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Galán reitera que pretenden cerrar las centrales térmicas y asegura que Iberdrola defenderá a los accionistas minoristas en Siemens Gamesa

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EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseveró que su compañía, como accionista minoritario reforzado en Siemens Gamesa, en la que tiene un 8%, seguirá defendiendo que «no se utilicen los recursos de todos los accionistas en beneficio de un único«. Asimismo, en respuesta a un accionista durante la junta, recordó que la posición de la compañía sobre el cierre de las centrales de carbón es bien conocida, pues lleva años sustituyendo centrales con altas emisiones por otras más eficientes.

En cuanto a la postura del Ministerio de Energía, contrario a los cierres de las centrales de Velilla, en Palencia, y Lada, en Asturias, de los que un pequeño grupo de trabajadores de esta última se han manifestado ante el Palacio Euskalduna, afirmó que las legislaciones las hacen en cada país quiénes las tienen que hacer, en referencia a la proposición de ley que quiere tramitar el Gobierno para que pueda denegarse el cierre de centrales de generación eléctrica por razones económicas y no sólo por seguridad del suministro, «y nosotros nos sometemos a ello».

También se refirió al cierre de la nuclear burgalesa de Garoña, aunque eludió pronunciarse sobre si Iberdrola solicitará la renovación de los permisos de otras 5 centrales nucleares en las que participa la compañía y que cumplirán los 40 años de funcionamiento en los próximos años. Galán recordó que el cierre de Garoña, central de la que Iberdrola era propietaria al 50% con Endesa, no se solicitó por un problema técnico, sino que fue su falta de rentabilidad económica la que llevó a Iberdrola a solicitar su cierre. Galán indicó que queda en manos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) su desmantelamiento y que espera que las asociaciones que quieran puedan opinar y ser escuchados en ese proceso.

Cisma con Siemens en Gamesa

Respecto a la situación en el gigante eólico, Galán, en respuesta a un accionista, ha agradecido que reconozca el intento que está haciendo Iberdrola «por defender a los minoritarios que invierten en Siemens Gamesa«, compañía fruto de la fusión entre la división de renovables del grupo alemán Siemens, accionista mayoritario con un 59%, y Gamesa. El presidente de Iberdrola ha dicho que por la «condición, de alguna manera, de minoritario reforzado», que le reconoció la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Iberdrola, están pidiendo que haya «transparencia» en Siemens Gamesa, que «se utilicen las mejores prácticas de gobierno corporativo y que no se utilicen los recursos de los accionistas en beneficio de uno, y seguiremos en ese campo».

Respecto a que la CNMV pudiera revisar el pacto con Iberdrola, por el que Siemens fue eximida de la obligación de presentar una opa por el 100% de Siemens Gamesa, Sánchez Galán ha respondido que son los responsables del supervisor bursátil los que tienen que tomar esa decisión. Preguntado por cómo puedan afectar a la compañía nuevos cambios regulatorios en España, indicó que Iberdrola lo que espera es que haya «una regulación como corresponde, estable y predecible, y si hay algunos cambios que sean debatidos en el Parlamento y los conozcamos todos al tiempo adecuado».

En respuesta a varios accionistas por el impacto que pueda tener para la compañía el brexit en Reino Unido, donde Iberdrola opera a través de su filial Scottish Power, ha manifestado que el negocio que tiene allí es interno, por lo que se invierte y se paga en libras. Las únicas consecuencias que ha dicho que puede haber son las derivadas de una mayor o menor actividad económica y su repercusión en el crecimiento del país, y como consecuencia, en la demanda eléctrica, si bien cree que los efectos serán «mínimos», porque la mayor parte del negocio que Iberdrola tiene en ese país es regulado.

Impacto en Castilla y León

Por otro lado, Iberdrola ha cifrado en 600 millones de euros el impacto económico de la compañía en 2017 en Castilla y León, comunidad en la que ha efectuado compras por valor de 246 millones de euros a cerca de 800 empresas, mientras que las inversiones han llegado a los 107 millones de euros. Además, el impacto fiscal de la actividad económica que la compañía ha llevado a cabo en comunidad ha superado los 160 millones de euros, los salarios y otras retribuciones han alcanzado la cifra de 74 millones y la plantilla ya asciende a cerca de 1.100 personas.

