Los empresarios de gasolineras desatendidas recurren al Supremo las normativas que desarrolla el Gobierno para limitar su modelo de negocio

Europa Press / EFE.- El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), Manuel Jiménez Perona, ha denunciado los «ataques al modelo de negocio» de las gasolineras sin personal que, a su juicio, están encaminados a que este modelo «tenga limitaciones«, y advierte de que considerará volver a denunciar a la Administración ante la Comisión Europea.

Por ello, AESAE ha iniciado acciones legales con el objeto de impedir que el Gobierno imponga restricciones al repostaje en estaciones de servicio automáticas a los vehículos que excedan de un determinado peso. Así, la asociación ha señalado que recurre normativas ante el Supremo como el Real Decreto 706/2017, de regulación de la instrucción técnica MIP-ITC04 Instalaciones para suministro a vehículos, que fue aprobada el pasado mes de agosto, puesto que considera que «impone límites al establecimiento de este modelo».

Esta asociación ha explicado que, según la normativa recientemente aprobada, el tiempo máximo permitido para repostar con un vehículo considerado pesado en las conocidas comúnmente como gasolineras desatendidas, aquellas que funcionan sin la supervisión de un empleado, es de 3 minutos sin exceder los 75 litros. Los empresarios de gasolineras desatendidas denuncian que esto impide el uso de las instalaciones a camiones y vehículos de gran tamaño. En caso de incumplir la medida, las gasolineras desatendidas se enfrentan a fuertes multas, que pueden rondar los 30.000 euros, según Jiménez Perona, que señala que «es una medida que va contra el libre mercado y la libre competencia. Y nosotros, como asociación, tenemos la obligación de denunciarlo».

Por otro lado, AESAE también denuncia que la Comunidad de Madrid es una de las que más barreras está imponiendo a la entrada en el mercado de estos operadores independientes. Según explica, si bien la normativa regional que opera en la actualidad es favorable a la entrada de nuevos actores en el mercado, «la realidad es que este precepto no se está cumpliendo como consecuencia de una interpretación injustificadamente restrictiva de la norma por parte de la Comunidad de Madrid».

Dicha normativa exige a las gasolineras disponer de un operario, o medidas automáticas de seguridad, para impedir que el usuario fume, hable por teléfono o reposte con el motor encendido, lo que dificulta su modelo de negocio y expone a las compañías a multas de hasta 30.000 euros, «a las que muchas operadoras independientes no pueden hacer frente», confirma Jiménez.

Del mismo modo, denunciará la próxima medida del Gobierno del País Vasco, que obligará a cerrar las estaciones de servicio automático cuando la velocidad del viento supere los 18,9 kilómetros por hora para proteger a los usuarios, «una decisión que va en contra de un modelo de negocio que va a más en Europa, que ha probado su eficacia para los consumidores y con un potencial de crecimiento importante». Estas medidas se suman a las que ya existen en Castilla y León o Extremadura. AESAE considera que estas «restricciones normativas» van en detrimento de los ciudadanos, que no pueden acceder a un ahorro anual medio que, según cifran, puede ser de 150 a 250 euros al año por coche familiar.

La asociación cuestiona el razonamiento técnico de las medidas mencionadas, pues, según Jiménez Perona, hasta la fecha nadie les ha presentado motivación alguna que las justifique, y ha añadido que es evidente que van en la misma dirección, la de restringir las posibilidades de crecimiento del modelo de estación desatendida. Los empresarios cifran en 560 el número de estaciones automáticas en España, el 5% del total, lo que se traduce a su juicio en que «el sector de carburantes español es aún cerrado y opaco«.

Por ello, y después del pronunciamiento del Supremo ante los diferentes recursos, la asociación considerará volver a denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea por «inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas». El pasado marzo, la Comisión Europa ya aceptó a trámite una denuncia contra España por la misma razón, ante lo que algunas comunidades retiraron normativas después de que Bruselas advirtiera de que obligar a tener personal en las gasolineras vulnera la norma comunitaria.

Según AESAE, las autonomías que menos trabas ponen a la apertura de nuevas estaciones de servicio automáticas son Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que disponen de carburantes con precios antes de impuestos por debajo de la media española, según un informe de la CNMC. Asimismo, se dan precios por encima de la media en País Vasco, Baleares o Madrid, que disponen de una normativa cuya interpretación «es una invitación a que se invierta en otro sitio», por lo que exigen seguridad jurídica. Finalmente, AESAE denuncia que «6 empresas ejercen un poder casi absoluto» en el sector de los carburantes.