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El Ayuntamiento de Navalcarnero debe abonar medio millón de euros a Iberdrola por facturas impagadas desde 2012

EFE.- Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Navalcarnero a abonar más de medio millón de euros a Iberdrola por una serie de facturas sin contabilizar de legislaturas anteriores y que la compañía eléctrica llevaba reclamando desde el año 2012. El Consistorio celebró un pleno extraordinario con carácter urgente para modificar el Plan de Ajuste vigente, en base a la solicitud de inclusión de una nueva operación de crédito para atender a esta sentencia judicial, firme desde el pasado 24 de julio, según el Ayuntamiento.

Concretamente, la sentencia solicita el pago de 531.600 euros, más intereses legales, en favor de Iberdrola por facturas no contabilizadas de los años 2011, 2012 y 2013, cuando la localidad estaba liderada por Baltasar Santos, que gobernó Navalcarnero durante 20 años bajo las siglas del PP. «El anterior Gobierno municipal llevaba sin pagar a Iberdrola desde 2009», insisten desde el Consistorio, asegurando que los enganches del edificio consistorial y de la mayoría de los edificios municipales estaban realizados de forma ilegal, después de realizar la compañía diversos cortes por impagos.

Herencia de la anterior corporación

Desde el Ayuntamiento han recordado como por este motivo, en septiembre de 2015, la compañía suministradora cortó la luz de las dependencias municipales durante un Pleno, quedando éstas a oscuras durante 3 días, hasta que se pudo contratar y ‘legalizar’ todos estos enganches. Según indica el concejal de Hacienda, Juan Santos Benito, estas facturas no contabilizadas de Iberdrola se suman a las de otras suministradoras, como las del Canal de Isabel II, que «no solamente no se habían pagado, sino que ni siquiera estaban contabilizadas».

El concejal de Hacienda reitera que, en esta ocasión, han tenido que solicitar a la compañía eléctrica duplicados de todas estas facturas ya que, a la entrada del nuevo Gobierno municipal, se encontró con una deuda no contabilizada de suministro eléctrico que ascendía a 842.000. El 24 de mayo de 2015, el socialista José Luis Adell, junto a Ciudadanos y Cambiemos, arrebató la alcaldía al PP y tuvo que presentar un severo plan de ajuste municipal para reducir la enorme deuda dejada por Baltasar Santos. En la actualidad, el Gobierno municipal está haciendo frente, no solo al consumo mensual de electricidad, sino a esta deuda de facturas atrasadas con Iberdrola y no pagadas ni contabilizadas por el anterior ejecutivo local.

Iberdrola firma un convenio con la ONG Accem para proteger el suministro energético de los clientes en situación de vulnerabilidad

Europa Press.- Iberdrola se compromete a no cortar el suministro de luz o gas por impago a los clientes en situación de vulnerabilidad detectados por Accem Madrid, tal y como se comprometió en este acuerdo entre las dos instituciones. El convenio también insta a asegurar el inmediato restablecimiento del suministro en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión.

La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola, residentes en la Comunidad de Madrid y puedan, previa valoración técnica del personal profesional de Accem, ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social. En el marco de este convenio, vigente por un año prorrogable, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro energético a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica por parte de esta institución humanitaria.

Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a los beneficiarios de estas ayudas y a Accem el asesoramiento en materia de eficiencia energética, la información y la formación que precisen. Las dos instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del convenio para la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad, a la que aportarán dos miembros cada una. Iberdrola ha destacado que ya protege al 100% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura en el marco de los 52 convenios sellados con administraciones públicas, ONG y asociaciones o del procedimiento propio para la protección a clientes vulnerables.

El PSOE insta al Gobierno a que las personas con electrodependencia sean beneficiarias del bono social de electricidad

Servimedia / EFE.- El grupo socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer medidas de apoyo a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con electrodependencia por razón de salud, entre las que destacan incluir a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico.

Esta proposición, que será debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pretende defender a las personas con electrodependencia por razón de salud que hay en España, es decir, aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica que los mantiene con vida. El PSOE critica que aún «no existen ayudas para estas personas, a pesar del elevado precio de la electricidad y de los fuertes incrementos producidos en los últimos años».

En este sentido, la propuesta pide que se incluya a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico; garantizar que tengan la consideración de suministros esenciales para que, en ningún caso, se les pueda suspender el suministro de energía y que, en caso de cortes imprevistos, tengan la máxima prioridad para su restablecimiento; e instalar en sus domicilios, de manera gratuita, un sistema de alimentación ininterrumpida para que, en caso de cortes imprevistos, puedan contar con unas horas de electricidad.

