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Bruselas pide a Francia que recupere 1.370 millones de euros en ayudas de Estado ilegales a EDF

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea instó a las autoridades francesas a recuperar 1.370 millones de euros en ayudas de Estado ilegales concedidas a la compañía energética EDF, al concluir que el Estado no recaudó todo lo que debía haber pagado la empresa por el impuesto de sociedades en 1997. Bruselas considera que esta exoneración fiscal supuso una «ventaja económica indebida» a EDF con respecto a sus competidores en el mercado energético y supuso una distorsión de la competencia, y reclama ahora que «restituya la ayuda».

Esta decisión corresponde a una investigación abierta en 2013 por el Ejecutivo comunitario. «Sea pública o privada, grande o pequeña, cada empresa activa en el mercado único debe pagar su justa parte del impuesto de sociedades», advirtió la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien recalcó que la francesa EDF se benefició de una exención «no justificada» ya que en ese momento los beneficios que podrían esperarse de tal inversión fueron muy bajos. Según indicó, se trató de una ayuda estatal que «reforzó la posición de EDF en detrimento de sus competidores, sin perseguir ningún objetivo en favor del interés común».

Entre 1987 y 1996, considerando que la red de alimentación general de alta tensión en Francia se le había confiado en concesión, EDF creó provisiones contables para su renovación. En 1997, durante una reestructuración del balance de EDF, las autoridades francesas recalificaron en dotación de capital una parte de estas provisiones, sin someterlas al impuesto de sociedades. Tras un examen en profundidad, Bruselas concluyó que el impago del impuesto de sociedades sobre estas provisiones había conferido una ventaja selectiva a EDF y era incompatible con el mercado interior. La Comisión reclamó a EDF devolver la subvención, evaluada en 888 millones de euros, pero la decisión quedó invalidada y obligó a Bruselas a reabrir la investigación.

Finalmente, la Comisión Europea considera que tal ayuda es incompatible con el mercado único y que supuso una infracción de las normas comunitarias. Por ello, la empresa eléctrica debe abonar al Estado francés 1.370 millones de euros, de los que 889 millones se corresponden a la exención fiscal concedida en 1997 y, 488 millones, a los intereses. EDF es el principal suministrador de electricidad en Francia y opera también en otros países europeos. El Estado francés, con un 85% del capital, es su accionista mayoritario.

EDF recurrirá la devolución de ayudas que le exige Bruselas

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EFE.- La eléctrica francesa EDF, en la que el Estado conserva la mayoría del capital, anunció que va a intentar anular, con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea que le obliga a devolver 1.370 millones de euros obtenidos con medidas fiscales y que Bruselas equipara a una subvención. Eso sí, de momento EDF toma nota de la decisión de la Comisión Europea y «procederá al reembolso de las sumas exigidas».

En este sentido, la eléctrica francesa también indicó que esta sanción tendrá consecuencias sobre sus cuentas para este año y el principal exigido, 889 millones de euros, afectará negativamente en sus cuentas del primer semestre del año mientras que los intereses financieros, estimados en 488 millones, impactarán el resultado neto. Para la segunda mitad del año, la devolución de ese dinero se traducirá por un incremento del endeudamiento financiero en unos 900 millones de euros.

Un dictamen a favor de la compañía del Tribunal de Luxemburgo hizo que el Estado francés pagará en 2009 a EDF 1.224 millones de euros, que la compañía había tenido que devolverle en 2004, ya que la Comisión Europea consideró ese dinero una ayuda pública ilegal. Pero Bruselas reabrió el expediente en mayo de 2013 y ahora insta a Francia a recuperar 1.370 millones de euros, al estimar que las medidas fiscales en favor del grupo estatal son subvenciones públicas incompatibles con las normas comunitarias.

España tendrá un papel relevante en la estrategia de la Unión Energética, según la CNMC

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La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, aseguró que la Península Ibérica (España y Portugal) tendrá un papel «muy relevante» en la estrategia de la Unión Energética planteada por la Comisión Europea. Según María Fernández, España puede jugar un papel protagonista en la integración del mercado energético europeo «por su experiencia» y por el hecho de que cuenta con «tecnologías avanzadas».

