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El Defensor del Pueblo valora que el nuevo bono social recoja sus recomendaciones protegiendo a los consumidores del mercado libre

Redacción / Agencias.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, aplaude que la nueva regulación del bono social eléctrico establezca la renta como criterio para acceder a él y que se introduzcan medidas para proteger a los consumidores en el mercado libre, tal y como pedía la institución, entre otras recomendaciones recogidas. El Defensor del Pueblo destaca también que se contemple no cortar el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.

La institución considera que esta medida es «especialmente relevante» ya que lleva años recomendando establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte de suministro, para evitar que consumidores vulnerables se queden sin electricidad. Otras recomendaciones del Defensor del Pueblo que incorpora el nuevo bono social son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad) y la introducción de mecanismos de recurso contra las peticiones denegadas.

Menores, mayores y con discapacidad

El Defensor del Pueblo ya destacó en las conclusiones de unas jornadas sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, celebradas en marzo de 2017, la importancia de proteger los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad. Fernández Marugán resaltó que, en el caso de los menores, “la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, pues es en los meses de invierno cuando hacen sus tareas escolares después de la puesta de sol”. Del mismo modo, para el Defensor del Pueblo, «las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse».

UGT cree que el nuevo bono social de electricidad «no es la respuesta adecuada» para proteger a los consumidores vulnerables

Redacción / Agencias.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el nuevo bono social aprobado por el Gobierno «no es la respuesta adecuada» para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas «y menos para los hogares que más lo necesitan». En este sentido, el sindicato considera que el bono social es «claramente insuficiente» para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

UGT cree que tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada ya que «no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad«. El sindicato ha señalado que el nuevo bono social «no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz» y ha reclamado una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas y reducir la fiscalidad del suministro básico con la aplicación del IVA supereducido.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura de la luz es «claramente insuficiente» porque se fija un límite máximo de consumo bonificado según la unidad familiar. Asimismo, considera que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda y no tanto el número de personas que componen el hogar. Además, afirma que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo que hay en los meses de invierno, así como que no se diferencia por zonas climáticas, con lo que el exceso de kilovatios en caso de exceder el límite de consumo se pagará sin descuento.

Respecto a la definición que realiza el Gobierno de consumidor vulnerable, UGT no la comparte ya que “fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a viviendas energéticamente ineficientes e incluso que el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite establecido». Finalmente, UGT subraya su desacuerdo con que las familias numerosas, «por el hecho de serlo y sin considerar sus rentas», puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

También ha criticado que para comprobar la renta del solicitante se pida la declaración de la renta del año anterior, que no acredita los ingresos que se tienen en el momento de presentar la solicitud, cuando su renta puede haber cambiado, así como que a los únicos perceptores del bono social a los que no se podrá cortar el suministro es a los que estén en riesgo de exclusión social. A juicio del sindicato UGT, «una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas».

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora «se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas», y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa,y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

La Unión Europea da luz verde a la nueva normativa para garantizar el suministro gasista y evitar crisis de abastecimiento

Europa Press.- La Unión Europea ha dado el último paso para aprobar una nueva normativa para garantizar el suministro de gas en el bloque comunitario que incluye, entre otras cuestiones, un mecanismo de solidaridad según el cual los países están obligados a ayudar a los Estados miembros vecinos si se enfrentan a una crisis grave de abastecimiento.

El objetivo principal del reglamento es reforzar la seguridad energética de la Unión Europea, reduciendo su dependencia del exterior para el suministro de energía y capacitándola para enfrentarse con más eficacia a posibles crisis de suministro de gas. Así, la legislación comunitaria establece 4 grupos compuestos por diferentes Estados miembros que formarán parte de una «cooperación asociada frente a riesgos» y se encargarán de elaborar tanto análisis conjuntos como medidas conjuntas de prevención y emergencia.

Las nuevas reglas también establecen 3 niveles de crisis de suministro (alerta temprana, alerta y emergencia) que los países pueden declarar informando a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los países que forman parte del mismo grupo regional y adyacentes. Además, el Ejecutivo comunitario tendrá derecho a solicitar el acceso a cualquier contrato de suministro de gas relevante para la seguridad de abastecimiento, considerando así aquellos que representen el 28% del consumo de gas anual en un Estado miembro concreto. De la misma forma, Bruselas también podrá reclamar los detalles de otros acuerdos comerciales que sean relevantes.

Entra en vigor el nuevo bono social, aplicado en función de la renta y con descuentos de hasta el 50%

Redacción / Agencias.- El Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social de electricidad, que estará basado en criterios de renta para percibir descuentos en la factura de la luz que llegan hasta el 50% de su importe. También impedirá que a los consumidores atendidos por servicios sociales se les corte el suministro. Además, se establecen unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el bono social con la finalidad de asegurar un consumo eficiente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que los descuentos del bono social se aplicarán en función de la renta y no por los parámetros que se habían venido usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados. De esta forma, una vez publicado en el BOE y aprobada la orden ministerial que desarrolla el mecanismo de solicitud del bono, aquellos consumidores que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitarlo de manera inmediata. El real decreto del Gobierno establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta, que varían en función del tamaño del hogar, para los diferentes descuentos en la factura de la luz.

