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Ecologistas y científicos alertan al Gobierno de que cerrar las nucleares disparará las emisiones y el precio de la electricidad

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Europa Press.- Un conjunto de ecologistas, protectores del medio ambiente y científicos climatológicos han expresado su preocupación al Gobierno por incluir en su hoja de ruta el cierre de las centrales nucleares algo que provocaría un aumento de las emisiones y gases contaminantes, además de un aumento en el precio del coste de la electricidad en España.

Así lo indicaron en una carta remitida, entre otros, al Ministerio de Transición Ecológica hasta 20 profesionales internacionales del área de medio ambiente, entre los que se encuentra el ganador del premio Pulitzer y autor de Renovación nuclear y La fabricación de la bomba atómica, Richard Rhodes. A pesar de «alabar» el compromiso de España con la lucha del cambio climático, un país que «ha estado a la vanguardia de la producción de tecnologías de energía con bajas emisiones de carbono», los expertos culpan a la moratoria nuclear promulgada en 1983 por detener la creación de energía nuclear «en una cantidad suficiente como para reemplazar todo el carbón que ahora se quema para crear electricidad«.

Algo similar produjo, a su juicio, el cierre de la central de Santa María de Garoña. Los combustibles fósiles utilizados para reemplazar la energía de esta central generarán alrededor de 2 millones de toneladas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año, el carbono equivalente a casi un millón de automóviles nuevos en las carreteras de España. Los firmantes de la carta también contradicen al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien afirmó que el cierre de Garoña no tendría ningún efecto en la red eléctrica del país y, sin embargo, según ellos «esta clausura elimina la energía limpia que podría haber alimentado a 1,8 millones de vehículos eléctricos».

De igual forma, la promesa de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cerrar todas las centrales nucleares restantes en el país, «aumentará la producción de energía por combustibles fósiles y, con ello, la contaminación, debido a los factores de baja capacidad y a la intermitencia de la energía solar y eólica», señala la carta. En caso de reemplazarse toda la electricidad proveniente actualmente del parque nuclear en España con la procedente de centrales de carbón y de gas natural, los expertos cifran en 32 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) el posible aumento de las emisiones, lo que equivale a añadir 14,5 millones de automóviles nuevos a las carreteras españolas.

Este incremento en las emisiones haría más difícil cumplir los objetivos establecidos por Europa, además de desencadenar un aumento de los precios de la electricidad, a medida que se vayan cerrando las centrales nucleares. La carta pone como ejemplo lo ocurrido en Alemania, donde se gastaron el año pasado 24.300 millones de euros por encima del precio de mercado por sus tarifas de introducción de energía renovable tras el cierre de sus centrales nucleares. «España puede aprender del error de Alemania y mantener sus centrales nucleares operativas», instan los expertos.

Por todas estas razones, los ecologistas y científicos firmantes afirman que «el siguiente paso para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire es aumentar la electricidad limpia procedente de fuentes no fósiles y reducir de manera masiva los combustibles fósiles utilizados», de donde procede actualmente más del 40% de la electricidad generada en España. La carta ha sido remitida al Gobierno, Ministerios, Consejerías, Instituciones y Asociaciones y firmada por: Michael Shellenberger, presidente de Environmental Progress y Héroe del Medio Ambiente por Time.

También por: Erle C.Ellis, de la Universidad de Maryland; Steve Kirsch, consejero delegado de Token; Martin Lewis, de la Universidad de Stanford; Michelle Marvier, de la Universidad de Santa Clara; Norris McDonald, presidente de Esperanza Medioambiental y Justicia; Kirsty Gogan, directora ejecutiva de Energy for Humanity; Alan Medsker, coordinador de Environmental Progress; Richar Muller, de la Universidad de California Berkeley.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Ribera da 2025 como fecha «orientativa» para el fin del carbón y se muestra contraria a prorrogar las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha «orientativa» para el fin del carbón en España, para lo que ve necesario impulsar «alternativas» para las comarcas afectadas y ha mantenido su voluntad, también expresada en el programa electoral del PSOE, de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años.

