Entradas

Castilla y León pide en Bruselas fondos para una transición energética «justa» para las regiones mineras de la Unión Europea

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, pidió en Bruselas que la Unión Europea se implique más y con «más fondos» para que las regiones carboneras europeas tengan una transición energética «justa y equilibrada».

Del Olmo participó en las jornadas organizadas por Plataforma de Regiones Carboneras en Transición de la Unión Europea, donde defendió un proceso de descarbonización «que no deje costes socioeconómicos por el camino» y que ofrezca soluciones a todas las personas que trabajan actualmente en el sector. «Se debe atender las necesidades de los territorios carboneros y que las personas que trabajan en la minería y en todo lo que arrastra la minería tengan una buena colocación en otros sectores», aseguró.

La consejera manifestó que Castilla y León seguirá siendo una región con producción de carbón y con centrales térmicas, pero que a su vez apostará por la diversificación de la industria y de la actividad económica, algo que a su juicio, coincide con los objetivos en materia energética de la Unión Europea. Del Olmo incidió en la necesidad de lanzar proyectos de investigación en captura de carbono o en nuevas tecnologías para la quema de carbón y pidió ayuda comunitaria para su financiación. «Vamos a hablar de cómo se pueden financiar esas actividades alternativas», afirmó.

La consejera advirtió de que la reestructuración en la región ha sido «brutal», donde se ha pasado de tener «2.000 trabajadores a 400». «Hay que mantener lo que queda e ir hacia una transición justa y ordenada desde un punto de vista socioeconómico. No puedes dejar un territorio tan grande sin actividad económica», indicó. La responsable de la economía castellanoleonesa explicó que hay 41 regiones en transición en el carbón de distintos Estados miembros que comparten que “la producción de carbón ha tenido un peso esencial. Hay regiones donde la alternativa son las energías limpias y olvidarse del carbón pero no es nuestro caso, que compartimos junto con otras regiones la pervivencia del carbón«, concluyó.

Ecologistas en Acción alegará contra la futura planta de Forestalia en Guardo (Palencia) para generación de electricidad con biomasa agroforestal

EFE.- La asociación Ecologistas en Acción no apoya la construcción de una planta de biomasa en Guardo (Palencia) y presentará alegaciones al proyecto del grupo Forestalia, que prevé construir una planta de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal en esta localidad palentina.

Ecologistas en Acción Palencia ha recordado que «históricamente» se ha opuesto al aprovechamiento eléctrico exclusivo de la biomasa porque «conlleva un derroche energético de la mayor parte del poder calorífico del combustible». Además, asegura que, en el caso de grandes instalaciones como las proyectadas por esta empresa, se añaden otros problemas de emisiones, disponibilidad de recursos y transporte, tal y como han puesto de manifiesto los ecologistas en cada proyecto tramitado en Castilla y León.

Forestalia está a la espera de la autorización ambiental para iniciar la construcción de una planta de generación eléctrica de 49,9 megavatios (MW) alimentada con biomasa agrícola y forestal, en Guardo, que prevé tener finalizada en diciembre de 2019. En concreto, se abastecerá en un 50% de paja de cereal del entorno, con una alta proporción de paja de centeno, cereal que se produce en esta zona palentina y de muy bajo consumo en ganadería, lo que tendría un «impacto positivo» para unos 500 agricultores.

El resto será residuo forestal procedente del norte de Palencia y de Cantabria, con el consiguiente impacto positivo en la gestión de los montes cercanos, ya que se estima que una planta de este tamaño precisa en torno a 280.000 toneladas anuales de biomasa. Además, durante su construcción trabajarán unas 200 personas en un periodo de dos años, más otros 50 puestos de trabajo industriales directos que se generarán cuando entre en funcionamiento, más otros 300 puestos de trabajo inducidos.

