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El Ministerio de Industria avanza un principio de acuerdo en Vestas que el Gobierno autonómico y los sindicatos han negado

EFE.- El Ministerio de Industria ha anunciado un principio de acuerdo para intentar mantener la actividad industrial en la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León) ante su inminente cierre por parte de la compañía danesa, un pacto que niegan tanto la Junta de Castilla y León como los sindicatos.

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, explicó que este principio de acuerdo se terminará de perfilar «en las próximas horas» o días para concretar medidas y garantías.

Sin embargo, los representantes de la Junta de Castilla y León, CCOO y UGT han negado que exista ese principio de acuerdo, ya que no está garantizado que la planta seguirá funcionando, ya sea con Vestas o con otra empresa, aunque han puntualizado que las negociaciones no se han roto y que continuarán.

El objetivo del principio de acuerdo, ha explicado, es «garantizar las capacidades industriales, la salida de la planta hacia empresas del mismo sector, hacia otra empresa, la recolocación de trabajadores y buscar que esa capacidad industrial que hay en León sea aprovechada por nuevos inversores».

Al encuentro han asistido representantes del Ministerio de Industria, Vestas, la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT.

Tras anunciar el cierre de la planta, Vestas notificó a principios de septiembre la presentación de un ERE de extinción para los 362 empleados de la planta de Villadangos del Páramo y poco después precisó que su salida se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre, aunque la materia laboral no se ha abordado en la reunión.

Sin embargo, el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, ha subrayado que «no hay ningún acuerdo» ya que este pasa «únicamente por una garantía real y cierta» de que, ya sea Vestas u otra empresa, se mantenga la actividad industrial y el trabajo en la planta.

El vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, ha descartado que exista un acuerdo, aunque seguirá negociando porque la situación afecta al tejido industrial de la comarca, que se ha visto afectada por la crisis.

De la misma manera, el secretario de Política Sindical de CCOO Industria en Castilla y León, Juan Manuel Ramos, ha achacado la negativa de acuerdo a la falta de propuestas de la empresa, a la que quieren «arrancar un compromiso mayor» con el tejido industrial de la zona.

Aragón, Asturias y Castilla y León, las autonomías del carbón, reclaman más tiempo para poder acometer una transición energética justa

EFE.- Mientras el secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo, ha defendido que «no hay ningún combustible que pueda regular el mercado tanto como el carbón», un mineral «al que aún no le ha llegado el final», las 3 comunidades autónomas que aún tienen en el carbón un sector estratégico (Aragón, Asturias y Castilla y León) han reclamado más tiempo para poder acometer una transición energética justa, por el interés de estos territorios pero también por el propio sistema energético.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que «nadie niega» que hay que tender a medio plazo a la desaparición de las energías fósiles, pero cree que una transición justa hacia las renovables es «imposible» si las centrales se cierran en 2020. A su juicio, y así se lo ha trasladado Lambán a la ministra Teresa Ribera, hay que «suavizar» estos plazos, incluso por el interés del propio sistema energético y por la garantía de precio de la energía.

«Transición es transición, no precipicio», subraya el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien recuerda que en una época «bien reciente» de España el carbón autóctono “salvó” la economía al proporcionar la energía que no podían dar otros métodos por circunstancias del momento climatológico. Herrera resaltó que los objetivos «más extremos» dentro de la Unión Europea para el cierre de las centrales se sitúan en 2030, y por eso ha instado a que en España no se sea «más papistas que el papa», puesto que en este país se está planteando el cierre 10 años antes «y sobre todo sin alternativas claras» para las comarcas, que «siguen teniendo su supervivencia en el carbón».

