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CCOO y el Gobierno socialista de Asturias acusan a Ribera de poner «en jaque» a la industria con sus «devaneos»

EFE.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reclamado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no debe definir una senda de descarbonización «que fuerce una nueva reconversión» en Asturias, dado que afectaría a la viabilidad futura de la industria regional. Más duro se mostró el sindicato CCOO, que ha asegurado que los «devaneos» del Gobierno en política energética están poniendo «en jaque» a la industria y ha acusado al Ejecutivo de cometer «errores estratégicos».

El sindicato ha criticado la «vehemencia» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha anticipado medidas “sin tener en cuenta” cuál será su impacto en un sector básico para la economía como es la industria y que “se ha equivocado” al hablar del carbón y al referirse al diesel. «Teresa Ribera ignora que su desconocimiento de la realidad industrial tendrá consecuencias en las personas, en las empresas y en regiones enteras», ha afirmado CCOO de Industria. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno «cordura, sensibilidad, flexibilidad y voluntad» para conseguir un consenso entre las partes afectadas.

CCOO ha tachado de «irresponsabilidad temeraria» la «política antidiesel» del Gobierno, cuando, ha apuntado, no existen razones técnicas que la justifiquen. Así, ha insistido en que no se justifica la subida de impuestos al carburante diésel por cuestiones medioambientales y que no comparte que, para proceder al cambio energético, haya que prescindir del carbón sin tener presente el impacto que puede conllevar para la actividad económica, social y medioambiental. Por ello, ha defendido que los objetivos que se propongan para limitar las emisiones estén acompañados de medidas industriales, financieras, educativas y sociales y que se maneje «con inteligencia» la transición.

Por otro lado, ha agregado que tanto el paquete de movilidad como el de transición energética que ha avanzado el nuevo Gobierno no tienen en cuenta cuáles serán las consecuencias de su implantación e ignoran a algunas tecnologías. «Consideramos que, antes de tomar una decisión que pueda perjudicar de forma irreversible estas expectativas, es preciso facilitar los instrumentos y las soluciones necesarias para que el resultado no suponga un proceso traumático para las personas, las empresas y las regiones», insistió.

Asturias, preocupada por su industria

Por su parte, el presidente de Asturias ha rechazado una descarbonización que «suponga el fin de las centrales térmicas de carbón entre 2020 y 2025 con el empleo y la logística a ellas asociado» y que afecte también al precio de la electricidad. En este sentido, ha reiterado que en un sector regulado como el eléctrico «no parece sensato que las empresas tengan libertad de decisión para proceder al cierre de instalaciones de generación» y es al Gobierno de España «al que le corresponde decidirlo como regulador». «No deben ser las compañías eléctricas las que interpreten el interés general, y menos aún las que regulen el sector a través del Gobierno», ha puesto de manifiesto.

El PP de Aragón pide un pacto nacional para la transición energética que apueste por mantener el carbón hasta 2030

EFE.- La diputada autonómica popular en las Cortes de Aragón, Dolores Serrat ha planteado una iniciativa para que el Gobierno de Aragón solicite a su homólogo nacional un pacto de Estado por la transición energética que incluya una «descarbonización» más lenta y un Plan Miner que apueste por el carbón hasta 2030.

Con esta iniciativa los populares pretenden que las palabras de «transición justa» expresadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se traduzcan en «hechos reales», ha explicado Serrat.

Este pacto deberá recoger los cambios legislativos necesarios, coordinación y una apuesta por la investigación en nuevas tecnologías para dotar de viabilidad al llamado «carbón limpio».

La diputada del PP, quien ha confiado en mantener la unanimidad entre los grupos parlamentarios aragoneses en la defensa del carbón en la provincia de Teruel, ha indicado que la transición energética es uno de los procesos fundamentales para cumplir los objetivos marcados en la cumbre por el clima de París en 2016, pero no el único.

