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La Fundación Renovables propone que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables plantea que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025, según el documento presentado Hacia una transición energética sostenible, con 200 medidas «urgentes e ineludibles» para realizar la transición energética en España. La Fundación propone un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que comience en 2018 y que culmine en 2025, así como la eliminación de todas las subvenciones a la minería y al uso del carbón.

Además, propone que no se den pagos por capacidad a las centrales de carbón que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora (Kwh) y un plan de «transición justa» para las zonas afectadas por la desaparición del carbón. José Luis García Ortega, patrono de la Fundación, ha denunciado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está empeñado en que las plantas de carbón no se cierren y ha pedido a los grupos parlamentarios que no apoyen la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso para ampliar los criterios a tener en cuenta para el cierre de centrales valorando la posibilidad de mantener una central si su cierre incrementara los precios de la electricidad.

En cuanto a las centrales nucleares, la Fundación Renovables propone un cierre programado a medida que vayan expirando las licencias actualmente en vigor, con lo que la última cerraría en 2024. También pide que los costes de desmantelamiento de las centrales y el tratamiento de los residuos los asuman las empresas. Además, reclama que el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) siga paralizado hasta que no haya un plan de cierre de todas las nucleares.

El presidente de la Fundación, Fernando Ferrando, considera que se trata de una propuesta «proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista» que parte del convencimiento de luchar contra el cambio climático y contra «las graves disfunciones del sistema energético» en España, así como para lograr una significativa reducción de las emisiones. Por ello, ve imprescindible electrificar la demanda de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo. La propuesta parte de que la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población y consumen el 75% de la energía.

El documento, que plantea un escenario hasta 2030, gira en torno a desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el 50% de esa demanda de energía en España corresponde a productos petrolíferos, frente al objetivo de la Fundación Renovables para 2030 de que el 50% se cubra con renovables, multiplicando su peso por tres. Por tanto, aboga por reducir el petróleo del 50% al 22% a 2030; reducir la dependencia del 83% al 50% y frenar las emisiones un 59%, pasando de las 255 mtn de CO2 de 2015 a 104 Mtn. Ese objetivo supondría que la electrificación de la demanda pasara de un 25% en 2015 a un 50% en 2030 y que la generación renovable llegara al 80%.

Cuota del 10% en autoconsumo

La Fundación Renovables, que propone anular las medidas retroactivas en la retribución de estas energías y la repotenciación de 15.000 MW hasta 2030, calcula que habría que instalar 85.000 megavatios (MW). La Fundación Renovables exige derogar el decreto de autoconsumo, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la incorporación de baterías y el desarrollo del autoconsumo compartido con el fin de que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de cobertura de la demanda de la electricidad. Asimismo, propone que no se limite la potencia de estas instalaciones y que se permitan las compras y ventas de energía entre particulares.

El documento recoge también propuestas para erradicar la pobreza energética. La Fundación considera ineficaz el actual bono social y propone una tarifa social. La Fundación Renovables propone rehabilitar 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética, lo que representa el 3% del parque actual. De esta forma, en 2030 estarían adaptadas todas las que lo necesitan. También se propone actuar en los edificios públicos, rehabilitando el 5% de ellos cada año. Plantea eliminar el consumo de combustibles fósiles con sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor. Por ello, propone prohibir las calderas de carbón a partir de 2021 y las calderas de gasóleo a partir de 2025.

En materia de movilidad, la Fundación Renovables propone prohibir la circulación de vehículos diesel en las ciudades en 2025, que en 2030 el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%. Asimismo, pretende minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones y abandonar progresivamente los vehículos de combustión interna. «Apostamos por la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público y la implantación del vehículo eléctrico», comenta.

Por otro lado, otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico con la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020, modificar la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones, se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la electricidad que se consuma, transformando los costes fijos en variables. En materia regulatoria, pide sacar de la tarifa las políticas industriales y territoriales.

Entre otras propuestas plantea actuar de forma prioritaria sobre la demanda sobre la vía para mejorar la gestión del sistema eléctrico y una reforma de la política fiscal como herramienta «fundamental» mediante, por ejemplo, la incorporación en el IBI de las ineficiencias energéticas de los edificios. En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que «para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para el final».