Por eso, la alternativa pasa a su juicio por hacer una reserva de carbón nacional, sobre todo al haberse comprobado que tiene más garantías laborales que el que viene de fuera. Y, a su vez, la alternativa, cuando se habla incluso de crear un fondo europeo para este fin, debe dirigirse a impulsar energías limpias que, como la biomasa, se puedan ligar con otros objetivos que tienen las comunidades, como la preservación del medio natural y la lucha contra el cambio climático y los incendios.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha recordado que con el mercado eléctrico se está hablando de un mercado que no es libre, sino «muy regulado», y que el cierre de una central debe llevar el acuerdo del Gobierno correspondiente para que no afecte a la seguridad del suministro, al equilibrio medioambiental y al precio. Se habla de un fenómeno local con transcendencia global «y en esa perspectiva hay que analizarlo», concluyó el presidente asturiano.

Carbón “para regular el mercado”

Por otro lado, Calvo resaltó la proposición de ley del PP para regular el cierre de las térmicas, una iniciativa que el PP registró antes de abandonar el Gobierno y que serviría para desestimar el cierre de plantas de generación eléctrica si su clausura incide negativamente en las emisiones de gases invernadero o en los precios. La propuesta, ha indicado Calvo, «pretende servir para regular los precios de la energía y endurecer las condiciones de cierre». A su juicio, el carbón debería ser el combustible que regule el mercado porque «aunque a algunos les pese, el carbón no es sucio».

«El PP padeció en sus propias carnes las nefastas decisiones del ministro Soria pero Álvaro Nadal, artífice de este real decreto, tenía claro que el cierre de las térmicas iba a conllevar un aumento del recibo de la luz», apuntó. Calvo también critica que el nuevo Ministerio, «llamado de Transición Ecológica, diga que apuesta por las energías renovables al tiempo que no ha conseguido arrancar un compromiso al fabricante de componentes eólicos Vestas para que mantenga su actividad en León». «El Ministerio debería de haber exprimido esa naranja adecuadamente», zanjó.

Izquierda Unida respaldará una propuesta de Castilla y León en apoyo al carbón si reclama la nacionalización del sector energético

EFE.- Izquierda Unida apoyará el documento propuesto por la Junta de Castilla y León de apoyo a la minería del carbón si incluye la creación previa de empleo garantizado y estable para las comarcas mineras y la nacionalización del sector energético.

Así lo ha trasladado el representante de Izquierda Unida en el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, Santiago Rodríguez Alonso, quien ha exigido estos puntos. En concreto, Rodríguez ha explicado la necesidad de la creación previa de empleo público garantizado antes de que se produzca cualquier cierre en el sector, así como la nacionalización del sector del carbón para que pueda ser planificado y gestionado en función de las necesidades de la población y el futuro de las comarcas mineras.

«Para ello, es preciso crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona del país, en un entorno de fuerte dependencia exterior, lo cual garantizaría la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón», explicó Rodríguez. «Solo siendo público el sector energético se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional», insistió el representante de Izquierda Unida en la Comisión de Seguimiento. Una nacionalización que, según Rodríguez, es legal ya que la Constitución permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona.

Asimismo, Izquierda Unida ha criticado el Plan de Dinamización ya que, a su juicio, se está utilizando para tapar la falta de inversión en estas zonas que debería estar haciendo la propia Junta, a la que ha pedido que especifique dónde va el dinero público y qué empleo crea. «La Junta sigue manteniendo una opacidad absoluta que impide el mínimo ejercicio de transparencia y control por parte de la mesa de seguimiento, dado que es una de sus funciones principales del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras», denuncia Rodríguez.

Los Gobiernos Central y de Castilla y León plantearán subvenciones a posibles compradores de la empresa metalúrgica Isowat Made

EFE. – Los Gobiernos central y de Castilla y León plantearán las subvenciones disponibles en ambas administraciones a los posibles compradores de la empresa metalúrgica Isowat Made de Medina del Campo (Valladolid), además de estudiar si el Fogasa se puede hacer cargo de pagar los sueldos que se deben a los empleados.

Así, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, han informado de la reunión que han celebrado en Valladolid para abordar la situación de la empresa Made, en concurso de acreedores y con posibles compradores.

