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UGT no ve motivos para cerrar las térmicas y adelantar la descarbonización en España cuando Alemania la prolonga hasta 2050

Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ve motivos para adelantar en España el proceso de descarbonización, que implicaría el cierre de centrales térmicas, cuando otros países como Alemania lo prolongan hasta el año 2050. En este sentido, Álvarez apuesta por mantener el carbón como reserva estratégica de España ya que se trata de un país muy dependiente energéticamente y es posible que haya cambios en el «panorama internacional».

«No creemos necesaria la descarbonización en los términos en los que se están planteando», ha señalado, añadiendo que «ni siquiera medioambientalmente» está tan claro que tenga un efecto positivo. No obstante, en cuanto a los recursos que se destinen para la reindustrialización, Álvarez ha rechazado «hacer lo que se hizo en el pasado y que no ha funcionado». De esta forma, ha explicado que esos recursos han de servir para crear «empleo estable» y no limitarse para construir infraestructuras puntuales.

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha opuesto a una transición energética «precipitada» que, según ha augurado, tendría efectos de deslocalización en las empresas asturianas, al aumentar el precio de la electricidad. Finalmente reclamó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «respeto» para Asturias y que se reúna con los sectores implicados. «No queremos subsidios ni fondos para callar bocas, queremos un pacto de Estado para la energía», ha apuntado.

Ribera asegura que la descarbonización permitirá ahorrar a la economía española más de 400.000 millones en importaciones de combustibles fósiles

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que conseguir la plena descarbonización permitirá ahorrar al conjunto de la economía española «más de 400.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, facilitando la electrificación y repercutiendo en la factura de la electricidad».

Ribera indicó que la transición energética representa una oportunidad para movilizar 100.000 millones de euros hasta 2030. Para aprovechar todo este potencial, subrayó que es necesaria «la construcción de un marco estable y atractivo para los inversores que conlleve esa movilización» de inversiones. Además, consideró que hay que «analizar y reflexionar» sobre las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de la transición energética exige, por lo que no se puede «seguir poniendo parches». La titular de Transición Ecológica consideró que la electricidad tiene «un gran futuro», pero añadió que para ello es necesario «avanzar en un marco regulatorio diferente que responda a los desafíos actuales».

Ribera recordó las medidas anunciadas para abordar el incremento en la factura de la luz de los consumidores, destacando la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que «es la medida más adecuada en el corto plazo», así como la ampliación de la protección de los consumidores vulnerables. Asimismo, destacó otras medidas que requieren «más sosiego, pero no más tiempo», como una reforma estructural del mercado mayorista eléctrico, así como asegurar un sistema fiscal «coherente» y regular «algo fundamental» como es el almacenamiento.

Por su parte, el senador del PP, Arturo Pascual, acusó a Ribera de sembrar «la incertidumbre» respecto al diésel, poniendo «en peligro real miles de puestos de trabajo» y de querer acabar con las nucleares, lo que hará «subir el precio de la luz a todos los españoles«. Además, subrayó que la intención del actual Gobierno de «echar la persiana ya» al carbón «va a influir en el bolsillo de los ciudadanos y a generar problemas en unas zonas deprimidas». «Por lo que le pido que se lo plantee», reclamó.

Cierre de las centrales térmicas

Por otro lado, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC) y PNV han rechazado limitar el cierre de las centrales térmicas, como ha propuesto Foro Asturias, durante el debate celebrado en el Congreso sobre el papel que debe jugar el carbón durante la transición energética. De hecho, únicamente el PP ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, en línea con la ley que los populares trataron de tramitar sin éxito.

En la defensa de su proposición no de ley, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, esgrimió que «renunciar al carbón equivale a sacrificar soberanía energética», y relacionó esta actividad con la caída de la actividad industrial, del 18,7% del PIB en el año 2000 al 16,4% en 2017. Una caída que en Asturias, ha apostillado, alcanza los 3,3 puntos.

Por ello, ha calificado como «despropósito» el anunciado cierre de las centrales térmicas, aceptado por la ministra para la Transición Ecológica y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «copiar de los manuales ecologistas más rancios». Respecto a su incidencia en el medio ambiente, Oblanca ha defendido que en los actuales Presupuestos ya se incorporaron partidas para investigar en el control de sus emisiones en las propias centrales. Además, ha alertado de que el fin de estas centrales podría encarecer el precio de la luz entre un 5% y un 10%.

