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Viesgo adelanta a la ley de pobreza energética y amplía a cuatro meses el plazo hasta el corte del suministro

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Europa Press.- Viesgo se ha anticipado al real decreto ley con medidas para combatir la ley contra la pobreza energética aprobada por el Congreso, pendiente de desarrollo normativo, y ha ampliado de 2 a 4 meses el plazo que facilita al cliente desde el momento en que comunica el corte de suministro por impago hasta su ejecución.

Viesgo anuncia que, con el objetivo de ayudar a sus clientes vulnerables con bono social, ha ampliado «de manera unilateral» este periodo a cuatro meses con el objetivo de así ayudar al cliente. De esta forma, los consumidores contarán con más tiempo para conseguir las autorizaciones pertinentes para poder formalizar las ayudas, ya sea a través de los servicios sociales de la comunidad autónoma, de los convenios firmado por la empresa o de la incorporación a los planes sobre la materia que Viesgo tiene en marcha, como el Ayuda Viesgo o el proyecto Energía Solidaria Viesgo, en colaboración con Cáritas.

Compromiso con los clientes vulnerables

La compañía eléctrica indica además que se compromete con sus clientes vulnerables con bono social a buscar alternativas a los cortes de suministro, en una iniciativa encaminada a combatir la pobreza energética y a mejorar la protección de los colectivos más desfavorecidos. Viesgo indica que, de forma paralela, colaboran con las instituciones para buscar conjuntamente diferentes alternativas que promocionen los actuales convenios existentes, a la vez que potencia la comunicación con sus clientes para que les ayuden a identificarles como colectivos vulnerables. «Tenemos programas orientados a actuar para hacer frente a situaciones de pobreza energética con descuentos adicionales sobre su factura o evitando el corte de suministro de una familia», indicó el director de Negocios Liberalizados de Viesgo, Javier Anzola.

Gas Natural Fenosa pide «reglas claras» en materia de pobreza energética para evitar más tragedias como la de Reus

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EFE.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, urgió a las administraciones, y en particular al Gobierno de Cataluña, a establecer «reglas claras» ante los casos de pobreza energética para evitar más tragedias como la de Rosa Pitarch, la anciana de Reus que tenía la luz cortada desde hacía dos meses y que en noviembre murió a consecuencia de un incendio causado por una vela con la que se iluminaba.

El directivo de la multinacional energética ha emplazado al gobierno catalán a desplegar la ley catalana sobre la pobreza energética, aprobando para ello un reglamento, y ha insistido en que tras el trágico suceso de Reus no hay «un problema de dinero, sino de organización». Villaseca ha dicho que resulta «lamentable constatar que entre todos no hayamos sido capaces de evitar» esta tragedia, ha añadido que ello obliga a una «reflexión» conjunta y ha mostrado el compromiso de Gas Natural de «hacer las cosas mejor».

No obstante, el directivo de la multinacional ha insistido en argumentar que cuando la compañía cortó la luz a esta anciana desconocía su situación de vulnerabilidad, porque los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus, que la habían asistido en otras ocasiones, no se lo habían comunicado a la compañía. En cambio, añadió Villaseca, los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus sí trasladaron a la compañía en 2016 una relación de 140 personas en situación vulnerable.

Asimismo, Villaseca recordó que una juez de Barcelona suspendió cautelarmente el protocolo que impide a las empresas cortar la luz sin un informe previo de los servicios sociales sobre la situación de riesgo de exclusión, al considerar que incluye medidas anuladas por el Tribunal Constitucional. Villaseca subrayó que este caso hace «imprescindible concretar, de manera única, vinculante y obligatoria» de qué manera «se relacionan» los entes locales con las suministradoras energéticas, y por ello reclama «reglas claras» por parte de las administraciones, porque echa en falta en la normativa actual sobre esta cuestión «la necesaria seguridad jurídica y eficacia operativa».

En esta línea, indicó que «cuesta entender por qué aún no se ha aprobado el tan necesario protocolo» para gestionar en la práctica los casos de pobreza energética en Cataluña. En cuanto a la ley catalana de pobreza energética, ha asegurado que la actual es la tercera versión que se pone en marcha, y que en las dos primeras versiones no se pedía a la compañía que hubiera «aviso previo» antes del corte de suministro.

