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El Gobierno aprueba actuaciones especiales en infraestructura para el transporte de electricidad en Menorca como un nuevo cable con Mallorca

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Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha declarado la utilidad pública del proyecto de nuevo cable de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca y concede la autorización administrativa a su construcción. Se trata de dos pasos necesarios para avanzar en la instalación del enlace entre ambas islas, después de que Menorca viera como se quedaba sin suministro eléctrico durante más de 50 horas debido al daño provocado en una de las dos líneas de transmisión eléctrica.

La decisión adoptada por el Ejecutivo viene precedida por la que tomó el Consejo de Ministros el 27 de julio, mediante la que se modificaron aspectos de la planificación para dar vía libre al nuevo cable entre ambas islas. Además, en julio se autorizó la construcción de un by-pass dentro del nuevo cable. Con todas estas actuaciones, y las autorizaciones y permisos necesarios, se ponen en marcha los trabajos de conexión, de gran complejidad técnica y procedimental. Red Eléctrica de España (REE) estima contar con la puesta en servicio del nuevo enlace a través de by-pass a mediados de 2020.

Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, este by-pass resolverá los problemas derivados de la rotura del cable submarino y permitirá un respaldo adicional ante sucesos imprevistos como el ocurrido el pasado octubre, en el que un fenómeno meteorológico extremo causó graves daños en la red de transporte y desconectó a casi la mitad de los consumidores de la isla de Menorca de la única central de generación, sin que existiera la posibilidad de atender a la demanda mediante una fuente alternativa como puede ser el enlace con Mallorca.

La interconexión por cable entre Mallorca y Menorca, conocido como Enlace 1, está fuera de servicio desde 2017, tras 42 años en activo. Se trataba de un cable tripolar, con un cuarto cable de repuesto. En noviembre de 2017 dejó de estar operativo después de varias averías tras las agresiones externas sufridas por el daño provocado por el ancla de un barco que fondeaba en zona prohibida. Se evaluaron distintas alternativas de reparación, que no resultaron viables técnicamente, y se concluyó que la única solución para restablecer la conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca era a través de un enlace recogido en la Planificación 2015-2020.

Estas nuevas actuaciones de conexión darán mayor fiabilidad al sistema, mejor garantía de suministro y más integración e intercambio de energía renovable, que podía pasar de un suministro en torno al 5,6% a un 15% para el conjunto de Islas Baleares con el nuevo cable, añadió el Ministerio. La Planificación Energética 2008-2016 ya incluía la instalación de un segundo enlace con entrada en servicio en el horizonte 2016 pero su tramitación quedó suspendida en 2012.

Asimismo, la Planificación Energética 2015-2020, aprobada en 2015, volvió a incluir este enlace. En 2017, el proyecto obtuvo la autorización administrativa previa. Hasta el pasado mes de julio, no se habían realizado los pasos preceptivos adicionales para poner en marcha la construcción. Estos trámites previos concluyen con las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. El último plazo estimado por el transportista para la entrada en funcionamiento del nuevo cable, en su configuración definitiva, está fijado a finales de 2020.

En este periodo se deberá culminar la tramitación administrativa autonómica, fabricarse e instalar el cable y actuar respetando los condicionantes recogidos en la DIA que obliga, entre otros aspectos, a evitar molestias a especies de aves, a no alterar las actividades pesqueras durante la construcción del tramo marino y a evitar las obras en los 2 kilómetros más próximos a las costa en temporada turística.

En paralelo, la central térmica de gas de Mahón debe adaptar sus turbinas a la Directiva de Emisiones Industriales, que entra en vigor en enero de 2020, garantizando el suministro. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tramitado una orden ministerial, en la que se otorga un régimen retributivo adicional a las inversiones necesarias para adecuar 138 megavatios (MW) de potencia en 3 turbinas de gas de esta central para asegurar la cobertura de la demanda para 2020, mientras la conexión definitiva entre Mallorca y Menorca es operativa.

