazarnos con que el Gobierno de España está muy molesto por lo que estamos haciendo», añadió Turbay. A juicio del gobernador, «el Gobierno de España deberían estar preocupados por la molestia que la empresa española causa» a los habitantes de la costa. El mandatario puntualizó que la única salida posible es que se intervenga a Electricaribe «para poder normalizar y remozar» su infraestructura y que la región disfrute de un mejor servicio. «El Caribe paga y paga muy bien», añadió en referencia al argumento de que parte de las dificultades de la empresa se deben al alto número de conexiones ilegales y al impago de grandes clientes.

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió de que si no se garantiza el pago de la deuda que tienen los departamentos con Electricaribe, «la posibilidad de suspender el suministro será latente en todo momento». Según la entidad, la deuda de los entes territoriales de los departamentos con esta compañía, que supera los 5,2 millones de euros, «implica un riesgo para la prestación del servicio» en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena. Asimismo, aseguró que, según un informe del pasado mayo, las entidades nacionales adeudan  1,3 millones de euros a la compañía.

La Electrificadora del Caribe (Electricaribe) distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos de la costa atlántica de Colombia, región en la que atiende a 2,5 millones de clientes. El gobernador de Bolívar advirtió además sobre una supuesta intención de Electricaribe de demandar a Colombia. «Están preparándose para demandar al Estado colombiano; significa que además de prestarnos un mediocre servicio, de atropellarnos, de ser un enemigo constante del Caribe, les vamos a quedar debiendo», apuntó. Turbay criticó que Electricaribe no tenga «recursos para cambiar los transformadores, para cambiar las redes, no tienen recursos para mejorar la subestaciones, pero sí para contratar al mejor bufete de abogados y demandar al Estado colombiano».

«Esta empresa amenaza la competitividad de nuestros territorios», afirmó, por su parte, el alcalde de la ciudad de Valledupar, Augusto Ramírez. Hace unos días el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, advirtió que la costa se enfrenta al riesgo de un apagón por la situación financiera de Electricaribe que, aseguró, tiene una deuda de unos 650 millones de euros con los bancos.

Mantiene el compromiso con Colombia

Por su parte, Gas Natural Fenosa reiteró su compromiso con Colombia y con el desarrollo de la región costera de ese país, donde opera su filial Electricaribe. La gasista española considera que Colombia es un mercado en crecimiento que precisa de soluciones estructurales, algo que ha planteado reiteradamente a todos los agentes del mercado colombiano. Dichas soluciones tendrían el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema, buscando a su vez la protección de las inversiones.

El Gobierno de Baleares garantiza que no se está cortando la luz a nadie por razones económicas

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EFE.- El consejero de Energía, Territorio y Movilidad, Marc Pons, asegura que no ha habido cortes de luz a las familias que no pueden pagarla por situación de pobreza durante el año que lleva gobernando el actual ejecutivo balear y recordó que para evitarlo existe un fondo de 200.000 euros. Pons respondió en el Parlamento al portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, que preguntó sobre si han existido cortes de luz por pobreza energética durante este invierno.

Jarabo esgrimió que el dinero público no se debería destinar a cubrir facturas de servicios como el energético, sino que éstas las tendrían que afrontar las empresas, debido a que la luz se incrementó un 72,3% en los últimos 10 años, lo que supone uno de los precios más caros de Europa. En su respuesta, Pons señaló que son los servicios sociales de los ayuntamientos los que «fijan y certifican» esta pobreza energética, en base a la cual el Gobierno autonómico actúa para evitar cortes de energía por cuestiones económicas. Asimismo, indicó que se solicitó a las empresas que aporten recursos para evitar cortes energéticos.

El Congreso debate la Ley 25 de Podemos, que propone un ampliado bono social que sea costeado por las empresas

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Europa Press.- El pleno del Congreso debatirá este martes un posible giro en la política antidesahucios y de lucha contra la pobreza energética llevada a cabo en los últimos años, que se recoge en la proposición de ley que Podemos ha denominado Ley 25 de Emergencia Social.

Para completar las medidas contra los desahucios, la iniciativa de Podemos regula también un nuevo bono social para la electricidad y el gas, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. La aplicación de esta medida comenzaría por la redefinición por parte del Gobierno de lo que se considera un hogar vulnerable y la actualización de los parámetros para medirlo, que no se limitarán a la renta.

