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Castilla y León cree que sería «lamentable» que el Gobierno central no dinamice la provincia de Burgos tras cerrar Garoña

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EFE.– La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha considerado que sería «lamentable» que los ciudadanos de Castilla y León tuvieran que asumir «con sus impuestos» la necesidad de dinamizar la zona de influencia de la central nuclear de Garoña tras su cierre. Del Olmo ha asumido que el Ministerio aún no ha manifestado su voluntad para aportar fondos para reindustrializar una zona como el norte de Burgos, afectada por el cierre de Garoña.

«Mientras no nos digan que sí…», ha dudado Del Olmo, convencida de que el Gobierno debe atender el requerimiento que hicieron unánimemente las Cortes de Castilla y León y que ha trasladado la Junta para tomar medidas de reindustrialización de la zona, una vez que el Gobierno, «auspiciado» por las empresas propietarias de Garoña, anunciaran el cierre definitivo. La consejera ha rechazado que una decisión sobre la que la Junta no ha podido influir suponga que ahora esta administración autonómica tenga que asumir «en solitario» la dinamización económica de una zona como el Valle de Tobalina, al norte de Burgos.

Tudanca arremete contra la Junta

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha instado a algunos consejeros del ejecutivo autonómico a «quitarse la careta» y a «dejar de jugar con los ciudadanos» en asuntos como la reindustrialización de Garoña. En este sentido, Tudanca acusó a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de defender y aprobar en las Cortes un plan para la reindustrialización sin contar con el apoyo de su partido a nivel nacional para desarrollarlo, ya que el Ministerio aún no se ha pronunciado sobre si aportará los fondos para abordar este plan.

Castilla y León pide un 4% del mix eléctrico para el carbón autóctono mientras Endesa comprará mineral de la Asturleonesa

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EFE.- Endesa comunicó a la compañía Minera Asturleonesa su intención de comprar carbón procedente de sus tajos, como reivindicaba la firma y los trabajadores de la misma para mantener sus empleos. Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, subrayó la necesidad de diseñar a nivel nacional un marco legal que garantice la compra de carbón autóctono para su quema en centrales térmicas, además de reservar para el carbón al menos el 4% del mix energético.

Herrera respondió así al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes autonómicas, Luis Mariano Santos, quien pidió al PP una «posición unitaria» en los ámbitos autonómico, estatal y europeo. El presidente ha sostenido que este marco legal «debiera existir por razones de estrategia, pero también por razones socioeconómicas» vinculadas a las comarcas mineras, que actualmente «no tienen otras alternativas» para el desarrollo económico. Herrera ha argumentado que su gobierno está ejerciendo una labor de «intermediación» y de «contacto permanente» con las eléctricas y las empresas mineras para facilitar la compra de carbón.

Por su parte, el portavoz leonesista ha criticado que la acción de la Junta se limite a las palabras, en forma de «cartas a Rajoy», y no se materialice una acción coordinada para garantizar que la aportación del carbón autóctono al mix energético alcance el 7,5%, que era lo que establecía el último Plan del Carbón. Luis Mariano Santos ha defendido que su posición respecto al carbón no ha variado nunca mientras que tanto en el caso del PP como en el caso del PSOE sí se han producido cambios en función de si están o no en el Gobierno.

Herrera y Santos han coincidido al citar a los países de Eslovenia y Eslovaquia como ejemplos de que el carbón autóctono puede defenderse a nivel europeo como garantía de suministro eléctrico, y también compartieron que han de ser las térmicas que asuman la quema de carbón autóctono las que modernicen sus instalaciones para adaptarlas a la normativa europea de emisiones.

Acuerdo entre Endesa y Asturleonesa

Tras una semana de negociaciones intermitentes, el secretario de la Federación de Industria de Castilla y León del sindicato USO, Luis María Fernández, anunció «con cautela» el acuerdo, que aún no ha llegado al resto de empresas mineras, aunque éstas esperan que en breve se lo notifiquen. Aunque es un paso adelante para que los empleos continúen, Fernández asegura que no deja de ser «un parche temporal«, por lo que pide a las administraciones que aceleren la puesta en marcha de medidas que soluciones la situación minera «a largo plazo».

Abogados ambientales denuncian trabas de la administración para acceder a informes clave en zonas próximas a centrales térmicas de carbón

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Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente como los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón.

Según el IIDMA, que está conformado por abogados especializados en medio ambiente, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, las administraciones debería facilitar al público la documentación requerida, generalmente, en el plazo de un mes. Asimismo, los abogados del IIDMA citan la Directiva de Emisiones Industriales, que establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada) en instalaciones como las centrales de carbón.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en 2016 a las autonomías que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, con el objetivo de «evitar y reducir la contaminación de los entornos» de estos establecimientos.