Por otro lado, una segunda orden ministerial en tramitación hará posible que Baleares se opere como un único sistema eléctrico con ahorros estimados alrededor de 30 millones de euros anuales, a los que habría que sumar otros 50-80 millones anuales por la conexión con la península y 20 más cuando se establezca con un doble cable la conexión Mallorca Menorca. Esta orden también establece una nueva metodología para el cálculo del precio horario de adquisición de la demanda que se conocerá previamente y calculará a partir de variables conocidas para dar señales eficientes al mercado.

El transporte público colapsa en Caracas tras un corte de electricidad de 30 minutos que paraliza al Metro

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EFE.- El transporte público colapsó en Caracas tras un breve corte de energía eléctrica que afectó el servicio del Metro y obligó a los usuarios a caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos. La falla eléctrica, que se extendió a lo largo de la ciudad, se prolongó por espacio de 30 minutos y generó la suspensión preventiva de todas las líneas del servicio del transporte subterráneo, que casi recorre toda la capital.

El servicio del Metro Los Teques, a las afueras de Caracas, también fue suspendido por el corte de energía. Pasadas horas, ambos servicios retomaron sus operaciones con normalidad. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Motta, explicó que la falla se originó por el «seccionamiento» de una línea de transmisión en Santa Teresa, en el céntrico estado de Miranda. «Una línea no se secciona sola, no se corta sola, vamos a buscar todos los indicios de cómo esto pudo haber sucedido y quienes están detrás de esta situación», advirtió.

Crisis: 90% en paro técnico

La suspensión temporal del Metro agravó el colapso que ya padece el transporte público en Venezuela, aquejado por la escasez de unidades por causa de la falta de repuestos y sus altos costes. Según indican los transportistas caraqueños, cerca del 90% de las unidades de movilización de la capital venezolana se encuentran «en paro técnico», lo que abrió espacio para que las llamadas «perreras», camiones de carga sin los mínimos de seguridad para el traslado de pasajeros, ofrezcan el servicio.

Ha sido el segundo apagón de gran escala que sufre Caracas este mes, en medio de la crisis generalizada que sacude a la nación con las mayores reservas de petróleo en el planeta. Los cortes eléctricos son frecuentes en el país y se expresan con mayor crudeza en las regiones del occidente, especialmente en el rico estado de Zulia, fronterizo con Colombia, donde tras un sabotaje a una línea de transmisión a principios de mes, según denunció el Gobierno venezolano, se mantiene racionada la energía.

El Ministerio de Energía prorroga hasta octubre el plazo para que los consumidores vulnerables renueven el bono social de electricidad

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EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido prorrogar 6 meses el plazo para solicitar el nuevo bono social de la electricidad, con lo que los consumidores que disfrutan actualmente de sus ventajas tendrán hasta el mes de octubre para pedir su incorporación al mismo. De este modo, según aclaró el departamento que dirige Álvaro Nadal, los consumidores acogidos al anterior bono social mantendrán los descuentos en sus facturas durante este período adicional.

El día concreto en el que vencerá el plazo para solicitarlo dependerá de la fecha de publicación de la orden ministerial que estipulará la prórroga, pero dado lo avanzado de la tramitación de la normativa será dentro de octubre, explican fuentes del Ministerio. La citada orden, que ya se ha enviado al BOE para iniciar la audiencia pública, clarifica también algunos aspectos de los formularios de solicitud del bono social tras las consultas recibidas por los usuarios y compañías eléctricas.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico, en la oficina de la compañía o a través de su página web.

Podemos pide datos a Competencia

Por su parte, diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos dirigieron una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que piden a este organismo que publique el número de personas que habían solicitado la renovación del bono social a finales del mes de febrero. En la misiva, los parlamentarios Yolanda Díaz, Josep Vendrell y Lucía Martín piden también a Competencia que publique el número de personas acogidas al bono social antes de la entrada en vigor del real decreto que modificó la anterior regulación.

También solicita a la CNMC que los desglose por categorías de acceso y publique una comparativa entre los que había y los que hay ahora, así como un análisis y valoración de las campañas de difusión para la renovación del bono social, y los motivos que puedan explicar si finalmente hay un «descenso radical» del número de beneficiarios. Según indican los diputados en la carta, dirigida al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, si finalmente «el número de personas acogidas no se correspondiera con las personas ahora beneficiarias, estaríamos ante un escándalo mayúsculo».

