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Soria advierte de que vigilará el mercado eléctrico tras el alza en julio que empaña la bajada de peajes

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mantendrá «vigilante» ante el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, o pool, después de que las subidas de precios durante el mes de julio hayan empañado el recorte en un 4% de los peajes eléctricos aplicados desde el pasado sábado y encaminados a provocar un descenso en el 2,2% en el recibo de la luz.

«Siempre estamos vigilantes y también lo está el propio regulador del sistema», cuya función es «velar para que las reglas de competencia se cumplan y no haya ningún tipo de distorsión que pueda afectar a los precios«, afirmó el ministro al ser preguntado por las fuertes subidas en el mercado eléctrico en un momento en el que el Gobierno ha apostado por rebajar la parte regulada del recibo desde agosto.

«Lo que sí que hay este año es una realidad: las condiciones meteorológicas no están favoreciendo una mayor generación de renovables», ya que «hay poco viento y poco sol, poca eólica y solar», y esta circunstancia, junto a una demanda en verano desconocida en «varios años», provoca subidas en la parte de mercado del recibo de la luz, señaló. En todo caso, Soria presentó el recorte de los peajes como «una bajada real en uno de los componentes de la factura eléctrica». «Los beneficios de la reforma energética llegan al consumidor en términos de bajada de precios», aseguró el ministro.

Respecto a la evolución del recibo a lo largo de 2015 y de si se producirá una bajada con respecto al ejercicio anterior, consideró «prematuro» realizar un vaticinio. «Creo que cuando acabe el año habremos tenido un comportamiento similar a lo que fue 2014″, indicó Soria. En todo caso, el ministro rebajó las expectativas ante una posible nueva bajada de peajes antes de fin de año. «El colchón que hay de 250 millones de euros es el que ya se ha utilizado» y el que ha permitido aplicar la rebaja del 2,2% entre agosto y diciembre, de modo que ahora «habría que ver cómo van evolucionando los primeros meses los ingresos y costes del sistema«.

Por otro lado, el ministro quitó importancia a las críticas al nuevo sistema de tarifa por horas de electricidad, entre ellas la de que no permite conocer los precios con antelación suficiente o la de que resulta demasiado compleja e induce al consumidor a conductas como la de poner la lavadora por la noche. «Eso es lo anecdótico de la medición horaria de la facturación», afirmó, antes de destacar como «importante» la eliminación de un sistema de fijación de precios mediante subastas que provocaba un sobrecoste adicional de 300 millones de euros al año y de 1.500 millones en el periodo entre 2009 y 2013.

Además, Soria se mostró confiado ante cualquier denuncia interpuesta contra la tarifa por horas, así como acerca de los arbitrajes que se libran en el Ciadi a propósito de los recortes a las renovables. «El Gobierno no ha tomado ninguna decisión o medida que haya supuesto ninguna discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, por lo que no ha lugar en términos de fundamento jurídico a que se planteen ese tipo de arbitrajes internacionales», dijo. «Toda la reforma energética que impulsó el Gobierno en lo referido a incentivos de energías renovables está basado en la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que estos incentivos no pueden ser independientes de cómo evolucione el ciclo económico«, señaló Soria.

Sobre el decreto de autoconsumo, el ministro indicó que incorporarán algunas recomendaciones de la CNMC que «mejoran» el texto. «En septiembre ya irá al Consejo de Ministros», avanzó Soria. «No he visto a nadie que sea capaz de explicarme qué es el impuesto al sol. Eso no está en la ley. Lo que hay es que si alguien se instala una placa solar en su casa y sólo consume de esa instalación, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si aparte se quiere estar enganchado a la red, en ese caso se debe pagar esa red como el resto de los consumidores, y eso es lo que hemos establecido», señaló.

