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Ribera se muestra «satisfecha» con su gestión al frente del Ministerio para la Transición Ecológica aunque critica la herencia recibida

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado «moderadamente satisfecha» con su gestión al frente del departamento que ha dirigido durante los últimos 8 meses, aunque recriminó que le hubiese gustado encontrarse «con las cosas mejor hechas«.

Así lo expresó la ministra, que ha manifestado que ha sido «una pena haberse encontrado con el terreno tan embarrado y con problemas de litigiosidad tremendos que habrá que pagar». La ministra hacía mención al retraso que España ha ido acumulando en los últimos años en la transposición de las leyes en materia medioambiental en el marco de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y cuyo incumplimiento podría derivar en futuras multas por parte de las instituciones comunitarias. En concreto, ha resaltado el problema del cierre de las centrales de carbón aún presentes en España, que tendrían que echar el cierre en 2020 salvo que contasen con «cuantiosas inversiones».

Por ello, Ribera ha defendido que la estrategia es ahora seguir el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, que pretende contar con un marco estable para la plena descarbonización de la economía en 2050, en línea con los objetivos a nivel mundial. La ministra ha recordado que este plan prevé que la factura de la luz alcance una rebaja de hasta el 12% antes de impuestos en 2030, en alusión a las críticas vertidas por el diputado del PP, Guillermo Mariscal, quien ha culpado al PSOE de la subida de la factura de la luz.

«El PSOE ha vuelto y ha vuelto a subir la factura eléctrica», ha recriminado Mariscal a la ministra, al mismo tiempo que ha reprochado al Gobierno que sus políticas energéticas «nunca piensan en los costes y en la sostenibilidad del sistema, por lo que crece la factura«. Sin embargo, Ribera ha defendido que entre marzo y mayo del 2018, antes de que el PSOE llegara al Gobierno, el precio del mercado mayorista de electricidad se incrementó en casi un 40%.

UGT exige a Naturgy planes de acompañamiento que eviten la pérdida del empleo por el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.– UGT-FICA ha exigido a Naturgy que presente planes de acompañamiento dirigidos a evitar la pérdida de cerca de 250 empleos directos y 700 indirectos y del tejido industrial de las zonas afectadas, en caso de que finalmente se ejecute el cierre de las centrales térmicas.

En concreto, se refiere a las centrales térmicas que Naturgy tiene en Narcea (Asturias), Meirama (Galicia) y La Robla (Castilla y León). El secretario general de la sección de Industria, de UGT, Pedro Hojas, reiteró la posición de la federación en la defensa del mantenimiento de la actividad de las plantas térmicas y de los puestos de trabajo, así como «del futuro de pueblos enteros y comarcas», que, sin estas centrales, considera «están abocadas al empobrecimiento y a la despoblación».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Plan Energético Nacional, con la participación de todos los agentes directamente implicados como administraciones públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos, en el que se defina un mix energético para los próximos años que pueda contribuir a conseguir una transición energética «justa, equilibrada y socialmente responsable, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea«.

El anuncio del cierre de las 3 centrales es posterior a la finalización del proceso de adecuación de la central térmica de La Robla a los requisitos sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) exigidos por la Unión Europea para poder seguir funcionando y de la adecuación en un 90% de la central de Narcea. A pesar de estas inversiones, UGT cuestiona a Naturgy por mantener el cierre de las 3 centrales térmicas «sin haber presentado hasta la fecha ninguna alternativa industrial que palíe los efectos negativos de estos cierres«.

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

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Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

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Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

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Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón en España están en bancarrota, según Ribera

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Europa Press.- El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón se encontraban en situación de bancarrota o suspensión de pagos en mayo del pasado año, por lo que no podían devolver las ayudas antes de diciembre para evitar su cierre con arreglo a la normativa europea. Así lo expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludiendo a que el Gobierno socialista tuvo que asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ante un vacío de «anticipación» por el anterior Ejecutivo.