En Castilla y León, Iberdrola cuenta, además, con más de 37.000 accionistas que este año se beneficiarán de un aumento del 4,2% en su retribución con respecto a 2017. Teniendo en cuenta que estos accionistas poseen un total de 124.076.890 títulos de Iberdrola, la empresa les repartirá una retribución con cargo a 2017 de, al menos, 40,077 millones de euros.

Según los datos de Iberdrola, Castilla y León es una de las comunidades que más proveedores ha aportado el pasado ejercicio a Iberdrola. Entre los contratistas castellanos y leoneses de la compañía más activos en 2017 figuran empresas como Ecología y Espacio, Administración, Organización y Control de Proyectos, Tecinsa, Marval Seguridad Integral, Eugenio Alvarez del Collado, Royba 98, Transformadores Gedelsa, M. Calderero Construcciones, Metalúrgica Compañía Industrial Mirandesa y Cuarta Esfera.

Según indicó, Iberdrola tiene previsto culminar durante 2018 el desarrollo del proyecto de implantación de las redes inteligentes en la comunidad, un despliegue que ha supuesto ya la sustitución de 1,49 millones de contadores tradicionales por los nuevos equipos dotados de telegestión. La inversión de Iberdrola en esta iniciativa en Castilla y León alcanzará los 180 millones de euros, gracias a los cuales durante el ejercicio los más de 1,5 millones puntos de suministro a los que la empresa da servicio en la región tendrán contadores inteligentes y sus más de 15.360 centros de transformación también funcionarán con esta tecnología.

Otras iniciativas de Iberdrola se centran en el ámbito de la I+D y entre ellas figuran la colaboración con la empresa salmantina Arbórea Intellbird, S.L., en la que ya invirtió en 2013 a través de su fondo de capital riesgo Perseo. Desde entonces Arbórea se ha convertido en un aliado en el desarrollo de nuevas tecnologías para la revisión y el mantenimiento de sus aerogeneradores eólicos, sector en el que Iberdrola fue pionera en 2001.

Castilla y León participa con otras regiones europeas en un proyecto sobre movilidad eléctrica en el ámbito del transporte sostenible

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EFE.- La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha reunido en Valladolid a representantes de 4 países de la Unión Europea, con los que colabora en el proyecto Prometeus de la Unión Europea, para mostrarles los avances de la comunidad en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la movilidad eléctrica.

Esta iniciativa forma parte del programa Interreg Europe y pretende fomentar planes de transporte sostenibles y está liderada por el Gobierno de Malta, según expone la Junta de Castilla y León, que además colabora con los gobiernos regionales de Carinthia (Austria), Lacio (Italia) y Prejov (Eslovaquia), además del Instituto Politécnico de Milán (Italia), este último como socio asesor. Prometeus (Promotion of e-mobility in EU regions) es un proyecto dirigido a favorecer la extensión de la electromovilidad en el territorio europeo, un reto que es coherente con las prioridades políticas de la Unión Europea de promover alternativas más eficientes al transporte a través de fondos estructurales.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,38 millones de euros, que están cofinanciados al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al 15% restante por las administraciones y entidades que integran el consorcio, con una aportación de la Junta de Castilla y León de 213.495 euros. El proyecto se desarrollará en dos fases en el periodo 2017-2021: en la primera, los socios analizarán las características territoriales para determinar las posibilidades de despliegue de la movilidad eléctrica, lo que implica abordar aspectos como la normativa o el régimen de incentivos vigente en cada región, así como su dotación de infraestructuras y vehículos no convencionales. Estos estudios darán lugar a planes de acción que posteriormente someterán a evaluación.

España se suma a la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición para ofrecer alternativas a las comarcas mineras

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Europa Press / EFE.- España se ha adherido a la Plataforma de Regiones del Carbón en Transición, impulsada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es la reactivación económica y el desarrollo alternativo para lograr la transformación de las comarcas mineras ante los retos a los que se enfrentan estas regiones en la transición energética.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, envió sendas cartas al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y al comisario de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, en las que manifiesta el apoyo del Gobierno a la adhesión de España a la plataforma. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón formarán parte del equipo que participará en la plataforma, junto a representantes del Ministerio de Energía. Estas comunidades podrán presentar directamente sus proyectos concretos.