Industria acusa a los defensores del autoconsumo de querer «cobrar subvenciones»

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo acusó a algunos defensores del autoconsumo de querer «cobrar subvenciones» con cargo al sistema eléctrico, lo que supondría un riesgo de «parasitar» este sistema. Fuentes de Industria aseguran que algunos defensores del autoconsumo pretenden evitar las cargas previstas en el borrador de esta normativa desarrollada por Industria, que fija una carga por autoconsumo, lo que en la práctica sería cobrar subvenciones a costa del resto de consumidores.

Este borrador establece que los titulares de instalaciones de autoconsumo conectados a la red tienen que pagar una serie de cargos para contribuir a sufragar los costes del sistema, que también utilizan, como redes, renovables o la deuda del déficit tarifario. Además, tanto los sistemas extrapeninsulares como los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios disfrutan de beneficios en la parte variable del peaje. Frente a esto, los detractores de la norma aceptan pagar la parte fija del peaje, que se corresponde con la potencia contratada, pero no la variable, que tiene que ver con el consumo y supone el 35% del total.

Industria reconoce que en una primera fase esa parte del peaje no sería muy cuantiosa, pero advierte del riesgo de crear un incentivo que lleve a «parasitar» el sistema eléctrico de manera que se produzca un déficit de ingresos para unos servicios de los que disfrutan tanto los autoconsumidores como quienes no lo son. Además, advierte de que «para autoconsumir hace falta espacio», de manera que solo podrán hacerlo quienes tengan espacio, es decir, empresas, centros logísticos y hogares de gran tamaño, dejando fuera a las personas de menos recursos.

Por ello, estas mismas fuentes consideraron que la aprobación del autoconsumo, tal y como se está planteando por las plataformas defensoras, supondría «una de las políticas más regresivas a la pobreza energética que puede haber habido nunca», ya que beneficia a las rentas más altas frente a las más bajas. En ningún momento, defendieron, el marco normativo para el autoconsumo, que previsiblemente se aprobará el próximo septiembre, irá en contra de su desarrollo, ya que esta actividad se beneficiará tanto de la energía generada como del no pago de los impuestos correspondientes a esta energía, que representa por sí misma «una subvención fiscal implícita ya que no se paga el IVA y otros impuestos de esta energía que se genera».

Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron que el sistema eléctrico cerrará este año con un superávit superior al esperado, debido a ciertos factores positivos como la bajada del precio del petróleo, los menores pagos por capacidad por la mayor producción de carbón o gas o la mayor recaudación por impuestos debido a la entrada de grandes cantidades de producción térmica. Parte de este superávit se dedicará a reducir la partida de pagos por capacidad en 250 millones de euros, lo que rebajará la parte fija del recibo a partir de agosto, una partida que hasta ahora se ingresaba en exceso para compensar la falta de fondos en otros apartados.

Precisamente esta partida de pagos por capacidad es la única que escapa, de acuerdo a la ley del sector eléctrico, de la obligación de dedicar el superávit a reducir la deuda pendiente. Industria explica que la decisión de consignar parte del superávit para bajar los peajes en lugar de reducir deuda está relacionado con el propio mecanismo de titulización de esa deuda, es decir, de colocación en el mercado con el aval del Estado, que cobra en función del déficit pasado y no del saldo vivo. Así, la eventual reducción de la deuda acortaría ligeramente los plazos pero no reduciría las cantidades que se pagan anualmente, por lo que el Gobierno ha optado por rebajar las aportaciones de los consumidores.

El superávit de este año por tanto se dedicará así a reducir los pagos por capacidad, «limpiar» pagos pendientes de otros ejercicios y, en menor medida, a reducir la deuda pendiente. De cara a la próxima legislatura, Industria fija como prioridades en materia energética la apuesta por la eficiencia, los mercados secundarios mayoristas, cuya mejora del diseño podría ahorrar «cientos de millones de euros», y la apuesta por las interconexiones.