En el ámbito de la fiscalidad, propone que esta se dirija a fomentar y penalizar las prácticas que se quieran limitar. Por ejemplo plantea modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos y aumentar el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con esta medida calcula que recaudarían aproximadamente 3.500 millones de euros que se destinarán a planes urbanos, rehabilitación de viviendas, sustituir calderas por bomba de calor, mejorar la domótica o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Álvarez (UGT) defiende el carbón y cree que España no tiene que intentar “ser la campeona” de las energías limpias

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EFE.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido en León la compatibilidad del carbón con las energías limpias y ha afirmado que España no tiene por qué intentar ser la «campeona» en el abandono de los combustibles fósiles. El líder sindical ha apostillado que no se debe contraponer el carbón a otras fuentes de energías sostenibles y ha garantizado al apoyo de UGT al mantenimiento del sector minero así como de las centrales térmicas.

«Reitero el compromiso de la UGT con el carbón autóctono», proclamó Álvarez, que ha afirmado que las «comarcas mineras pueden tener vida con el carbón porque no va contra el medio ambiente». Ha recordado que en los países del entorno de España en los que hay carbón «se continúa quemando» y ha subrayado que eso es «plenamente compatible con el compromiso con las nuevas energías limpias«. «Es de justicia para las comarcas mineras que tanto han dado a este país, que ahora no puede mirar hacia otro lado y tiene que tener un compromiso con los mineros y con el mantenimiento de las térmicas”, sentenció.

El PSOE se une a los trabajadores contra los despidos de Gas Natural Fenosa en su central térmica de Anllares

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EFE.- El PSOE de León expresó su «total apoyo» a los trabajadores de la central térmica de Anllares, en Páramo del Sil (León), que han iniciado un conflicto laboral con Gas Natural Fenosa tras el despido del 45% de la plantilla de mantenimiento y limpieza. Una representación de los trabajadores se reunió con una delegación socialista encabezada por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.

Los representantes de los trabajadores explicaron que la dirección de la central procedió recientemente a la extinción de 9 empleos en la sección de mantenimiento y limpieza, de un total de 21 trabajadores. En 2015 ya se redujo a la mitad la plantilla, que entonces estaba en 40 trabajadores, lo que la empresa justificó en la «reducción de contrato por parada prolongada». Este argumento, a juicio de la representación laboral, no se sostiene ya que, después de esta medida, se ha vuelto a contratar personal eventual para hacer frente a la demanda de actividad existente.

De hecho, los trabajadores denuncian que la empresa esconde un intento de afrontar el posible cierre de la térmica con eventuales. Los representantes de los trabajadores también trasladaron a la delegación socialista que la mayoría de estos empleados despedidos llevan cerca de 40 años en la empresa, lo que significa que se evitaría que sus pensiones se vean reducidas a la mitad si se mantuvieran en plantilla durante las labores de cierre de la central.

Asimismo, los sindicatos habían llegado a un acuerdo con Gas Natural Fenosa por el que la empresa se comprometía a no tomar ninguna medida contra los trabajadores mientras no se concrete el cierre anunciado por la compañía. En la reunión también salieron a relucir críticas a la actitud del alcalde de Páramo del Sil, secretario provincial del PP y vicepresidente de la Diputación, Ángel Calvo, al que se ha pedido que «deje de mirar para otro lado» y muestre de modo decidido su apoyo a los trabajadores de la central térmica ubicada en el municipio.

El carbón nacional vincula su futuro más allá de 2019 a la continuidad de las centrales térmicas

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Europa Press / EFE.- El sector del carbón ha vinculado «directamente» su futuro más allá de 2019, fecha en la que está previsto el cierre de las minas o la permanencia de solamente aquellas viables mediante la devolución de las ayudas recibidas, a la continuidad de las centrales térmicas propiedad de las eléctricas. «Si las centrales de carbón no tienen la proyección suficiente para continuar, no tiene mucho sentido que sigamos con un combustible que no va a ser utilizado», afirmó el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia.

Con el debate abierto respecto al futuro de las centrales de carbón, después de que Iberdrola haya pedido el cierre de sus plantas de Lada y Velilla y con la continuidad de otras centrales en el aire más allá de 2020, Iglesia señaló que el sector pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que retome la posibilidad de aplicar unos pagos por capacidad para la desnitrificación de las centrales térmicas que permitiría a las compañías abordar esas inversiones necesarias para alargar su futuro por encima de ese horizonte.