Además, a su juicio, es un «error» plantear la transición energética como un «proceso de descarbonización» o como una «confrontación» entre el carbón y las renovables, así como actuar con prisas, sin una perspectiva global y sin analizar las consecuencias de todo tipo que se puedan derivar.

Por ello, ha considerado un «error» que el Gobierno de Sánchez haya centrado su política energética en la «descarbonización exprés», que ha generado una situación de «temor e incertidumbre», ha desincentivado a las empresas para tomar medidas para reducir sus emisiones y ha dejado en evidencia las «profundas discrepancias» dentro del PSOE.

«Muy lamentablemente», ha alertado, si el Gobierno no actúa «de inmediato», 7 de las 15 centrales que queman carbón cerrarán, entre ellas la de Andorra, y se pondrán en jaque más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Del mismo modo, Dolores Serrat ha apuntado que el Ejecutivo central no ha tenido en cuenta la dependencia que el sistema tiene todavía del carbón, dado que las renovables todavía no son capaces de suplir toda la demanda en determinados momentos.

Además, ha asegurado que el carbón de Aragón es el más competitivo de España y que, de sustituirlo por el gas, que es más costoso, algunos estudios indican que encarecería hasta un 16% la factura eléctrica.

En su opinión, una transición energética justa y coherente requiere de una estrategia global, que analice consecuencias para los territorios y para la economía y, sobre todo, que recabe consensos.

A este respecto, ha llamado la atención sobre las discrepancias mantenidas desde el Gobierno autonómico, que se han expresado «con voz baja» y «con sordina», de igual forma que los representantes del sector.

No obstante, la diputada ha confiado en que de la reunión prevista para el próximo 11 de septiembre entre la ministra y los representantes sindicales del sector salga una vía más lenta para eliminar el carbón, así como que se materialice la oferta a Ribera para que conozca las cuencas mineras aragonesas.

El ministro francés de Transición Ecológica dimite ante los escasos avances en materia de Energía y Cambio Climático

Europa Press.- El ministro de Transición Ecológica de Francia, Nicolas Hulot, ha anunciado su dimisión del Gobierno que preside Edouard Philippe alegando la falta de avances que a su juicio se han logrado en esta materia en el año que lleva en el cargo.

Hulot, un antiguo ecologista, ha anunciado su decisión durante una entrevista en la emisora France Inter y, según ha explicado, no había avisado de antemano sobre su marcha ni a Edouard Philippe ni al presidente francés, Emmanuel Macron. Según ha explicado, ha madurado la idea durante el verano y no ha querido hablar de ello con ninguno de los dos para que no le disuadieran.

Por ello, ha aseverado, «por primera vez voy a tomar la decisión más difícil de mi vida». «No quiero seguir mintiéndome. No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el Gobierno significa que estamos a la altura de estos problemas y, por tanto, tomo la decisión de abandonar el Gobierno», ha explicado. Hulot ha confesado sentirse en cierta medida solo en su lucha por el medio ambiente en el Gobierno. «¿Quién estaría a la altura completamente solo? ¿Dónde están mis tropas? ¿A quién tengo tras de mí?», se ha preguntado el ya exministro.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, ha reconocido que no sabía de antemano de la decisión de Hulot y ha criticado la forma en la que se ha producido su dimisión. «Creo que la más elemental de las cortesías habría sido prevenir al presidente de la República y al primer ministro», ha valorado. El portavoz ha incidido en que el «trabajo por el medio ambiente, por la transición energética» es un trabajo de largo alcance y, por tanto, «no se pueden tener resultados en solo un año».

Fuentes del Elíseo han destacado los logros en la materia alcanzados durante el mandato de Hulot, como el fin de la explotación de hidrocarburos en Francia o el cierre de las centrales de carbón, entre otros. En este sentido, han indicado que el Gobierno seguirá con sus planes en materia medioambiental y «nuestro balance terminará por hacerle lamentar su decisión».