«Tanto nuestro país como Portugal se encuentran en un lugar muy destacado para llevar a cabo la Unión Energética», insistió la vicepresidenta de este organismo al clausurar el encuentro Ecuación para una energía segura y sostenible que se desarrolló en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. El acto de clausura ha siso cerrado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para quien el mundo está abocado al uso de las energías renovables, porque, según afirmó, «no se puede seguir contaminando la atmósfera».

Fernández destacó que en la estrategia de la Unión Energética «lo más esencial» es la creación de un mercado europeo de la energía «plenamente integrado», basado en la mejora de las interconexiones, la plena aplicación de la legislación comunitaria y facilitar a los ciudadanos la elección de sus proveedores de energía. Además, apuntó que, desde el punto de vista de la estrategia, el consumidor es un «actor principal» del que, a su juicio, «el sector se ha venido olvidando». Para Fernández, es necesario «mejorar» la comunicación que llega al consumidor por parte de los operadores.

Asimismo, Fernández indicó que el «papel activo» del consumidor tiene que venir acompañado por el uso de las «tecnologías inteligentes», refiriéndose a los contadores; apostando también por «mejorar» y «facilitar» el cambio de suministradores que, en su opinión, genera competencia, dinámica de mercado y mejora el comportamiento de los precios. Fernández añadió que el uso de contadores inteligentes permitirá un ahorro energético al consumidor, además de facilitar la gestión del sistema, que será «más eficiente».

Por su parte, Revilla, tras afirmar que el «descubrimiento» de la energía «cambio el mundo» basándose en el uso del carbón en el siglo XVIII y en el del petróleo en el XX, ha enfatizado que el siglo XXI es el de las energías renovables a las que «estamos abocados». Para Revilla, el uso de las energías renovables debe ser un «imperativo legal para muchos países»; y en el caso de España una necesidad porque, según ha apuntado «nunca hemos tenido petróleo ni para mecheros», mientras que abunda el viento, el sol y el agua.

En este sentido, el presidente de Cantabria ha subrayado que en el mundo y en España hay que apostar por este tipo de energías, «manteniendo la seguridad del suministro», y «sin ningún tipo de contestación». Además, el dirigente autonómico ha afirmado que «atisba» tres años de crecimiento, «si no hay alguna coyuntura exógena tipo Grecia», que repercutirá «notablemente» en el crecimiento de la demanda energética.

Viesgo pide a la Unión Europea el fin del «intervencionismo» y de la «sobrecarga artificial» de la factura eléctrica

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Redacción / Agencias.- El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, abogó porque la Comisión Europea revise «en profundidad» la «sobrecarga artificial» de la factura eléctrica y haga desaparecer el «intervencionismo» en el sector. Así lo señaló Antoñanzas durante su intervención en el seminario Ecuación para una energía segura y sostenible«.

No obstante, el presidente de Viesgo destacó que la Comisión Europea haya «reafirmado su apuesta por un nuevo sistema energético» con lo que ha llamado un Paquete de verano, con el que quiere «rediseñar el mercado eléctrico, rediseñar el etiquetado y revisar el régimen de comercio». «A nosotros nos alegra que la Comisión avance hacia la descarbonización de la economía, dando la relevancia que se merece a la eficiencia energética y situando a los consumidores en el centro del mercado europeo de la energía», ha dicho Antoñanzas, que sin embargo ha lamentado que aún se hayan eludido las «grandes preocupaciones«.

Por ello, Antoñanzas hizo referencia a la necesidad de abordar por parte del Ejecutivo comunitario la «gran preocupación que existe en Europa, por el riesgo que supone el intervencionismo político que hace que la factura eléctrica soporte una gran sobrerecarga artificial con tasas e impuestos que nada tienen que ver con un suministro seguro y sostenible«. Sobre las perspectivas del sector en España, Antoñanzas destacó que 2015 será «crucial» en el ámbito económico y político por las elecciones, pero que, independientemente del resultado, el sector energético necesita «estabilidad para poder continuar con la senda de inversiones esperada«. «Las instalaciones que construimos tienen una vida media de décadas, más allá de los periodos entre elecciones», agregó.