«Fue una iniciativa tomada desde la Secretaría de Estado de Energía en 2015, pero en la que la CNMC encontró problemas serios y en aquellos momentos se abandonó. Todos y cada uno de los días que hablamos con el Ministerio, gobiernos autonómicos o cualquier administración, lo solicitamos. No pedimos nada para nosotros, tenemos firmado que las ayudas se han acabado, pero creemos que se podrían establecer los mecanismos adecuados para que las centrales puedan seguir generando electricidad con carbón», apuntó.

Con la garantía de esta continuidad de las centrales, Carbunión considera que las empresas mineras podrían planificar su actividad productiva a partir de 2019, con el objetivo de aportar entre 4 y 6 millones de toneladas anuales de combustible autóctono. Actualmente sobreviven 8 empresas del sector en España, 2 menos que en 2016 y lejos de las 21 que existían en 2011. Las ayudas recibidas por el sector, que ya van tocando a su fin, superan los 520 millones de euros en estos 7 años, aunque se redujeron a apenas 25,7 millones de euros en 2016 y cayeron drásticamente en 2017 con 1,3 millones, que, además, según Iglesia, incluyen la ayuda de 10 euros por tonelada dada por el Ministerio.

Iglesia, que reconoció estar «expectante» por conocer las conclusiones que presentará este mes la Comisión de Expertos sobre la transición energética respecto al mix energético necesario, defendió el «importante» papel del carbón como respaldo para la generación renovable, tal y como se vio el año pasado debido a unas condiciones climáticas en las que se registró la ausencia de viento y precipitaciones. «Si en 2016 o 2017 hubiésemos estado cerrados, los volúmenes de carbón importado habrían sido mayores», añadió Iglesia, quien valoró que gracias al carbón autóctono España no depende «exclusivamente de unos precios internacionales que pueden perjudicar al país».

El presidente de Carbunión ha recordado que el carbón supone un 23% de la generación de electricidad en Europa y un 15% en España, lo que demuestra que el país que tiene carbón lo utiliza para generar energía y ha animado a que España siga esa senda de los países europeos. Respecto a la cuantía de ayudas que tendrán que devolver las empresas que continúen con su actividad a partir de 2019, Iglesias ha dicho que es difícil cuantificarlo, pues para eso habría que saber cuántas y cuáles van a seguir, al tiempo que ha demandado que las ayudas se puedan devolver de forma escalonada para que no interfiera en la actividad de las empresas.

Desde Carbunión, califican 2017 de un año «esperanzador», con unos números que prácticamente recuperaron los niveles de 2015, tras los malos datos de 2016, aunque esperan que 2018 sea un ejercicio de «transición y diálogo» de cara a 2019. Entre 2011 y 2017, el sector redujo la producción y el empleo en un 58% y en un 62%, respectivamente, a pesar de la recuperación del año pasado. La producción con carbón nacional se incrementó en casi un 60%, hasta los 2,78 millones de toneladas, lejos de los más de 6 millones de 2011 y 2012 y frente a los 17,4 millones de toneladas de importación.

Del total de la producción del 2017 en España, más del 60% procedió de explotaciones a cielo abierto, mientras que la de las subterráneas no pasó del medio millón de toneladas. En 2017 la producción de carbón se vio favorecida por la caída de la producción hidráulica, que obligó a utilizar las centrales térmicas que utilizan carbón y gas. Sin embargo, en los dos primeros meses de 2018 ha bajado, aunque Iglesias espera que la producción se mantenga en el entorno de la de 2017, aunque dependerá de la meteorología.

Iglesias apuntó que la producción de carbón autóctono, con excepción de 2017, viene decreciendo desde 2011, mientras que las importaciones oscilan según la necesidad para generación eléctrica. El grueso de las importaciones de carbón que se hacen en España, en concreto el 87% en 2017, proceden de 4 países (Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica), naciones con las que, según Iglesias, es difícil competir por los menores costes con que producen. En lo que se refiere a la participación del carbón nacional en el carbón térmico consumido, se limitó al 14%.

En lo que se respecta al empleo, el número total de trabajadores se situaba a cierre de 2017 en 2.197 personas, frente a los más de 5.800 trabajadores de 2011. En 2017 se registró un ligero repunte del 7% con respecto a 2016, incremento que no ocurría desde 2011 aunque fue debido, principalmente, al aumento de las contratas, ya que el número en plantilla sigue descendiendo, según Carbunión. En este sentido, la plantilla de las empresas disminuyó desde los 1.675 trabajadores que tenían en 2016 a 1.592 en 2017, en torno a un 5%, mientras que la de las contratas aumentó un 60%, al pasar de 379 trabajadores a 605.