Una vez los servicios sociales certifiquen esta situación y el grado de vulnerabilidad, la familia podrá acceder al bono social, que se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta un límite fijado anualmente por el Ministerio de Energía. Así, los hogares con un grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de la factura de luz o gas, y el porcentaje se irá reduciendo proporcionalmente al nivel de pobreza, teniendo en cuenta en este cálculo otras ayudas públicas contra la pobreza energética que se puedan estar recibiendo.

Además, Podemos quiere impedir con su iniciativa que las empresas energéticas puedan cortar los suministros en la vivienda habitual a las familias vulnerables, por lo que antes de proceder a esta medida los servicios sociales tendrán 60 días para verificar la situación del hogar. El corte sólo podrá aplicarse si determinan que no existe vulnerabilidad, se ha superado el Consumo Mínimo Vital anual y han pasado tres meses desde la factura adicional de gastos adeudados, siempre y cuando el nivel de pobreza no haya variado, en cuyo caso se tendrá que ajustar la cuantía del bono social con carácter retroactivo.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas del sector las que, al menos en parte, costeen el bono social en función de su volumen de negocio. Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se hacen cargo de los gastos. La proposición de ley hace especial hincapié en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, que podrán solicitar una vivienda con todos los suministros básicos cuando sufran «precariedad económica debido a la violencia padecida”.

Galán asegura que el compromiso medioambiental «es un objetivo claro y definido» de Iberdrola

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Redacción / Agencias.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que el compromiso medioambiental «es un objetivo claro y definido de la empresa», que, según recordó, se ha comprometido a ser neutra en emisiones en 2050. Así se expresó al responder a varios accionistas, donde afirmó que «si alguien tiene duda de que Iberdrola es una compañía con un compromiso medioambiental total, necesitamos más personas dedicadas a divulgarlo».

A este respecto, recordó que en sus inicios la compañía apostó por las centrales hidroeléctricas y que, más tarde, lo hizo por la energía eólica. En la misma línea, destacó que solo el 1% de su producción de electricidad procede del carbón, frente al 40% de la media de sus competidores europeos, además de generar un 30% menos de emisiones. El compromiso de reducción de emisiones de Iberdrola contempla también que en 2030 la compañía las hayan reducido un 50%.

Asimismo, el ejecutivo defendió que para llevar a cabo «una reducción sustancial de emisiones hacen falta redes», motivo por el que la empresa tiene previsto invertir 11.000 millones a este aspecto, del total de 24.000 millones previstos en los próximos años. Por otro lado, criticó la alta carga impositiva existente en la factura de la luz, así como la aplicada a la generación de electricidad procedente del sol, la lluvia o el viento, las «tecnologías que hay que potenciar más».

Cortes de suministro: segundas residencias

Por otro lado, el presidente de la compañía aseguró que el 70% de los cortes de luz corresponden a segundas residencias, por lo que no pueden relacionarse con casos de pobreza energética y defendió que la compañía ha suscrito convenios de colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales «para que nos digan quiénes consideran que son clientes vulnerables». En este sentido, aseguró que «no se corta» el suministro eléctrico a estos clientes considerados vulnerables.

Por ello, Sánchez Galán ha puesto en valor estos convenios para determinar quiénes son esos consumidores vulnerables, porque la compañía desconoce «el nivel de renta» de las familias, de manera que ante un impago «no sabemos si es porque no puede pagar o porque no quiere«. Al ser preguntado sobre la central nuclear de Garoña (Burgos), se ha limitado a señalar que «desde 2012 no funciona» y que es «cuestión de tiempo» decidir si «se cierra o no se cierra».

Colau estudia sancionar a Endesa y Gas Natural por los cortes de suministro y «no colaborar» contra la pobreza energética

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EFE / Europa Press.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el Ayuntamiento inició los procedimientos para sancionar a Endesa y Gas Natural por incumplir la normativa catalana en lo que respecta a cortes de suministro en casos de vulnerabilidad, una competencia que le otorga la Carta Municipal. Por ello ha encargado informes jurídicos sobre cómo tramitar sanciones a compañías suministradoras si no colaboran para afrontar la pobreza energética, situación en la que se estima que están un 10% de los hogares barceloneses.