Galicia frente Asturias y Aragón

Según aseguró la plataforma, Galicia fue la única comunidad que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares retrasaron el proceso durante varios meses, «poniendo trabas a la democracia ambiental». No obstante, según el IIDMA, «los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes». Por ello, la plataforma recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.

Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, «esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la Ley«. De acuerdo con los abogados especializados en medio ambiente, las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y «el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para el desarrollo democrático». «El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las comunidades autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas», según el IIDMA.

Castilla y León trabaja en una nueva Estrategia Térmica Renovable para aprovechar su potencial

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EFE.- La Consejería de Economía y Hacienda ya trabaja en la Estrategia Térmica Renovable para aprovechar el potencial de la Comunidad en este campo con una «mirada a medio y largo plazo» y dado que en los próximos años se producirá una renovación importante del parque de calderas y sistemas térmicos.

La consejera, Pilar del Olmo, ha recordado que aunque Castilla y León es una «referencia en generación eléctrica», fundamentalmente en eólica e hidráulica, con una posición notable en cuanto a la producción vía biomasa o fotovoltaicas, ese «liderazgo no ha ido paralelo al desarrollo del uso térmico de los recursos renovables».

Del Olmo también ha destacado algunas líneas previstas para incentivar el uso de energías alternativas, como la que prevé poner en marcha en el 2018, de subvenciones no competitivas para incentivar la adquisición de vehículos de energías alternativas en la Comunidad, que no ha cuantificado.

El PSOE habla del fracaso del carbón

El portavoz en Economía del grupo socialista, Javier Izquierdo, se ha referido además al a su juicio «fracaso del carbón» y a que la Comunidad haya servido «de cobaya en las centrales nucleares con Garoña», y ha sostenido que «el drama de la política económica de la Comunidad» es que ha «escalado al puesto dos de la corrupción» en España, lo que «ha cercenado recursos» y ha acusado a la consejera de «poner alfombras nuevas sobre las viejas», en una política «que huele a corrupción y en la que falta transparencia».

Castilla y León descarta que crear un impuesto al desmantelamiento de Garoña afecte a otras decisiones de Endesa e Iberdrola

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EFE.- La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que el impuesto que prevé crear sobre las actividades de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña vayan a perjudicar a otros puntos de Castilla y León en forma de decisiones empresariales de desinversiones.

Preguntada por los planes de su departamento para incluir este impuesto en los Presupuestos de Castilla y León para 2018, Del Olmo prefirió no dar detalles sobre las características que tendrá y la «potencia recaudadora» que estiman, ya que está a expensas de negociarlo con los grupos de la oposición. Tampoco aclaró si se tratará de un nuevo impuesto o si se incluirá como un nuevo hecho imponible dentro del impuesto medioambiental que ya tiene en su cartera fiscal la Junta de Castilla y León.

En lo que confía la consejera es en que las decisiones empresariales que pueda tomar Endesa, copropietaria de Garoña junto a Iberdrola, se vean condicionadas por este futuro impuesto a la hora de tomar decisiones en otros puntos de la comunidad, como en el caso de la central térmica de Compostilla, en León, con dudas sobre su continuidad. «Las empresas deciden por criterios de rentabilidad económica», explicó Del Olmo, para quien si Endesa compra o no carbón autóctono depende de si le resulta rentable o no, independientemente de la fiscalidad que se aplique en Garoña.

Burgos y La Rioja tienen la gasolina más barata mientras en las Islas Baleares se encuentran las más caras

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EFE.- En la provincia de Burgos y en La Rioja se encuentra este final de agosto la gasolina más barata de España, con la excepción de Canarias, por su diferente fiscalidad, mientras que en las gasolineras de Baleares se registran precios más altos, según datos del Ministerio de Energía. Con datos actualizados del geoportal de hidrocarburos y exceptuando las gasolineras de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el litro de gasolina 95 marca el precio más bajo en Burgos, con 1,009 euros.

Este geoportal recibe los precios de cerca de 10.000 estaciones de servicio que tienen obligación de remitir datos cada semana. Ahora mismo, el precio medio de un litro de gasolina en España es de 1,185 euros y el de gasóleo, de 1,060 euros. Por detrás de Burgos, los siguientes precios más bajos de gasolina se marcan en una estación de La Rioja (1,029) y en otra de Valencia (1,020 euros). En el otro extremo de la tabla, predominan las estaciones de servicio de Baleares, con precios en el entorno de los 1,3 euros, aunque también se cuelan 3 gasolineras: una de Cádiz (1,314 euros), otra en Granada (1,339 euros) y otra de Valencia (1,409 euros).