Únicamente el diputado José Ramón García Cañal, del PP, ofreció su apoyo a Foro, recordando que la comisión demandada por el Congreso para avanzar en una «transición energética equilibrada y justa» y cumplir con los objetivos de descarbonización ya alertó de este encarecimiento en caso de renunciar a las térmicas. Según sus conclusiones, no prorrogar el uso de las centrales elevaría los precios entre un 15% y un 25%, por lo que ha cargado contra el «ecologismo rojiverde y neoecologismo anaranjado», «buenos ecologistas de moqueta», calificó, a los que no les «importa el precio que se pague» para estar a la «vanguardia del ecologismo europeo».

Frente a ello, el PSOE ha acusado de traer esta iniciativa para «enredar políticamente», justo «cuando se ha iniciado el diálogo social» para negociar el cierre de las centrales térmicas. «Llega a ser insultante. No es propio de alguien que quiere solucionar un problema», criticó Ignacio Urquizu, que ha apostado por que la transición energética sea «justa», pues «es de justicia que las cuencas mineras, que han contribuido al desarrollo del país, tengan un futuro».

«Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay», ha manifestado el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quien ha pedido «que el Estado se involucre decididamente para evitar lo que puede ser un desastre» y para que no se repita la reconversión «que ya padeció» España en los años 80. Así, recordó que en el País Vasco, Cantabria y Asturias «se enquistaron el paro y la heroína, fruto de la desesperanza y la inacción del Gobierno», y ha apostado por impulsar el norte del país como potencia en energía renovable.

«Una cosa es la industria y otra son las térmicas», ha replicado, por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que ha instado a investigar el destino final de unos fondos mineros «que se han quedado en rotondas y no en las cuencas«, recordando además la reciente sentencia de prisión al líder sindical y exdiputado socialista José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida.

Por su parte, Joan Capdevila, de ERC, recordó que la tarifa ya es cara con un mayor peso del carbón y nuclear que las renovables, y que además en las térmicas repercute un coste, el del CO2, que seguirá subiendo. Por último, Idoia Sagastizabal, responsable económica del PNV, ha recordado que el fin del carbón ya lo marca la Comisión Europea con sus plazos: cierre de las minas dependientes en 2019 y de las centrales que no reduzcan de forma importante sus emisiones en 2020.

Los sindicatos transmiten al Gobierno que no aceptarán el fin del carbón ni indefiniciones sobre la reactivación de las cuencas

Europa Press.- Los sindicatos UGT FICA y CCOO de Industria han transmitido al Gobierno que «no van a aceptar el cierre del carbón ni indefiniciones en la reactivación» tras una reunión a la que ha asistido por primera vez el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

En este sentido, UGT indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno «un mayor compromiso y flexibilidad» en cuanto a la aplicación de la legislación vigente, así como que no se siga «demonizando» al sector. Además, han reclamado «sensibilidad» con las cuencas mineras y con sus trabajadores y un acuerdo consensuado que valore unos parámetros «que hagan posible la reactivación, junto a un plan social y la continuidad de las empresas a partir de 2019».

Asimismo, el sindicato ha vuelto a insistir en la urgencia de dotar al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras, que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica «por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las renovables«. UGT también exige el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

CCOO: «con las manos vacías»

Por su parte, CCOO ha señalado que el Gobierno español ha «vuelto» a demostrar su «nulo compromiso» con el sector del carbón al acudir a la reunión sobre el futuro del sector «con las manos vacías». «El Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión con las manos vacías, sin documento y sin respuestas a las propuestas que plantearon los sindicatos», ha señalado el sindicato, que tiene la sensación de que la negociación sobre el futuro de la minería del carbón se encuentra «en el minuto número cero«. «Los sindicatos tienen una propuesta y el Ministerio para la Transición Ecológica un libro incompleto», lamentan.

«La posición del Ministerio va encaminada al cierre y a la desaparición sin alternativas de la minería del carbón», han señalado, para afirmar que el secretario de Estado tiene un “nulo interés por el futuro de la minería del carbón». Por ello, exigen «de forma reiterada» que arranque de forma definitiva la negociación con voluntad de avanzar. «El Ejecutivo socialista debería cambiar de actitud y dar continuidad al sector minero porque el tiempo se agota y la paciencia también. CCOO recuerda que los trabajadores y las trabajadoras de la minería del carbón necesitan soluciones», concluyó.