Desde la oposición, ya se han producido las primeras reacciones. El líder republicano, Laurent Wauquiez, ha afirmado que puede entender que Hulot se sienta «traicionado» por Macron, «como actualmente se sienten no pocos franceses por las fuertes promesas que se hicieron y el sentimiento en la llegada de que no se ha mantenido». Por su parte, el candidato izquierdista a las presidenciales, Jean-Luc Mélenchon, ha sostenido que «la dimisión de Nicolas Hulot funciona como un voto de censura contra Macron».

Izquierda Unida pide al Gobierno dar un impulso a la CIUDEN y seguir investigando las técnicas de captura de CO2

EFE.- Izquierda Unida de León ha pedido al Gobierno el nombramiento de un nuevo director que impulse la Ciudad de la Energía (CIUDEN) de Ponferrada «para sacarla de la muerta lenta a la que la ha intentado condenar el PP».

«La salida del PP del Gobierno de España y la entrada de Pedro Sánchez en La Moncloa debería constituir un balón de oxígeno para la CIUDEN dado que este fue uno de los proyectos estrella del último Gobierno socialista«, han recordado desde Izquierda Unida.

Izquierda Unida ha solicitado al nuevo presidente que «promueva un cambio sustancial de política» y «que sustituya, cuanto antes, a su actual director general, Eduardo Castiñeiras, que ha hundido un proyecto de investigación y desarrollo vital para el desarrollo de la provincia».

Izquierda Unida ha calificado de «escándalo» que continúe Castiñeiras, «uno de los hombres de confianza de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, que en los 4 años que lleva al frente de la Ciuden no ha sido capaz de gestionar proyectos de investigación ni ha querido llevar a la práctica los que le presentaron sus propios trabajadores».

Han criticado que «el PP nunca ha tenido intención de hacer nada por impulsar este proyecto vital para una comarca tan castigada y despoblada como el Bierzo y que dinamizaría toda la provincia, ahora más que nunca, pues se necesita desarrollar sus proyectos de captura de CO2 para reducir las emisiones contaminantes de las térmicas en toda la provincia que exige la Unión Europea».

Ribera garantiza a las comarcas mineras que las centrales térmicas de carbón no cerrarán «de hoy para mañana»

Europa Press / EFE.- La Asociación de las Comarcas Mineras (ACOM) ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tranquilizado a este colectivo al asegurarles que el carbón y las centrales térmicas no cerrarán «de hoy para mañana» y les ha prometido en su primera reunión que la organización será actor principal en la transición del sector.

El presidente de ACOM, Antonio Alider, ha explicado tras la primera reunión de representantes de la asociación con la ministra que durante un intervalo de dos horas han podido trasladarle a Ribera todas sus inquietudes y exponerle los problemas de estas comarcas. Así, ha agradecido la reunión con la titular encargada de la Transición Ecológica en España, quien en la primera semana en su cargo avisó de un plan de cierre inminente para el carbón y las centrales térmicas, en el marco de una mayor ambición contra el cambio climático. Por ello, respecto a las centrales térmicas de carbón, ACOM expuso «el escenario de la situación real e implicaciones que pudiera tener para sus municipios» la clausura de esas plantas.

Alider, que es también del PSOE como Ribera y alcalde de Igüeña (León), ha destacado que ha encontrado a una ministra con gran conocimiento de la situación, por lo que le han pedido que vele por la continuidad de las centrales térmicas y nuevas alternativas de empleo para el futuro. En este contexto, ha revelado que Ribera les ha «garantizado la mayor continuidad posible» dentro de lo que permita el marco legislativo europeo, lo que en palabras del presidente de ACOM, indica que «no hay que poner fechas de cierre inmediatas» ni de «hoy para mañana» sino mientras tanto seguir trabajando para una nueva generación de empleo en estas zonas.