No perjudicar a comarcas mineras

Las próximas reuniones están previstas para junio y octubre en Bruselas y Polonia. El propósito de esta iniciativa es lograr un proceso de transición energética «justo», que no perjudique a las comarcas mineras. La plataforma pretende facilitar el intercambio de información sobre fondos y programas europeos de ayudas, el diálogo sobre el marco normativo del sector y el intercambio de experiencias entre las regiones mineras. En este contexto de transición energética, el Gobierno tiene como objetivo lograr que el coste de la energía sea lo más competitivo posible para el consumidor y para la industria.

La Fundación Iberdrola destina 220.000 euros para mejorar las 200 luminarias de la iluminación ornamental de la catedral de Ávila

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EFE.– La Fundación Iberdrola destinará 220.000 euros al proyecto de iluminación ornamental exterior de la catedral de Ávila, la primera seo gótica de España, para lo que se emplearán en torno a 200 luminarias. Para ello han firmado un convenio de colaboración el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, y el deán de la Catedral, Fernando Gutiérrez.

Castresana indicó que el objetivo es que los trabajos puedan estar concluidos para el final de las celebraciones del Año Jubilar Teresiano, que tendrá lugar el 15 de octubre. Antes, será necesario contar con el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento y de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta para comenzar a ejecutar el proyecto a primeros de julio, para que las actuaciones finalicen a finales de septiembre o principios de octubre, después de un mes y medio de trabajos. Según el presidente de la Fundación, para llevar a cabo la iluminación ornamental del principal templo abulense, será necesario instalar en torno a 200 luminarias de diferentes potencias, teniendo en cuenta los «aspectos específicos» del histórico edificio.

Además, el teniente de alcalde responsable de Turismo, Héctor Palencia, ha explicado que esta intervención incluirá la retirada de los focos situados en los grandes leones de granito que rodean la catedral. Por su parte, el alcalde explicó que esta actuación «especialmente relevante» permitirá la puesta en marcha del proyecto de iluminación ornamental del templo. Por su parte, el deán de la catedral, Fernando Gutiérrez, ha recibido con «mucha alegría» este convenio de colaboración que «mejorará la presencia visual de la Catedral en la ciudad«, situándola al mismo nivel de la basílica de San Vicente.

Los empresarios de gasolineras desatendidas recurren al Supremo las normativas que desarrolla el Gobierno para limitar su modelo de negocio

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Europa Press / EFE.- El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), Manuel Jiménez Perona, ha denunciado los «ataques al modelo de negocio» de las gasolineras sin personal que, a su juicio, están encaminados a que este modelo «tenga limitaciones«, y advierte de que considerará volver a denunciar a la Administración ante la Comisión Europea.

Por ello, AESAE ha iniciado acciones legales con el objeto de impedir que el Gobierno imponga restricciones al repostaje en estaciones de servicio automáticas a los vehículos que excedan de un determinado peso. Así, la asociación ha señalado que recurre normativas ante el Supremo como el Real Decreto 706/2017, de regulación de la instrucción técnica MIP-ITC04 Instalaciones para suministro a vehículos, que fue aprobada el pasado mes de agosto, puesto que considera que «impone límites al establecimiento de este modelo».

Esta asociación ha explicado que, según la normativa recientemente aprobada, el tiempo máximo permitido para repostar con un vehículo considerado pesado en las conocidas comúnmente como gasolineras desatendidas, aquellas que funcionan sin la supervisión de un empleado, es de 3 minutos sin exceder los 75 litros. Los empresarios de gasolineras desatendidas denuncian que esto impide el uso de las instalaciones a camiones y vehículos de gran tamaño. En caso de incumplir la medida, las gasolineras desatendidas se enfrentan a fuertes multas, que pueden rondar los 30.000 euros, según Jiménez Perona, que señala que «es una medida que va contra el libre mercado y la libre competencia. Y nosotros, como asociación, tenemos la obligación de denunciarlo».

Por otro lado, AESAE también denuncia que la Comunidad de Madrid es una de las que más barreras está imponiendo a la entrada en el mercado de estos operadores independientes. Según explica, si bien la normativa regional que opera en la actualidad es favorable a la entrada de nuevos actores en el mercado, «la realidad es que este precepto no se está cumpliendo como consecuencia de una interpretación injustificadamente restrictiva de la norma por parte de la Comunidad de Madrid».

Dicha normativa exige a las gasolineras disponer de un operario, o medidas automáticas de seguridad, para impedir que el usuario fume, hable por teléfono o reposte con el motor encendido, lo que dificulta su modelo de negocio y expone a las compañías a multas de hasta 30.000 euros, «a las que muchas operadoras independientes no pueden hacer frente», confirma Jiménez.