Greenpeace se moviliza contra la regulación del autoconsumo en España y contra unas prospecciones petroleras en Alaska

Europa Press / Servimedia.- Esta semana se multiplican los frentes para la organización ecologista: cuatro activistas de Greenpeace fueron detenidos tras haber escalado un edificio junto al Ministerio de Industria para desplegar unas pancartas en protesta contra el proyecto de real decreto que regula el autoconsumo eléctrico. Por su parte, a miles de kilómetros, activistas de Greenpeace bloquearon durante 40 horas la salida de un rompehielos de Shell con destino al Ártico.

En España se trataba de la primera acción de protesta que llevaba a cabo Greenpeace desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también despectivamente como Ley Mordaza, por lo que a partir de ahora verán las consecuencias que esta norma tiene para la organización. Los activistas de Greenpeace portaban pancartas con el mensaje Impuesto al sol NO, aunque la de mayor tamaño se ha roto debido al viento. Mientras, los otros activistas se han presentado a las puertas del Ministerio con un panel fotovoltaico envuelto en un lazo rojo para el ministro José Manuel Soria «para que dé ejemplo de apoyo a las renovables y se autoabastezca con energía solar».

Greenpeace recuerda que, de ser aprobado este decreto, «se obligará a los consumidores que produzcan su propia energía y estén conectados a la red a pagar un impuesto al sol por la energía que han producido para consumo propio». La responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Marina Bevacqua, subrayó que «el autoconsumo es una herramienta clave para la eficiencia energética, la reducción de las emisiones contaminantes, la generación de empleo y para reducir la dependencia energética que España tiene del exterior«. Además, critica que este impuesto se ha establecido en base a los «intereses de las grandes eléctricas«.

Asimismo, advierten de que la nueva legislación «impedirá usar este recurso para paliar el gran problema de pobreza energética que sufren más de siete millones de españoles». «Es un auténtico atropello», afirman desde Greenpeace. Por todo ello, la organización reclama al Ministerio de Industria que descarte el proyecto de real decreto y que cree una legislación «realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que tenga en cuenta los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta tecnología y permita garantizar una transición hacia un modelo basado en energías renovables«. Mientras tanto, según aseguran desde la organización, seguirán realizando acciones contra este proyecto.

Bloqueo al rompehielos de Shell

Al otro lado del Atlántico, un total de 26 activistas de Greenpeace Estados Unidos permanecieron durante 40 horas en el puente de Saint Johns en el puerto de Portland (Oregón), impidiendo la salida del buque Fennica. Este rompehielos es la última herramienta que necesita Shell para poder realizar prospecciones de petróleo en el Ártico, según informa Greenpeace. Los activistas se colgaron en el puente con pancartas de mano con los mensajes Shell No, Salva el Ártico y Presidente Obama, última oportunidad para decir #ShellNo. Como ya sucedió en anteriores protestas en Seattle, se sumaron activistas en kayaks que bloquearon también el paso en el agua.

Los nacionalistas del BNG dicen que al Gobierno «solo le falta» decretar «el exterminio» de las renovables

Europa Press.- BNG ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Ministerio de Industria que retire el borrador de real decreto sobre autoconsumo y en cuya exposición de motivos comenta, en tono irónico, que al actual Gobierno «solo le falta» aprobar un decreto «que abogue claramente por la eliminación de las energías renovables, procediendo a su prohibición y exterminio«.

En su propuesta, el grupo gallego considera que Industria «penaliza y castiga a un tipo de producción energética sostenible y limpia» en referencia al autoconsumo. En la exposición de motivos, el BNG recuerda que el proyecto recibió 38.000 alegaciones y argumenta que «el rechazo» a la norma «es tal que hay más de 180.000 firmas en contra de dicha legislación que calificamos como la más retrógrada de la Unión Europea». El autoconsumo es «un síntoma de una sociedad avanzada que evoluciona más rápido que su Administración central», dice el BNG.