Actor principal de la transición

Esta primera reunión ha supuesto una toma de contacto entre el Ministerio y la ACOM, la organización más cercana a las zonas mineras. Ambas partes se comprometieron a mantener sucesivos encuentros y el próximo no será antes del 15 de septiembre. Asimismo, Alider añadió que fruto de la reunión es el compromiso ministerial de crear «grupos de trabajo operativos» para adoptar las medidas oportunas en la transición a una economía baja en carbono en la que la ministra les ha dicho que las comarcas mineras serán «actor importante» en este proceso y “pilar fundamental en la reactivación de sus territorios”.

Asimismo, las cuencas mineras reclaman que se cuente con ellas para tomar cualquier decisión que afecte directamente a sus territorios. «Sobre todo ahora tenemos tranquilidad de que no se van a tomar decisiones de hoy para mañana y, aunque no se ha establecido la fórmula, el Gobierno nos ha adelantado que ya está trabajando en ello», asevera Alider, quien ha recordado que el Plan del Carbón actual termina el próximo 31 de diciembre. Los municipios mineros consideran «imprescindible» la creación de un tejido social y económico necesario en sus comarcas, que pasa por el cumplimiento del actual Plan. Por último, ha apuntado la posibilidad de que el Gobierno busque la fórmula legal para poder dar una prórroga al citado plan.

Por otro lado, la ACOM trasladó a la ministra la necesidad de negociar con la Unión Europea la continuidad de las explotaciones rentables de carbón más allá de 2018. En este sentido, los representantes de las cuencas mineras demandan flexibilizar la normativa comunitaria vigente, que prevé el cierre de las explotaciones no rentables al final de este ejercicio y que las rentables que quieran seguir operando devuelvan las ayudas recibidas.

Adrián Barbón, líder del PSOE en Asturias, defiende una negociación para la transición energética «con calma y tiempo»

Europa Press.- El secretario general del PSOE en Asturias, Adrián Barbón, ha demandado una negociación para la transición ecológica que se aborde «con calma y tiempo» y no de manera precipitada. Barbón, que ha participado en la Fiesta de la Rosa de Sahagún (León), ha cargado contra quienes «se escandalizaban» tras la reunión entre el presidente de Asturias, Javier Fernández, y el de España, Pedro Sánchez, porque «no hubieran resuelto el problema de la transición energética en 20 minutos».

«Todas las negociaciones son procesos abiertos que exigen calma y tiempo», ha añadido Barbón para señalar que, si se rechaza una «transición expréss», este rechazo tiene que extenderse también a una negociación precipitada. Barbón reiteró la posición del PSOE de Asturias respecto a la transición energética, defendiendo que sea «justa para personas y territorios» y que en su negociación se hable con todos los agentes implicados. El dirigente del PSOE de Asturias criticó además a «los que ahora no callan» en defensa de las térmicas, aludiendo al PP asturiano, al que ha reprochado que estuvieran «callados» durante los 7 años de gobierno de Mariano Rajoy.

CCOO de Industria solicita al Gobierno garantizar el futuro de la minería y la presencia del carbón en el ‘mix’ energético español

Europa Press. – CCOO de Industria ha mantenido una reunión con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y con responsables del Ministerio para la Transición Energética, en un encuentro en el que el sindicato ha pedido la necesidad de adoptar «de forma inmediata» medidas para avanzar en el sostenimiento de la actividad minera para la extracción de carbón autóctono, ligado a la presencia de las centrales térmicas dentro del ‘mix’ energético español.

Según informaciones del sindicato, acudieron a la reunión con «la prioridad» de buscar fórmulas que permitan, en el corto plazo, la entrada de carbón autóctono en las térmicas. En este sentido, han señalado que su objetivo es «aliviar la insostenible situación que padecen, con especial crudeza, los trabajadores de la minería privada».

Así, CCOO de Industria cree que «deben primar las necesidades como país, en beneficio de la ciudadanía, de las personas trabajadoras y de la industria, por encima de otros intereses». Por todo ello, solicita planificar una transición energética «justa», en la que se planteen medidas que clarifiquen y garanticen «un futuro estable» tanto a los trabajadores como a los territorios afectados.