En el gasóleo, los precios más bajos del listado que proporciona el geoportal, también exceptuando las estaciones de Ceuta, Melilla y Canarias, se marcan en La Rioja (0,889 euros) y Valladolid (0,895 euros), aunque se trata de puntos con venta restringida a cooperativistas. El litro de gasóleo más barato de venta al público general está en una gasolinera de Logroño (0,899 euros), seguida de una de Huesca (0,902 euros) y otra de Salamanca (0,909 euros).

En total, y teniendo en cuenta Canarias, Ceuta y Melilla, el litro de gasóleo se puede comprar por debajo del euro en más de 1.600 estaciones de servicio de toda España. En el otro extremo de la tabla, el de los litros de gasóleo más caros, hay bastante diversidad: una gasolinera de Valencia (1,299 euros) cierra el listado, por delante de otras de Granada y Jaén donde el diésel está por encima de 1,2 euros.

Estos precios reflejan una tendencia habitual en la geografía española y que tiene mucho que ver con dos factores: el peso de la fiscalidad y la ubicación de las gasolineras en zonas de costa, fronterizas o si están en ciudades, autopistas o zonas rurales, por ejemplo. En el primer punto, y teniendo en cuenta que los impuestos suponen el 56% del precio en el caso de la gasolina y el 52% en el del gasóleo, influye la variedad de impuestos aplicados. En el caso de Canarias, los menores precios se deben a la aplicación del IGIC, más bajo que el IVA del 21% que rige en el resto de España.

Ya dentro de la Península y Baleares, las diferencias radican en los distintos tipos impositivos del tramo autonómico: Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia aplican los más altos, mientras que Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja están en el otro. Así, los precios más bajos de media se suelen dar mes tras mes en Navarra, La Rioja y Castilla y León, mientras que Baleares registra las más caras habitualmente.

Castilla y León apoya la voluntad del Ministerio de legislar para impedir el cierre de la central térmica de Compostilla

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha mostrado su apoyo al Ministerio de Energía para que apruebe alguna norma que pueda servir para impedir un hipotético cierre de la central térmica de Compostilla, en León.

Del Olmo ha remarcado que las competencias de la Junta de Castilla y León ante este posible problema son limitadas y actualmente se centran en la negociación con Endesa, lamentando además que no se esté comprando carbón extraído en León. Por su parte, el Ministerio de Energía al Gobierno autonómico su lamento por la falta de voluntad de los grupos políticos de la oposición a acordar una ley que dificulte el cierre de la central nuclear, por lo que, en principio, optará por un decreto.

La compañía Minera Asturleonesa liga su viabilidad a que Endesa compre carbón nacional en las próximas dos semanas

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EFE.- Los acreedores concursales de la Compañía Minera Asturleonesa han advertido a los trabajadores que si Endesa no compra en el plazo de dos semanas carbón nacional la compañía tendrá serios problemas de viabilidad, lo que podría conllevar a su liquidación en septiembre. Este es uno de los mensaje lanzados por los acreedores en una reunión mantenida con los representantes de los trabajadores, según explicó el presidente del comité de empresa, Pablo Ménguez.

Varias decenas de trabajadores permanecen a la entrada de la central térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil (León) como medida de presión para que Endesa compre carbón nacional. Mientras tanto, los trabajadores, que se seguirán concentrando hasta el viernes ante la eléctrica, plantean nuevas movilizaciones «siempre dentro de la legalidad», plantea Ménguez. Su idea es repetir concentraciones a las puertas del Principado de Asturias o de la Junta de Castilla y León, y pedirán entrevistas con los consejeros de Industria de la Junta de Castilla y León y del Principado, mientras agradecen los apoyos que les han dado Izquierda Unida, Podemos y el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca.

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia colaborarán para impulsar la eficiencia en los municipios mineros

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EFE.- La Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia colaborarán para ahorrar costes y mejorar la eficiencia energética en los 21 municipios mineros del norte de la provincia de Palencia. «El objetivo es promover el ahorro energético, reducir sus gastos corrientes y favorecer inversiones en materia de eficiencia», ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que suscribió un convenio con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

El convenio establece tres ejes de actuación para optimizar el suministro de energía eléctrica en las poblaciones incluidas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Según Del Olmo, para empezar se elaborará un inventario de centros de consumo y puntos de suministro eléctrico en esas localidades y se establecerá un sistema de monitorización de su gasto energético. Después se analizarán los contratos vigentes con las comercializadoras para comprobar si las potencias y tarifas contratadas se ajustan a las necesidades y consumos reales de los ayuntamientos y, en su caso, plantear las modificaciones oportunas. Y por último, el convenio prevé el diseño y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y mejora continua de las instalaciones energéticas.