Esta actividad «parece molestar al Ministerio de Industria, en especial a su ministro, un destacado defensor de las grandes empresas eléctricas y de las formas de producción de energía tradicionales, más contaminantes», afirma el grupo gallego. Entre otras cuestiones, el grupo político lamenta que «una persona que tenga una placa fotovoltaica sin legalizar por cualquier circunstancia puede ser multada con una sanción mucho mayor que la correspondiente a una persona que silencie un escape nuclear».

«Tour de force» en el decreto del autoconsumo

La inminencia en la promulgación, traslado al Consejo de Ministros o aplazamiento del decreto del autoconsumo está llevando a que los movimientos y estrategias de lobby asociados al mismo se estén intensificando y cobren vigor en este cambio. En días pasados conocíamos como se estaban recabando apoyos en el ámbito europeo, con el agravante de que las cuitas energéticas españolas ya han alcanzado un grado de hartazgo notable en las instituciones comunitarias.

Del mismo modo, teníamos noticia de las indicaciones de la CNMC al respecto y de la propia Defensora del Pueblo, con pocas simpatías entre la institución y el actual Ministerio de Industria. También podíamos leer en la prensa artículos que lo promueven y lo defienden, teniendo en cuenta que su alcance es limitado a personas con capacidad de inversión del entorno de los 8.000 euros y titulares de viviendas unifamiliares con capacidad para colocar instalaciones de ese tipo. Los titulares de la industria buscan, lógicamente, un balón de oxígeno, desligados aparentemente del problema de las primas a determinadas tecnologías renovables.

En este contexto conocíamos como 18 partidos políticos y organizaciones se planteaban la promesa de derogación de este real decreto en caso de aprobarse. Un acuerdo que involucra a casi todo el arco político actual, incluyendo los nuevos partidos emergentes, en una reconfiguración segura del mapa político español tras las generales. Al Gobierno se le plantea un tour de force y, en energía, estos tres últimos años, se han incurrido y propugnado varios, por la propia gestión de las medidas adoptadas. Este decreto podría ser como el modelo retributivo de la fotovoltaica de los socialistas, predestinado a una demolición anunciada.

Se trata de artillería gruesa y, obviamente, es también una prolongación de una forma de hacer política energética característica de la legislatura tras el nombramiento de Alberto Nadal. El Gobierno sabe que, con el problema del déficit tarifario resuelto contablemente pero metido debajo de las alfombras, la regulación sobre el autoconsumo puede ser el principio de otro agujero fenomenal en la tarifa, de cara a la instrumentación para los autoconsumidores futuros de la posibilidad de eludir los costes regulados de nuestro actual modelo de suministro.

Por tanto, esta regulación es la consecuencia de ese enfoque y de no abordar en serio la detracción de los costes impropios de la tarifa, incluyendo la propensión a las inversiones en transporte que también están en el punto de mira. Si eso se hubiera producido, la regulación del autoconsumo tendría más posibilidades de haber sido neutral, con la aplicación de los costes debidos, y valer para el futuro. Del mismo modo, todos los argumentos buenistas y de ciencia ficción sobre el papel del autoconsumo en la transición energética hasta el momento caen en saco roto, en esa retórica parecida a la que llevó a la burbuja renovable, adanista con el conjunto del sistema de suministro eléctrico español y sus problemas.

Puestos así, se admiten apuestas. ¿Se publicará el reglamento de autoconsumo o se aplazará?

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

Pedro Sánchez afirma que el «impuesto al sol» que amenaza al autoconsumo «no tiene ninguna justificación»

Europa Press / EFE.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró que el «impuesto al sol» con el que «amenaza» el Gobierno al autoconsumo «no tiene ninguna justificación económica, social o medioambiental«, después de visitar la instalación de autoconsumo donada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) al albergue Santa María de la Paz, donde señaló que «el derecho a la energía también incluye el derecho a autoproducirla».