CCOO de Industria de Asturias solicita que el servicio de interrumpibilidad cuente con el carbón

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EFE. – CCOO de Industria de Asturias pide que el servicio de interrumpibilidad que bonifica a las empresas electrointensivas cuente con las centrales térmicas que generan energía con carbón autóctono. El motivo que defiende Comisiones Obreras es que con esta decisión se podría «garantizar un mínimo de independencia para el estado español».

Asimismo, el sindicato asegura que «insistimos en que para garantizar un mínimo de independencia en materia energética para el estado español, el carbón autóctono ha de tener un papel imprescindible dentro del mix energético nacional».

Según Comisiones Obreras de Industria, los trabajadores del sector minero, térmico e industrial, «no pueden ser reos de quienes, por su único afán de obtener mayores beneficios, como es el caso de Iberdrola, pretenden que otras formas de generación de energía sustituyan a aquellas que de forma real y contrastada pueden responder al interés general».

Por otro lado. ante la nueva subasta para la tarifa eléctrica que tendrá lugar antes del mes de mayo, CCOO solicita una articulación adecuada que permita una industria electrointensiva competitiva en costes

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

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EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

EDP ganó 1.113 millones en 2017, un 16% más, y provisiona 42 millones ante el posible ajuste regulatorio en España

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EFE.- El grupo de energía EDP ganó 1.113 millones de euros en 2017, un 16% más que en 2016, gracias a la plusvalía por la venta del negocio de Naturgas en España, con la que obtuvo una plusvalía de 600 millones de euros. Asimismo, EDP ha provisionado 42 millones de euros ante el posible cambio de regulación que pueda producirse en la remuneración en redes en España, según ha explicado el consejero delegado para España del grupo energético portugués, Miguel Stilwell.

Stilwell considera que los cambios regulatorios en España pueden impactar retroactivamente a 2016 y 2017. Por ello ha defendido que haya estabilidad en las reglas y que se mantengan hasta que se hagan los cambios en los plazos previstos, si bien puntualizó que ante el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según el cual puede haber una sobreretribución a las compañías por las redes en España, han decidido provisionar de «forma prudente» un importe.

El consejero delegado de EDP, que ha reconocido que con la revisión de la vida útil de los activos de redes la compañía sería la más afectada, matizó que esa provisión se ha hecho con una aplicación estimativa, ya que si se aplicaran los datos reales no tendría que ser tanta. Por eso, subrayó que EDP reclama que las empresas puedan aportar sus «datos fiables» para que se identifique la vida útil real de esos activos, aunque señaló que lo mejor sería que no se hiciera ningún cambio antes de la fecha prevista, en 2020.

Respecto a una posible fusión de EDP con Gas Natural Fenosa, el presidente del grupo EDP, Antonio Mexia, indicó que no iba a comentar nada y que en todo caso sería una decisión de los accionistas. Tampoco quiso comentar nada con respecto a los cambios en el accionariado de ese posible futuro socio, tras la reciente salida de Repsol y la entrada del fondo CVC.

Tanto Stilwell como Mexia han negado que EDP haya perdido interés por España y han recordado que se han invertido casi 200 millones de euros en los últimos años en el país, en el que se procedió a la desnitrificación de las centrales térmicas de Aboño II y Soto III, en Asturias, para que puedan seguir funcionando hasta 2030, y se van a invertir 150 millones en nuevos proyectos eólicos. Eso sí, en 2017 cayó la inversión un 29% en España, que pasó de 134 millones de euros a 95 millones al culminar esas desnitrificaciones.

En el caso de la de Aboño I, se cerrará en 2020, ya que es más antigua, y en ningún caso están proponiendo un cierre anticipado, sino que no podrá seguir más allá sin esos cambios. Stilwell ha señalado que EDP es partidario de que si se quiere seguir manteniendo abiertas centrales térmicas porque son necesarias para el sistema, se haga una gran subasta con las plantas que puedan ser viables, alineada con los mecanismos de mercado transparente por los que apuesta la Unión Europea y compitiendo las distintas tecnologías.