El PSOE reclama también que las ambulancias de transporte no urgente, que se utilizan para trasladar a los pacientes con electrodependencia, tengan habilitados los enchufes, y que los traslados de estos pacientes tengan la máxima prioridad. La diputada socialista María del Sol Pérez reivindicó que «es necesario garantizar que no se pueda suspender el suministro de energía eléctrica en los casos de personas electrodependientes, pues su vida depende de ello«.

Endesa defiende que la mejor medida contra la pobreza energética es eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro

Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que «la medida que más puede contribuir» a la solución del problema de la pobreza energética es “eliminar de la tarifa eléctrica todos los costes ajenos al suministro de la energía eléctrica«. Así se expresó Bogas en la junta de accionistas de la compañía, en la que recordó que dichos costes proceden de decisiones de política energética.

Bogas considera que una tarifa eléctrica más baja además de reducir el problema de la pobreza energética incrementaría la competitividad y supondría un empuje a la descarbonización del sistema energético. Además, defendió que Endesa «está firmemente comprometida en la lucha contra la pobreza energética» y destacó que es la eléctrica que ratificó más convenios con autonomías y ayuntamientos para afrontarla, un total de 220. Como consecuencia, aseguró que «todos los clientes vulnerables conectados a nuestra red se encuentran protegidos y no se les corta el suministro«. Por último, afirmó que «nuestra disposición a colaborar en la solución del problema está fuera de toda duda y la vamos a mantener con el fin de encontrar nuevas medidas justas, asumibles y eficaces».

Dotar de estabilidad al Parlamento

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, ve “preciso” dotar de estabilidad al actual Parlamento, en el que ya no hay mayorías absolutas, y ha dicho que la nueva situación parlamentaria «exige nuevas formas de hacer política». Prado considera que esas nuevas maneras de hacer política, «si son gestionadas con inteligencia y con altura de miras, pueden dar lugar a una etapa fructífera y de progreso«, como demuestran desde hace décadas «muchos» Gobiernos de los países del entorno.

Ha señalado que «lo complicado» va a ser el tránsito «desde la mayoría absoluta hacia los necesarios equilibrios parlamentarios», pues «pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo, ni para quienes dispusieron de esa posición dominante ni para quienes estuvieron en el lado contrario». No obstante, cree que ahora es momento para que los que lideran la actividad política demuestren «su visión de Estado«.

Respecto al actual Gobierno, ha dicho que su altura de miras y su capacidad de gestión «permitirán a España mantener el rumbo de la recuperación económica que, con el sacrificado esfuerzo de tantos», se inició en la pasada legislatura. También ha dicho que confía en el «saber hacer e inteligencia» de los que integran la oposición política y ha dicho que su responsabilidad será «determinante».

En cuanto a la economía, destacó que «aunque quedan rémoras indeseables tras una larga y profunda crisis, también estamos en el camino de superarlas». «Hay un buen puñado de síntomas para considerarlo así», apostilló. Entre ellos, se refirió a que España está liderando el crecimiento en la Unión Europea y a que redujo el desempleo en casi 400.000 personas el año pasado. «Aunque es una cifra aún insuficiente, señala que hay salida al mayor problema al que nos enfrentamos», concluyó.

Todo el beneficio en dividendos

La junta de accionistas de Endesa, en la que estuvo representado un 85,6% del capital, ha aprobado el pago de un dividendo de 1,33 euros por acción con cargo a los resultados de 2016, que supondrá la distribución de 1.411 millones de euros.Este dividendo implica el reparto del 100% del beneficio neto generado en 2016, un 30% más que en 2015, cumpliendo con el compromiso que la compañía adquirió en la oferta pública de venta (OPV) de 2014.Además, Endesa anunció en la actualización de su plan industrial que su objetivo era aplicar entre 2017-2019 una política de dividendos consistente en el reparto con cargo a estos ejercicios del 100% del beneficio ordinario neto.

En concreto, para 2017 el dividendo ordinario será como mínimo de 1,32 euros brutos por acción y hasta 2019 espera repartir 6.000 millones de euros. Del dividendo de 2016, de 1,33 euros, Endesa ya pagó a cuenta 70 céntimos brutos por acción el pasado 2 de enero y el próximo 3 de julio abonará un dividendo complementario de 63 céntimos.

Además, la junta de accionistas otorgó su visto bueno a la reelección de Miquel Roca, padre de la Constitución, y de Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset, como consejeros independientes. También aprobó el plan de retribución variable a largo plazo Plan de Fidelización Programa 2017-2019, que incluye entre sus beneficiarios a los consejeros ejecutivos de Endesa, y el informe anual de remuneraciones de los consejeros, además de reelegir a Ernst&Young como auditor de la compañía. Por su parte, el consejo de administración de Endesa acordó nombrar vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo, que dimitió.