Algo parecido ocurría con las centrales térmicas que, según Ribera, tampoco habían acometido las «importantes inversiones» necesarias para seguir llevando a cabo su negocio después de 2030, por lo que se enfrentaron a un problema que «les estalló en la cara». Por ello, en una respuesta al senador del PP, Alfonso Jesús Rodríguez, la ministra ha afirmado alejarse de la «demagogia» y ser «honesta» con los trabajadores, a los que «no va a dejar abandonados», algo que sí habría ocurrido con el cierre de las minas que tenía preparado el anterior Ejecutivo, según denunció Ribera.

Rodríguez ha criticado que España haya importado energía desde una central térmica de Marruecos, mientras que el Gobierno procede a cerrar las minas y las centrales en su propio país, calificando los 8 meses de Ribera al frente del Ministerio de «despropósito«. «Su transición no es ni transición ni justa», ridiculizó Rodríguez, al mismo tiempo que criticó las políticas llevadas a cabo por el Gobierno como «rápidas, express y sorpresivas». Sobre esta importación de energía procedente de Marruecos, Ribera ha señalado que obedece a la oferta y la demanda y que se vale de una interconexión entre dos continentes que lleva en funcionamiento desde 2006.

Bogas (Endesa) pide a Ribera que el Plan de Energía y Clima no esté «escrito sobre piedra» y pueda adaptarse

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca la hoja de ruta de la transición energética, no esté «escrito sobre piedra» y sea adaptable a las circunstancias que se presenten en el futuro.

Bogas indicó que se va «a dar un salto» con la transición energética que ya «no se puede parar» pero subrayó que el Plan debe «tener capacidad de adaptación a las circunstancias con las que nos vamos a encontrar en el futuro». A este respecto, consideró que en España se parte de una situación «envidiable» para afrontar la transición energética ya que existe una sobrecapacidad en el sistema eléctrico que hace que no sea necesario instalar nueva potencia térmica de aquí a 2030, por lo que el principal problema será «como gestionar la incorporación de las renovables y las paradas de las térmicas» que hay.

Sin embargo, afirmó que a partir de 2030 se puede registrar una situación de falta de capacidad, con un déficit de entre 9 y 13 gigavatios (GW), que habrá que cubrir. Así, indicó que la vida de las centrales de carbón no se podrá alargar más ya que «va contra los tiempos actuales». De esta manera, Bogas aseguró que a la capacidad de respaldo existente, principalmente los ciclos combinados de gas natural, hay que darles «un papel fundamental», para lo que serán necesarios los pagos por capacidad. «De esto tiene que ser consciente cualquier regulador; hay muchas formas de hacerlo, lo importante es hacerlo», añadió.

Asimismo, advirtió de que si se produce un recorte retributivo a las eléctricas por sus actividades de redes y transporte, del 6,5% actual al 5,6% propuesto por el Ejecutivo para el periodo 2020-2025, quien tendrá «un problemón será el Gobierno de turno» ya que las compañías «no vamos a hacer nuevas inversiones«. Bogas subrayó que en la transición energética, que es «felizmente irreversible» y que en ella jugarán un papel clave las renovables y la digitalización, el sector eléctrico debe «hacer un esfuerzo», pero también «el resto de sectores», como la industria o el transporte.

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, consideró que en España existe «un déficit regulatorio» de reconocimiento de la capacidad firme, que será vital para garantizar la transición energética, por lo que pidió que se reconozca el papel que jugarán los ciclos combinados de gas natural. «La capacidad firme en un escenario de 70% de renovables será fundamental y el papel de los ciclos tiene que ser reconocido», afirmó la directiva, subrayando que con pocas horas de funcionamiento al año «es difícil que puedan ser sostenibles».

Santamaría destacó que España está «en una situación inmejorable» para alcanzar los objetivos de la transición energética ya que se cuenta con recursos eólicos y solares y con las empresas para ello. No obstante, indicó que resta «mucho desarrollo por delante». Asimismo, indicó que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone «un esfuerzo inversor desconocido» en España, para el cual pidió «la confianza para los inversores para que se haga realidad». «Tenemos una mala historia de seguridad jurídica y hay que revertirla para que sea una realidad«, sentenció.