El Gobierno identifica 165 proyectos en 12 comunidades autónomas como la potencia adjudicada en la primera subasta renovable de 2017

Europa Press.- El Ministerio de Energía ha identificado todos los proyectos concretos que fueron adjudicados en la primera subasta de renovables, celebrada en mayo de 2017, y que ascienden a 165 repartidos en 12 comunidades autónomas, según indicó el departamento. Esta primera subasta se saldó con la adjudicación de 3.000 MW de instalaciones renovables, el máximo previsto, y sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia.

Se han identificado un total de 165 proyectos concretos: eólicos en su gran mayoría, fotovoltaicos y de otras tecnologías como la hidráulica, biogás o biolíquidos y solar termoeléctrica. Corresponden a un total de 22 promotores. Los 165 proyectos identificados se localizan en 12 autonomías. Aragón, con 80 proyectos, copa el 48,4%. Le siguen Galicia (25), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (13), Andalucía (9), Navarra (5), Cataluña (5), Murcia (4), País Vasco (1), Extremadura (1), Madrid (1) y Asturias (1).

Las solicitudes presentadas en esta primera subasta superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, confirmando así el interés de los inversores por el sector de las energías renovables en España. Esta situación llevó al Gobierno a celebrar una segunda subasta en julio del 2017 donde se adjudicaron otros 5.000 MW renovables, cuyos proyectos concretos están también siendo identificados.

En consecuencia, supone un total de 8.000 MW de nueva potencia renovable, que estará en funcionamiento antes de 2020 y contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior, destaca el Ministerio de Energía. Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020. En este sentido, España se situó en 2016 un 17,4%.

La Diputación de Burgos aboga por un «plan global» que impulse económicamente el entorno de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha abogado por un «plan global» que sirva de revulsivo para todo el entorno de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, después de que se anunciase el cierre definitivo de la planta. «El Valle de Tobalina es uno de los paisajes más bellos de Castilla y León», ha aseverado Rico, antes de destacar la importancia de impulsar un plan que permita reactivar la zona en todos los ámbitos.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de Burgos explicó que, frente a la posibilidad de acudir a planes concretos, la intención de la Institución provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), es potenciar un plan que sirva de revulsivo para toda la zona trabajando con todos los ayuntamientos del área de influencia de la planta. En este sentido, Rico avanzó que «no se esperará» al desarrollo de un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña para adoptar medidas desde la Diputación, si bien ha recalcado que «si viene, viene».

Castilla y León planea reducir un 32,45% su consumo de energía y un 30,24% sus emisiones de CO2 en 2020

Europa Press.- La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva Estrategia de Eficiencia Energética, la tercera desde 2002, con un «ambicioso objetivo» que busca rebajar un 32,45% el consumo de energía final y reducir un 30,24% las emisiones de CO2 en 2020, sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica en el que el carbón mantiene un hueco «por razones estratégicas» con un «papel preponderante» para las energías renovables.

Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras aprobarse la nueva Estrategia de Eficiencia Energética, que contempla 79 medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones hasta un 12% por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea. «Es mucho más ambicioso», ha destacado la consejera, que ha recordado que no es tan fácil rebajar consumo y emisiones contaminantes en una etapa de crecimiento económico. Dicho esto, ha significado los resultados de los dos planes de eficiencia energética puestos en marcha en 2002-2007 y 2008-2012 con un ahorro energético del 20,89% en Castilla y León en relación a los indicadores de 1990 que fija la Unión Europea.

«Este dato implica que Castilla y León ha cumplido 7 años antes las metas marcadas por Europa, que instaba a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20% en 2020 respecto a 1990 y a reducir en el 20% las emisiones de CO2 en el mismo horizonte», precisó la consejera, quien destacó la «importante mejora» de la competitividad empresarial que aportan estas medidas.

La ejecución de las 79 medidas programadas hasta 2020 implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones que serán aportados por el sector privado, con 547,9 millones, y por el público, con 251,2 millones, tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos en este caso con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.