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Transición Ecológica busca «acelerar» las alternativas a la minería mientras Castilla y León pide al Gobierno que defienda al carbón

Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha rogado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defienda el carbón tanto en España como ante la Unión Europea. Por su parte, Ribera mantiene que el compromiso del Gobierno es «buscar como acelerar» las actividades alternativas a la minería en las comarcas que vivían de este sector, una labor que ha criticado que se encontró «descuidada» cuando asumió el Ministerio.

La ministra socialista reitera la necesidad de buscar alternativas para las personas y las comarcas que viven de la minería. Asimismo ha explicado que, cuando llegó al Ministerio hace poco más de 100 días, se encontró una situación un «tanto complicada», que ha asegurado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero trabajó para fijar el horizonte en 2018 para anticipar y construir alternativas, pero ha reprochado que después, con el Gobierno del PP, ha habido un «descuido importante«. En todo caso, ha insistido en que el Gobierno trabaja con sindicatos y alcaldes de las zonas mineras para «buscar como acelerar» la generación de oportunidades a la minería del carbón.

«La prioridad del Gobierno, con un compromiso muy grande del presidente, pero también con un entendimiento absoluto por parte del Ministerio que dirijo y del Ministerio de Trabajo, es buscar y construir esas alternativas en las comarcas, que como digo históricamente han vivido muy conectadas a la actividad minera«, ha reflexionado la titular de Transición Ecológica. Pero ha matizado que considera «responsabilidad» de las instituciones anticipar el proceso para que esas alternativas se materialicen, de modo que ha reiterado el «compromiso absoluto» del Gobierno y que así trabaja para buscar esas alternativas «de modo inminente».

El Gobierno y el carbón

Mientras tanto, desde Castilla y León, Del Olmo se ha mostrado en total desacuerdo con la intención de la ministra de finalizar «ya» con el carbón y ha avanzado que el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordó que se remita al Ministerio el documento con el posicionamiento «claro» de la comunidad de que se continúe con la actividad del carbón por ser una «reserva estratégica». Así, la consejera ha explicado que en casos como el actual con un incremento del recibo de la luz, el repunte actual deriva, como ha señalado, de la falta de generación eólica. «El carbón baja la factura», subrayó.

Tras esta explicación ha reseñado que no hay duda de que Castilla y León es una comunidad «verde», ya que produce el 25% del total de la energía eólica y el 20% a través de renovables. «No creo que la culpa del cambio climático lo tengan cuatro minas de carbón o las térmicas en zonas mineras», ha aseverado. «Por razones sociales y de competitividad le ruego a la ministra que defienda el carbón aquí y en la Unión Europea», concluyó.

Unidos Podemos pide que el Gobierno explique en el Congreso si el carbón tendrá continuidad en 2019

EFE.- El diputado de Unidos Podemos por Asturias, Segundo González, registró una batería de preguntas al Gobierno para saber si prevé dar alguna solución a la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha límite para el cierre de las minas deficitarias.

Según González, la minería ha perdido más de 50.000 empleos desde el año 1952 y en la actualidad quedan 2.171 trabajadores en activo, 1.698 de ellos en Asturias después de que los planes de la minería impulsados en las últimas décadas por los gobiernos del PSOE y del PP se orientaran al cierre progresivo. En su iniciativa recuerda que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un plan de transición justa para las comarcas mineras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a no dar la espalda a las cuencas y a poner Hunosa «a la vanguardia de la transición energética».

A su juicio, el documento para una transición justa de la minería del carbón remitido certifica el cierre de la minería este año sin concretar los planes de transición que el Gobierno prevé poner en marcha para evitar la pérdida de empleos y reactivar económicamente las comarcas mineras. Además, el documento se limita a desarrollar los detalles de las ayudas para las prejubilaciones y las bajas indemnizadas una vez producidos los cierres «sin prácticamente plantear propuestas en materia de reactivación económica de las comarcas afectadas».