Por último, el sindicato considera que es «el momento de anteponer a los intereses económicos de las eléctricas el interés general de las comarcas mineras y del conjunto de la ciudadanía», ya que el carbón, especialmente el autóctono, «juega un papel primordial como energía de respaldo y elemento regulador de los costes eléctricos».

La CNMC da su visto bueno al cierre de la central térmica de Anllares (León), propiedad de Naturgy y Endesa

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) otorgó su visto bueno a la petición de cierre definitivo formulada en mayo del año pasado por la central térmica de Anllares (León), propiedad de la Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares, sociedad participada en un 66,67% por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y en un 33,33% por Endesa.

En su informe, la CNMC señala que el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), considera que el cierre de Anllares «no tendría incidencia en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años«. REE, en su calidad de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió el 21 de julio de 2017 un informe respecto a la viabilidad del cierre de la central. En este informe, REE realiza una evaluación del impacto del cierre de la central de Anllares en la cobertura global del sistema eléctrico en el medio plazo considerando que no es relevante la reducción de potencia disponible en el sistema que provocaría el cierre de Anllares.

En lo que se refiere al largo plazo, en el análisis de cobertura de la demanda eléctrica peninsular, el informe indica que en todos los escenarios de crecimiento de demanda, bajo la hipótesis de la retirada de servicio adicional de 4.000 megavatios (MW) en centrales de carbón a partir de 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo, se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta 2022, por lo que el cierre de Anllares no tendría ningún impacto.

Anllares, puesta en servicio en 1982, cuenta con una potencia máxima neta de 346,8 megavatios (MW) y no dispone de las instalaciones de desulfuración, encontrándose acogida a la denominada excepción por vida útil limitada de la Directiva 2010/75 de la Unión Europea de Emisiones Industriales. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara ya los permisos de cierre para esta central de Anllares.

Iberdrola también solicitó en octubre al entonces Ministerio de Energía la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), plantas que suman una potencia de 874 MW y que suponen las únicas de carbón del grupo en el mundo. En comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya vaticinó el cierre de 7 de las actuales 15 centrales térmicas de carbón en 2020, ya que no han llevado a cabo las inversiones ambientales necesarias para prolongar su funcionamiento.

El Gobierno confirma el cierre de las térmicas sin modernizar para 2020 y de las nucleares a los 40 años

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido el cierre en 2020 de 7 de las 15 centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado a diferentes circunstancias la supervivencia de las otras 8 que sí que han invertido para continuar funcionando. Asimismo, la ministra confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan los 40 años de funcionamiento, plazo que se cumple en 2028.

Ribera ha expresado su «convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE: tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central«. A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento «más allá del plazo tecnológicamente previsto».

La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra añadió que es preciso abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los residuos peligrosos.

Así, indicó que «no se ha encontrado» al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está «incumpliendo una obligación» europea, y también expuso que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente. En definitiva, cree que es un «tema crítico fundamental» que necesita un análisis «más profundo» así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado «más bien poco», salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas «que se echan encima».

En este contexto, considera que es una «ventaja» la capacidad de generación «tan grande» del sistema eléctrico a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o previsibilidad de cara a inversores y costes. «No podemos actuar con el capricho del ministro de turno», concluyó.

Cierre de las centrales térmicas

Respecto a las circunstancias a exigir a las centrales térmicas que han invertido para seguir funcionando, la ministra ha mencionado la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y «los avances y los costes del resto de los operadores del sistema«, tal y como ha explicado ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

«Las otras 7 centrales, que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar», ha señalado Ribera, puntualizando que «los plazos de cierre vienen dados» por la propia Comisión Europea. «Creo que pretender que en un mes es posible cambiar lo que ya existe con fecha de pasado mañana es una cosa un poco rara», apostilló, al tiempo que también invitó a los grupos a proponer medidas para «incentivar o facilitar el proceso de transición» para «modular» esta «salida de las centrales, antes o después».