Por otro lado, a pesar de que «por primera vez en muchos años el sistema está económicamente equilibrado» y el déficit de tarifa «es historia», considera que «aún quedan algunos aspectos por resolver». En este sentido, señaló que aunque el futuro energético se construirá en torno a las energías renovables, también es necesario apostar por tecnologías de apoyo convencionales, como los ciclos combinados. Por ello, indicó, tienen que contar con una retribución «suficiente» por ofrecer una capacidad de reserva. Además, cree que se debe concretar el papel del carbón nacional en el futuro y completar los desarrollos pendientes para implementar el nuevo marco retributivo de la actividad de distribución, «llamada a ser protagonista del soporte a la transformación del sector».

El Gobierno modifica la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 para 2015-2020

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Europa Press.- El Consejo de Ministros modificó la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2015-2020 para los sectores y subsectores que se consideran expuestos a riesgo significativo de fuga de carbono. El acuerdo incluye un anexo con las nuevas asignaciones de las 32 instalaciones que realizan actividades que desde el 1 de enero de 2015 pasan a estar consideradas en riesgo de fuga de carbono o que dejan de estarlo.

En el periodo 2013-2020 la asignación gratuita de derechos en Europa se rige por reglas comunes a todos los Estados miembros. En estas reglas juega un papel fundamental el concepto de «fugas de carbono», que significa que una actividad tiene un riesgo significativo de fuga de carbono cuando los costes que afectan a esa actividad por su inclusión en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión pueden provocar la deslocalización a otros países donde la emisión por unidad de producto puede ser mayor.

Para evitar las fugas de carbono, la normativa establece que las instalaciones que realicen actividades en riesgo tendrán un nivel de asignación gratuita mayor. Los sectores que se consideran expuestos a riesgo de fuga de carbono son determinados por la Comisión Europea. Se configura así una lista de sectores en riesgo que debe renovarse cada cinco años. La primera estuvo en vigor en 2013-2014. La segunda, adoptada a finales de 2014, será válida en 2015-2019.

Industria acusa a UNEF de «manipular» la visión europea del autoconsumo

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria acusó a la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de «manipular» el texto de recomendaciones de la Comisión Europea relativas al autoconsumo para así criticar la propuesta de normativa elaborada por el Gobierno. En este sentido, Industria «desmiente» las críticas vertidas por esta asociación contra el borrador de normativa, que alegaba que el borrador contradice las recomendaciones de la Comisión Europea.

La Comisión Europea publicó un documento en el que subrayaba que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro». Posteriormente, UNEF afirmó que consideraba que las recomendaciones europeas «invalidaban» la normativa española, algo que Industria niega ahora, al defender que «se ajusta a las recomendaciones y mejores prácticas recogidas en el informe de la Comisión«. De esta manera, el Ministerio de Industria destaca que el real decreto de autoconsumo en tramitación respeta «fielmente el espíritu de las recomendaciones de la Comisión, que es que los requisitos de autorización sean proporcionados«.

UNEF también destacó que «la Comisión Europea se ha posicionado en contra de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España». Sin embargo, según Industria, se trata de un argumento que considera «erróneo, ya que el informe de la Comisión analiza de forma global los diferentes modelos de autoconsumo de diferentes Estados miembros». Así, subraya que en relación a España, la Comisión dice literalmente que «hasta los 100 kW, la regulación está aún pendiente de aprobarse».

Industria alega que el documento comunitario «es meramente descriptivo» y propone «recomendaciones», sin valorar específicamente a la legislación de cada país, por lo que no puede abordar la española. Así, la crítica de que los supuestos de la Comisión «invalidan» el texto del Gobierno, a juicio de Industria, «no se ajusta a la realidad del informe«. De la misma manera, Industria defiende que su propuesta legislativa no impone requisitos administrativos diferentes a los de cualquier otro productor de electricidad y que las cargas económicas no son discriminatorias, ya que tienen el objetivo de que los autoconsumidores contribuyan a sufragar los costes del sistema como lo hacen el resto de consumidores.