Colau ha asegurado que Endesa y Gas Natural “no han querido” firmar convenios y protocolos para evitar los cortes de suministro con el Ayuntamiento de Barcelona y reconocer la corresponsabilidad a la que las obliga la ley 24/2015 de Vivienda y Pobreza Energética, aprobada a través de una Iniciativa Legislativa Popular. «Endesa y Gas Natural la única ley que están cumpliendo es la del mínimo esfuerzo», ha señalado Colau, que las ha acusado de estar haciendo un gran negocio «con la gestión de un derecho fundamental sin asumir sus obligaciones«. Colau señaló que tras meses de intentar sin resultado que esas compañías asuman voluntariamente medidas de corresponsabilidad económica, ha decidido «aplicar la ley» y multarlas a partir del próximo mes.

La ley catalana obliga a las compañías, en caso de vulnerabilidad, a solicitar los preceptivos informes sobre la situación de exclusión residencial y aplicar las ayudas y descuentos necesarios antes de proceder a cualquier corte de suministro. En el caso de incumplimiento de esta obligación, prevé sanciones que pueden estar entre los 10.000 y los 100.000 euros. «Es competencia de las compañías asegurarse de que no hay una situación de vulnerabilidad antes de efectuar un corte, no después», subrayó Colau, que aseguró que cualquier conocimiento que tenga el ayuntamiento de un corte hecho efectivo a una familia vulnerable que no disponga del correspondiente informe supondrá el inicio del procedimiento sancionador.

Dejar de trabajar con Administración

Colau ha advertido a las compañías de suministros de que si «caen» en sanciones graves, el Ayuntamiento de Barcelona podría «dejar de trabajar» con ellas, ya que la ley establece que los casos de sanciones graves o muy graves determinarán la imposibilidad de las compañías de contratar con la Administración. «El cumplimiento de la ley no es voluntario», aseveró la alcaldesa, que subrayó que la voluntad del consistorio es llegar a acuerdos, pero que al mismo tiempo ha advertido que «adoptaremos todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir esta ley».

Aun así, la alcaldesa ha insistido en que preferiría concretar protocolos con las suministradoras «por las buenas», y por ello las ha instado a que firmen los protocolos para evitar los cortes a las familias vulnerables y a que concedan ayudas a fondo perdido a los clientes en situación de riesgo o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos, en aplicación de la ley catalana. Además, la alcaldesa vinculó la pobreza energética a la privatización del sector, alegando que generó un oligopolio que logra grandes beneficios mientras subió sus precios un 60% en la electricidad en los últimos cinco años.

Colau también hizo un llamamiento a la Generalitat para que «ayude» a los municipios a aplicar la ley 24/2015 con los reglamentos que la desplieguen y «yendo juntos a interpelar» a las compañías suministradoras para que «voluntariamente» firmen los acuerdos sobre la actuación a seguir ante situaciones de pobreza energética. Colau ha insistido en que la Generalitat mejore la implementación de esta ley y que ambas administraciones se coordinen al máximo: «Lo mejor que se puede hacer es ir de la mano». De momento no tiene una reunión con el Govern sobre esto, pero Colau recordó que, en su reunión con el presidente de la Generalitat, ya acordaron tratarlo en la comisión mixta, que confía en que se convoque pronto.

El Ayuntamiento tiene un convenio con las compañías desde 2014, antes de aprobarse la ley, y puso en marcha puntos de información energética, campañas informativas y un plan que ha dado empleo a 100 parados que han realizado 5.000 auditorías energéticas. La teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, también destacó que en 2015 hubo un 25% más de familias que recibieron ayudas ante la pobreza energética, alcanzando las 5.062, y con un total de 778.000 euros (un 22% más que en 2014), medida a la que se suma la apuesta por rehabilitar el interior de viviendas, indicó el Ayuntamiento.

Endesa y Gas Natural Fenosa aseguran que no cortan el suministro a clientes vulnerables

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EFE.- La compañía Endesa aseguró que no corta el suministro eléctrico a ningún cliente, ni de Barcelona ni del resto de Cataluña, siempre que sea una persona en situación vulnerable y que el respectivo ayuntamiento así lo certifique. «Si el cliente tiene un informe de los servicios sociales de su ayuntamiento que certifica que es un cliente vulnerable, la compañía ese corte de luz no lo ejecuta», indicaron fuentes de la empresa.

Desde Endesa subrayaron que «no es cierto» que no haya querido firmar convenios para evitar los cortes de suministro y recordaron que ya firmó un convenio de colaboración contra la pobreza energética con el anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y que lo renovó el pasado año, por lo que están «sorprendidos» con las declaraciones de Colau. Dicho acuerdo prevé dejar en suspenso el corte de electricidad o gas en los casos que reciba la comunicación, por parte de los servicios sociales municipales, de que el titular del servicio es beneficiario de una ayuda municipal en materia de pobreza energética.