Respecto al gas, la ministra ha llamado a «evaluar y ponderar» si las instalaciones actuales son suficientes o si es necesario aumentar la capacidad pero, en todo caso, siendo «extraordinariamente cautelosos con respecto a delirios de grandeza en un impulso o crecimiento» de un recurso del que, recalcó, carece España y que además «no tiene una larga vida por delante».

«Cautela, por tanto, con respecto al gas, y eso aplica a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la generación y con las infraestructuras de gas», ha apuntado Ribera, sin hacer referencia a ningún proyecto concreto, a pesar de que una de las grandes inversiones proyectadas y prioritarias para el anterior Gobierno era la interconexión gasística del MidCat, que conectaría España con Francia a través de los Pirineos. En todo caso, ha diferenciado estas inversiones con el empleo de esta energía «como materia prima en procesos industriales o cualquier otra combinación tecnológica que permita su utilización para fabricar polímeros y facilite más allá de 2050 las emisiones negativas».

Por otro lado, Ribera se ha referido a las subvenciones que pudieran apoyar la generación de energía a través de combustibles fósiles, y ha señalado que hasta ahora no se ha realizado «un diagnóstico» de este sistema en España. Así, ha reconocido que existen «distintas versiones de qué son subvenciones» y cuestionó si hay ayudas «encubiertas» a través de un tratamiento fiscal diferenciado, por lo que ha pedido hacer «un análisis serio» al respecto. En este análisis, apostó por un calendario de eliminación de esas subvenciones, pues considera que «no solo es necesario, sino que es una recomendación del G-20 que no se aplica con todo el rigor que corresponde».

España aumentó un 4,4% sus emisiones de CO2 en 2017 al usar más carbón y menos hidráulica para generar electricidad

Europa Press.– Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% en 2017 en España respecto a 2016, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica, que señala que España emitió 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El inventario, que será remitido a la Comisión Europea, expone que la principal razón de este aumento se encuentra en las emisiones procedentes de la generación de electricidad, que suponen un 21% del total de emisiones y crecieron un 18,8% durante 2017 ya que hubo una mayor producción de las centrales térmicas de carbón, en un 20,6%, y de los ciclos combinados de gas, en un 27,5%, al mismo tiempo que la producción de las centrales hidroeléctricas cayó un 49% a consecuencia de la pertinaz sequía en un año hidrológicamente muy seco y que tuvo unos niveles similares de producción eólica, que aumentó un 0,4%..

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el balance es «negativo» y por ello ve necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético ya que considera que «España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas«. “Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero», afirma Hugo Morán.

Los datos apuntan que todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones, en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) en España creció un 3,1% y que fue hidrológicamente «malo» ya que fue «el más cálido y el segundo más seco desde 1965». Así, la principal subida se debió a la generación de electricidad, cuyas emisiones aumentaron un 18,8%; el sector industrial, 3,2%; transporte por carretera, 2,5% o de la agricultura, 2,9%. También se han registrado descensos, especialmente en los gases fluorados, cuyas emisiones cayeron un 17,2% y el sector residencial, con un 2,8% menos.

De este modo, con datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, planteando una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras actuales significaría un descenso de algo más de un 45%.

El Ministerio pretende plasmar esta ambición en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que espera someter a información pública antes del mes de agosto y que fijará la senda para cumplir con los objetivos de recorte de emisiones marcada por el Acuerdo de París. Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.

El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (11%). En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2017 expone que las emisiones del transporte aumentaron un 2,6% respecto a 2016, sobre todo por el transporte en carretera (25% del total con un aumento del 2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual del 6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).

En cuanto a la industria, se estima que en 2017 las emisiones de la combustión en los sectores industriales creció un 4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. Asimismo, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza, del 1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); del 0,3% en la industria química; y del 1,2% en la metalurgia.