Según ha precisado Del Olmo, el sector industrial absorberá el 51,3% del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1%), del transporte (10,8%), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10%) y de la Administración autonómica (2,4%). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3% de los fondos y el 0,1% a iniciativas de difusión de un consumo responsable. La mayor parte de la reducción de emisiones de CO2 prevista corresponde al transporte, con 1,1 millones, seguidas de la industria (844.500), edificios (447.600), entidades locales (98.800) y Administración autonómica (23.600).

Entre las medidas para mejorar la competitividad de la industria y el sector ganadero, con el reto de conseguir una tercera parte del ahorro estimado para 2020, destacan el fomento de inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías y la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de subvenciones. Se pretende introducir también «la mejor tecnología disponible», implantar sistemas de gestión energética UNE-EN-ISO-50001 o aplicar técnicas sobre agricultura de conservación, reducción del consumo de agua e introducción de motores y bombas de mayor rendimiento.

Eficiencia energética en los edificios

El segundo bloque del documento se centra en la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios y hostelería. En el ámbito de los hogares se establecen medidas de apoyo para la sustitución de equipos consumidores de energía por otros de alta eficiencia energética además de incentivos para los edificios de energía cero (near zero energy building, en inglés). En lo que se refiere a los inmuebles del sector terciario, persigue fomentar mejoras en los sistemas de climatización, iluminación y aislamiento térmico. La estimación es que la disminución del consumo logrado con estas acciones represente el 17,7% del objetivo total previsto, cifró Del Olmo.

El transporte es el primer sector consumidor de energía final, con casi el 40% del total en Castilla y León, con el objetivo de que asuma el 44% del ahorro proyectado en la estrategia. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos y en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. Por su parte, la Junta continuará con el plan de desarrollo del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.

El cuarto capítulo gira en torno al consumo energético derivado de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales, tanto en electricidad (alumbrado público y de edificios, además del ciclo del agua), como en gasóleo para edificios y vehículos, gas natural y gasolina. Entre las iniciativas previstas, destacan los programas de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para acometer mejoras en edificios, sistemas de alumbrado exterior y de depuración y abastecimiento de aguas ya que el 4% del objetivo de ahorro fijado para 2020 corresponde a este ámbito.

En la Administración autonómica, quinto apartado del plan, se articulan medidas de optimización por la vía de la sustitución de calderas, instalaciones de refrigeración y ventanas, y otras mejoras en los sistemas de iluminación y climatización en oficinas, hospitales, colegios, centros de salud y de servicios sociales. En este ámbito, el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, potenciará el uso de la herramienta OPTE (Optimización de Tarifas Eléctricas), para que la Junta contribuya con el 9,4% al ahorro de energía estimado para el conjunto de Castilla y León al finalizar el periodo de vigencia de la estrategia.

El sexto eje está dedicado a la I+D+i y pretende orientar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación hacia la energía segura y sostenible. Para Del Olmo, merece una mención especial la propuesta de sellar acuerdos entre el EREN y grupos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León en materia de eficiencia energética. Finalmente, el séptimo área de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León planifica acciones informativas, formativas y de sensibilización dirigidas a ciudadanos, grandes empresas, pymes e instituciones, que se canalizarán a través de la web del EREN, de jornadas y de los medios de comunicación.

El sindicato UGT-Fica defiende las centrales térmicas de carbón y se concentra contra su cierre ante el Ministerio de Energía

Europa Press.- El sindicato UGT-Fica celebró una concentración de trabajadores de las centrales térmicas de Anllares, Velilla, Compostilla (Castilla y León) y Lada (Asturias) ante la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en defensa de las centrales térmicas de carbón y contra su cierre, según indicó el secretario general del sindicato UGT-Fica, Pedro Hojas.

A finales del pasado mes de noviembre, los sindicatos ya rechazaron el cierre de las centrales térmicas de carbón y denunciaron la «estrategia perfectamente diseñada» por los responsables de las principales compañías eléctricas para intentar provocar una situación tal que aboque a su clausura. Asimismo, exigieron el cumplimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018 y solicitaron una reunión urgente de la comisión de seguimiento.