Villaseca añadió que el sistema que se viene utilizando ante casos de vulnerabilidad es que los servicios sociales facilitan primero la compañía la lista de clientes vulnerables, y que la compañía a continuación suspende el corte, pero que Gas Natural está dispuesta a variar el sistema si así lo considera la administración. También explicó que la Generalitat le ha enviado recientemente una propuesta de convenio en materia de pobreza energética y se comprometió a estudiarla.

El Congreso convalida el decreto para que las comercializadoras financien el bono social y para restringir los cortes de luz

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Redacción / Agencias.- El pleno del Congreso de los Diputados convalidó, con 248 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 77 en contra (Unidos Podemos, ERC y Bildu) y 15 abstenciones (Compromís, PNV y PDeCat), el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, como la prohibición de los cortes de suministro a los consumidores de especial vulnerabilidad.

A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Además, el PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto para que cuente con el mayor «consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político». «Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto», aseveró.

Asimismo, Nadal consideró que este decreto permite también realizar «una reforma» del bono social vigente desde 2009, para lo que hay «un consenso» de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista «el máximo consenso político posible». Nadal destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el «escollo fundamental». «Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro», añadió al respecto. No obstante, el Gobierno ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que anuló la financiación del bono social.

Otra de las grandes novedades que incluirá el reglamento es que los perceptores del bono social se distribuirán en tres categorías en función de su vulnerabilidad y que la renta será un factor determinante para percibirlo. En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán los colectivos que perciben el bono actualmente. En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta. Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, resaltó la prohibición de cortar el suministro a los consumidores vulnerables y la vinculación de la ayuda a los ingresos. Así destacó la importancia del decreto para conseguir «atacar la pobreza desde todos los ángulos» y lo valoró como un «importante paso a una política integral de lucha contra la desigualdad». Lucio destacó que, a pesar de que el PSOE hubiera preferido extender la financiación del bono social a todas las actividades del sector, el diálogo para el consenso en esta materia «ha abierto la puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda que las decisiones políticas mejoren su vida».

Mientras, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, aseguró que este decreto ley es «fruto del acuerdo» y demuestra que hay temas importantes en los que los partidos si son «capaces de sentarse a hablar, más allá de las ideologías políticas». Asimismo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, consideró que la medida que manifiesta la decisión de «la amplia mayoría» de la Cámara en defensa de los consumidores vulnerables y valoró la invitación del ministro a todos los partidos políticos a participar en el proceso reglamentario. Ana Oramas (Coalición Canaria), Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Carlos Salvador (UPN) coincidieron en los aspectos positivos de la norma.

Unidos Podemos vota en contra

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, justificó la falta de respaldo por la formación al real decreto al hecho de que «no es una verdadera ley de mitigación de la pobreza energética». «Con este real decreto no se va a resolver la financiación del bono social ni la pobreza energética. Parte solo de vincularlo a la electricidad, y no a otros productos energéticos», criticó Vendrell, quien acusó a los gobiernos del PP y PSOE de haber llevado a cabo una política energética en España cuyo objetivo real es «mantener la tasa de beneficio de las grandes eléctricas». Según indicó, Podemos no apoyará un decreto-ley que «sirva para anestesiar» las demandas de la sociedad.

En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevilla, defendió su voto en contra del decreto al considerar la iniciativa como “un parche” y que la política energética del Gobierno sigue «beneficiando a las empresas del oligopolio eléctrico, mientras no protege al consumidor vulnerable de la luz«. Mientras, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que adelantó la decisión de su formación de abstenerse, apuntó «el fracaso» del modelo energético del Gobierno. El diputado de Compromís Joan Baldoví explicó que aprecia «algún aspecto positivo» en el decreto pero lo considera «insuficiente«. El diputado de Bildu, Oskar Matute, criticó que se trata de una «tirita» que deja «el bisturí» en manos de las eléctricas.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de 7 millones de personas. Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Así se restablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras eléctricas.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en vulnerabilidad severa.

Además, Nadal destacó que el suministro de estos hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las comercializadoras. A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá que comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si es un consumidor “extremadamente vulnerable”, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.

Por otro lado, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables del bono social en caso de impago. Nadal indicó que ese será el periodo del que dispondrán las comunidades autónomas para determinar si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa. Además, se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer el reglamento de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.

Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

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Europa Press / EFE.- La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética trasladaron a los grupos parlamentarios sus propuestas para «mejorar» y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro «más garantista», que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado «muy receptivos» a sus propuestas ante la «inquietud» compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española. Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun, que considera que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es «totalmente insuficiente» por «muchísimos motivos», como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto, Irurzun ha pedido «voluntad política» para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay «muchos consumidores que necesitan bono social y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica». De esta forma, precisó que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea «lo más garantista posible», de forma que se valore el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros. En el caso de hogares vulnerables severos contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

Antes del corte de suministro

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes. Por ello, exigen una forma de financiación que no sea «discriminatoria, desproporcionada e injusta». Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética. Irurzun califica de «indecente» que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles «mínimos» de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que «iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos».

Por último, Irurzun ha dicho que «no se puede entender» que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que «reparten entre accionistas» y que se esté cortando la electricidad a familias por su situación económica. Igualmente, Campuzano reprocha a las eléctricas que «las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas», y advierte que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.

La FEMP plantea que el acuerdo para prohibir cortes de luz a los consumidores vulnerables se extienda al gas natural

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Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que el acuerdo del Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para evitar los cortes de electricidad a las familias más vulnerable y paliar la pobreza energética, no tiene un coste «inasumible» por las administraciones públicas, y ha abogado por su extensión en el caso de imposibilidad de pago a las facturas de gas natural.

Así lo señaló Caballero, quien denuncia que la pobreza energética está siendo «severa», especialmente en esta fase de la crisis en la que «se acumulan todos los efectos de la crisis de todos los años». Caballero indicó que en términos económicos se está produciendo un repunte, pero en términos sociales «se sigue profundizando», si bien «no es nada que tenga ningún coste inasumible por las administraciones públicas», de forma que desde el Gobierno y los ayuntamientos «se puede asumir sin que produzca ningún quebranto». La cuestión es que Caballero obvia que parte de la financiación recaerá nuevamente sobre las compañías.

«Se trata de voluntad política y yo la vi reflejada en la conversación que tuve con el ministro Nadal y después en el pacto que se llevó al Parlamento y que dio lugar al decreto ley», ha valorado Caballero. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. El dirigente socialista, que ha abogado por la extensión del acuerdo también a los casos de familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del gas, ha explicado que las medidas acordadas con Nadal eran «principios políticos de actuación».

Entre otras, ha citado la prohibición de cortar el suministro a ninguna familia o domicilio en situación de pobreza o vulnerabilidad, para lo que los servicios sociales elaborarán un informe, y que no lo pueda hacer una compañía eléctrica por su cuenta. A modo de ejemplo, Caballero ha indicado que en Vigo se paga la factura a unas 700 familias y ha valorado el avance «importantísimo» que supone el acuerdo sobre cortes de suministro al evitar los cortes de luz a familias vulnerables. «Se está avanzando a buena prisa en la buena dirección», ha subrayado.

El nuevo bono social establecerá distintos niveles de descuento en la factura de la luz en función de la renta

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que el bono social va a establecer distintos niveles de protección y de descuento a los consumidores vulnerables, que se definirán en función de su renta, y también indicó que los actuales perceptores de la ayuda seguirán recibiéndola. Habrá al menos cuatro tipos de consumidores: el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, al que no se le podrá cortar la luz.

Esto supone que los 2,4 millones de hogares que pertenecen a familias con todos sus miembros en desempleo, a perceptores de pensiones mínimas, a familias numerosas y a consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios seguirán contando con el descuento del 25% en la factura. Además, en función de la renta, habrá algunos de estos hogares que podrán contar con mayor protección, ya sea a través de mayores descuentos o de la ampliación de dos a cuatro meses del plazo para que se produzca el corte del suministro. Asimismo, la norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas.

Nadal ha subrayado que hay una mayor conciencia de las empresas eléctricas en este tema y que espera «generosidad» de todas las partes para que se haga de la forma más rápida posible. El decreto fija el nuevo sistema de financiación del bono que, según el Gobierno, corrige los elementos que provocaron su anulación por parte del Tribunal Supremo en octubre. El decreto establece que la financiación de esta ayuda social será asumida por todas las comercializadoras eléctricas y no solo por las que tienen además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora.

Adicionalmente, contempla que el Gobierno desarrolle un reglamento, en el plazo de tres meses, que establezca otros aspectos como la prohibición del corte a los hogares vulnerables o la definición de las distintas categorías de beneficiarios. Por otro lado, el decreto habilita al Gobierno a introducir mejores condiciones de comercialización para los consumidores a través de determinadas prácticas que den mayor grado de trasparencia como la implantación de un indicador que permita comparar distintas ofertas, similar al TAE que se emplea en el sector financiero.