Además, Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno, en las que piden que diga si dispone de datos que indiquen que menos de medio millón de personas han renovado su derecho al bono social entre los más de dos millones que podrían hacerlo. Podemos también pregunta si recibió el Gobierno sugerencias para que se incorporara en el decreto la obligatoriedad de renovar el derecho a percibir el bono social y si considera que ha sido suficiente la publicidad realizada para informar de la obligatoriedad de renovarlo.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo si va a adoptar una medida de urgencia para que las personas que ya tienen derecho al bono social no tengan que renovarlo ante la deficiente campaña de publicidad y si se plantearían extender el plazo de renovaciones hasta el 31 de diciembre. También pregunta si el Gobierno considera que la normativa facilita la captación de clientes domésticos por parte de las comercializadoras en el mercado libre, tras los casos de traspaso sin consentimiento que ha habido de clientes de tarifa regulada al mercado libre, así como si va a introducir garantías para que no se corte el suministro a personas que no puedan pagar facturas.

Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

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EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Iberdrola inicia una campaña informativa del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables en las principales ciudades

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EFE.- Iberdrola ha comenzado una gira por las principales ciudades españolas para exponer las novedades del nuevo bono social de electricidad con el fin de asesorar a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración pública. Los primeros encuentros se celebraron en Bilbao y Valencia, y se celebrarán otros en Toledo, Madrid, Valladolid, Cáceres, Murcia o Pamplona.

Responsables de Iberdrola explicarán las condiciones en las que los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social y los procedimientos a seguir, con especial hincapié en las principales modificaciones introducidas. Con esta iniciativa, Iberdrola quiere que los consumidores vulnerables renueven su condición de beneficiario del bono social antes del 10 de abril o que lo soliciten por primera vez para poder tener descuentos en la factura de la luz que pueden ser, en función de la renta, de un 25% o un 40% y llegar, incluso, al total en el caso de que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión total atendidos por los servicios sociales de la comunidad autónoma.

En Valencia arrancó la gira

De este modo, como punto de partida de la gira, Iberdrola y la Diputación de Valencia llaman a la «acción» a los consumidores vulnerables para que renueven su condición de beneficiarios del bono social o lo soliciten por primera vez. El delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, el diputado de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, y el jefe de departamento de Relación con Consumidores de la compañía, Javier Paradinas, fueron los encargados de explicar las modificaciones regulatorias y nuevos requisitos del bono social.

Datos de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Iberdrola ha recibido 60.000 solicitudes, de las que han respondido a 33.420 y de éstas, 26.860, el 80%, han sido positivas. De las 6.560 restantes, 3.460 están incompletas y 3.110 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos. El nuevo bono social cuenta con un periodo transitorio de 6 meses, que termina el próximo 10 de abril, y durante este tiempo, y mientras acreditan la condición de consumidor vulnerable, los actuales beneficiarios siguen disfrutando de él. Además, cuando alguno de estos consumidores solicita el nuevo bono social y no tiene derecho al mismo, no pierde su condición de beneficiario hasta que finaliza el periodo transitorio, indicaron las mismas fuentes.

Rusia y Ucrania se asoman a una nueva guerra del gas después de que Gazprom rompa sus contratos de suministro

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EFE / Europa Press.- Rusia y Ucrania se asoman a una nueva guerra del gas después de que el gigante gasístico ruso Gazprom cortara el suministro y anunciara su decisión de romper todos los contratos con Kiev, incluido el tránsito gasístico hacia la Unión Europea a través de Ucrania.

El monopolio estatal ruso ha roto la baraja al entender que sus intereses han sido gravemente dañados por el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo, que resolvió más de 4 años de litigio entre los dos países con una sentencia muy favorable a la gasística ucraniana Naftogaz. «Gazprom se ve obligado a iniciar en el Arbitraje de Estocolmo los trámites para romper los contratos de suministro y tránsito de gas con Naftogaz», aseguró el presidente de Gazprom, Alexéi Miller. El anuncio ha sentado como un jarro de agua fría tanto en Kiev como en Bruselas, que teme que se repitan «las guerras del gas» recientes, en las que algunos países europeos dejaron de recibir gas ruso.