La ministra ha recordado que hace unos días mantuvo un encuentro con el Comité de empresa de Made y se comprometió a hablar de su situación con la Junta de Castilla y León, tras lo que ha celebrado una reunión de trabajo con Del Olmo, que ha considerado satisfactoria.

Ambas administraciones trabajarán conjuntamente para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, ha dicho Maroto, quien ha recordado que hay «varias» empresas interesadas en comprar la compañía.

La ministra ha destacado la importancia de mantener la actividad de la empresa, con 94 trabajadores en la actualidad, en Medina del Campo, y tratar de que la zona siga siendo referente en industria y energía.

La demanda eléctrica creció en 2017 pero sigue un 5% por debajo de su máximo histórico de 2008

EFE / Europa Press.- La demanda eléctrica en 2017, a pesar de crecer por tercer año consecutivo, siguió por debajo del máximo histórico que marcó en 2008. En concreto fue un 5% menor, según el informe El sistema eléctrico español en 2017, de Red Eléctrica de España (REE), con Andalucía y Cataluña encabezando el consumo eléctrico.

Este informe fue presentado en un acto en el Club Español de la Energía por el presidente de REE, José Folgado, y el director de Regulación de REE, Luis Villafruela, expuso los principales datos del informe del sistema eléctrico en 2017, año en el que el consumo eléctrico fue de 268.140 teravatios hora (TWh), un 1,1% más que el año anterior, que se eleva al 1,6% corregidos los efectos de calendario y temperaturas, crecimientos que distan del 3% de media anual que hubo hasta 2008.

En 2017 España se situó como el quinto mercado eléctrico de la Unión Europea, con un crecimiento superior del consumo y del PIB al de los países que le preceden. Por sectores, en 2017 la industria volvió a ser el sector en el que más creció la demanda, un 2% por encima de la media mientras que el sector servicios creció un 0,4% respecto a 2016. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía encabezaron el consumo, aunque en consumo per cápita la primera fue Asturias por el peso de la industria en la demanda final de esa región, como ocurre en otras regiones con fuerte actividad industrial, como País Vasco, Navarra y Aragón.

En cuanto al instante de mayor demanda, en 2017 volvió a registrase en invierno,  concretamente el 18 de enero a las 19:50 horas, cuando se alcanzó la cifra de 41.381 MW, superando en un 2,2% al máximo de 2016, que fue por primera vez y única en la historia en verano, en concreto en septiembre. La punta de demanda de 2017 fue inferior en un 9% a la que hubo en 2007, cuando en diciembre se alcanzó un récord histórico de 45.450 megavatios hora (MW).

Si se compara el mix de generación con el que había en 1998, se ve que en ese momento no figuraban en él la fotovoltaica, la solar y los ciclos combinados, y que la eólica tenía un porcentaje muy bajo, mientras otras fuentes, como el fuel-gas ha desaparecido en la Península y sólo quedan 2.000 megavatios (MW) en las islas. La energía nuclear y la eólica fueron, por este orden, las dos fuentes que sustentaron en 2017 el consumo energético en España. De hecho, en tres comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, más del 50% de su producción de energía fue renovable, por encima de la media nacional del 32%.

Tanto Folgado como Villafruela han resaltado que el reciente acuerdo para que el 32% de la demanda final de energía sea renovable obligará a situar la penetración de renovables en el sistema eléctrico en un 72%/76%. En el caso de España, Villafruela ha señalado que el peso de las renovables en la generación de electricidad ha oscilado entre el 40,3% que hubo en 2014 y el 33,7% de 2017, año marcado con una baja hidraulicidad, cuya producción de electricidad cayó un 49% debido a la ausencia de lluvias en un año especialmente seco, su nivel más bajo desde 2005, y arrastró a las energías renovables a su generación más baja en los últimos 5 años.

Esta caída de las renovables supuso un aumento de la participación de la generación térmica, principalmente del ciclo combinado con un 27% más y del carbón con un 21% más, con el consiguiente incremento en un 17,9% de las emisiones de CO2 con respecto al 2017. Asimismo, Folgado señaló que la tecnología es «un pilar fundamental» en la gestión de las renovables, ya que permite su optimización en un contexto de escasas interconexiones con Europa.