Aumenta el beneficio un 16%

Por otro lado, la compañía de energía portuguesa señaló que su beneficio recurrente, sin los ingresos extraordinarios de la venta de Naturgas, habría caído un 8% con respecto a 2016, hasta los 845 millones de euros, debido principalmente a la menor producción hidráulica en España y Portugal. Las operaciones en Portugal tuvieron un impacto negativo del 50%, a lo que hay que añadir el de los costes del carbón en los negocios de Portugal y España, que no pudieron compensar totalmente el crecimiento del negocio de renovables, que casi se quintuplicó, y Brasil, donde se produjo un incremento del 64%.

El resultado bruto de explotación (ebitda) recurrente, excluido los efectos de plusvalías, cayó un 5% y pasó de 3.700 millones en 2016 a 3.500 millones en 2017. En España obtuvo un ebitda de 1.100 millones de euros, más del doble que en 2016, gracias a la plusvalía que le aportó la venta de Naturgas, su negocio de distribución gasista, pues sin ella el beneficio operativo habría caído un 17%, hasta los 360 millones. La participación en el ebitda recurrente aumentó en Estados Unidos y Brasil, donde pasaron, respectivamente, del 19% al 24% y del 15% al 19%,. Por el contrario, el peso de España disminuyó del 19% al 18% y Portugal del 47% al 39%.

Por áreas de negocios, el negocio de renovables, EDPR, vio crecer su ebitda recurrente un 17%, hasta los 1.370 millones de euros, mientras el de redes ibéricas cayó un 4%, hasta los 950 millones, al restar 83 millones respecto a 2016 la venta de los activos de gas. El ebitda de EDP Brasil aumentó un 14%, hasta los 620 millones de euros, y la mayor caída, del 42%, se registró en la producción y comercialización en la península ibérica, que se quedó en 580 millones por la caída en la producción hídrica provocada por la sequía, cifrada en 300 millones, y por alteraciones regulatorias y el aumento de los combustibles.

La capacidad instalada del grupo EDP creció un 6%, con un gigavatio (GW) de nueva capacidad hídrica en Portugal y 0,6 GW de eólica y solar en Estados Unidos. Los costes de operaciones cayeron un 1% en las operaciones ibéricas y renovables, y un 1,5% en Brasil. La deuda líquida se redujo un 13% en 2017, hasta los 13.900 millones.

El consejo de administración propondrá en la próxima junta de accionistas, el 5 de abril, el pago de un dividendo de 19 céntimos de euro por acción, el mismo que el que se abonó con cargo al ejercicio de 2016, que aumentó medio céntimo respecto al de 2015 y representó un desembolso de 696 millones de euros, el mismo que tendrá que hacer EDP ahora. EDP aumentó en 2017 sus contratos en 288.000, de los que 129.000 fueron de electricidad (un 3% más, hasta llegar a 4,2 millones); 65.000 en gas (un 11% más, hasta 658.000 clientes) y 94.000 que integran luz y gas (un 47% más, hasta 294.000 contratos).

En 2017 EDP vendió su negocio de distribución de gas natural en España a un consorcio integrado por inversores institucionales por 2.591 millones de euros, lo que le generó una plusvalía de 600 millones. La baja producción hidráulica, los mayores costes de generación y el aumento de los precios de los combustibles, como el gas, afectaron al margen de comercialización, al ser mayores los precios del pool y tener establecidos previamente unos compromisos de venta.

La producción eléctrica de EDP en España aumentó un 25%, debido al aumento del funcionamiento de las centrales de carbón, cuya producción creció un 44%, mientras que en la hidráulica se produjo una caída del 49%. Sin embargo, la potencia comercializada por EDP en electricidad y en gas natural cayó en 2017 un 15% y un 22%, respectivamente, descensos que se debieron en el caso de la electricidad a la disminución del volumen comercializado a empresaspor la optimización de la cartera de clientes y en el del gas por el menor volumen de ventas a clientes industriales y mayoristas.

Energía acuerda abordar el futuro del carbón con los sindicatos en grupos de trabajo a partir del 12 de marzo

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT el establecimiento de un grupo de trabajo para abordar el futuro de la minería del carbón y cuyos detalles se concretarán la semana del próximo 12 de marzo, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, tras una reunión con los representantes mineros de sendas organizaciones sindicales en una situación de incertidumbre por la intención de algunas compañías eléctricas de cerrar sus centrales térmicas de carbón.