Nadal acusa a Iberdrola de «falta» de soluciones que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada y Velilla

Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusado a Iberdrola de «falta de flexibilidad y de alternativas» para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), ya que su deseo es dejar de contar con el carbón en su mix, y reafirmó su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.

En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. «No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador», apuntó.

Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas ya que, si no fuera así, la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. «Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad», añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista. Además, reafirmó que existe «un interés general claro» en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría «peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local».

Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó que su decisión es «eliminar de su mix el carbón», decisión que considera que sí que puede ser tomada por Iberdrola, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que «otra cosa» es cerrar unas centrales «que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico».

Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance, «por qué no quiere vender». «No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa», indicó Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, «achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre», que la empresa ha valorado en 35 millones.

Por ello, el ministro insistió en que estas centrales «ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad», por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser «muy competitivo«. De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del decreto «tal y como está», e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación «más amplia, con rango de Ley».

Por su parte, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias mostraron su apoyo al Gobierno en su defensa de «combinar la lucha contra el cambio climático con la transición energética» en defensa del interés general. Asimismo, Herrera acusó a Iberdrola de cambiar sus planteamientos en los últimos tiempos de manera «injustificada», como ocurrió con la central nuclear de Garoña, que finalmente se decidió cerrar. Así, Herrera respaldó «la línea que ha marcado el ministro» e hizo un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados «para que sean receptivos a dar el mayor respaldo posible, a poder ser con valor de Ley, para endurecer los motivos por los que las eléctricas pueden decidir cerrar una central».

Mientras, el presidente de Asturias, Javier Fernández, defendió la permanencia de estas centrales de carbón desde «el punto de vista de la política global asturiana, que tiene una marcada política industrial». Fernández consideró que una empresa debe tener libertad para «deshacerse de una central», pero valoró que debe ser el Gobierno «quien debe decidir si es o no posible» cerrarla.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se ha referido al encuentro y ha manifestado que espera que, o bien Iberdrola reconsidere su decisión o bien el Ministerio ejerza sus competencias administrativas para impedir el cierre. «Hay suficientes y buenas razones para que Iberdrola rectifique», sentenció el portavoz del Gobierno asturiano, que ha reiterado que un «cierre precipitado» de las instalaciones que utilizan carbón para producir energía puede propiciar un incremento del precio de la electricidad y una nueva reconversión industrial en Asturias.

La intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos«. Nadal explicó que mediante este decreto se pretende adoptar medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son «coherentes» con los instrumentos de planificación energética.

«Pongamos que una compañía quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien», señaló.

Nadal aboga por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear o el carbón, y ha señalado que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano.

La compañía minera HBG ultima un acuerdo para el suministro de carbón a Endesa

EFE.- El director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, ha explicado hoy que se ultima en Madrid la negociación de Endesa con la compañía leonesa minera Hijos de Baldomero García (HBG) para cerrar un contrato de suministro similar al ya firmado por Astur Leonesa y Unión Minera del Norte (UMINSA).

González, que ha participado en León en una jornada sobre gas natural, ha explicado que «todavía hay alguna diferencia sobre precios» por la buena calidad del carbón que extrae HBG.

El responsable autonómico de Energía ha destacado que HBG podría aportar 5.000 toneladas mensuales de carbón de contenido muy bajo en azufre que «es muy interesante en la mezcla que utilizan las centrales térmicas para la producción eléctrica».

González ha incidido en los «importantes avances» en el sector de la minería del carbón en las últimas semanas con la firma de los contratos de suministro de Endesa con las compañías Astur Leonesa y UMINSA.

Acuerdos por los que UMINSA tiene desde ayer operando a sus 160 empleados, tanto en las minas asturianas como en los centros de trabajo de León y Palencia.