El ministro ha explicado que todo este desarrollo reglamentario llevará tiempo porque requiere pasar por la Comisión Europea, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. «Queremos ir a la mayor velocidad posible y necesitamos generosidad de todas las partes», ha pedido. Tanto el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, como Nadal han destacado que todos estos cambios son fruto de acuerdos con los distintos grupos y recogen sus aportaciones.

Habrá que esperar a primavera

Aunque el decreto que establece la prohibición de cortar el suministro eléctrico a los consumidores que tengan la condición de vulnerables severos está ya en vigor, todavía no es una prohibición efectiva ya que debe esperarse a la aprobación del reglamento que la desarrolla a través de otro decreto, algo que no se producirá previsiblemente hasta que llegue la primavera. Estas prohibiciones de corte de suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones.

Para poder llegar a todo esto, el decreto aprobado supondrá incluir al consumidor «vulnerable severo» en el epígrafe de «suministros esenciales» que fija la ley eléctrica, es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro, como cárceles u hospitales. El decreto da un plazo de tres meses, tras su convalidación en el Congreso, para que el Gobierno desarrolle su reglamento, lo que supone que todas estas novedades no sean aplicables hasta entonces. Las eléctricas tendrán obligación de comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si es extremadamente vulnerable.

Asimismo, la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro de energía eléctrica a este nuevo colectivo de suministros esenciales se configura como una nueva obligación de servicio público, lo que supone que tendrá aportaciones de las comercializadoras eléctricas, que tendrán carácter parcial o de cofinanciación, complementando las que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores vulnerables severos. Hasta ahora, este coste solo lo cubrían las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Las aportaciones que deban realizarse por este concepto estarán diferenciadas de las que correspondan al bono social y tendrán un límite máximo a fijar por parte del Ministerio de Energía.

Por otro lado, el decreto modifica la definición de consumidores vulnerables para incluir distintos colectivos de vulnerables atendiendo a sus características sociales y poder adquisitivo, y a los umbrales de renta. Así, la definición de estas categorías de hogares vulnerables responderá también a otros en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados. En consecuencia, el valor base sobre el que se aplique el bono social podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y, aunque seguirá denominándose tarifa de último recurso, podrá haber más de una.

El alcalde socialista de Elche pide al Gobierno central medidas para evitar los cortes de luz por impago

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EFE.- El alcalde de Elche, Carlos González, reclamó al Gobierno la adopción de medidas urgentes para evitar los cortes de suministro eléctrico por motivos de insuficiencia económica y ha instado a «resolver» este «problema» y a «buscar una salida urgentemente». Asimismo, indicó que los ayuntamientos «se encuentran en disposición de colaborar a través de la elaboración de informes sobre la situación de necesidad de las familias afectadas», una actuación que, en su opinión, «tiene que ser preceptiva antes de cualquier corte de suministro».

En este sentido, González ha reiterado la importancia de la cooperación municipal, pues, según ha asegurado, desde los consistorios están «pagando las facturas de energía eléctrica y de gas de muchas familias que son incapaces de costearlas por sí mismas». Ha recordado que el Ayuntamiento de Elche ha suscrito un convenio con las compañías eléctricas para que el departamento de Bienestar Social pueda actuar y evitar el corte de luz. El regidor ilicitano solicitó también que desde el Gobierno se otorgue el rango legal suficiente a estas medidas para que «la lucha contra la pobreza energética sea efectiva y real».

Cataluña abre expediente sancionador contra Gas Natural al considerar que cortó la luz indebidamente a la mujer de Reus

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Redacción / Agencias.- La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa al considerar que cortó indebidamente el suministro eléctrico a la mujer de Reus (Tarragona), que falleció recientemente a causa de un incendio en su casa por tratar de iluminarse con unas velas. Así lo expuso el secretario de Empresa y Competitividad de Cataluña, Joan Aregio, que recriminó a la compañía no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro.

Tras analizar la información presentada por Gas Natural al requerimiento hecho por Consumo, la Generalitat considera que la empresa “no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte de la luz a la anciana”, por lo que decidió abrir un expediente por un «corte indebido». «Lo que pasó es muy grave, gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica; se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda», manifestó Aregio, que no precisó el importe de la sanción. «La ley dice que no se puede cortar sin haber notificado a los servicios sociales. No hace falta dar más vueltas», sentenció.