En lo que ha calificado como un «año importante» para la minería y el carbón, Navia ha reiterado que «es importante trabajar con agentes sociales para lograr una transición ordenada y lógica«. Por ello, subrayó que las reuniones del grupo de trabajo tendrán una frecuencia más elevada y tendrán un carácter eminentemente «técnico» para «tratar cuestiones más concretas que puedan suscitar Administración y sindicatos». El Ministerio concretó que las reuniones técnicas estarán a cargo del gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Joaquín Fernández Dapena, que se sentará con la patronal Carbunión y sindicatos en dos mesas separadas para abordar la cuestión «desde un formato técnico y no político».

El coordinador de Industria de CC.OO., Jesús Crespo, recordó que, si bien «hay que hablar del futuro», primero hay que «resolver el presente». Del mismo modo, destacó la intención de los sindicatos de incorporarse a la plataforma europea de regiones con minería del carbón que se presentó recientemente en España. Desde CC.OO. han resaltado que el grupo en el que participarán los sindicatos se reunirá cada tres semanas y en junio se convocará a los representantes de la comisión de seguimiento para informar de los avances logrados. Además, la organización sindical creará un equipo de trabajo que se reunirá de forma paralela y que dará soporte a las reuniones que se celebrarán en el Ministerio.

El secretario del sector minero de UGT, Víctor Fernández, explicó que el grupo de trabajo contará con 5 representantes de los sindicatos y que el objetivo es reunirse con el ministerio «3 veces cada 2 meses». También ha expresado, por su parte, que las próximas reuniones «deberían ser más ágiles» para llegar a junio «con el tema prácticamente resuelto». Fernández añadió que «para cuando finalice el año» habrán de realizarse «las gestiones oportunas». También ha mostrado disposición a que «nadie se quede en la calle» hasta ese momento. Ambos sindicatos han subrayado la necesidad de involucrar a las propietarias de las centrales térmicas de carbón para que realicen las inversiones medioambientales pertinentes para seguir operando.

Estos encuentros urgen, según los sindicatos, porque este año se acaba el Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras (2013-2018) y se necesita un nuevo marco de actuación para activarse en enero de 2019 que no pase por el cierre de las centrales y la pérdida del empleo de los trabajadores. El sindicato UGT destacó que dicho marco debería llevar implícito el desarrollo de un plan social que incorpore medidas como bajas incentivadas y planes de prejubilación para que ningún empleado sea despedido. “Tenemos que ver los sindicatos como lo presentamos», ha apuntado Fernández.

Castilla y León pide en Bruselas fondos para una transición energética «justa» para las regiones mineras de la Unión Europea

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, pidió en Bruselas que la Unión Europea se implique más y con «más fondos» para que las regiones carboneras europeas tengan una transición energética «justa y equilibrada».

Del Olmo participó en las jornadas organizadas por Plataforma de Regiones Carboneras en Transición de la Unión Europea, donde defendió un proceso de descarbonización «que no deje costes socioeconómicos por el camino» y que ofrezca soluciones a todas las personas que trabajan actualmente en el sector. «Se debe atender las necesidades de los territorios carboneros y que las personas que trabajan en la minería y en todo lo que arrastra la minería tengan una buena colocación en otros sectores», aseguró.

La consejera manifestó que Castilla y León seguirá siendo una región con producción de carbón y con centrales térmicas, pero que a su vez apostará por la diversificación de la industria y de la actividad económica, algo que a su juicio, coincide con los objetivos en materia energética de la Unión Europea. Del Olmo incidió en la necesidad de lanzar proyectos de investigación en captura de carbono o en nuevas tecnologías para la quema de carbón y pidió ayuda comunitaria para su financiación. «Vamos a hablar de cómo se pueden financiar esas actividades alternativas», afirmó.

La consejera advirtió de que la reestructuración en la región ha sido «brutal», donde se ha pasado de tener «2.000 trabajadores a 400». «Hay que mantener lo que queda e ir hacia una transición justa y ordenada desde un punto de vista socioeconómico. No puedes dejar un territorio tan grande sin actividad económica», indicó. La responsable de la economía castellanoleonesa explicó que hay 41 regiones en transición en el carbón de distintos Estados miembros que comparten que “la producción de carbón ha tenido un peso esencial. Hay regiones donde la alternativa son las energías limpias y olvidarse del carbón pero no es nuestro caso, que compartimos junto con otras regiones la pervivencia del carbón«, concluyó.

El PP prepara una proposición de ley para evitar el cierre de las térmicas con el apoyo decidido de UGT

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EFE / Europa Press.- El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, advierte de que cerrar las centrales térmicas supondrá un mayor coste energético, algo que considera que el país «no lo puede permitir». En este sentido, el PP registrará próximamente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que tendrá como objetivo limitar estos cierres y evitarlos, con un contenido en la línea del proyecto de decreto que elaboró el Ministerio de Energía.