Mientras, el director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, defendió que el gas natural jugará «un papel fundamental» en la transición energética hasta 2050. El directivo valoró que en 2030 la penetración de renovables en el mundo será del 14%, por lo que «quedan otros 86 puntos para las demás energías, y la única en todos los escenarios que crece es el gas». Además, Fernández aseguró que cualquier avance debe realizarse «desde la prudencia regulatoria» y afirmó que la transición energética debe también cuidar «el impacto social» y no debe ser «discriminatoria».

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Naturgy cerrará todas sus térmicas de carbón en España en 2020 con el cierre de Meirama, Narcea y La Robla

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Europa Press.- Naturgy ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de todas sus centrales de carbón en España, las de Meirama (en Cerceda, Galicia), Narcea (Asturias) y La Robla (Castilla y León),según confirmó la compañía. La empresa comprometió en 2015 una inversión de casi 100 millones de euros para adaptar la factoría de Meirama, pero esa cuantía nunca se llegó a ejecutar, por lo que tampoco se desarrollaron las actuaciones de renovación tecnológica.

El grupo energético enmarca esta decisión de echar el cierre a sus plantas de carbón en 2020 en los objetivos de la política energética europea y nacional anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica para avanzar hacia la descarbonización del sistema. En concreto, el nuevo contexto regulatorio obliga a las compañías propietarias a afrontar nuevas inversiones para que estas plantas puedan continuar funcionando más allá de 2020. Asimismo, los actuales precios de mercado, el mayor coste del precio de CO2 y las tasas medioambientales han agravado la viabilidad económica de este tipo de plantas.

Fuentes de la compañía precisaron que las peticiones de cierre se presentaron el pasado diciembre y que se han presentado planes de adecuación para los casi 240 trabajadores de las tres plantas. El grupo presidido por Francisco Reynés tiene en marcha, dentro de su plan estratégico, inversiones por más de 1.000 millones de euros en generación renovable en todo el territorio nacional antes de 2020. La compañía ha trasladado también a las distintas administraciones autonómicas esta decisión y trabaja, junto a ellas, en el diseño de planes para dinamizar económicamente el entorno de las regiones donde están ubicadas estas plantas.

En el caso de Meirama, Naturgy tiene un plan por el cual prevé invertir aproximadamente 80 millones de euros en un parque eólico y en un centro avanzado de gas renovable, además de una iniciativa para atraer nuevos proyectos industriales al emplazamiento en colaboración con la Xunta de Galicia. La empresa también ha diseñado un plan de adecuación para los 77 trabajadores de la central, que contempla la recolocación de una gran parte de ellos y salidas pactadas para el resto. También se propondrá a las empresas auxiliares de la comarca continuar trabajando para los nuevos proyectos renovables de Naturgy.

En el caso de Narcea y La Roba, la compañía cuenta con un plan de adecuación para los 82 y 80 trabajadores, respectivamente, que componen la plantilla y que contempla soluciones consensuadas, bien mediante su continuidad en los trabajos de desmantelamiento o reubicación en otras unidades de la empresa, o bien mediante salidas pactadas. En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares de las distintas centrales, Naturgy hará lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo.

De esta manera, Naturgy sigue los pasos de Iberdrola, que en noviembre de 2017 pidió también al Gobierno el cierre de sus térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En el caso de Endesa, también el pasado mes de diciembre presentó la solicitud formal de cierre para sus centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al ser «imposible» abordar las inversiones necesarias para que estas plantas cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea que entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

No obstante, la energética presidida por Borja Prado sí continuará con la generación en las centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), donde sí que realizó las inversiones necesarias. De esta manera, de las 14 centrales operativas en España, no habrá abiertas más allá de 2020 más que 5; estas 2 de Endesa, Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.