España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada, con una tasa de penetración de las renovables que se verá incrementada cuando entren en funcionamiento los 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable que se adjudicaron en las últimas subastas. No obstante, Folgado cree que alcanzar un objetivo del 100% de energías renovables no se conseguirá sin interconexiones eléctricas, con independencia del respaldo del gas. En cuanto al precio de la energía, en 2017 el precio medio en España fue de 60,6 euros el megavatio hora (MWh), que fue el más alto desde 2008 y que estuvo condicionado por una ola de frío, la parada de varias nucleares en Francia y la baja hidraulicidad.

La capacidad instalada del parque generador en España se situó en 2017 en los 104.122 megavatios (MW), con un descenso del 0,5% con respecto al año anterior. Esta reducción, por segundo año consecutivo, se debió principalmente al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, de 455 MW. Así, el 46,3% de la capacidad instalada en España correspondía a energías renovables y el 53,7% a no renovables.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha concentraron más de la mitad de la potencia de generación renovable nacional. De hecho, más del 70% de la potencia instalada en Castilla y León y en Castilla-La Mancha fue de origen renovable. Por tecnologías, Castilla y León fue la comunidad con más potencia eólica, con más de un 24%, e hidráulica, con cerca del 26%, instalada. Mientras, Castilla-La Mancha fue la región con más solar fotovoltaica, con casi el 20%, y Andalucía lideró la termosolar, seguida por Extremadura, sumando entre las dos comunidades el 80% de la potencia total instalada de esta tecnología.

Las empresas agroalimentarias que apuestan por la eficiencia energética ahorran hasta un 15%

EFE. – Las empresas que apuestan por la eficiencia energética logran un ahorro en los costes entre el 10% y el 15% una mayor competitividad frente a otras entidades, según han destacado expertos en gestión de recursos en las Jornadas sobre eficiencia en el sector agroalimentario organizadas por UGT.

La eficiencia energética se centra en la mejora de la gestión y optimización de recursos, así como en el aprovechamiento de los residuos que generan las industrias y que pueden volver a ser utilizados, temas que se han tratado en la jornada de ‘Eficiencia energética en la industria agroalimentaria: retos, medidas y financiación’ organizada por la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Salón de Eventos del Centro de Propuestas Ambientales Educativas de Valladolid (PRAE).

«Lo que es un residuo, puede ser recurso para otra empresa o incluso para la misma» ha afirmado el responsable de estudios de Veolia en Castilla y León, Javier Martín, quien ha insistido que hay que cambiar el concepto actual por uno de «economía circular», y que según ha asegurado «permite el ahorro en los costes de una industria entre un 10% y un 15%».

Además, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha destacado que las empresas que apuestan por la eficiencia energética «son más competitivas» y más allá del ahorro, consiguen no quedarse atrás en el mercado.

«El ahorro que se genera puede destinarse también a la realización de inversiones», ha propuesto Santa Eufemia, quien ha considera positivo ante el reto de la eficiencia energética la posible unión entre diferentes empresas para abordar las mejoras y el ahorro en sus industrias y lograr así «bajar la factura de consumo».

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

Castilla y León impulsa una planta de biomasa en Cubillos del Sil con un préstamo de 42 millones a Forestalia

EFE.- La Junta de Castilla y León impulsa la planta de biomasa de Cubillos del Sil (León) al autorizar el Consejo de Gobierno un préstamo de 42 millones para contar con generación limpia de energía en una zona minera. Asimismo, Forestalia calcula que la planta de biomasa permitirá consolidar en el tiempo 50 nuevos puestos de trabajo en las instalaciones y otros 400 dedicados al abastecimiento de la materia prima, a los se suman los 250 empleados precisos para su construcción.