Del mismo modo, denunciará la próxima medida del Gobierno del País Vasco, que obligará a cerrar las estaciones de servicio automático cuando la velocidad del viento supere los 18,9 kilómetros por hora para proteger a los usuarios, «una decisión que va en contra de un modelo de negocio que va a más en Europa, que ha probado su eficacia para los consumidores y con un potencial de crecimiento importante». Estas medidas se suman a las que ya existen en Castilla y León o Extremadura. AESAE considera que estas «restricciones normativas» van en detrimento de los ciudadanos, que no pueden acceder a un ahorro anual medio que, según cifran, puede ser de 150 a 250 euros al año por coche familiar.

La asociación cuestiona el razonamiento técnico de las medidas mencionadas, pues, según Jiménez Perona, hasta la fecha nadie les ha presentado motivación alguna que las justifique, y ha añadido que es evidente que van en la misma dirección, la de restringir las posibilidades de crecimiento del modelo de estación desatendida. Los empresarios cifran en 560 el número de estaciones automáticas en España, el 5% del total, lo que se traduce a su juicio en que «el sector de carburantes español es aún cerrado y opaco«.

Por ello, y después del pronunciamiento del Supremo ante los diferentes recursos, la asociación considerará volver a denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea por «inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas». El pasado marzo, la Comisión Europa ya aceptó a trámite una denuncia contra España por la misma razón, ante lo que algunas comunidades retiraron normativas después de que Bruselas advirtiera de que obligar a tener personal en las gasolineras vulnera la norma comunitaria.

Según AESAE, las autonomías que menos trabas ponen a la apertura de nuevas estaciones de servicio automáticas son Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que disponen de carburantes con precios antes de impuestos por debajo de la media española, según un informe de la CNMC. Asimismo, se dan precios por encima de la media en País Vasco, Baleares o Madrid, que disponen de una normativa cuya interpretación «es una invitación a que se invierta en otro sitio», por lo que exigen seguridad jurídica. Finalmente, AESAE denuncia que «6 empresas ejercen un poder casi absoluto» en el sector de los carburantes.

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

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EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

Castilla y León lideró la producción eólica en 2017 por delante de Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia

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EFE.- Castilla y León fue la comunidad autónoma que encabezó la generación eólica en España en 2017, con 11.061 gigavatios hora (GWh), seguida de Castilla-La Mancha y Andalucía, y Galicia, que, por primera vez, no se encuentra entre las tres primeras. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha explicado que, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la producción eólica de Castilla y León equivale al 80% del consumo eléctrico que tiene esa región.

En Castilla-La Mancha se generaron 7.421 GWh en 2017 y en Andalucía, 7.187 GWh, pasando Galicia al cuarto puesto, con 6.924 GWh. Las siguientes comunidades en producción eólica fueron Aragón, con 4.449 GWh; Cataluña, con 2.851 GWh; Navarra, con 2.421 GWh, y Comunidad Valenciana, con 2.174 GWh. Actualmente se genera energía eólica en quince comunidades autónomas españolas, a las que se sumará próximamente Extremadura con la construcción en Plasencia de su primer parque eólico, promovido por Gas Natural, denominado Merengue. Con este nuevo parque, sólo quedan la Comunidad de Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como regiones sin producción eólica en España.

El PSOE se une a los trabajadores contra los despidos de Gas Natural Fenosa en su central térmica de Anllares

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EFE.- El PSOE de León expresó su «total apoyo» a los trabajadores de la central térmica de Anllares, en Páramo del Sil (León), que han iniciado un conflicto laboral con Gas Natural Fenosa tras el despido del 45% de la plantilla de mantenimiento y limpieza. Una representación de los trabajadores se reunió con una delegación socialista encabezada por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.

Los representantes de los trabajadores explicaron que la dirección de la central procedió recientemente a la extinción de 9 empleos en la sección de mantenimiento y limpieza, de un total de 21 trabajadores. En 2015 ya se redujo a la mitad la plantilla, que entonces estaba en 40 trabajadores, lo que la empresa justificó en la «reducción de contrato por parada prolongada». Este argumento, a juicio de la representación laboral, no se sostiene ya que, después de esta medida, se ha vuelto a contratar personal eventual para hacer frente a la demanda de actividad existente.