«El autoconsumo energético es un derecho civil de todos los ciudadanos, que ayuda a ahorrar costes, a hacer a las instituciones y empresas más competitivas y a tener un mundo más limpio y sostenible desde donde construir una sociedad mejor para todas las personas», añadió al respecto el líder del PSOE. Asimismo, Sánchez subrayó que es preciso «eliminar» barreras, cargas o peajes que «frenen» la expansión del autoconsumo y promover su incorporación al sistema energético.

El Gobierno ha elaborado un borrador de normativa para el autoconsumo que fija una serie de cargas económicas para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. Para el líder del PSOE, la tramitación de esta normativa, que prevé aprobarse este mes, aunque podría retrasarse a septiembre, demuestra que «el Gobierno del PP sigue legislando sin aceptar ninguna de las aportaciones que ha recibido».

La instalación de autoconsumo donada por UNEF al albergue ha supuesto al centro «un ahorro anual de más de 5.000 euros, un 14% sobre el gasto del centro, equivalentes a las dietas anuales de 400 personas», según UNEF. Al beneficio social de la instalación, se une el hecho de que sea una energía «limpia», lo que permitirá evitar la emisión de 200 toneladas de CO2 durante los 25 próximos años.

Soria no descarta retrasar a septiembre la regulación del autoconsumo para «mejorarla»

Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que el Gobierno se podría plantear aplazar la aprobación del real decreto sobre autoconsumo para septiembre para mejorarlo «basándose en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)». En este sentido, Soria aseguró que el Ejecutivo tiene previsto aprobarlo el día 31 de julio, aunque subrayó que actualmente se está estudiando el informe realizado por el regulador y se podría dejar su aprobación para después del verano «si es para mejorarlo».

El titular de Industria señaló que es la «primera vez» que un Gobierno regula el autoconsumo en España y volvió a defender un peaje para los autoconsumidores que se enganchen al resto del sistema para beneficiarse cuando su capacidad de generación sea insuficiente o para vender cuando sea superior, por lo que, según Soria, deberá «contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello» ya que, si no es así, «se consume a consta de que paguen otros».

De igual forma triunfante, Soria destacó que la reforma del sector energético ha conseguido poner final al déficit eléctrico y registrar en 2014 ya un «pequeño superávit de decenas de millones de euros», cuya cifra exacta se conocerá en noviembre. De hecho, la evolución de los ingresos y costes del sistema en lo que va de 2015 apuntan a que «muy probablemente estaremos en superávit evidente de varios cientos de millones» a cierre del ejercicio.

Asimismo, Soria insistió en que la rebaja de la luz del 2,2% aprobada por el Gobierno para el periodo de agosto a diciembre tendrá su continuidad en 2016 y podría suponer una reducción en la factura eléctrica incluso superior si se dan condiciones más favorables. De hecho, indicó que el superávit de 250 millones de euros se destinará a aminorar los peajes, lo que supone una caída del 4% en esta partida y una traducción en la factura eléctrica de un abaratamiento del 2,2% que se va a aplicar de agosto a diciembre. «En 2016 se van a aplicar también estos 250 millones de euros pero entre 12 meses, aunque no descarto una caída en la factura todavía mayor«, dijo.

Por otra parte, Soria defendió el recorte a las renovables aplicado por el Ejecutivo, a pesar de las numerosas demandas contra ella tanto dentro como fuera de España, y aseguró que se hizo basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que «es muy clara». `Por ello defendió la reforma energética aprobada en 2013, que establece una rentabilidad razonable, y aseguró no conocer ninguna actividad que tenga «garantizado por ley una rentabilidad del 7,5% durante toda su vida útil». Además, Soria subrayó que la reforma no supuso una pérdida de interés en España en el sector renovable para los inversores, con unas inversiones que han supuesto en torno a los 1.000 millones de euros en el primer semestre de este año.

La CNMC plantea que los usuarios con autoconsumo paguen menos primas a las renovables que el resto de consumidores

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha planteado la posibilidad de que los usuarios con equipos para autoconsumo de energía eléctrica paguen menos primas a las renovables que el resto de usuarios o que, al menos, se les exima de pagar las correspondientes a futuras instalaciones.