La planta, según indicó la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, se nutrirá de 280.000 toneladas al año de biomasa de un radio de 150 kilómetros, supondrá un ahorro de 110.500 toneladas al año de CO2, y permitirá una descarbonización escalonada con una generación de 290 gigavatios anuales de energía eléctrica, el correspondiente a 83.000 hogares. El proyecto lo dirige el Grupo Forestalia, con una inversión de 112 millones, de los que 42 proceden del citado préstamo de la Junta, procedentes del que hizo el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa al Ente Regional de la Energía (EREN), mientras que otros 28 millones los aportarán los socios y otros 42 procederán de préstamos sindicados.

Potencia instalada de 49,9 MW

La planta de generación eléctrica proyectada por el grupo de origen aragonés en El Bierzo tendrá una potencia instalada de 49,9 megavatios (MW), según la información facilitada por la compañía. Marcos ha recordado que la Junta, a través del instituto financiero Sodical y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, también aporta otros 8 millones de euros. La iniciativa se enmarca en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, que lidera la Consejería de Economía y Hacienda, y la planta de generación de energía eléctrica verde a partir de biomasa, preferentemente forestal, se ubicará en el polígono industrial de Cubillos del Sil.

Marcos ha argumentado que el impulso del Ejecutivo autonómico a este proyecto obedece a su “trascendente” impacto económico y social en Castilla y León y, en particular, sobre un territorio afectado por el proceso de reestructuración de la minería del carbón como es la comarca del Bierzo. Además, permite poner en valor un recurso autóctono como el de la biomasa, favoreciendo una nueva actividad en la zona de influencia de la planta y con garantías de respeto ambiental. Marcos ha destacado además sus beneficios ambientales y la contribución a sustituir las energías fósiles por renovables. En concreto, la biomasa constituye una fuente de generación de electricidad gestionable, que permite abastecer a la demanda siempre, con independencia de las condiciones meteorológicas.

Castilla y León buscará convencer a los socialistas de Asturias y Aragón para que apoyen la propuesta sobre las térmicas

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha avanzado que buscarán una alianza con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón para evitar que antes de que se cierren las térmicas se vendan, para no incidir en el empleo en las comarcas mineras. Del Olmo presidió, en la sede de la Diputación de León, una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera señaló que, en defensa de la minería, la Junta va a apoyar la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. «Me parece fundamental, cuando hay anuncios de que las eléctricas quieren cerrar alguna térmica en la comunidad, estar con el Gobierno y, sobre todo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que antes de cerrarlas se vendan a quien pueda estar interesado, para el mantenimiento del empleo», añadió Del Olmo.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos días se pondrá en contacto con los consejeros de Asturias y Aragón para promover entre las tres comunidades que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Además, del Olmo ha recordado que España se ha adherido al programa de Regiones Europeas Carboníferas en Transición y que el Gobierno ha designado a Asturias, Aragón y Castilla y León para que presenten proyectos con el objetivo de conseguir fondos para sus comarcas mineras.

Diversificación de la actividad económica

«En ese sentido estamos trabajando también con Asturias y Aragón para incentivar la I+D+i en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar con proyectos para la Ciudad de la Energía, que dispone de un buen equipo de investigación», ha explicado. Del Olmo ha precisado que dentro de esa plataforma de la Unión Europea hay otros proyectos de diversificación de la actividad económica de las comarca mineras, y ha indicado que en ese ámbito también se trabaja con Asturias y Aragón.

La consejera recordó que las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, lo que calificó de «buena noticias» porque «va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas compañías». También advirtió de la importancia que para la minería tiene que se aprueben los presupuesto generales del Estado porque contemplan recursos para los convenios MINER. Además, destacó que hay dos proyectos de diversificación «muy avanzados» en las comarcas mineras, uno de ellos el de Forestalia, con una creación de 50 empleos directos y 400 indirectos. «El otro proyecto va a dar empleo a más de cien personas. Por discreción no puedo decir su nombre pero esta bastante avanzado», indicó.