De hecho, los trabajadores denuncian que la empresa esconde un intento de afrontar el posible cierre de la térmica con eventuales. Los representantes de los trabajadores también trasladaron a la delegación socialista que la mayoría de estos empleados despedidos llevan cerca de 40 años en la empresa, lo que significa que se evitaría que sus pensiones se vean reducidas a la mitad si se mantuvieran en plantilla durante las labores de cierre de la central.

Asimismo, los sindicatos habían llegado a un acuerdo con Gas Natural Fenosa por el que la empresa se comprometía a no tomar ninguna medida contra los trabajadores mientras no se concrete el cierre anunciado por la compañía. En la reunión también salieron a relucir críticas a la actitud del alcalde de Páramo del Sil, secretario provincial del PP y vicepresidente de la Diputación, Ángel Calvo, al que se ha pedido que «deje de mirar para otro lado» y muestre de modo decidido su apoyo a los trabajadores de la central térmica ubicada en el municipio.

UGT pide que la proposición de ley que presentará Nadal apueste por mantener las centrales térmicas de carbón hasta 2050

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Europa Press / EFE.- Mientras desde Asturias y desde Castilla y León el PSOE ha avanzado que trabajará de manera conjunta en «aspectos «fundamentales para ambas regiones como el carbón y el futuro de las centrales térmicas, desde UGT piden que la proposición de ley que presentará el Gobierno al Congreso de los Diputados para regular el cierre de centrales de generación eléctrica apueste «inequívocamente por primar el interés público» y por mantener en funcionamiento las centrales térmicas que utilizan carbón nacional hasta 2050.

De este modo, el sindicato reitera su defensa de las centrales térmicas que se abastecen de carbón autóctono, así como de sus empleos y del futuro de «pueblos enteros y comarcas que, sin estas centrales, están abocadas al empobrecimiento y la despoblación». Asimismo, recuerda que «todas» las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado Bruselas para 2050. Asimismo, rechaza los argumentos utilizados por las compañías eléctricas, respecto a que su cierre reducirá las emisiones de CO2, «por ser claramente sesgados, cuando no engañosos».

Por ello, reclama que una parte de los beneficios empresariales se destinen a invertir en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente, mejorando la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación, tal y como se estableció en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón, «que no han cumplido ni el Gobierno ni las compañías que pretenden cerrar las térmicas». Asimismo, UGT reitera la necesidad «imperiosa» de alcanzar un Pacto de Estado sobre Energía, con la participación de todos los agentes directamente implicados, «en el que se defina el futuro mix energético».

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un decreto-ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada. El proyecto de decreto ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales de generación eléctrica, a las que actualmente sólo se puede recurrir para garantizar la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reabrir la planta. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).

El PSOE, con el carbón

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, han manifestado sus «coincidencias» a la hora de abordar temas como la minería del carbón y la transición energética. «Queremos exigir al Gobierno de España que deje de marear la perdiz y ponga encima de la mesa el cumplimento del Marco de Actuación 2013-2018 y qué espacio va a quedar para el carbón nacional«, ha destacado Barbón, que ha remarcado la oposición del PSOE al cierre «indiscriminado» de las centrales térmicas mientras no haya un plan de cierre acordado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos.

Citando la enmienda del PSOE a una proposición no de ley (PNL) de Foro Asturias debatida en el Congreso de los Diputados, Barbón ha puesto sobre la mesa la posición del PSOE, que pasa por diseñar un plan del carbón en el que se hable de qué hueco le va a quedar al carbón nacional y por ver qué sucede con los 250 millones de euros para las comarcas mineras españolas que no se han invertido. Respecto al anuncio del ministro de crear una ley para regular el cierre de las térmicas, Barbón aseguró que «no se está negociando nada» con el PSOE y le ha pedido que ponga dinero.

«Reitero la unidad de castellanos y leoneses y los asturianos de defender nuestro carbón», ha afirmado Tudanca, que ha criticado la «absoluta inutilidad» del Gobierno del PP, que ha sido incapaz de sacar una norma que impida el cierre de las térmicas. Tras considerar que el Gobierno está «más preocupado» por evitar los posibles cierres de las centrales nucleares antes que de salvar el carbón, ha indicado que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que, en el nuevo marco presupuestario europeo, se establezca un fondo global para apoyar iniciativas de transición justa.

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

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EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.