Gas Natural desmiente a Colau

Por su parte, Gas Natural Fenosa negó que esté cortando el suministro a personas en situación de vulnerabilidad y subrayó que el convenio firmado con el Ayuntamiento de Barcelona en septiembre de 2014 para abordar los casos de pobreza energética sigue vigente y se está cumpliendo Gas Natural Fenosa asegura que la compañía tiene «la voluntad y el compromiso» de seguir trabajando con el ayuntamiento para abordar el problema de la pobreza energética y añaden, en este sentido, que no se corta el suministro energético a ningún abonado a quien los servicios sociales consideren que está en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, se remiten al convenio firmado con el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento, que establecía que Gas Natural dejaría en suspenso un corte de suministro en cuanto recibiera una comunicación de los servicios sociales, y recuerdan que Gas Natural tiene convenios firmados en el mismo sentido con el Área Metropolitana de Barcelona y con otros ayuntamientos catalanes.

Endesa firma un convenio con los ayuntamientos del archipiélago canario para que no se corte la luz a los hogares

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Servimedia / EFE.- Endesa firmó un convenio con los ayuntamientos de Canarias para afrontar la pobreza energética coordinando la materialización de ayudas municipales destinadas a sufragar las necesidades mínimas de energía eléctrica a familias económica y socialmente vulnerables, evitando el corte del suministro. El director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, y el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia, suscribieron el convenio.

El convenio, al que ya se sumaron los municipios de Gáldar y Telde, ambos en Gran Canaria, establece que hasta 88 ayuntamientos, previa adhesión voluntaria a este documento y a través de Servicios Sociales, realizarán la evaluación de aquellos usuarios de su municipio que puedan acogerse a las ayudas referidas en el convenio, así como proporcionarán a Endesa esta información, de cara a agilizar y facilitar la forma de pago de estas ayudas por las deudas generadas por el consumo eléctrico realizado y no pagado.

Por su parte, Endesa se compromete a colaborar con los ayuntamientos de Canarias facilitando a estos la forma de pago, mediante un aplazamiento que evite el corte de suministro y que no comportará la aplicación de ningún tipo de interés ni comisión o gasto para el consumidor. Mediante este procedimiento, Endesa dejará en suspenso el corte de suministro de electricidad desde el momento en que reciba la comunicación de los Servicios Sociales del ayuntamiento correspondiente.

Además, Endesa se compromete a informar y asesorar a las corporaciones locales sobre los requisitos necesarios para acogerse al bono social y sus condiciones de aplicación. También a facilitar la tabla de medias de consumo para la evaluación de los casos que hay que tratar, y realizar charlas informativas para una mejor comprensión de cara a divulgar los principales conceptos de la factura eléctrica y contribuir a mejorar los hábitos de consumo de los ciudadanos.

100 millones al bono social

Asimismo, el acuerdo incluye la constitución de un comité de seguimiento integrado por técnicos de Endesa y la Fecam, garantizándose en todo momento la protección de los datos personales de los beneficiarios de las ayudas contempladas en este convenio. Desde la firma de las primeras colaboraciones en 2013, se alcanzaron 90 acuerdos que cubren una población de más de 3,6 millones de hogares, sin contar con los nuevos acuerdos que se suscriban en el marco de este convenio con Fecam.

Endesa prevé reforzar y ampliar este tipo de iniciativas, que hasta ahora ha permitido gestionar favorablemente unas 30.000 facturas. Además, Endesa aporta anualmente unos 100 millones de euros al mantenimiento del bono social, del que se beneficiaron en 2014 unos 983.000 clientes de la compañía. El bono social es un tipo de tarifa con un descuento fijado por el Gobierno cuyo objetivo es proteger a los hogares con menos posibilidades económicas. Este descuento se aplica automáticamente a los clientes con suministros de potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas y familias que son numerosas o en las que todos los miembros en edad de trabajar están en situación de desempleo.

El presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, explicó que las ayudas municipales que se concedan a las personas en situación vulnerable dentro de este convenio dependerá de la asignación que cada municipio destine a situaciones de emergencia social, pero en todo caso se garantiza la continuidad del suministro eléctrico. Fuentes de la compañía eléctrica también quisieron resaltar que no es incompatible que un cliente al que ya se aplica el bono social pueda a su vez solicitar las ayudas municipales contempladas en este convenio.