En el caso de una persona sola, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros en el caso de una familia con dos menores. El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de la de los vulnerables.

Asimismo, el descuento llegará hasta el 50% para aquellos consumidores vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, y que serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo, las comercializadoras eléctricas deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro. Hay que recordar que hasta ahora el descuento del bono social era siempre del 25%.

El nuevo bono social, que se reformó después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria, obliga a las empresas comercializadoras o sus matrices a financiar el bono social en función de su cuota de clientes. Con ello, según asevera el Ministerio de Energía, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como «un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado».

El decreto recoge, además, una serie de medidas para reforzar la protección al consumidor vulnerable, entre las que está la ampliación de 2 a 4 meses del plazo para cortar el suministro, una vez se produce el impago. En este caso, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de 2 meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores. Además, las compañías deberán informar al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre de que está renunciando a la posibilidad de percibir el bono social.

Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una medida para recuperar la normalidad de los pagos. Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social.

Los consumidores que actualmente disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovarlo, disfrutando así de un descuento en su factura durante todo el período invernal. Eso sí, transcurrido este plazo tendrán que haberlo renovado en el caso de que puedan seguir beneficiándose de este descuento en la factura de la luz. Próximamente estará operativa una aplicación informática para verificar la información disponible sobre la renta de los solicitantes en la Agencia Tributaria, aunque también se podrá pedir presentando el interesado la declaración del IRPF.

La discapacidad también se valora

El umbral se incrementa en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, y para víctimas de violencia de género o de terrorismo, lo que significa un aumento en 3.760 euros del umbral. En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera positivo que el factor de discapacidad se tenga en cuenta por vez primera en la regulación del bono social eléctrico aunque cree que «se podía haber ido más lejos en la intensidad de las ayudas por este motivo«.

El Comité señaló que «como consecuencia de la acción de incidencia del Cermi ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante la tramitación de la norma adoptada por el Gobierno, las situaciones de discapacidad en la unidad de convivencia ampliarán los umbrales de renta que se establecen para poder acogerse a este beneficio, lo que aumenta el número de domicilios que podrán disfrutar de este bono social, con lo que se atiende en parte las demandas del sector«.

Desde su aprobación en 2009, la discapacidad no era un elemento relevante en la configuración del bono social eléctrico, exclusión que el Cermi había venido criticando y que ahora, con la regulación aprobada, «se subsana aunque sea de modo parcial, pues la discapacidad es una las situaciones sociales, junto con la violencia de género y las víctimas del terrorismo, que favorece el acceso al beneficio».

El Comité planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a las familias numerosas o los perceptores de pensiones mínimas, que con independencia de la renta, acceden per se a la consideración de consumidor eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no fue asumido por el Gobierno. «No obstante, indirectamente, a través de la consideración de familias numerosas, que se alcanza con rebaja de criterios cuando concurre una situación de discapacidad, o como perceptores de pensiones mínimas, un número importante de personas con discapacidad y sus familias podrá disfrutar del bono social eléctrico y de los demás beneficios que lleva aparejados», concluye.

Pakistán descubre nuevos yacimientos de gas y petróleo con los que espera aliviar su déficit energético

EFE.- Pakistán ha descubierto un nuevo yacimiento de gas y petróleo que añadirá 292.000 millones de pies cúbicos de gas y unos 23 millones de barriles de crudo a las reservas del país, que sufre un grave déficit energético, según indicó una fuente oficial. «Es un descubrimiento significativo. Empezaremos la producción inmediatamente», indicó Tariq Jaswall, responsable del Departamento de Exploración de Pakistan Oil Limited (POL), compañía que realizó el descubrimiento en la provincia del Punyab.

Jaswall afirmó que estiman que el pozo proporcionará unos 16 millones de pies cúbicos diarios, que se sumarán a los aproximadamente 4.000 millones que Pakistán produce a diario. Los análisis indican que el gas contiene un 86% de metano, un 7,2% de etanol y un 2,9% de propano. El gas representa la mitad de la energía que consume el país asiático de 207 millones de habitantes. Durante los inviernos son habituales los cortes de este combustible para calefacciones de casas y cocinas. El nuevo pozo proporcionará además entre 1.600 y 1.800 barriles de petróleo diarios, sumándose a los alrededor de 100.000 que se producen ahora.

18.000 millones invertidos en energía

Pakistán sufre una grave falta de energía, con un déficit de electricidad de entre 2.000 y 4.000 megavatios, lo que provocan varios cortes de luz, a pesar de las mejoras de los últimos años. El Gobierno de Pakistán está construyendo 11 plantas de carbón, 3 hidroeléctricas, 4 plantas solares y 3 eólicas que aportarán 11.000 megavatios con un coste de unos 18.000 millones de dólares, financiados por China. Además, trata de finalizar la construcción de un gasoducto con Irán para importar gas que comenzó hace 20 años y aún no se ha finalizado dada la compleja situación de la región.