El Arbitraje de Estocolmo consideró que Gazprom ha incumplido el contrato de tránsito de gas a Europa a través de Ucrania, al bombear por su red de gasoductos menos de 110.000 millones de metros cúbicos al año, el mínimo que establece el contrato entre Gazprom y Naftogaz. Tras cifrar la compensación en 4.630 millones de dólares, el tribunal dedujo de esa cantidad los 2.070 millones de dólares que debe Naftogaz a Gazprom en concepto de suministros atrasados, y fijó que el gigante ruso debe pagar a la parte ucraniana 2.560 millones de dólares. Gazprom esgrime que aunque el contrato prevé unos volúmenes de tránsito mínimo, no contempla multas ni compensaciones por incumplimiento de ese punto.

Pero al mismo tiempo, en otra sentencia del pasado diciembre, anuló la cláusula del contrato de suministro que obligaba a Naftogaz a pagar por un volumen mínimo de gas ruso, al asumir que Kiev no puede cumplir con ese punto por la mala situación económica del país. «Los árbitros han argumentado su decisión con el agudo empeoramiento de la economía ucraniana. Nosotros estamos categóricamente en contra de que los problemas económicos de Ucrania se resuelvan a costa nuestra», aseveró el presidente de Gazprom tras acusar al Arbitraje de «doble rasero».

Por su parte, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, denunció que Rusia no tiene derecho a romper los contratos y advirtió de que, en caso de que así sea, Ucrania demandará una recompensa adicional ante el Arbitraje de Estocolmo. De hecho, nada más conocerse la sentencia, el monopolio ruso suspendió el bombeo de gas a Ucrania y devolvió a Kiev el dinero adelantado en concepto de los suministros de marzo. Lo hizo con el argumento de que para empezar los suministros, las dos empresas deben firmar un anexo al acuerdo vigente. Aunque no aclaró los términos de ese anexo, todo apunta a que Gazprom considera insuficiente el precio que paga Naftogaz por el gas ruso.

Ucrania, afectada por el temporal de nieve y temperaturas que rozan los -15ºC en muchas regiones del país, reaccionó con el cierre temporal de escuelas y guarderías en todo el país para ahorrar en el consumo de gas. «Hemos decidido detener completamente el trabajo en instituciones educativas preescolares, escuelas e instituciones de educación superior hasta el 6 de marzo», ordenó el ministro de Energía, Igor Nasalik. El país sufre un déficit de hasta 20 millones de metros cúbicos de gas diarios para garantizar el suministro a hogares, industrias e instituciones, por lo que adoptó un «plan de acción nacional» para ahorrar el consumo y garantizar una temperatura mínima aceptable en los centros educativos de Ucrania.

Asimismo, se ha propuesto analizar las instalaciones de producción de hidrocarburo con la condición de ahorrar recursos de gas. En particular, las compañías productoras pasarán a utilizar fuelóleo en lugar de gas, lo que permitirá ahorrar entre 15.000 y 20.000 millones de metros cúbicos de gas por día hasta nivelar las reservas. Naftogaz acusó a Rusia de «chantaje», mientras que Poroshenko pidió a sus conciudadanos que reduzcan la calefacción en sus casas para hacer frente a la falta de gas. «Es suficiente con reducir la calefacción en las casas en un grado y evitar en la medida de lo posible que se pierda el calor en el hogar», apuntó Poroshenko.

En la actualidad, alrededor del 30% del gas que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia y la mitad se transporta por los gasoductos ucranianos. Sin embargo, Moscú ya se había mostrado decidida a no renovar el contrato de tránsito con Ucrania, que expira el próximo año. El Kremlin quiere dirigir todo el tránsito a los gasoductos Nord Stream, que unen el país con Alemania por el mar Báltico, y Turkish Stream, actualmente en construcción y que conectará Rusia con Turquía por el mar Negro. También defiende la construcción de otro gasoducto Nord Stream, un proyecto rechazado contundentemente por la Unión Europea y Estados Unidos, pero que cuenta con el respaldo de Berlín.