En su informe sobre el proyecto de real decreto que establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro y producción de energía eléctrica con autoconsumo, el regulador subraya de que ambas propuestas podrían llevarse a cabo siempre y cuando se asegure la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. En este sentido, la CNMC justifica una menor contribución del autoconsumo al sustento de las renovables en que esta actividad contribuye a conseguir los objetivos medioambientales marcados por Europa.

La CNMC «comparte» con el Gobierno la necesidad de que «los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo deben contribuir a la financiación de los costes del sistema» mediante una serie de cargas. Sin embargo, propone que las cargas se asocien sólo a los términos fijos, excluyendo los variables, es decir, los que dependen del consumo, siempre que así se paguen todos los costes del sistema. El regulador considera que en el decreto «no se justifica adecuadamente el desincentivo» al autoconsumo a partir de instalaciones gestionables, tanto aquellas que utilizan energías que se pueden modular como la instalación de baterías.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, señaló que en el caso del autoconsumo eléctrico quien esté conectado «sí tiene que pagar algo de la red». Así, aseguró que en este caso parece razonable que el consumidor deba «soportar los costes de esa red, la uses más o menos«. Marín Quemada puntualizó que la determinación de las tarifas «podría haber sido diferente», pero se trata de un tema complejo. «Buscamos más la neutralidad, que quiere decir que no se premia pero no se castiga», añadió al respecto Marín Quemada, quien consideró que también deben incorporarse «flexibilidades, porque la tecnología lo puede cambiar todo en un año y medio».

La CNMC subraya que la atención a sus recomendaciones «fomentaría tanto la generación como el almacenamiento distribuido», así como al autoconsumo renovable y gestionable. Añade que «la regulación resultante sería mucho más sencilla de implementar para los consumidores y de supervisar». La CNMC considera fundamental contar con una norma predecible que regule este tipo de actividad y por ello recuerda al Gobierno la necesidad de establecer una metodología de cargos al autoconsumo «clara» y que sea «coherente» con la metodología de los peajes de acceso, la parte del recibo de la luz que retribuye costes regulados del sistema eléctrico como el transporte o la distribución.

Por lo tanto, pide definir cómo calcular los cargos que les correspondería pagar a todos los usuarios en general y a los autoconsumidores en particular. En especial, en tanto una parte de dichos cargos sea proporcional a la energía eléctrica consumida, ya sea ésta recibida de la red de transporte o distribución, o bien autoproducida instantáneamente. De forma transitoria, y hasta que se apruebe dicha metodología, según el decreto se establecería el llamado «cargo transitorio por energía autoconsumida», que incluye diversos componentes correspondientes a los costes del sistema, los pagos por capacidad y los servicios de ajuste, y, en su caso, un cargo fijo en función de la potencia contratada.

En todo caso, la CNMC propone como una alternativa posible considerar una metodología de asignación de costes basada en la aplicación de cargos calculados fundamentalmente a partir de términos fijos, que permita recuperar los costes del sistema sin recurrir a cargos de términos variables aplicables a la energía autoconsumida. La Ley del Sector Eléctrico establece la obligación que tienen los usuarios que recurren al autoconsumo energético de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, siempre que la instalación no esté completamente aislada.

Además de los peajes de acceso que financian las redes de transporte y distribución, cuya metodología de cálculo establece la CNMC, existen otros costes del sistema eléctrico pagados mediante varios cargos. Con estos se financian, entre otros, el extracoste de producir electricidad en los sistemas no peninsulares; la retribución específica a las energías renovables, cogeneración y residuos, o las anualidades del déficit del sistema eléctrico. «Todos estos conceptos se incluyen en el recibo de los consumidores», recuerda el organismo regulador.