El Gobierno de Cataluña propone multar con 2,8 millones de euros a Endesa por un apagón en Lleida en marzo

EFE.- El departamento de Empresa y Conocimiento del Gobierno de Cataluña propuso sancionar con 2,8 millones de euros a la compañía eléctrica Endesa por los apagones que el temporal de nieve causó los días 24, 25, 26 y 27 del marzo en la provincia de Lleida. Dicho expediente imputa a la compañía dos infracciones «muy graves»: la interrupción del suministro eléctrico y el incumplimiento de los plazos de reposición del servicio.

El expediente informativo concluye que la interrupción del suministro afectó a 72 municipios leridanos, principalmente del Pirineo, y a un total de 42.611 usuarios en diferente magnitud. Este hecho, señala la Generalitat, constituye una vulneración de la Ley del Sector Eléctrico, ya que el suministro «sólo se puede interrumpir cuando esta posibilidad conste en el contrato, cuando sea imprescindible para el mantenimiento y reparación de instalaciones, mejora del servicio o razones de seguridad, o cuando ha transcurrido al menos dos meses desde que se haya requerido el pago del servicio».

Además, añade la Consejería, la reposición del servicio en 10 de los municipios incumplió la Ley 18/2008 de garantía y calidad del suministro eléctrico, ya que se excedió el tiempo establecido para la reposición del 90% de los usuarios afectados. El expediente, además, descarta que las interrupciones se debieran a una causa de fuerza mayor, dado que las condiciones meteorológicas no constituyeron una situación de excepcionalidad. Fuentes de Endesa han confirmado que la compañía ha recibido el expediente sancionador y que lo está estudiando para decidir si presenta alegaciones próximamente.

Debido a un temporal de nieve, se produjeron 137 incidentes en la red de media tensión y 159 en la de baja tensión de Lleida. En total, cayeron a tierra 8 soportes y hasta 5,5 kilómetros de líneas. La instrucción del expediente sancionador prevé un período de alegaciones, que la sanción se reduzca en un 20% si la empresa reconoce voluntariamente su responsabilidad y que la sanción se reduzca también en un 20% si la compañía paga la sanción rápidamente.

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Una caída de tensión interna obliga a Petronor a parar varias unidades

EFE.- La refinería de Petronor se ha visto obligada a realizar una parada no programada en varias unidades de la Planta 3 debido a una caída de tensión en la subestación eléctrica interna. Según explicó Petronor, una vez normalizada la alimentación eléctrica «se está procediendo a arrancar las unidades». Tras la parada se dirigieron los gases del proceso a la antorcha 3, lo que originó unos minutos de llama con denso humo negro. Petronor asegura que «no se ha detectado en las cabinas de inmisión ninguna afectación al entorno«.

Un apagón deja sin servicio eléctrico a una amplia parte del nordeste de México

EFE.- Fuertes vientos derribaron una torre de distribución de una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nava (Coahuila), lo que dejó temporalmente sin suministro a una amplia parte del nordeste de México, según fuentes del organismo. Entre las principales ciudades afectadas están Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Reynosa (Tamaulipas). El apagón dejó sin servicio a millones de personas.

«La CFE informa que se registran interrupciones al suministro de energía en algunas ciudades de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua», indicó la CFE. Añadió que, junto con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), investiga las causas de este fallo en el suministro de energía eléctrica. Fuentes de la división Golfo Norte de la CFE indicaron que se debió a la caída de la torre de distribución en Nava, causada por fuertes vientos.

El suministro de combustible desde Estados Unidos a América Latina se ve afectado por el huracán Harvey

Europa Press.- El huracán Harvey podría provocar escasez de combustible en América Latina tras el bloqueo de un millón de barriles diarios de gasolina y diésel estadounidenses normalmente destinados a países como México. Harvey llegó al estado estadounidense de Texas este viernes, convirtiéndose en el huracán más fuerte que haya golpeado el estado, el centro de la industria petrolera y de gas de Estados Unidos, en más de 50 años.

Estados Unidos es el mayor exportador neto de combustible del mundo y la mayoría de esos envíos navegan desde los puertos de Texas y Louisiana. La tormenta tropical ha provocado el cierre de los puertos de Corpus Christi y Houston, en Texas, dos de los principales puertos de exportación de combustible. «Cualquier contratiempo en las exportaciones de productos refinados de Estados Unidos es muy perjudicial para la cadena de suministro debido a la dependencia de Estados Unidos de países como México y otros países latinoamericanos», aseguró el director de RBC Capital Markets, Michael Tran. Una seria interrupción de los suministros globales de petróleo podría desencadenar una emisión internacional coordinada por la Agencia Internacional de Energía.

Aún no está claro cuándo reabrirá el puerto de Houston, ya que el pronóstico es que Harvey vuelva a acercarse a la zona en los próximos días, provocando lluvias torrenciales. La portavoz del puerto ha asegurado que las instalaciones del puerto de Houston estarán cerradas este lunes debido a la continua amenaza. El puerto de Corpus Christi ha sufrido daños menores de infraestructura, pero está preparándose para reabrir, según indicó un portavoz. Los suministros de combustible a Europa también serán interrumpidos debido a Harvey. Estados Unidos es la mayor fuente de diésel de bajo azufre para Europa y América Latina.