El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural. Aregio ha explicado que «se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales«.

El secretario de Empresa subrayó que la ley es «muy clara» y reivindicó que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que fueron notificados en diciembre de 2015. Un protocolo que está recurrido ante los tribunales por la patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). A este respecto, explicó que Gas Natural «consultó en diciembre a la Agencia Catalana de Consumo sobre cómo debía proceder y se le respondió por escrito que se debía ceñir a los protocolos presentados».

Sin embargo, Gas Natural defendió tras el accidente que el protocolo al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo. Además, ha trascendido que, en la pasada reunión de junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.

En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio anunció que el Gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo «prudencial y lógico» no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla. Aregio participó en la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que participan el Gobierno autonómico, entidades sociales y empresas. Las entidades sociales han reclamado que se imponga la sanción máxima para estos casos de un millón de euros.

Gas Natural respondió al requerimiento

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña. Previamente Gas Natural Fenosa había respondido al requerimiento de información realizado por el Gobierno autonómico catalán tras el accidente de Reus. Fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que han respondido antes de finalizar el plazo pero declinaron detallar el contenido «por respeto al procedimiento». Eso sí, la empresa ha venido insistiendo de que no informó al Ayuntamiento de Reus del corte de luz porque el consistorio no le había comunicado que la anciana fallecida se encontraba en una situación vulnerable.

Badajoz insta a la Junta de Extremadura y a Endesa a que acaben con los cortes eléctricos

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EFE.- El Ayuntamiento de Badajoz ha instado a Endesa y a la Junta de Extremadura a que solucionen el problema de los cortes del suministro eléctrico que se producen en los poblados de la localidad. Los grupos políticos debatieron en el pleno municipal una moción del PSOE en la que se pide a Endesa a que acaben los «continuos» cortes y a la Junta a que interceda con la empresa para solucionar la situación.

El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, resaltó que en la última reunión de la Comisión Municipal en la que se abordó este aspecto se acordó solicitar al Ejecutivo autonómico a resolver la cuestión, y felicitó al PSOE local por su esfuerzo en este asunto. PP y C’s también han apoyado esta moción, y el concejal de Poblados, Jesús Coslado, manifestó que el Ayuntamiento (PP) ya realizó algunas notificaciones de quejas a la compañía por estos cortes y transmitió a la Dirección General autonómica de Industria (PSOE) esta situación.

Otra moción del PSOE, aprobada gracias a los votos de C’s y Podemos, insta a ayudar a las personas que no pueden pagar la factura de la luz, y a un convenio con las compañías eléctricas para que no se corte el suministro a ningún ciudadano, iniciativa a la que el PP se abstuvo al alegar que se abordará en el próximo consejo del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

El PSOE propone un suministro mínimo eléctrico ininterrumpible para paliar la pobreza energética y un bono social otorgado por renta

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Europa Press.– El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una Proposición No de Ley (PnL) en la que exige al Gobierno que reforme la Ley del Sector Eléctrico para asegurar el suministro a consumidores vulnerables. Además, ha instado al Ejecutivo a que garantice el bono social y que pretende garantizar un suministro eléctrico que no pueda ser interrumpido en ningún caso por ninguna empresa comercializadora y así paliar los efectos de la pobreza energética en España.

En este sentido, el PSOE quiere regular «con carácter de urgencia» la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro. Por ello, el PSOE ha propuesto reformar la Ley del Sector Eléctrico, para que garantice el derecho al suministro de consumidores vulnerables recogido en la directiva europea 2009/72, del mercado interior de electricidad. Concretamente, han exigido que se establezca un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, «no podrá ser interrumpido en ningún caso por las comercializadoras«.

La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener que el Tribunal Supremo haya anulado el régimen de financiación del bono social. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores. El Alto Tribunal declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación, sustentado por las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deban reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.

Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el bono social y, por tanto, piden en la PnL modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que «tenga efectos realmente redistributivos». En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no cubre las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. Heredia ha explicado que el bono social eléctrico «fue creado en 2009 por el Gobierno socialista para proteger a los consumidores vulnerables», añadiendo que esta ayuda beneficia a algo más de 2,4 millones de españoles.

«Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas», subrayó Heredia, que anunció que su grupo hará «una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva». «Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el Gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España», concluyó el socialista. Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de electricidad e impulsar las renovables.