Ribera ha señalado que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad. Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque precisó que no hay una «decisión cerrada», y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera, en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el mix, es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

«No puede dejar a nadie atrás en el camino», indicó Ribera, que considera necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Ribera ha destacado que «no es ningún secreto para nadie» que, como consecuencia de la normativa comunitaria y de la decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior, la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón «es algo que irá decayendo«. «Se necesita mostrar que una sociedad moderna, una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios», ha recalcado y lamentó que hasta ahora ese compromiso por buscar alternativas «no ha estado presente».

En cuanto a las nucleares, ha llamado a preguntarse qué significaría una extensión del funcionamiento de las centrales «desde los puntos de vista de los costes del cierre», un aspecto en el que considera que hay «distorsión» ya que, matiza, «nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto» frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que requeriría otra inversión adicional que deberá ser analizada. También ha instado a plantearse «cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque» y cómo percibe la población el mantenimiento o el cierre de esas centrales. Asimismo, reiteró que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años.

Primas renovables y moratoria nuclear

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que, si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio«, ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y subrayó, por ejemplo, el pago por capacidad, la moratoria nuclear (que no se paga desde 2015) o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilovatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», asumió.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional, que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos. «Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», apuntó.

Teresa Ribera ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

La ministra ha reivindicado que el cambio de nomenclatura ministerial ha sido recibido «fantásticamente» porque representa una «mirada al futuro» en el que energía, clima y medio ambiente han dejado de ser cosas contradictorias. De hecho, ha dicho que el futuro se está abordando «casi» a escala global y que el proceso ya está «en marcha» en Europa de modo que los trabajos de la Comisión de Energía y Clima de la Unión Europea están «muy avanzados» y suponen, en su opinión, una señal de modernización de la industria, de la energía y de la sociedad. Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten sobre la forma de avanzar en la transición energética.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

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EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

Ribera apostará por derogar los cargos al autoconsumo y cerrar las centrales nucleares y las térmicas porque «no tienen futuro»

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó su intención de derogar el conocido como impuesto al sol y fomentar las energías renovables y, al mismo tiempo, empezar a dar pasos para dejar de prolongar energías como la nuclear y el carbón porque considera que «no tienen futuro» y que «ya no tienen sentido«.

La nueva ministra ha cuestionado si no es «más sensato» diversificar la economía de las zonas donde se ubican centrales nucleares en vez de «alargar el riesgo» y pensar en «lo que está por venir», para lo que considera que se deben ir preparando «salidas alternativas» para que la gente confíe en su capacidad de tener un «futuro viable». A ese respecto, Ribera asegura que el recibo de la luz sin energías convencionales «no tiene por qué» ser más caro, sino que debe reorganizarse, algo que está en discusión en prácticamente todos los países europeos.

En ese sentido, ha destacado que ahora la mayor parte de la soluciones renovables tienen ya costes operativos comparables con la mayoría de los sistemas convencionales de generación aunque plantean «otros desafíos» que son la forma de dar salida a otras energías fósiles que «ya no tienen sentido pero que han supuesto una inversión previa en décadas anteriores«. En definitiva, Ribera admite que este es un «periodo convulso en el que hay muchas cosas que abordar» y que «no es tan sencillo» pero, en su opinión, en vez de poner «puertas al campo» es preciso «abordar con franqueza y responsabilidad, y con una visión de conjunto» y ponerse de acuerdo en cómo hacer esta transición.

La ministra ha indicado que «no hay ninguna duda» de que el Gobierno apostará por una mayor capacidad renovable y adelantó que entre sus prioridades está quitar el conocido como impuesto al sol. Precisamente, destacó que ha sido una de las «cosas más llamativas» en los comentarios de analistas internacionales, así como las dificultades y barreras que no son técnicas sino regulatorias y fiscales para el despliegue de las soluciones «más viables» para una buena parte de los consumos y para pequeños consumidores, que podrían estar gestionando soluciones de proximidad.

«Son soluciones que se están generalizando y facilitando en la mayor parte de los países en los que la disponibilidad solar es infinitamente menor que la española», comentó. Además, ha manifestado que no tiene sentido decir que España carece de recursos energéticos y añadió que lo que hay que hacer es dar encaje a los que son fundamentalmente los que tiene España, “el sol, en menor medida el viento y algo de geotermia”, e ir facilitando el proceso de transición.