Fuentes del PP han explicado que la idea es que su toma en consideración pueda ser debatida en marzo y, aunque el contenido será fundamentalmente el mismo que el del texto elaborado por el Ministerio, la idea es incorporar alguna de las prevenciones que estableció en su informe del pasado 24 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que alertó de la posibilidad de que el real decreto pudiera contravenir la normativa europea. En concreto, el PP se plantea matizar el mecanismo de subasta, considerado por la CNMC como «muy complejo», para que la compensación a un tercero por mantener una central térmica no pueda ser considerado por la Unión Europea como ayuda de Estado.

Este informe de la CNMC determinó que, al ser una norma de rango inferior, no era posible modificar mediante un real decreto aspectos que figuraban en leyes reguladoras de este sector, por lo que en ese momento el Gobierno se planteó la posibilidad de sacar adelante la regulación mediante un Decreto Ley, que debía ser convalidado en el Congreso, pero que tiene una tramitación más larga y compleja que la de una proposición de ley.

En la misma línea, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha insistido en que la posición de la comunidad en cuanto a las térmicas es «archiconocida», en la línea de lo que acordó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los de otras comunidades afectadas, Asturias y Aragón. Esta solución pasa «por dar rango de ley a la normativa que ponga trabas a las eléctricas cuando de motu proprio estás sólo buscan el beneficio económico», por más que lo «enmascaren de reverdecimiento», criticó.

La portavoz de la Junta ha insistido en que las eléctricas «ya no engañan a nadie» y ha recalcado que se trata de decisiones que afectan a la minería, pero también producen un «perjuicio social» que incide en el coste de la luz. Marcos también ha tenido reproches para el PSOE y se ha referido en concreto a la presidenta socialista Cristina Narbona, que no apoya el mantenimiento del carbón y de las térmicas, por lo que ha confiado en que «recapacite» y respalde una «transición» con una «descarbonización progresiva».

UGT está con el Gobierno

Por su parte, Hojas también se ha referido a los anuncios por parte de Iberdrola y Endesa de los anuncios de cierre de las centrales de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) en el caso de la primera y Compostilla (León) en el de la segunda. El responsable de UGT considera que es «incomprensible» que las eléctricas se escuden en las energías limpias cuando hay tecnología que permitiría seguir con la quema del carbón autóctono, que significa un 7% pero que considera que su abandono sería «brutal» para el país en impacto social. En este sentido, y tras recordar los beneficios de Iberdrola, ha señalado que se podría invertir una «pequeñísima parte» de ellos en una transición hacia energías verdes «responsable».

Hojas ha advertido de que dentro de poco las compañías pedirán cerrar las centrales nucleares y se ha preguntado a dónde van a llevar el precio por kilovatio, algo que repercute no sólo en la pobreza energética, sino en las industrias, que perderán competitividad. Como consecuencia de ello, ha señalado que si ocurre esto se «cargarán de un plumazo» todos los acuerdos a los que se llegue, dado que hay una diferencia de un 30% en competitividad energética si se compara España con Alemania o Francia. «Cualquier acuerdo de competitividad pierde capacidad por el coste de la energía», ha señalado.

En este contexto, Hojas se ha congratulado por el pacto firmado por Aragón, Asturias y Castilla y León en el que abogan por un pacto de Estado por la energía que considera «fundamental», no sólo por los costes, sino por las consecuencias para el futuro industrial, por ello ha abogado por trabajar por una «política de Estado». Asimismo, anunció «movimientos importantes» en Bruselas para pedir y exigir una moratoria y flexibilidad para la devolución de las ayudas al carbón de manera que el plazo se extienda más allá de 2018.

Hojas ha aclarado que los sindicatos van a seguir su apuesta por ir a una transición a las energías limpias pero ha matizado que hay que hacerlo de manera «socialmente responsable» porque el país no puede permitir que sea de otra forma y que los costes energéticos se «disparen». Asimismo, ha cuestionado si a lo que se quiere ir es hacia ciclo combinados de gas, que son más caros, por lo que considera que hay debates que se caen «por su propio peso», aunque los intereses empresariales sean legítimos, pero cree que deben de ir acompañados por una responsabilidad social corporativa en el territorio del que han sacado tanto beneficio.