«Tan sólo se exige la inscripción en un registro administrativo, lo que se justifica por razones técnicas y de seguridad. Además, el trámite de inscripción será simplificado para los pequeños consumidores», añade el Ministerio. «La asociación ha tratado de «manipular» las recomendaciones del documento de la Comisión Europea para arremeter en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo», subraya Industria. El borrador de normativa de autoconsumo prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas con el objetivo de que los autoconsumidores conectados a la red contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

UNEF afirma que la Comisión aboga por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas», sin embargo, según Industria, la norma en tramitación respeta las recomendaciones de la Comisión, ya que no establece cargos discriminatorios. «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores. Además, no es retroactivo. La norma contempla un plazo para adaptarse a la nueva regulación para garantizar que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones. Por consiguiente, no se afecta a las inversiones de autoconsumo ya realizadas«, añaden al respecto desde el Ministerio.

Finalmente, afirma que «no es cierto» que se creen nuevos cargos ni impuestos, como el conocido como impuesto al sol, sino que lo que se pretende es que «todos los consumidores estén en igualdad de condiciones». «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores, tanto para las redes eléctricas como para el resto de servicios del sistema. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los más vulnerables, que verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes», destaca.

Las organizaciones renovables critican al Gobierno tras el apoyo de la Comisión Europea al autoconsumo

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Redacción / Agencias.- La patronal fotovoltaica UNEF y la Fundación Renovables cargaron contra la propuesta de regulación para el autoconsumo elaborada por el Gobierno español ante el apoyo mostrado por la Comisión Europea a esta actividad al subrayar que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro» dentro de un paquete de propuestas en materia energética con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

La Fundación Renovables asegura que el real decreto del Ejecutivo va «en dirección contraria» a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de autoconsumo, por lo que exigió que «retire su propuesta y la redacte de nuevo tomando nota de las recomendaciones«. El presidente de la Fundación, Domingo Jiménez, señaló que «la propuesta del Gobierno sobre autoconsumo es un ataque frontal a los intereses de los ciudadanos españoles» que va contra «la inevitable democratización energética«. De esta forma, Jiménez celebró que Bruselas recoja «las mejores prácticas internacionales sobre autoconsumo creando así una clara indicación sobre la necesidad de derribar las barreras para que la ciudadanía pueda jugar en paridad de condiciones con las grandes empresas en el sector energético».

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación que representa al 85% de la capacidad fotovoltaica instalada y a la mayoría de entidades relacionadas con el sector, considera que las directrices distribuidas por la Comisión Europea son un «respaldo» a sus reivindicaciones en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo energético que planea aprobar el Gobierno, que a su juicio queda así «invalidado«.

Para UNEF, este documento «demuestra que el Gobierno de España no está construyendo un sistema eléctrico adecuado a nuestro futuro y debe retirar el proyecto de real decreto actualmente en tramitación», añadió. Este borrador prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas para los autoconsumidores conectados a la red con el objetivo de que estos contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. Para el presidente de UNEF, Jorge Barredo, la normativa española contradice las directrices de la Comisión tanto por las cargas como por los complejos procesos administrativos establecidos y por las dificultades impuestas al uso de almacenamiento.

En el documento Mejores prácticas para el autoconsumo con energías renovables, la Comisión Europea destaca que «el autoconsumo energético puede producir un gran número de beneficios», y reconoce que el fomento del autoconsumo energético puede reducir los costes del sistema, «especialmente en aquellos países soleados, en los que ayuda a reducir los picos de demanda producidos por el uso de los aires acondicionados«. La Comisión Europea reconoce asimismo que el autoconsumo puede significar «una importante contribución a financiar la transición energética» hacia un modelo más sostenible y a «reducir la factura eléctrica de los consumidores».