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

Endesa subraya su compromiso con la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza energética junto a Cruz Roja

EFE.- La empresa energética Endesa ha firmado un convenio con Cruz Roja Española en Andalucía por el que no cortará el suministro eléctrico o de gas a aquellas personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, en casos que previamente han de informar los técnicos responsables de Cruz Roja. Por otro lado, la compañía ha subrayado su compromiso con el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. También lamentó la acción desarrollada por Greenpeace en su sede.

Activistas de Greenpeace han desplegado pancartas y globos negros en una acción simultánea en las sedes de las principales eléctricas españolas, Endesa (Madrid), Iberdrola (Bilbao) y Gas Natural Fenosa (Barcelona), para denunciar lo que considera una política de bloqueo a las energías renovables. Fuentes de Endesa han recalcado que la compañía está «firmemente comprometida con el medio ambiente», tal y como demuestra su presencia en índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index World, el Euronext VIGEO o el STOXX Global ESG Leader Index.

Según estas fuentes, las inversiones directas de Endesa en actividades medioambientales, sin contar las realizadas para la mejora de las instalaciones, ascendieron el año pasado a 108 millones de euros, con un incremento del 28,6%. La inversión acumulada en acciones medioambientales supera los 1.525 millones. Además, la compañía pagó más de 874 millones en impuestos medioambientales. «La lucha contra el cambio climático es para Endesa el principal desafío ambiental», han subrayado las fuentes citadas. En este sentido, Endesa ha reducido sus emisiones absolutas de CO2 un 43% respecto a 2005. La compañía se propone avanzar en esta senda y lograr reducciones del 60% en 2030 y del 80% en 2040.

Las fuentes de Endesa han señalado que la política ambiental de Endesa se enmarca en la del Grupo Enel, del que forma parte, cuyos principales objetivos son convertirse en una empresa «carbón neutral» en 2050 y reducir las emisiones específicas de NOx, SO2 y partículas, el consumo de agua y la generación de residuos. Finalmente, condenaron la acción de Greenpeace por «poner en riesgo la integridad física de las personas”.

Endesa pacta con Cruz Roja

Con este acuerdo, la energética se compromete a ayudar y sufragar las deudas económicas generadas por los impagos de consumidores en situación de pobreza energética, facilitando a los técnicos de Cruz Roja la forma de pago de las ayudas que se adopten para evitar el corte de suministro, según indicó. Francisco Arteaga, director general de Endesa Andalucía y Extremadura, ha destacado que tras el convenio se «garantiza que se pueda dar cobertura a todas las personas en situación económica vulnerable que no puedan afrontar los costes derivados del mantenimiento de los suministros básicos del hogar».

Por su parte, José Carlos Sánchez Berenguel, presidente autonómico de Cruz Roja Española en Andalucía, ha destacado que acuerdos de esta naturaleza son «de vital importancia» para su institución, que solo en 2016 atendió a más de 100.000 personas en la comunidad en situación de extrema vulnerabilidad. Esta firma es producto de la acción de esta compañía energética en la búsqueda de soluciones y el desarrollo de nuevas medidas, tanto preventivas como correctivas, para establecer un esquema lo más eficaz posible de apoyo a los clientes vulnerables en esta materia.

El 57% de los hogares están cubiertos ante una situación de pobreza energética en caso de necesidad por acuerdos de Endesa, un porcentaje que la compañía se compromete a seguir aumentando al ser consciente del grave problema que supone la pobreza energética en muchos hogares. Endesa también ha revelado que dejará en suspenso el corte de electricidad y/o gas en el momento que reciba la comunicación de que el titular del servicio es sujeto de una ayuda al respecto e informará sobre los requisitos necesarios para la concesión del bono social cuando sea de aplicación.

Iberdrola ya protege a todos sus clientes vulnerables del corte de suministro energético por el impago de las facturas

EFE / Servimedia.- Iberdrola ya tiene protegidos a todos sus clientes residenciales de España de una eventual suspensión del suministro de electricidad o gas derivada del impago de facturas, siempre que se trate de consumidores considerados vulnerables, según indicó la compañía. Esta protección, que alcanza a 7,35 millones de clientes residenciales, se ha conseguido a través de diversos convenios suscritos con administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones, y del procedimiento puesto en marcha por Iberdrola para proteger a los clientes vulnerables.

La protección se aplicará a todos los consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad. La compañía se ha comprometido a prestar atención a los clientes vulnerables y a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas. Desde julio de 2015, Iberdrola ha firmado 50 convenios.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha explicado que la empresa «es consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual». «De ahí la firma de estos acuerdos en España para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los usuarios económicamente vulnerables. Ya protegemos a la totalidad de los clientes de nuestra compañía pertenecientes a este colectivo«, presumió.

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.