Para llevar a cabo estas iniciativas, la Junta va a poner a disposición de los pueblos la herramienta telemática OPTE, que ha sido desarrollada por el Servicio de Informática del Ejecutivo autonómico y gestiona el EREN, organismo adscrito a la Consejería de Economía. El director del EREN, Ricardo González, ha explicado que esta aplicación ofrece un diagnóstico de los hábitos de consumo de cada centro o edificio y propone la solución más óptima para reducir el gasto fijo de facturación eléctrica, hacer un uso responsable de la energía e, incluso, proponer la mejora de los contratos de suministro, lo que redunda en mayores ahorros económicos.

Además la consejera de Economía ha hecho un balance del éxito que ha supuesto ya el uso de esta herramienta que ha analizado 1.830 contratos de luz y gas correspondientes a 1.730 edificios públicos como hospitales, centros de salud, colegios y otras dependencias, y permitió ahorrar 2,5 millones de euros durante 2016 solo en concepto de costes fijos del recibo.

Por último, la presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Armisén, subrayó que «si la experiencia es buena» la Diputación solicitará la aplicación de la herramienta en el resto de municipios de Palencia para «mejorar la gestión de los recursos«. En el mismo sentido se colabora con la institución provincial de León, que trabajará con la Junta para poner en marcha mejoras de eficiencia en los municipios mineros de este territorio.

Castilla y León gravará los residuos por el desmantelamiento de Garoña y exige un plan de reindustrialización

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Servimedia.- La Junta de Castilla y León modificará el impuesto de afectación medioambiental para gravar los residuos nucleares que quedarán tras el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Así lo anunció hoy el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien consideró una «grave error» la decisión del Gobierno de cerrar la planta.

De Santiago-Juárez se preguntó si el que adoptó esta decisión pensó en el millar de trabajadores que dependen de esta planta, y exigió al Ejecutivo central que «lidere» un plan de reindustrialización para la zona. Asimismo, trasladó a los que están de vacaciones y se alegrarán por esta noticia, que en vez de tomarse una cerveza en un chiringuito, visiten el norte de la provincia de Burgos.

En una rueda de prensa solo media hora después de la que ofreció en Madrid el ministro de Energía, De Santiago-Juárez aseguró que la decisión se comunicó ayer en una reunión en Valladolid entre Álvaro Nadal y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la que se mostró que el Ejecutivo autonómico «no comparte esta decisión política del Gobierno de España».

Así, incidió en que es «una mala noticia para los trabajadores, para Castilla y León y para España» y cuestionó si quien la ha tomado «ha pensado en los trabajadores». Durante años la Junta, continuó, siempre ha defendido el mantenimiento de la central, «siempre que fuera segura», pensando en los empleados. «Algún día alguien se dará cuenta del error», subrayó, para asegurar que la Junta siempre ha apostado por que la energía nuclear fuera una parte del mix energético en un país en el que «no sobra la energía».

Además, el vicepresidente informó de que la Junta «se reafirma» en su decisión de implantar un tributo cuya recaudación irá a financiar un plan de ayuda al empleo de la zona. Lo hará, indicó, a través de la modificación del actual impuesto sobre afectación medioambiental, creando un nuevo hecho impositivo sobre el combustible nuclear depositado en Garoña porque, explicó, «ahora la central se convierte en un depósito de residuos radioactivos».

También criticó a las empresas, sobre todo a Iberdrola, quien todavía «no nos ha dado ninguna explicación» y han actuado primero pidiendo reapertura y luego «escondiéndose». Por ello, insistió se pondrá en marcha este impuesto que es «sensato y de sentido común» y del que todavía no se han hecho cálculos de cuánto podría ingresar la Junta de Castilla y León por este concepto.

Indicó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha remitido hoy una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle la puesta en marcha y «el liderazgo» del Gobierno en un plan para la reindustrialización de la zona Norte de Burgos en el que participen las empresas Iberdrola y Endesa, que componen Nuclenor. Estas compañías, dijo, tienen que participar porque se han beneficiado muchos años de Garoña. Ha de ser, dijo, un plan «dinámico» que cree riqueza y empleo y en el que colaborará la Junta.

Además, el vicepresidente hizo un recorrido por la historia de este asunto que, dijo, comenzó por «un capricho ildeológico» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que continuó con una «pésima gestión» del exministro José Manuel Soria, al que dijo «no iba a dedicar ni un minuto más». Tras ello, unos cambios de rumbo y una situación y unas «incoherencias» en una situación política como la actual donde el PP no tiene mayoría.

«La Junta tiene la sensación de haberse quedado sola como en Fuenteovejuna: todos a una pero frente a Garoña», remarcó, para añadir que han estado solos en el plano político, interno y externo y sólo ha apoyado la decisión de su continuidad la Asociación de Municipios Nucleares.

En todo caso, dijo, es una decisión que tendrá consecuencias «indeseables» para la competitividad energética, para la dependencia energética y para el gasto de las familias.