Bruselas se ofrece como mediadora

Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a mediar en la nueva guerra del gas entre Ucrania y Rusia y ha asegurado de que el flujo de gas a Europa permanece estable, aunque vigilarán la situación. En este sentido, el Gobierno ucraniano advirtió a la Comisión de «una posible situación de emergencia en el sistema de transmisión de gas en Ucrania» y le ha pedido «activar consultas» con Rusia de cara a retomar «posibles negociaciones trilaterales«, según explicó la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna Kaiser. El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Energía, Maros Sefcovic, contactará con los ministros de Energía ruso y ucraniano para consultarles, indicó la portavoz.

El Ejecutivo comunitario descarta por ahora cualquier impacto negativo para Europa. «De acuerdo con la información que disponemos ahora, los flujos de gas a la Unión Europea son normales y estables, pero seguimos la situación de cerca», precisó la portavoz. El Ejecutivo comunitario asegura que se toma «en serio» las preocupaciones de Ucrania, aunque recordó que el nivel de almacenamiento de gas en Ucrania «está justo por debajo de los 10.000 millones de metros cúbicos», un nivel «muy bueno» para este periodo del año. «No hay anormalidades por ahora», explicó.

La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la pobreza energética y critica el nuevo bono social eléctrico

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EFE.- La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad y reclama a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad de dar una solución «efectiva» a este grave problema social. En este sentido, representantes de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critican que el acceso al nuevo bono social «está resultando caótico».

A juicio de la Plataforma, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha contra la pobreza energética es el bono social de electricidad, un descuento que va del 25% al 40% en la factura dependiendo de los casos. Pero, aseguran, tal y como está regulado, «no deja de ser un parche que no soluciona la situación», y al que incluso no puedan acceder muchas personas. Según advierte, tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia.

Esta plataforma remarca además que «más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palie estas situaciones». También subraya que el bono social no está funcionando bien porque «se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio». Para la plataforma, «en pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía». Por ello, exige la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas.

El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre el bono social que reclamaba respetar las competencias autonómicas

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se responde al requerimiento previo a la vía contencioso-administrativo formulado por la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos del bono social que, a su juicio, vulneran sus competencias en relación con la asistencia social.

Así, el Gobierno rechaza las pretensiones de Cataluña, al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos no invade ninguna competencia autonómica.

En concreto, según el Consejo de Estado, el decreto aprobado por el Gobierno sobre el bono social se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética, que despliegan las administraciones autonómicas y locales. Además, las alegaciones expuestas por la Generalitat ya fueron realizadas durante el trámite de audiencia de la norma y ya obtuvieron respuesta.

El Ayuntamiento de Barcelona recurre al Supremo el decreto que regula el bono social para los consumidores vulnerables de electricidad

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, señaló que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: «Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética».

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: «Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales», ha asegurado la concejal.

Coste: 1,67 millones de euros

En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) estima que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.

Ortiz cree que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla «demostrando su vulnerabilidad y pobreza» y considera que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares. Por ello, insistió en que el bono social no responde a los intereses de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social.

También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión social preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015 y que todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. «Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)», y detalló que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

El Defensor del Pueblo pide a la CNMC información sobre su actuación por la subida de la luz de octubre

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el organismo le informe sobre los avances que se produzcan en la investigación abierta tras la fuerte subida de los precios de la electricidad el pasado 23 de octubre.

La institución considera que estas situaciones de precios inusualmente altos «deben corregirse para evitar que se repitan». Para ello, subraya que el primer paso es investigar lo ocurrido, lo que compete a la CNMC. El pasado 23 de octubre, el precio de la electricidad alcanzó, entre las 19.00 y las 20.00 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh), debido a un factor puntual en la subasta de los servicios de ajuste.

El precio de la luz preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que recuerda a la CNMC que España es uno de los países de la Unión Europea «con el precio de la energía más alto». Además, el Defensor considera que esta situación está generando «graves problemas» a muchas familias españolas, que se ven obligadas a detraer una parte importante de sus recursos en lugar de destinarlos a otras necesidades básicas.

El Defensor mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, revisar la distribución de los términos de potencia y energía de los peajes de los consumidores domésticos; reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.