González emplaza al Gobierno a rectificar presentando «orientaciones creíbles para los planes de transición justa» y a plantear soluciones para el carbón autóctono hasta que se cierre la última térmica en Asturias así como a invertir los 250 millones previstos en el Plan de la Minería 2013-2018 «que el PP se negó a ejecutar». Finalmente, el diputado de Podemos pide conocer si el Gobierno prevé alguna solución para la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá de 2019 y si va diseñar y financiar planes de transición justa y ordenada para las comarcas mineras.

El sindicato USO denuncia que la «especulación» con los derechos de emisión de CO2 dispara el precio de la electricidad

EFE.- El sindicato USO considera que hay una «especulación» en el mercado de derivados con los derechos de CO2 que está encareciendo la energía y señala que no se han tomado medidas para mitigar esta situación, que pone en riesgo a la industria y a sus trabajadores.

El sindicato sostiene que las ganancias en los mercados las acaban pagando los ciudadanos en su factura y los trabajadores, y señala que el precio por tonelada emitida ha subido desde los 7 euros en enero de este año hasta los 24,85 euros que se alcanzaron recientemente.

En este sentido, sostiene que en solo 9 meses ha pasado a costar más del triple, una subida que está afectando «gravemente» al precio de la luz para las familias, así como a la competitividad de las empresas, sobre todo de las electrointensivas, tal y como indica el responsable de Energía de la Federación de Industria de USO, Jaime Marcos.

En este contexto, USO muestra su preocupación por el precio de las emisiones de CO2 y vaticina que en este año superarán los 20 euros.

Además, indica que esta situación puede afectar a la viabilidad de las centrales térmicas y de gas, que agrega que son indispensables para el respaldo a la red de las energías renovables.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Aragón, Asturias y Castilla y León, las autonomías del carbón, reclaman más tiempo para poder acometer una transición energética justa

EFE.- Mientras el secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo, ha defendido que «no hay ningún combustible que pueda regular el mercado tanto como el carbón», un mineral «al que aún no le ha llegado el final», las 3 comunidades autónomas que aún tienen en el carbón un sector estratégico (Aragón, Asturias y Castilla y León) han reclamado más tiempo para poder acometer una transición energética justa, por el interés de estos territorios pero también por el propio sistema energético.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que «nadie niega» que hay que tender a medio plazo a la desaparición de las energías fósiles, pero cree que una transición justa hacia las renovables es «imposible» si las centrales se cierran en 2020. A su juicio, y así se lo ha trasladado Lambán a la ministra Teresa Ribera, hay que «suavizar» estos plazos, incluso por el interés del propio sistema energético y por la garantía de precio de la energía.

«Transición es transición, no precipicio», subraya el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien recuerda que en una época «bien reciente» de España el carbón autóctono “salvó” la economía al proporcionar la energía que no podían dar otros métodos por circunstancias del momento climatológico. Herrera resaltó que los objetivos «más extremos» dentro de la Unión Europea para el cierre de las centrales se sitúan en 2030, y por eso ha instado a que en España no se sea «más papistas que el papa», puesto que en este país se está planteando el cierre 10 años antes «y sobre todo sin alternativas claras» para las comarcas, que «siguen teniendo su supervivencia en el carbón».

Por eso, la alternativa pasa a su juicio por hacer una reserva de carbón nacional, sobre todo al haberse comprobado que tiene más garantías laborales que el que viene de fuera. Y, a su vez, la alternativa, cuando se habla incluso de crear un fondo europeo para este fin, debe dirigirse a impulsar energías limpias que, como la biomasa, se puedan ligar con otros objetivos que tienen las comunidades, como la preservación del medio natural y la lucha contra el cambio climático y los incendios.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha recordado que con el mercado eléctrico se está hablando de un mercado que no es libre, sino «muy regulado», y que el cierre de una central debe llevar el acuerdo del Gobierno correspondiente para que no afecte a la seguridad del suministro, al equilibrio medioambiental y al precio. Se habla de un fenómeno local con transcendencia global «y en esa perspectiva hay que analizarlo», concluyó el presidente asturiano.

Carbón “para regular el mercado”

Por otro lado, Calvo resaltó la proposición de ley del PP para regular el cierre de las térmicas, una iniciativa que el PP registró antes de abandonar el Gobierno y que serviría para desestimar el cierre de plantas de generación eléctrica si su clausura incide negativamente en las emisiones de gases invernadero o en los precios. La propuesta, ha indicado Calvo, «pretende servir para regular los precios de la energía y endurecer las condiciones de cierre». A su juicio, el carbón debería ser el combustible que regule el mercado porque «aunque a algunos les pese, el carbón no es sucio».