Bruselas considera que la energía renovable es «esencial y contribuye a todos los objetivos de la Unión Energética: seguridad de suministro, transición hacia un sistema sostenible de energía reduciendo gases de efecto invernadero, desarrollo industrial para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo y reducción de los costes de la energía para la economía de la Unión Europea». Además, según la patronal fotovoltaica, la Comisión se ha posicionado «en contra» de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España.

Concretamente, según UNEF, Bruselas denuncia que los procesos administrativos complejos para la autorización de proyectos representan «una importante barrera para la competitividad de los pequeños y medianos proyectos»y aboga por la eliminación de cualquier necesidad de legalización para las pequeñas instalaciones, más allá de un «sistema de notificaciones sencillo». Asimismo, la Comisión Europea destaca la idoneidad del uso de sistemas de almacenamiento que «pueden permitir a los consumidores almacenar y utilizar la energía generada por sus propios sistemas renovables de una manera más eficiente».

«Los mayores beneficios para la red se alcanzan cuando el almacenamiento distribuido se gestiona para reducir la potencia pico de las instalaciones de energía renovable descentralizadas», puntualizó la Comisión. El documento aboga además por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas.

UNEF recuerda que el borrador del Gobierno, sin embargo, prevé la eliminación de los procesos simplificados de regularización de instalaciones existentes, y obligaría a todos los proyectos a legalizarse de nuevo bajo la «compleja y costosa normativa» que, además, prohíbe el uso de sistemas de almacenamiento. Además, el borrador propuesto por el Gobierno, prevé unas «cargas«, conocidas popularmente como «impuesto al sol«, para todos los que opten por este sistema de ahorro y eficiencia energética.

La Unión Europea invertirá 150 millones de euros en infraestructuras energéticas

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EFE.- Los miembros de la Unión Europea acordaron a propuesta de la Comisión Europea invertir 150 millones de euros en 20 proyectos clave de infraestructuras transeuropeas de energía. «La consecución de un mercado energético verdaderamente competitivo en toda Europa es esencial para hacer de la Unión Energética una realidad, pero sin redes de energía fiables y bien conectadas esto no sucederá. Es por ello que estamos invirtiendo en proyectos para integrar aún más el mercado y diversificar las fuentes y rutas», indicó el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete.

La mayor parte de las 20 ayudas irán destinadas a proyectos en el este de Europa, así como a proyectos centrados en la región del Báltico, según indicó la Comisión Europea. Según Bruselas, los proyectos seleccionados incrementarán la seguridad energética y ayudarán a poner fin al aislamiento que algunos estados miembro sufren de las redes de energía de la Unión. Estos proyectos también contribuirán a la consecución de un mercado europeo de energía, y a la integración de las energías renovables en la red eléctrica.

Los proyectos, un total de 20, fueron seleccionados a través de una convocatoria realizada en el marco del Fondo Europeo para Conectar Europa (CEF), un programa de la Unión Europea para financiar infraestructuras. En el sector eléctrico, la lista de proyectos incluye, entre otros, estudios de viabilidad para el interconector Celta, que unirá Francia e Irlanda a través de un cable submarino de larga distancia o, la construcción de una nueva línea de transmisión interna de 400 kV en Bulgaria. En el sector gasístico, los subsidios asignados cubrirán, entre otros, estudios para la expansión del proyecto Chiren en Bulgaria sobre el almacenamiento subterráneoy, trabajos para implementar la interconexión entre Polonia y la República Checa.

Unesid apoya la Alianza de Industrias Electrointesivas presentada ante la Comisión Europea

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Europa Press.- La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha manifestado su apoyo a la Alianza de Industrias Electrointensivas presentada ante la Comisión Europea, que representa a más de 3.000 empresas y aglutina a unos cuatro millones de trabajadores de la Unión Europea, según indicó Unesid a través de un comunicado.

En octubre pasado, los países comunitarios acordaron que las medidas para evitar el riesgo de fuga de carbono del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS) debían continuar tras 2020, con la garantía de que las instalaciones más eficientes en sectores expuestos no se enfrenten a injustificados costes de emisiones de carbono. Así, las industrias electrointensivas hacen una llamada a los reguladores para aplicar una serie de principios a las reglas de asignación gratuita en la próxima revisión de ETS. Entre ellos, destaca preservar la competitividad de las mejores industrias con medidas que les protejan de costes directos e indirectos, así como el apoyo al crecimiento de asignación gratuita con los niveles actuales y reales de producción.