Asturias lo debatirá el viernes

Por su parte, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el viernes una iniciativa del PP que respalda el contenido del proyecto de ley tramitado por esta formación en el Congreso para modificar la normativa que regula el sector eléctrico y evitar el cierre de centrales térmicas como la de Lada. La iniciativa, que aún debe ser debatida en comisión en la Cámara baja, plantea condicionar el cierre de una instalación, como el que ha solicitado Iberdrola para la central asturiana y para la de Velilla (Palencia), a los posibles efectos que tendría sobre el incremento del precio de la electricidad.

Así, el PP defiende en el Congreso, con el respaldo del Gobierno central, que los cierres de instalaciones de producción eléctrica con una potencia superior a 50 megavatios requieran de tres dictámenes previos aunque no vinculantes de la CNMC, la Oficina del Cambio Climático y del IDAE. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos han mostrado su rechazo en el Congreso a esta propuesta aunque el Gobierno asturiano que preside Javier Fernández sí ha defendido que el Ejecutivo central disponga de mecanismos para evitar que las compañías eléctricas puedan decidir de forma unilateral cierre de plantas de producción de energía.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, se mostró confiada en obtener «el apoyo unánime» de la Junta a esta iniciativa para promover, ha apuntado, un sistema eléctrico «ordenado» a partir de criterios de defensa del interés general. «Los criterios de las empresas no pueden suponer una alteración del sistema eléctrico en su conjunto», ha apuntado Fernández tras incidir en la importancia de que la Junta se pronuncie políticamente sobre esta cuestión pese a que el Principado no cuente con competencias en el ámbito de la regulación del sector energético.

El diputado de Foro, Pedro Leal, que anunció la presentación por parte de su grupo de una iniciativa similar, ha incidido en la necesidad de que los distintos partidos tengan la misma postura «en Madrid, en Bruselas o en Asturias» y ha apuntado que esta votación constatará «el peso de cada uno en sus respectivas organizaciones». «En todo país serio la decisión de cerrar una central térmica dedicada a la producción de electricidad no puede adoptarse de espaldas al Gobierno y en contra del interés general», apuntó, para rechazar una medida «que encarecerá el precio de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares, que desempeñarán el papel de las térmicas».

El Ministerio de Energía identifica 206 proyectos adjudicados en la segunda subasta de renovables de 2017, casi el 70% fotovoltaicos

Europa Press.– El Ministerio de Energía ha identificado un total de 206 proyectos concretos de 13 comunidades autónomas que fueron adjudicados en la segunda subasta de renovables celebrada en el año 2017, de los que 143, el 69,42%, son fotovoltaicos. Según indicó el departamento que dirige Álvaro Nadal, esta segunda subasta se saldó con la adjudicación de 5.037 MW de nuevas instalaciones renovables sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia.

Una vez adjudicada la subasta, los promotores tenían un plazo para identificar los proyectos concretos a realizar. Trascurrido el plazo, se identificaron los citados 206 proyectos concretos, de los que la gran mayoría son fotovoltaicos en su gran mayoría, aunque también los hay eólicos, y que corresponden a 40 promotores. Los 206 proyectos identificados se localizan en 13 comunidades autónomas: Aragón (39 proyectos), Galicia (17), Castilla y León (35), Castilla la Mancha (25), Andalucía (29), Navarra (8), Cataluña (1), Murcia (15), País Vasco (1), Extremadura (23), Comunidad Valenciana (2), La Rioja (1) y Asturias (10).

En esta fase del procedimiento, los promotores tienen la flexibilidad de identificar proyectos en un volumen hasta un 50% adicional a la potencia adjudicada, de entre los cuales deberán seleccionar, posteriormente, aquéllos a ejecutar para cubrir la potencia que realmente les corresponda. La nueva potencia renovable estará en funcionamiento antes de 2020 y, en opinión del Ministerio, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior. Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020, para el que España avanza por encima de la senda prevista, al situarse en 2016 en un 17,3%.