«El PP padeció en sus propias carnes las nefastas decisiones del ministro Soria pero Álvaro Nadal, artífice de este real decreto, tenía claro que el cierre de las térmicas iba a conllevar un aumento del recibo de la luz», apuntó. Calvo también critica que el nuevo Ministerio, «llamado de Transición Ecológica, diga que apuesta por las energías renovables al tiempo que no ha conseguido arrancar un compromiso al fabricante de componentes eólicos Vestas para que mantenga su actividad en León». «El Ministerio debería de haber exprimido esa naranja adecuadamente», zanjó.

El Gobierno no hará «una barbaridad» con el cierre del carbón y nucleares en 2028 sin analizar el escenario climático

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno tiene «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón y apuntó que la fecha de 2028 para el fin de la energía nuclear en España “dependerá de los escenarios climáticos”.

La ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de «irresponsabilidad» porque no se ha encontrado «nada» respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados. «No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad», ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón «no han sido acompañadas» del proceso previo necesario, al tiempo que recordó que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

«Tenemos un problema antipático y nos encontramos que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema», ha explicado la ministra, quien asegura que «me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos». En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y «este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos».

En cuanto al carbón, subrayó que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la «segunda prioridad» es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en el que se debe hacer un «acompañamiento solidario» del empleo «en retiro».

Ribera entiende que se generen «tensiones» en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón «el primer caso en el que esto se materializa», pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales y sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores. Ahora defiende que es «prioridad» del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. «Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato», ha comentado.

En materia de energía nuclear, preguntada por la fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró «ni un papel» sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos con el que acompañar las decisiones que permitan «transitar por sendas sólidas». Por ello, no ha descartado que 2028 sea la fecha definitiva, de acuerdo con el programa del PSOE del que forma parte y que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Eso sí, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno. «Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas», ha concluido.

El futuro según las compañías

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, considera viable cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ve dificultades «técnicas» para parar cualquiera antes de 2027-2028. Santamaría, ha manifestado que es posible cerrar las centrales nucleares españolas cuando cumplan los 40 años de vida para los que fueron diseñadas (6 centrales en total que suman 8 reactores y que cerrarían entre 2020 y 2028) «sin gran afección». Añadió que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) será la que tendrá que liderar el estudio y el análisis de cómo proceder al cierre, pero ella cree que es «viable».

El consejero delegado de Endesa ha manifestado que cualquier sustitución de la energía nuclear tendrá que conllevar un sistema que garantice una «potencia firme» (actualmente la potencia nuclear aporta 7.700 megavatios). Además, ha señalado que se debería tener hecho un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, después de paralizarse la construcción del de Villar de Cañas (Cuenca), con capacidad para manejar 70 contenedores anuales, y ha señalado que hasta que no haya uno puede haber dificultades técnicas para parar cualquier central antes de 2027-28.

En cuanto al cierre de las centrales térmicas, Santamaría ha dicho que estas instalaciones tienen ya un papel limitado y no están «alineadas» con las políticas medioambientales de la Unión Europea. Ha recordado que Iberdrola pidió hace un año la autorización para cerrar sus 2 últimas centrales de carbón en el mundo, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha afirmado que es viable clausurar las que hay en España manteniendo la garantía de suministro eléctrico. Ha admitido que estos cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo, por lo que habrá que mitigar esos efectos con ayudas europeas como las que ya utilizan países como Polonia y Alemania para crear alternativas en comarcas afectadas por la transición energética.

José Bogas opina también que el carbón cerrará, pues al final la legislación y el coste de las emisiones de CO2 harán que no tenga encaje en el mix eléctrico (combinación de diferentes fuentes de energía que cubren el suministro). También el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, considera que «el carbón está encaminado a llegar a su fin de vida», aunque ha dicho que ese final tiene que ser justo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que la partida de la descarbonización se juega en Asia, y ha destacado que el que haya gas natural a bajo precio será lo que reduzca el consumo de carbón en ese continente, donde las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico son muy grandes. En el mismo sentido, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, destacó que su compañía ha desinvertido en la generación con carbón, aunque admitió que la ecuación económica carbón-gas no funciona porque el coste marginal de producir con carbón sigue siendo más barato.