Abordar precios de la electricidad

Asimismo, la nueva normativa sobre emisiones se debe sustentar en basar las normas en puntos de referencia técnica y económicamente factibles que reflejen el comportamiento real de la industria. Además, la Alianza propone abordar el impacto negativo de la ETS de la Unión Europea sobre los precios de la electricidad, que provoca que las industrias electrointensivas europeas se encuentren en desventaja frente a competidores globales.

Nueve países de la Unión Europea y otros seis países, incluido Ucrania, pactan impulsar las conexiones de gas

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Europa Press.- Nueve países de la Unión Europea, Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, y seis países del sureste de Europa, Ucrania, Moldavia, Albania, la Antigua República Yugoslavia de Macedonia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, se han comprometido a cooperar para acelerar las interconexiones de gas clave entre ellos y reducir así la dependencia del gas ruso.

Los países firmaron el Memorando de Entendimiento y su Plan de Acción junto al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Unión Energética, Maros Sefcovic, y el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete. Bosnia-Herzegovina y Moldavia firmarán el documento en una fase posterior. Los países se comprometen a cooperar para promover proyectos de infraestructura y de interconexiones de gas prioritarios para contribuir a la diversificación del gas natural y la integración del mercado en la región, entre ellos el gasoducto transadriático, clave para traer gas azerí a Europa y las interconexiones entre Grecia y Bulgaria y Bulgaria y Serbia.

También identificaron sendos proyectos de refuerzo de los sistemas en Bulgaria y Rumanía para garantizar el flujo de entrada y salida, así como la terminal de GNL en Croacia y el sistema de evacuación de GNL hacia Hungría para comercializar el gas. Asimismo, hay otros tres proyectos prioritarios identificados pero con condiciones. Se trata de la conexión entre las instalaciones de gas en alta mar en Rumanía, si hay voluntad de asumir las capacidades de transporte para suministrar su gas al mercado, la interconexión entre Serbia y Croacia en el caso de que no se complete la que va entre Bulgaria y Serbia y, en tercer lugar, la nueva terminal de GNL en Grecia, en caso de que haya demanda.

Las pruebas de resistencia que promovió la Comisión Europea pusieron de manifiesto que la mayor parte de los países del centro y sureste de Europa eran demasiado vulnerables al gas ruso y no  tenían acceso a fuentes de abastecimiento de gas diversificadas por la falta de infraestructura y los contratos de suministro de larga duración de un único proveedor, en una región donde falta competencia y hay un uso ineficiente de las interconexiones que existen. Varios de ellos además han experimentado problemas de abastecimiento durante las crisis de gas años atrás entre Ucrania y Rusia.

«Como norma general los proyectos de infraestructura deben ser financiados por el mercado y el papel de las instituciones financieras internacionales tales como el BEI o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo se pueden considerar para asegurar la financiación necesaria, ya sea a través de sus facilidades de préstamo normales o a través de instrumentos financieros», explican los países en el Memorando de Entendimiento suscrito. «La financiación pública, incluido el apoyo financiero de la Unión Europea, debe centrarse en comenzar los proyectos que pueden aportar la mayor diversificación o seguridad de suministro para la región una vez construidos, pero que no han probado ser viables en las actuales condiciones de mercado», puntualiza el documento.

Sefcovic aseguró que la región es «muy importante para Europa» en términos de «seguridad de suministro energético» y resulta «crucial» mejorar la infraestructura para diversificar las fuentes con proyectos «realistas y viables», algo que exige la cooperación entre los países, al tiempo que subrayó el apoyo de la Comisión Europea en el marco de su proyecto para crear una Unión Energética. Cañete también incidió en que «la cooperación regional es un pilar» clave para avanzar en la integración de los mercados energéticos y contribuir a la seguridad de suministro y precios asequibles para los consumidores.