Asimismo, Competencia cuestiona el establecimiento de límites a la potencia contratada por los consumidores acogidos a la llamada modalidad de suministro con autoconsumo, o a la potencia instalada de la instalación de producción asociadas, «siempre y cuando ésta sea menor o igual a la potencia contratada». A su juicio, el proyecto mantiene una «indefinición» sobre las instalaciones de producción de potencia superior a 100 kilovatios (kW) que no sean cogeneración. En este sentido, advierte de que las instalaciones de más de 100 kW que no sean cogeneraciones «quedarían fuera de la futura normativa», así como también los consumidores de potencia contratada superior a 100 kW.

Industria acusa a UNEF de «manipular» la visión europea del autoconsumo

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria acusó a la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de «manipular» el texto de recomendaciones de la Comisión Europea relativas al autoconsumo para así criticar la propuesta de normativa elaborada por el Gobierno. En este sentido, Industria «desmiente» las críticas vertidas por esta asociación contra el borrador de normativa, que alegaba que el borrador contradice las recomendaciones de la Comisión Europea.

La Comisión Europea publicó un documento en el que subrayaba que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro». Posteriormente, UNEF afirmó que consideraba que las recomendaciones europeas «invalidaban» la normativa española, algo que Industria niega ahora, al defender que «se ajusta a las recomendaciones y mejores prácticas recogidas en el informe de la Comisión«. De esta manera, el Ministerio de Industria destaca que el real decreto de autoconsumo en tramitación respeta «fielmente el espíritu de las recomendaciones de la Comisión, que es que los requisitos de autorización sean proporcionados«.

UNEF también destacó que «la Comisión Europea se ha posicionado en contra de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España». Sin embargo, según Industria, se trata de un argumento que considera «erróneo, ya que el informe de la Comisión analiza de forma global los diferentes modelos de autoconsumo de diferentes Estados miembros». Así, subraya que en relación a España, la Comisión dice literalmente que «hasta los 100 kW, la regulación está aún pendiente de aprobarse».

Industria alega que el documento comunitario «es meramente descriptivo» y propone «recomendaciones», sin valorar específicamente a la legislación de cada país, por lo que no puede abordar la española. Así, la crítica de que los supuestos de la Comisión «invalidan» el texto del Gobierno, a juicio de Industria, «no se ajusta a la realidad del informe«. De la misma manera, Industria defiende que su propuesta legislativa no impone requisitos administrativos diferentes a los de cualquier otro productor de electricidad y que las cargas económicas no son discriminatorias, ya que tienen el objetivo de que los autoconsumidores contribuyan a sufragar los costes del sistema como lo hacen el resto de consumidores.

«Tan sólo se exige la inscripción en un registro administrativo, lo que se justifica por razones técnicas y de seguridad. Además, el trámite de inscripción será simplificado para los pequeños consumidores», añade el Ministerio. «La asociación ha tratado de «manipular» las recomendaciones del documento de la Comisión Europea para arremeter en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo», subraya Industria. El borrador de normativa de autoconsumo prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas con el objetivo de que los autoconsumidores conectados a la red contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

UNEF afirma que la Comisión aboga por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas», sin embargo, según Industria, la norma en tramitación respeta las recomendaciones de la Comisión, ya que no establece cargos discriminatorios. «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores. Además, no es retroactivo. La norma contempla un plazo para adaptarse a la nueva regulación para garantizar que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones. Por consiguiente, no se afecta a las inversiones de autoconsumo ya realizadas«, añaden al respecto desde el Ministerio.

Finalmente, afirma que «no es cierto» que se creen nuevos cargos ni impuestos, como el conocido como impuesto al sol, sino que lo que se pretende es que «todos los consumidores estén en igualdad de condiciones». «El autoconsumidor deberá contribuir a los costes regulados del sistema de igual forma que el resto de consumidores, tanto para las redes eléctricas como para el resto de servicios del sistema. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los más vulnerables, que verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes», destaca.