Mientras que Astur Leonesa lleva ya dos semanas suministrando carbón a la central térmica de Compostilla, por un acuerdo que se prolongará durante los próximos seis meses, y que está permitiendo a la compañía pagar las nóminas adeudadas a sus trabajadores.

Por otra parte, González ha alabado la rectificación del PSOE para no acelerar el fin de las centrales térmicas tras apoyar los socialistas una moción de Podemos en el Congreso para eliminar los pagos por capacidades a las centrales que superen el nivel de misiones permitido.

«Creo que cuando uno se equivoca está bien reconocerlo y que endurecer aún más la directiva europea sobre las centrales térmicas es un error ya que hay que ir en la dirección contraria y permitir que las instalaciones existentes tengan una moratoria mayor sobre el límite de emisiones», ha reflexionado González.

Desestimado un recurso de Unión Fenosa en Castilla y León contra la regulación sobre las líneas nuevas de alta tensión

EFE / Servimedia.- Al tiempo que Gas Natural Fenosa cerraba un acuerdo de colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que tiene por objetivo facilitar la realización de prácticas extracurriculares de los estudiantes de grado y máster, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso de Unión Fenosa Distribución contra un decreto del Gobierno autonómico que, entre otros aspectos, regulaba la ubicación de nuevas líneas de alta tensión.

En concreto, la compañía pretendía con su recurso dejar sin efecto un artículo del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que regula la distancia a la que tienen que ubicarse las nuevas líneas de alta tensión que se tracen en el futuro y que fue modificado por la Junta para adaptar el reglamento a la Ley de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana. El artículo que ha motivado el desacuerdo de la eléctrica se refiere a que las nuevas instalaciones deberán respetar una distancia respecto a las construcciones habitadas de 0,5 metros por cada kilovoltio de tensión, medidos en línea recta desde la proyección del eje de los cables a la superficie, con un mínimo de 5 metros.

La Sala de lo Contencioso Administrativo recuerda a Unión Fenosa que, antes de su aprobación, el decreto se sometió al trámite de información pública durante 2 meses, un momento que podía haber aprovechado para alegar lo que considerase oportuno. Añaden además que la compañía no acreditó que con esta norma se impida el ejercicio de su actividad eléctrica, sino que «lo único que resulta de la prueba practicada es que la prestación de esa actividad se pueda encarecer«. Los magistrados consideran que esta normativa está de acuerdo con la legislación que permite que las políticas públicas de urbanismo puedan adoptar medidas de prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas.

Convenio para facilitar las prácticas

Por otro lado, según indicó la compañía, la oferta de prácticas en Gas Natural Fenosa será conocida por todas las universidades que forman parte de la CRUE y, por tanto, será accesible para un mayor número de estudiantes. Adicionalmente, se simplifican las gestiones actuales de publicación de la oferta de prácticas de la compañía que, hasta la fecha, se hacía de forma individual con cada centro universitario. Con la firma de este convenio, Gas Natural se convierte en la primera empresa del Ibex-35 en rubricar un convenio de este tipo con la CRUE, en lo que supone un evidente apoyo de la energética en la formación de los universitarios españoles.

Castilla y León prevé recaudar 10 millones de euros por el impuesto nuclear creado tras anunciarse el cierre de Garoña

EFE.- La Junta de Castilla y León prevé recaudar en el 2018 hasta 10 millones de euros por el impuesto al impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal, que anunció para afrontar el cierre de la central nuclear de Garoña.

En total la Junta, según detalló el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, prevé contar con 74 millones recaudados por el conjunto de impuestos por daño medioambiental, que incluirían el dirigido a Garoña. Tras presentar los Presupuestos, Herrera ha detallado que se deberá presentar un proyecto o una proposición de ley a lo largo de 2018 para «dar respaldo legal» a este impuesto. Lo que se recaude, esos 10 millones previstos inicialmente para el 2018, irán al plan de reactivación del entorno de la central burgalesa, ha comprometido Herrera.