Ribera también le augura «poco futuro» al carbón y ha mostrado su «preocupación» por el futuro de la población que vive en comarcas cuyo «monocultivo económico» y prosperidad depende del carbón. A su juicio, España debía llevar 10 años invirtiendo en la diversificación industrial y económica, y en alternativas que sean atractivas para la población local en vez de «desperdiciar dinero en mantener situaciones que tienen poco futuro«. «Desde el punto de vista para el impacto del planeta, la salud y el cambio climático, es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro«, ha sentenciado.

Equo avisa al presidente Sánchez de que estarán «vigilantes» con la política medioambiental y «darán caña» si no hay cambios

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Europa Press.- Equo ha avisado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que estarán «muy vigilantes» con lo que su Ejecutivo, que previsiblemente se nombrará esta semana, haga en materia medioambiental, aunque aseguran que ofrecen su «mano tendida» para que haya «cambios», ya que se muestran confiados con los socialistas.

«Peor que estábamos no vamos a estar, creemos que el PSOE puede hacer muchos cambios», ha afirmado el miembro y coportavoz del partido ecologista Juan López de Uralde, que apunta que Equo «quiere creer» a Sánchez cuando este les trasladó que escucharía sus propuestas, pero que si, por el contrario, su periodo de mandato es un «lavado de cara», el partido estará «dando caña».

«El medio ambiente no puede esperar, tiene que cambiar desde el minuto uno», ha insistido la también coportavoz de Equo, Marta Santos. Tanto López de Uralde como Santos insisten en que hay «cosas concretas que tienen que hacerse sí o sí» en lo que queda de legislatura con un nuevo Gobierno, como es el caso de la eliminación del impuesto al sol, la creación de un Ministerio específico de Medio Ambiente desligado de Agricultura y la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambos han presentado en Madrid las Diez propuestas ecologistas para frenar la crisis medioambiental de Equo, un documento que en principio se trataba de una «crítica» a las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de medio ambiente y que, ahora, van dirigidas al nuevo Gobierno de Sánchez con el objetivo de que haya «verdaderamente un cambio», según ha manifestado López de Uralde.

De la decena de sugerencias que hace Equo, la «primera prioridad» es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues critican que hasta la fecha no hay siquiera un borrador de dicha ley. En concreto, Equo reclama que esta Ley sea «ambiciosa», que tenga objetivos concretos, que sea transversal y que implique a todos los sectores afectados. Además, insisten en que se establezca un calendario concreto para el cierre de centrales nucleares y de carbón.

Igualmente, hacen hincapié en la necesidad de electrificar el transporte para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor control y transparencia sobre las emisiones de vehículos, y que el Gobierno central impulse medidas como las que ya realizan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Valladolid de restricción del tráfico.

Cañete pide a los Gobiernos no «poner barreras injustificadas» a la entrada y salida de empresas de generación eléctrica

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, reiteró a los Estados miembros de la Unión Europea que «no conviene poner barreras injustificadas a la entrada y salida de empresas de generación de electricidad» y que los países deben establecer un marco reglamentario «apropiado que facilite las inversiones necesarias para la transición a la energía limpia».

En una respuesta a la pregunta en el Parlamento Europeo planteada por el eurodiputado José Blanco respecto a los planes del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para endurecer las condiciones para el cierre de centrales de generación eléctricas, Arias Cañete, en nombre de la Comisión, señala que esta consideración ya está contenida en la nueva configuración del mercado recogida en las propuestas legislativas del paquete Energía limpia para todos los europeos.

Se trata de una medida que el Gobierno decidió presentar por medio de una proposición de ley a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, incorporando así observaciones que había realizado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe y en busca de dar rango de ley a la norma, tal y como planteó la CNMC.

En su respuesta, Cañete subraya que la Comisión se mantiene «en estrecho contacto» con las autoridades españolas con objeto de aclarar el contenido de estos proyectos de normas y «trabajar en la búsqueda de una solución que se ajuste al Derecho vigente de la Unión». Además, destaca que para alcanzar los objetivos de París «es necesaria la contribución de todos» y afirma que «es responsabilidad de los Estados garantizar que su marco reglamentario facilita la transición hacia una energía limpia».